28/03/2003

Alemania: Promoviendo la equidad en la globalización

Social Watch

Los sindicatos y las ONGs alemanas se pronuncian sobre la globalizacion: Solamente cuando se logre instituir una amplia participación de la sociedad en los temas de política económica internacional será posible contraponer a los aspectos social y ecológicamente reprobables de la globalización neoliberal una globalización basada en la justicia social y la sustentabilidad ecológica.

Por la presente declaración, la DGB (Federación de Sindicatos Alemanes), VENRO (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales Alemanas para el Desarrollo) y attac se trazan el objetivo de exigir al nuevo Gobierno Federal alemán y al Parlamento Alemán (Bundestag) recientemente elegido un mayor compromiso a favor de un ordenamiento mundial social y ecológicamente más equitativo, con un rostro democrático.

La declaración es el resultado de un intenso debate sostenido a lo largo de los últimos dos años acerca de los desafíos políticos de la globalización. Al mismo tiempo, la DBG, VENRO y attac hacen saber por medio de la presente declaración que tanto ellas como sus respectivas organizaciones miembros, en su calidad de actores de la sociedad civil y pese a las diferencias existentes en sus respectivos campos de acción en materia de política social, desean apoyar y participar activamente y en forma conjunta en el diseño de este proceso. Participaron en esta declaración asimismo representantes del Foro Medio Ambiente y Desarrollo, el Foro Derechos Humanos y Social Watch Alemania-Foro Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que comparten los objetivos fundamentales de esta declaración.

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Los mercados globales deben descansar sobre normas e instituciones globales, que coloquen el desarrollo humano y el bienestar general por encima de los intereses empresariales y las ventajas nacionales. El retorno a una política centrada en el Estado-nación no es una alternativa deseable.

La globalización, entendida como el fuerte aumento del intercambio de productos, flujos de inversión y capitales financieros, influye entretanto en casi todos los campos de la política y ha contribuido en muchos aspectos a la polarización y la diferenciación.

Así, en su informe final de junio de 2002, la Comisión Investigadora del Bundestag, “Globalización de la Economía Mundial,” constata lo siguiente: “Observamos que la brecha entre pobres y ricos se está ampliando de manera ininterrumpida en todo el mundo. En el mundo en su conjunto, la brecha entre el quinto más rico y el quinto más pobre de la población mundial se ha duplicado en las últimas décadas.”

Si bien los países en desarrollo y en el umbral del desarrollo han aumentado su participación en el comercio mundial en conjunto en los últimos 20 años, sólo unos cuantos pudieron incrementar su participación en el ingreso mundial, mientras que los países en desarrollo más pobres se encuentran prácticamente excluidos del mercado global.

En los países industrializados, la división internacional del trabajo acelera el cambio estructural. Así, los trabajadores y trabajadoras menos calificados tienden a enfrentar mayores dificultades en el mercado laboral que los empleados y empleadas bien calificados en ramas altamente productivas e innovadoras.

La intensificación de la liberalización del comercio y las actividades de los consorcios transnacionales van acompañadas de considerables peligros para los derechos económicos y sociales. Asimismo, graves restricciones de los derechos civiles y políticos siguen estando en el orden del día en muchos países. Hasta la fecha no se ha logrado cumplir los objetivos programáticos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ni impulsar la implementación efectiva de los dos Pactos de Derechos Civiles y Sociales de las Naciones Unidas (ONU).

La globalización en su forma predominante actual no surgió por sí sola. La expansión de la competencia global y su consiguiente intensificación tuvieron una motivación política. Sus fuerzas motoras decisivas fueron no solamente las empresas, sino también los gobiernos de Estados Unidos, Japón y los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Éstos despejaron el camino para la liberalización de los mercados y la contracción de la presencia del Estado en los sistemas previsionales[1]. La influencia de los parlamentos es prácticamente inexistente y la influencia directa de la ciudadanía en las decisiones que le afectan directamente es mínima. Sin embargo, los inmensos avances en las tecnologías de información y comunicación ofrecen en principio nuevas oportunidades para una cooperación global solidaria.

La globalización necesita un rostro social y democrático. No se trata de rehuir la globalización, sino de darle un sentido político.

