La sociedad se desintegra
Bolivia, candela y dinamita

Por Andrés Alsina

Bolivia es un país que siempre está por estallar, tan fuertes son las tensiones que acumula con rapidez, tan intensa es siempre la inequidad del reparto, tan vieja la injusticia. Antes, muchas veces estallaba, en la dinamita con que los mineros expresaban su insatisfacción. Pero aquel pasado de lucha de clases en la que confluían universitarios y el aymará indígena ya no defiende las minas de estaño sino los pozos de agua potable. Ahora se bloquean las rutas, se marcha hacia la capital, se aíslan ciudades, se hace huelga de hambre. No es que la lucha de clases se haya aguado sino que tiene formas y protagonistas impensables en otra época, aquella del rigor de la doctrina de los trotskistas, de los anarcos, de sindicalistas fuertes como leyendas. Ahora el protagonismo es de un dirigente de los plantadores de coca, Evo Morales, de una organización de “regantes”, o sea, aquellos que riegan con agua que encabeza un ex obrero fabril, Oscar Olivera, y del ex guerrillero Felipe Quispe, quien honra a otro ex guerrillero, Tupac Katari, quien en 1781 sitió a la capital La Paz por meses; Quispe prometió lo mismo, logró en tres meses una fuerza descomunal con alianzas impensables, arrancó promesas que el gobierno no parece en condiciones de cumplir, y el décimo mes del año 2000 Quispe creó un partido político indígena e indigenista, Pachakuti, que va a ojos vista por el poder político.

Gustavo Luna se concentra para dar todos los elementos de juicio en orden, para que se perciba la fuerza terrible de lo que va a decir. Tiene 32 años, una mujer, sueños de un hijo y una enternecedora ingenuidad para las cosas de la vida cotidiana. El nació un año después que muriera el Ché Guevara en la selva boliviana, “siempre” le interesaron las ciencias sociales y la preocupación de “plantearme una participación ideológica más fuerte, trabajando con el conocimiento que da la investigación”, y encontró hace dos años su lugar en una organización no gubernamental que existe desde 1985, el Cedla, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.

“El panorama político y social de Bolivia es inestable”, dice como primera frase de la entrevista en un recodo de la asamblea de Control Ciudadano en una Roma en la que llovizna el otoño. Sin reflexionar, el cronista deja pasar la frase esperando la novedad. “La COB (la poderosísima central obrera boliviana) perdió fuerza y los mineros dejaron de ser protagonistas y hoy son coqueros, pequeños propietarios, gremialistas y comerciantes”. Es una larga historia, pero a Luna no lo asustan las décadas sino el lograr un trato equitativo con su mujer para alimentar al niño de noche y estar lúcido para trabajar al otro día. Entre 1983 y 194 hubo una inflación del 20.000% que significó un formidable barajar y dar de nuevo los recursos, y la apertura de un nuevo tiempo político que en 1997 terminó llevando a la presidencia por el voto democrático al dictador (1971-78) y general Hugo Banzer. Él ha jurado que erradicará las plantaciones de coca que hacen ex mineros a los que Banzer y gente como él había jurado antes extirpar de la clase obrera; y cumplieron. Ahora, los planes que impulsa y apoya EEUU van caminando pero no se sabe hacia dónde tomará rumbo la gente arrinconada.

Bueno, Gustavo Luna lo sospecha: hacia formas insospechadas de confrontación, porque este modelo económico que convierte al agua en mercancía termina haciendo irrespirable el fino aire del altiplano. Porque lo terrible que tiene para decir Luna es para peor sencillo de expresar: se desestructuró la sociedad boliviana. Luego de quince años de ajustes y aplicación de políticas neoliberales, los cambios fueron mucho más allá del plano económico y tuvieron un impacto fuerte en la sociedad, “no sólo entre los pobres sino en sectores medios y en grupos empresarios de la nueva buerguesía de la agricultura, muy afectados por la situación internacional del mercado”.

En verdad, el gobierno de Banzer parece enfrentar un gigantesco y multifacético conflicto con la sociedad civil boliviana. En abril 2000, la ciudad de Cochabamba fue bloqueada en protesta por la privatización del servicio de agua potable y el aumento de tarifas, y un movimiento similar se daba en Achacachi, en el altiplano. “Más que por los motivos por los que se produjo, la explosión mostró la insatisfacción acumulada en el país”, señala Luna.

Finalizado este período de conflictos, Felipe Quispe lanzó una advertencia al gobierno que fue desoída: tendrá un enorme conflicto si en cuatro meses no soluciona los problemas del indígena del altiplano. El gobierno de Banzer siguió su marcha. Por recomendación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional convocó a un Diálogo Nacional, y eso le permitió acceder a recursos de alivio de su deuda externa. Las condiciones del diálogo incluyen un proceso de consulta con la sociedad civil sobre las prioridades en la lucha contra la pobreza.

