La pobreza y la desigualdad económica y social aumentan más rápidamente en Alemania que en la mayoría de los demás países de la UE, estimulando el debate sobre el salario mínimo y la protección laboral al igual que la preocupación sobre derechos humanos y sociales. A pesar de que tanto políticos como público asumen que la ley garantiza sus derechos humanos y sociales, cada vez más ciudadanos y agrupaciones le exigen al Gobierno la observancia de los derechos humanos. Curiosamente, el Gobierno continúa insistiendo en el cumplimiento de los derechos humanos como condición para la asistencia oficial al desarrollo