1. Lucha contra la pobreza La presente situación política mundial pone de manifiesto más que nunca cuán importante es combatir con toda energía las injusticias y desigualdades extremas sobre la tierra. La lucha contra la pobreza extrema a nivel mundial es un deber de solidaridad y una obligación de derechos humanos. En la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000, las Naciones Unidas resolvieron reducir a la mitad el porcentaje de pobreza extrema en el mundo (actualmente de unos 1,200 millones de personas) para el 2015. Para cumplir con los objetivos formulados en la Declaración del Milenio de la ONU, es necesario – según estimados del Banco Mundial –, además de modificar las estructuras globales, duplicar la asistencia al desarrollo a nivel mundial (actualmente ascendente a unos 50,000 millones de euros). El Gobierno Federal alemán ha endosado y concretado los objetivos de la ONU con su “Programa de Acción 2015,” promulgado en abril de 2001. Ahora se trata de poner en práctica los objetivos esbozados en el programa de acción. Alemania, en su calidad de uno de los países más ricos del mundo, tiene que asumir en el futuro una responsabilidad internacional mayor que en el pasado. Una mayor coherencia de las políticas generales con los objetivos de lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible es importante. Exigimos en particular:

Ø que el Gobierno Federal alemán presente un cronograma obligatorio, garantizado por una ley sobre la política de desarrollo, indicando cómo se duplicará la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) alemana hasta el cierre de la presente legislatura y se aumentará su porcentaje del producto bruto interno (PBI), del 0.27 por ciento actual al 0.7 por ciento en el 2010;

Ø que el Gobierno Federal alemán interceda multilateralmente a favor de una mayor condonación de la deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) y nuevos mecanismos para un desendeudamiento permanente (en particular, un procedimiento de insolvencia justo y transparente). Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial deben abandonar la política del pasado de imposición de ajustes estructurales;

Ø que el debate sobre fuentes de financiación innovadoras a nivel internacional (como el impuesto Tobin para gravar las transacciones de divisas o el pago de derechos por el uso de los bienes comunes globales) se siga impulsando activamente;

Ø que la cooperación para el desarrollo alemana se concentre regionalmente de manera especial en los Países de Bajos Ingresos y los Países Menos Adelantados (PMA);

Ø que todas las actividades de la cooperación alemana para el desarrollo, incluyendo sus proyectos de inversión, se concentren a nivel sectorial de manera especial en las siguientes áreas:

· lucha directa contra la pobreza y servicios sociales (por ejemplo, educación, salud, abastecimiento de agua, seguridad alimentaria y seguridad social);

· derechos humanos, incluyendo las normas medulares laborales;

· protección del medio ambiente;

· necesidades de las mujeres y las poblaciones de las áreas rurales.

Ø que el Gobierno Federal alemán interceda a favor de un mejor uso y perfeccionamiento de las convenciones de derechos humanos de la ONU, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de un código de conducta para el derecho a la alimentación;

Ø que se eliminen los problemas de coherencia y se garantice la compatibilidad de las políticas agrarias y de comercio exterior alemanas y europeas con la política de desarrollo, especialmente mediante la eliminación de todos los subsidios a las exportaciones ecológica y socialmente dañinas.

2. Desarrollo sostenible y protección del medio ambiente

En los últimos dos siglos, la industrialización y el mayor uso del suelo llevaron a una drástica expansión del consumo de recursos naturales y con ello a problemas ambientales a nivel global. El efecto invernadero a nivel mundial, el aumento de los rayos ultravioleta y ciertos tipos de sustancias nocivas contaminantes son fenómenos mundiales. La alteración del clima afecta especialmente a los bosques tropicales y subtropicales, debido a una acumulación de fenómenos climatológicos extremos. Las recientes catástrofes producidas por las inundaciones en Europa demuestran que no sólo los países en desarrollo padecen dichas catástrofes ambientales, sino también, y en forma creciente, los países ricos, que ahora sienten en carne propia lo que significa carecer de recursos financieros y técnicos para tomar medidas compensatorias y reparadoras. Los eventos climatológicos extremos afectan especialmente a la población de escasos recursos, que no tiene posibilidades de escape. La política medioambiental global está por lo tanto trascendentalmente unida a la lucha contra la pobreza y tiene que empezar sobre todo en los países industrializados, que son los principales causantes de muchos problemas ambientales globales.