En teoría, esto es una respuesta a las movilizaciones de abril; en la práctica, los recursos disponibles son mínimos. En representación de la sociedad civil hay una fuerte presencia de la iglesia católica y de Jubileo 2000, y además, de ONGs, gobiernos municipales y partidos políticos, discutiendo una agenda muy extensa. La deliberación culmina reafirmando en lo sustancial la posición de la iglesia católica y sin acuerdo con los empresarios respecto de la crisis ni con los políticos respecto de la reforma estructural reclamada.

En setiembre estalla el conflicto de los campesinos cocaleros cuyas plantaciones están siendo erradicadas, más los maestros por sueldos y el comercio minorista afectado por la depresión económica, conjunción que deriva en cortes de ruta y una notoria inoperrancia del gobierno para controlar la situación. Para peor, la represión produce 7 muertos y 129 heridos.

La columna vertebral de la protesta son los cocaleros, 40.000 familias, o 120.000 personas, que por tres semanas bloquean La Paz. Estos ex mineros emigrados a la zona subtropical para cultivar la coca y hacer a pasta base como alternativa laboral se nuclean en media docena de federaciones de lógica muy rígida, heredada de la sindical, a la que suman las nuevas de defensa de la propiedad y la producción campesina, y la ancestral indígena de defender la tradición de la coca. El dirigente Evo Morales defiende con consecuencia esos intereses pero aparecen rivalidades entre grupos étnicos que muestran una fisura.

Se abre entonces el juego de alianzas y Quispe logra encabezar la negociación, y en ella involucra a un sin fin de sectores rurales y urbanos, del comercio minorista y de los transportistas, pero aislando a los cocaleros y a su dirigente Morales, que de todos sus reclamos -media hectárea por familia para cultivo alternativo, que se detenga la erradicación de cultivos de coca, creación de una Universidad Agraria y no instalación de bases militares- sólo logra la última.

En cambio Quispe logra imponer fuertes demandas al gobierno, fundamentalmente la derogación de la ley de reforma agraria y la redistribución de prioridades en el reparto de tierras, y la liberación de la migración del altiplano al llano para que puedan mejorar las condiciones de vida. Lo más importante es que Quispe impone que esto se haga en tres meses, y el gobierno no tiene posibilidades de hacerlo, menos aún de las que tenía en setiembre, con el empresariado más arrinconado por la situación del mercado externo de minerales y soja y la duplicación de la desocupación: la abierta está en 8% y la informalidad en índices del 70%. La renuncia del gobierno es una posibilidad, tal vez en procura de mayor margen para contener la avalancha de situaciones explosivas, y Quispe funda su Movimiento Indígena Pachakuti en la aspiración de disputar el poder político.

Con el agotamiento del gobierno se transparentan las fisuras del sistema político, el sistema de representatividad se muestra extenuado y la discusión de la viabilidad del todo queda planteada, pero nadie la encara. En su lugar, se plantea lo que Gustavo Luna llama “el racismo al revés”, y recoge como muestra elementos del discurso político del Pachakuti: “Esta gente blanca, qué hace en mi territorio. Ellos son ricos y nosotros vivimos como llamas”. Del otro lado, “la burguesía blancoide y los intelectuales califican esta actitud de racista. Con el trasfondo de diferencias y el racismo existente, es una barbaridad discutir esto, pues no hay solidaridad social” que sea punto de referencia. “La pobreza y el racismo son demasiado cotidianos. La ventanilla ahumada del auto no hace desaparecer a los pobres, y es verdad que un sector social se beneficia del otro”.

La situación que describe Luna “está para favorecer el enfrentamiento estructural, y eso es peligroso. Los conflictos pueden ser muy fuertes, con muchos muertos. Pero no pronostico una guerra civil. Digo sí que hay expectativas de explosión social y que ante ellos la burguesía plantea reforzar medios represivos ligándolos a métodos fascistas”.

¿Qué puede hacer una ONG ante eso? El proyecto de Control Ciudadano ve la necesidad de insistir en la creación de empleos y seguir con el monitoreo del ajuste. Pero tienen que coincidir en que el balance es muy negativo. “Hemos hecho consultas a muchas organizaciones sobre el diálogo nacional 2000 realizado y la estrategia de reducción de la pobreza, y la mayor parte sostiene que la instancia del diálogo fue creada de mala manera, que no esperan en verdad una reducción de la pobreza y que la reducción de la deuda externa es dinero que no llegará a la gente dada la burocracia y la corrupción existente. Por lo tanto no hay expectativas positivas en ningún sector”.