Por lo tanto, exigimos lo siguiente:

Ø Es necesario introducir nuevos instrumentos financieros globales para poder hacer realidad los objetivos medioambientales y de desarrollo de Johannesburgo. Aquí pueden cumplir un importante papel los derechos internacionalmente homogéneos por el usufructo de bienes públicos globales como el espacio aéreo y los océanos. El Gobierno Federal alemán debe hacer suyas de inmediato las propuestas en este sentido de su Consejo Científico sobre Cambios Medioambientales Globales (WBGU) y adoptar las iniciativas necesarias en los organismos internacionales competentes. Un primer paso en este sentido debería ser la eliminación de la exoneración del impuesto a la gasolina de aviación en toda la Unión Europea (UE). Los subsidios que tengan consecuencias dañinas para el medio ambiente tienen que desmontarse y/o reformarse drásticamente. Se requiere una reforma consecuente de la política agraria. Los subsidios agrícolas deben orientarse a los logros sociales, ecológicos y de protección de los animales. Es necesario apoyar la propuesta de reforma agraria de la Comisión Europea;

Ø Antes de emprender medidas adicionales para la liberalización del comercio bilateral y multilateral, es necesario evaluar el impacto de dichas medidas sobre el medio ambiente, la pobreza, la situación social y el desarrollo. Para ello se requieren estudios de expertos(as) independientes y el concurso en igualdad de condiciones de grupos de interés de la sociedad;

Ø Priorizar los convenios medioambientales multilaterales por encima de las normas de comercio e inversión de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Ø No definir la energía nuclear como una alternativa sostenible para la producción energética, tal como lo intentara la Comisión Europea a principios del verano boreal.

Al mismo tiempo, es esencial seguir aumentando la proporción de fuentes de energía renovables a nivel doméstico.

3. Reforma de la arquitectura financiera internacional

Es sus estructuras actuales, los mercados financieros globales desregulados son responsables de la inestabilidad y las crisis financieras de la última década. Tecnologías de comunicación modernas y nuevos productos en los mercados financieros, como los derivados y los fondos especulativos con gran efecto de apalancamiento (llamados fondos de cobertura o hedge funds), han hecho posible la movilidad a corto plazo de masas financieras otrora impensables y promovido los ataques especulativos sobre las monedas nacionales. Las crisis de los mercados financieros están asociadas con costos sociales inmensos en los países afectados y han contribuido a profundizar las desigualdades económicas y sociales en el mundo.

En vista de la naturaleza global de la debilidad económica actual, la cooperación internacional en materia de política económica es alarmantemente reducida. Especialmente en el ámbito de las políticas cambiarias, la falta de cooperación del G3 (Estados Unidos, Euroland[2], Japón) repercute negativamente. Existe una ausencia de mecanismos de protección para las tasas de cambio que puedan imponerse de manera creíble frente al mercado de divisas. Esta carencia reduce el margen de maniobra para políticas soberanas de corto plazo que promuevan el crecimiento e impide superar las tendencias recesivas que se han mantenido desde la segunda mitad de la década de 1990. Las relaciones comerciales y crediticias de los países en el umbral del desarrollo también se ven afectadas por la alta intensidad de fluctuación de las tasas de cambio. Las caídas drásticas e incontroladas de las tasas de cambio, como en el Brasil, Argentina o Turquía, generan problemas macro y microeconómicos masivos, que trascienden con creces las fronteras de los países directamente afectados.

Urgen por lo tanto reformas sustanciales para que la función potencialmente beneficiosa de los mercados financieros pueda hacerse efectiva a favor de un desarrollo económico sostenible.

Los mercados financieros necesitan un marco institucional sólido, que limite la especulación y controle los movimientos financieros ilegales.

Exigimos por lo tanto:

Ø Obligaciones más estrictas de divulgar información por parte de los bancos, encajes bancarios mínimos adecuados al riesgo y normas más severas de supervisión bancaria, a fin de promover una mayor conciencia de riesgo. Sin embargo, esto no debe llevar a la exclusión de las pequeñas y medianas empresas del crédito ni a su discriminación frente a las empresas más grandes debido a calificaciones de solvencia desfavorables;

Ø Los acreedores tienen que asumir un porcentaje mayor de los costos del desendeudamiento cuando a causa de su comportamiento los Estados entren en crisis en el mercado financiero o incurran en dificultades de pago (bail-in). El desarrollo de una ley internacional de bancarrota e insolvencia, la creación de comités de acreedores, las cláusulas de reprogramación de la deuda y la aprobación de moratorias podrían ser útiles para este propósito. Además, es necesario aumentar la supervisión y los controles de los derivados y las transacciones fuera de bolsa;

Ø Un instrumento de economía de mercado para limitar las fluctuaciones financieras consiste en aumentar los costos de transacción para los flujos de capital. Esto debe hacerse a través de impuestos a las transacciones de divisas, disposiciones más estrictas acerca del capital propio de los bancos, un registro de préstamos y/o empresas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), así como la regulación de los paraísos financieros y fiscales;

Ø Promover el establecimiento de sistemas financieros nacionales funcionales y estables en los países en desarrollo. Para proteger a los mercados financieros de los países en desarrollo y en el umbral del desarrollo, un instrumento apropiado pueden ser asimismo los controles a los movimientos de capital.

Ø Una cooperación mejorada de las tres grandes regiones monetarias del dólar, el euro y el yen, con el objeto de superar las tendencias recesivas de la economía mundial y recuperar el margen de maniobra para políticas económicas de corto plazo;

Ø Un control efectivo de los paraísos fiscales y plazas financieras off shore no reguladas. Además de mejorar las iniciativas internacionales en este sentido, es preciso incluir a los países paraíso en el intercambio de información entre autoridades nacionales de supervisión y la erradicación del secreto bancario excesivo. Paralelamente, los negocios off shore de las empresas nacionales deben ser sometidos a investigaciones más intensas por parte de la autoridad alemana de supervisión financiera;

Ø La imposición de sanciones contra aquellos países que figuren en las listas negras de plazas financieras acusadas de no cooperar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En el marco del proyecto de la OCDE para combatir las prácticas fiscales dañinas, más de 30 centros financieros off shore se han comprometido con los principios de transparencia e intercambio de información. Ahora debe implementarse y aplicarse rápidamente una legislación en este sentido en dichos centros financieros.

4. Por una organización social del comercio mundial

La DGB con sus sindicatos miembros y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos ambientales y de desarrollo alemanes abogan por una participación equitativa de los países en desarrollo en el comercio mundial y una política económica social a nivel internacional. Esto comprende:

Ø la eliminación de barreras comerciales para los países en desarrollo (por ejemplo, subsidios a la exportación de productos agrícolas, escalaciones arancelarias, restricción de las importaciones, antidumping);

Ø la ampliación de los plazos de implementación de la Ronda Uruguay;

Ø la posibilidad de excepciones de ciertas obligaciones de liberalización, a fin de promover un desarrollo sostenible en los países en desarrollo. En caso necesario deberán modificarse los acuerdos existentes. La necesidad de reforma es manifiesta en el caso de la propiedad intelectual (protección de la biodiversidad y de medicamentos que salvan vidas) y en el sector agrario para garantizar la seguridad alimentaria (introducción de una Caja de Desarrollo);

Ø la integración de derechos laborales y humanos básicos y estándares ecológicos mínimos en el régimen multilateral de comercio e inversión;

Ø para este fin debe crearse un Foro permanente entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras instituciones internacionales;

Ø Una contribución adicional en el marco de una cooperación estructurada de los organismos internacionales es el estatus de observador para la OIT en la OMC, el FMI y el Banco Mundial;

Ø el fortalecimiento de la OIT y sus recursos financieros para implementar las normas medulares laborales reconocidas internacionalmente;

Ø la incorporación de las normas medulares laborales en la agenda de la política comercial bilateral de la Unión Europea;

Ø la adopción de las normas medulares laborales de la OIT, normas ambientales del Banco Mundial internacionalmente reconocidas y convenciones internacionales de protección de los derechos humanos como criterios para la concesión de garantías de inversión y garantías crediticias para la exportación en los países en desarrollo.

5. No a la liberalización irrestricta de los mercados de servicios

Un tema aún novedoso en el comercio mundial son los servicios comercializados a nivel internacional. Este sector es considerado como el sector de crecimiento más dinámico, habiendo alcanzado sólo en el año 1999 un valor de 1,340 millones de dólares o la quinta parte del comercio mundial. Precisamente porque la liberalización del mercado de servicios afecta el futuro ordenamiento social y de mercado del mercado de trabajo global, es esencial anclar las normas medulares laborales de la OIT en el Acuerdo de la OMC. Especialmente los trabajadores(as) migrantes deben tener la posibilidad de organizarse en sindicatos y celebrar negociaciones colectivas. Tampoco se puede aceptar que la regulación del mercado de servicios – sobre todo del sector público – sea una barrera para el comercio y por lo tanto las obligaciones internacionales apunten a evadir las leyes de la UE o se restrinja el derecho de los Estados nacionales a estándares y normas de mayor calidad como una distorsión de la competencia.

Por lo tanto, exigimos:

Ø que se observen principios claros en el orden de mercado. Los servicios públicos y sectores de servicios sociales importantes como educación, salud, medio ambiente y agua deben ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Para ello es necesario aclarar la confusa disposición del GATS sobre tareas soberanas. Los países de la OIT deben seguir teniendo derecho a regular sus propios servicios públicos;

Ø que la apertura del mercado para los servicios financieros tenga lugar únicamente en economías nacionales con instituciones financieras desarrolladas, aptas para hacer frente a la liberalización del mercado financiero. Esto no excluye los controles temporalmente restringidos de los movimientos de capital;

Ø que el acceso universal a servicios económicamente asequibles y de alta calidad sea garantizado por el principio de servicios universales (por ejemplo, en las telecomunicaciones);

Ø que una composición social y ecológica de la competencia en el sector transporte es necesaria para compensar los costos externos;

Ø que para los servicios del sector turismo se persiga un orden de mercado sostenible, comprometido con la protección del medio ambiente natural y cultural;

Ø que los principios del orden social prevengan el comercio injusto a causa del dumping social y salarial en el comercio electrónico, la libertad de elegir domicilio, las adquisiciones públicas y la libertad de proporcionar servicios a través de las fronteras;

Ø que no se asuman las obligaciones del GATS en el caso de perturbaciones serias en el mercado (desempleo, dumping salarial y de precios). Si las obligaciones de liberalización ya han sido asumidas y se producen dichas perturbaciones en el mercado, debe existir la posibilidad de suspender temporalmente las obligaciones del GATS;

Ø que los principios del lugar de trabajo y favorabilidad en materia de remuneraciones, condiciones laborales y derechos del trabajador(a) estén anclados de manera general en el Acuerdo GATS;

Ø que el Gobierno Federal alemán interceda por lo tanto a favor de una política europea de sistemas previsionales estatales.

6. Normatividad para las empresas transnacionales

La reorganización política de los procesos de globalización tiene que ir acompañada asimismo de una regulación vinculante de las actividades de los consorcios transnacionales. Las empresas transnacionales tienen que reconocer sus responsabilidades y obligaciones sociales, ecológicas y de derechos humanos y tomarlas en consideración en sus acciones. Los estándares o códigos de conducta voluntarios constituyen un importante primer paso en este sentido, pero no son suficientes. El objetivo debe ser la creación de un reglamento internacional jurídicamente vinculante, con mecanismos de control y posibilidades de sanción efectivos. El proyecto de una “Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos” o el convenio marco internacional sobre responsabilidad corporativa propuesto en Johannesburgo por los sindicatos y ONG pueden servir de base para dicho reglamento.

Entre tanto, esperamos del Gobierno Federal alemán

Ø que cumpla de manera decidida con su obligación de promover la implementación y aplicación de los Lineamientos para Empresas Multinacionales de la OCDE, entre otras cosas mediante actividades de información y divulgación así como ofertas de consultoría relevantes;

Ø que de conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas todos los grupos sociales interesados participen en igualdad de condiciones en el trabajo de la oficina nacional de contacto;

Ø que exija con firmeza a las empresas multinacionales cuya sede central esté en Alemania que cumplan con los Lineamientos de la OCDE y el Código de Conducta para Empresas Multinacionales de la OIT en todas sus actividades sociales, incluyendo la cooperación con las empresas proveedoras; en este contexto, debe alentar a las empresas a suscribir acuerdos marco con los sindicatos;

Ø que conceda garantías para créditos de exportación y garantías de inversión únicamente cuando la empresa solicitante se comprometa a cumplir con los Lineamientos de la OCDE.

En este contexto surge asimismo la pregunta de un régimen normativo internacional apropiado para la inversión extranjera directa.

Nosotros no rechazamos en principio un régimen normativo de esa naturaleza. Un marco multilateral para las inversiones, que condicione la protección básica de las inversiones en el caso de las inversiones directas al cumplimiento de las normas medioambientales y sociales internacionales y las integre a las prioridades de la política de desarrollo del país de inversión, podría fortalecer la contribución de las inversiones directas al desarrollo y al empleo así como a estándares sociales y ecológicos más elevados.

En la Conferencia Ministerial de Doha de la OMC se recogieron los temas inversiones y competencia en el plan de trabajo de la OMC para los próximos dos años.

Sin embargo, la OMC no es el marco apropiado para dichos temas, ya que el objetivo de los gobiernos que abogan a favor de negociaciones sobre inversiones en el marco de la OMC es únicamente liberalizar los regímenes nacionales de inversión y restringir las competencias nacionales de regulación, ya de por sí restringidas. Asimismo, la aplicación de principios generales de la OMC como el tratamiento nacional de las inversiones puede ser contraria a los objetivos de la política de desarrollo si, por ejemplo, se necesita dar un trato preferencial a las pequeñas y medianas empresas nacionales para desarrollar una base industrial sólida. En el pasado, las negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la OMC han producido pocos avances en materia de priorización de los tratados medioambientales internacionales, ignorando asimismo por completo los derechos humanos y normas medulares laborales. Ésta no es una base que permita esperar un orden de inversiones al interior de la OMC cuya meta principal no sea la liberalización, sino el desarrollo y el progreso social.

Por consiguiente, demandamos que el Gobierno Federal alemán:

Ø interceda a favor de un orden internacional de inversiones más allá de la OMC, basado en estándares mínimos sociales, medioambientales y de derechos humanos. El orden internacional de inversiones no debe socavar el margen de maniobra de los Estados sino facultar explícitamente al gobierno del país de inversión a establecer condiciones de inversión compatibles con sus propias opiniones y decisiones acerca del proceso de desarrollo.

Del mismo modo, las negociaciones preliminares acordadas en el marco de la OMC respecto del tema de la competencia están yendo en la dirección equivocada. Por consiguiente, exigimos:

Ø una Autoridad de Competencia con capacidad para intervenir a nivel internacional, a quien se encomiende el control de las grandes fusiones, las posiciones que dominan el mercado y las prácticas empresariales que restringen la competencia. Dicha institución debe establecerse fuera de la OMC, en vista del potencial conflicto de objetivos entre las políticas comerciales y de competencia. Pues la búsqueda de objetivos orientados al bien común, como las obligaciones de servicios universales, puede justificar la restricción del ingreso al mercado y el otorgamiento de ciertos derechos de exclusividad, como por ejemplo los monopolios regionales de las empresas municipales de agua.

La competencia como plazas atractivas para la inversión ha hecho caer a muchos gobiernos en una competencia de beneficios tributarios que amenaza la base de ingresos de los Estados. Así, la carga impositiva ha evolucionado de manera ininterrumpida en beneficio de las empresas y en perjuicio de los asalariados(as) y consumidores(as).

Exhortamos al Gobierno Federal alemán a hacer todo lo posible para limitar la competencia tributaria desleal a nivel internacional en el caso de los impuestos corporativos y lograr una tributación corporativa mínima también a nivel internacional.

Para ello pueden ser aprobadas las siguientes medidas:

Ø a largo plazo, armonización de las bases de estimación, y alineamiento - y eventualmente también armonización - de las tasas impositivas al interior de la UE;

Ø a corto plazo, aplicación consecuente del principio del país sede. Las utilidades de las empresas que operan a nivel internacional deben ser reportadas por las autoridades financieras del país de inversión a las autoridades financieras del país sede de la empresa. Si los impuestos en el extranjero fueron menores a los impuestos domésticos, se puede realizar una tributación suplementaria.

7. Democratización del proceso de globalización

Los firmantes de esta declaración coinciden en que la organización política del proceso de globalización supone asimismo su democratización exhaustiva. En vista de que la globalización neoliberal se está llevando adelante a nivel nacional, regional (europeo) e internacional, todos estos niveles requieren democratización. Por ejemplo, se está despejando el camino para la progresiva liberalización del comercio simultáneamente en la capital federal Berlín, la Comisión de la UE en Bruselas y la sede de la OMC en Ginebra. Sin embargo, en estos tres sitios los grupos de la sociedad civil (sindicatos, ONG, movimientos ciudadanos) tienen un acceso desproporcionadamente más difícil a la información que los grupos de cabildeo o lobbies de la industria. Incluso los propios parlamentarios a menudo son informados tarde, de manera insuficiente o deliberadamente mal por los ministerios competentes. No obstante, la participación efectiva no se circunscribe al acceso equitativo a la información. A ello tiene que sumarse el derecho a ser escuchados y procedimientos para la incorporación temprana de los actores de la sociedad civil en las decisiones importantes en materia de política económica internacional.

Pero democratizar el proceso de globalización significa también mejorar manifiestamente la representación de los países en desarrollo y sus respectivas sociedades civiles en las instituciones internacionales. Para ello es necesario en muchos casos desarrollar estructuras democráticas y capacidades suficientes en dichos países. Finalmente, es importante recordar que la democracia necesita también proximidad. Una participación política efectiva exige que las decisiones se tomen lo más localmente posible, y tan internacionalmente como sea necesario. Qué decisiones concretas tiene más sentido tomar a qué niveles debe considerarse individualmente en cada caso.

Exigimos por lo tanto del Gobierno Federal alemán,

Ø que apoye los procesos y esfuerzos democratizadores de los países en desarrollo a través de asesoría y financiación para la construcción de instituciones y estructuras democráticas;

Ø que abogue tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional por una información oportuna y la participación de todos los grupos de interés de la sociedad;

Ø que interceda por una participación equitativa de los países en desarrollo en los órganos de decisión de las instituciones económicas y financieras internacionales, especialmente la OMC, el FMI y el Banco Mundial. Es necesario anclar oportunidades de participación política para los actores de la sociedad civil de los países industrializados y en desarrollo;

Ø que interceda por la introducción de un procedimiento de apelación individual en el Pacto Social de las Naciones Unidas.

Ø Adicionalmente, es necesario apoyar instituciones de consultoría independientes, por ejemplo en derecho económico internacional, y promover las oportunidades de participación política de los actores de la sociedad civil en los propios países en desarrollo.

Ø Asimismo, el propio Gobierno Federal alemán debe asumir un rol pionero e informar oportunamente a los sindicatos, ONG y todo el resto de grupos interesados acerca de las negociaciones venideras a nivel europeo e internacional y desarrollar formas efectivas de participación para dichos grupos.

Ø Los documentos de negociación importantes no solamente deben distribuirse de manera selectiva a los grupos de interés de la industria sino que deben ser igualmente accesibles para todos los grupos de la sociedad.

Solamente cuando se logre instituir una amplia participación de la sociedad en los temas de política económica internacional será posible contraponer a los aspectos social y ecológicamente reprobables de la globalización neoliberal una globalización basada en la justicia social y la sostenibilidad ecológica.

Berlín, 5 de diciembre de 2002

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[1] Sistemas que incluyen: seguro médico, pensiones de jubilación y seguro de desempleo.

[2] Zona monetaria europea.

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