29/05/2009

Asegurando el desarrollo en el contexto de la crisis financiera

Social Watch

Esta declaración ha sido firmada por Eurostep, Social Watch, the Arab NGO Network for Development, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), South Asia Alliance for Poverty Erradication (SAAPE) and Least Developed Countries (LDC) Watch.

El mundo está de cabeza. Las múltiples crisis, sobretodo la crisis global financiera y económica, están forzando a millones de personas en países en vías de desarrollo hacia la pobreza, en especial a las mujeres, niños y niñas. La crisis financiera es una crisis sistemática, que tuvo su origen en las economías avanzadas. Surgió en el contexto de crisis globales, por ejemplo, las crisis alimentaria, climática y de desarrollo social. La política monetaria laxa y la regulación inadecuada en combinación con la insuficiente supervisión y transparencia generaron la inestabilidad financiera. El uso eficiente de los medios financieros es esencial para alcanzar los retos del desarrollo internacional, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La estabilidad financiera debería de ser un bien global público y el buen funcionamiento del sistema financiero es una precondición para el desarrollo.

Las crisis globales necesitan soluciones globales. Estas soluciones sólo pueden encontrarse en un proceso verdaderamente inclusivo enfocado hacia la transformación de la arquitectura financiera y monetaria internacional, en la que todos los países del mundo puedan participar. Se debe de desarrollar y negociar un marco regulatorio nuevo, en una forma totalmente inclusiva, el cual se base en principios de equidad, justicia y sustentabilidad. Por lo tanto, las Naciones Unidas son el único foro legítimo existente, a través del cual se puede resolver la crisis financiera. Las Naciones Unidas podrían facilitar una representación democrática de importancia y el involucramiento de todos los países en vías de desarrollo para lograr una transformación efectiva.

En una perspectiva más amplia, se requiere un rediseño fundamental de las estructuras de regulación y gobernanza global. No es solamente el sistema financiero internacional el que ha fallado, sino también el modelo prevaleciente de desarrollo. Las crisis globales demuestran gráficamente estas fallas, ya que impactan a millones de personas en todas partes de mundo, particularmente aquellas que viven en pobreza. Estas crisis también proporcionan una oportunidad para introducir cambios de fondo a los deficientes abordajes actuales. Las recomendaciones presentadas por la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas  sobre reformas del sistema monetario  y financiero internacional –también conocida como la Comisión Stiglitz- aportan bases consistentes para la construcción de nuevos modelos. Estas recomendaciones brindan una guía completa hacia una nueva forma de organización del nuevo sistema financiero global.

Una de las amenazas más grandes para lograr los ODM proviene de la crisis y la volatilidad financiera global y la severa recesión económica que resulte de esto. El impacto de la crisis financiera global en los países en vías de desarrollo es particularmente severo. Muchos de estos países luchan para atender los efectos del cambio climático y la escasez de alimentos, mientras que para los consumidores en los países desarrollados, la reducción de los precios alimentarios a nivel mundial no les ha afectado. La reducción de flujos de exportaciones, de la Inversión Extranjera Directa y en particular de las remesas, representa serias dificultades para su situación social y económica, golpeando más fuerte a las personas viviendo en la pobreza, especialmente mujeres, niños y niñas. En este contexto, cualquier disminución de la asistencia para el desarrollo, empujará a más personas a vivir en la pobreza, en particular a los grupos de población más vulnerables en los países menos desarrollados. Los recortes en asistencia por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) son señales de que esto ya esta sucediendo. Por lo tanto es imperativo que la reforma fundamental del sistema financiero internacional se lleve a cabo en relación con las necesidades de los países en desarrollo.

Las naciones más ricas del mundo acordaron un paquete de estímulo financiero por un valor que llega a los 832 billones de Euros (1.1 trillones de dólares Estadounidenses), sin embargo, apenas un cuarto del monto de este paquete se destinará hacia los países en vías desarrollo. Además, los montos que se destinen a estos países serán canalizados a través de Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas condiciones impuestas a los países en vías de desarrollo han sido centrales en la expansión de la miseria alrededor del mundo. Los cambios recientes en las políticas del FMI, que se hicieron sin reformar a la institución en sí misma, no han resuelto el problema. Los países en vías desarrollo requieren de la capacidad para gestionar sus mercados y sistemas financieros – en particular para aplicar políticas contracíclicas para prevenir que sus economías sufran un colapso adicional y para posibilitar el crecimiento económico sustentable.

El Grupo de los 20 (G20) esta compuesto principalmente por los países que crearon el marco que ha permitido y generado la crisis, es de hecho un grupo auto seleccionado que refuerza la dominación de lo que ya es poderoso, que además tiene poca transparencia en su manera de trabajar y de toma de decisiones. No tiene legitimidad democrática para definir el marco global, el cual solamente puede ser alcanzado a través de un proceso plenamente inclusivo y democrático. Es difícil conciliar su rol autonombrado con los compromisos de la Declaración de París y el concepto de apropiación, el cual es la base del desarrollo social sustentable efectivo y el crecimiento económico. 

Los límites del mercado se han evidenciado al desplegarse la crisis global financiera y económica y se requiere que sea reconocida la necesidad de redefinir el equilibrio del rol del mercado y del rol del Estado. Fue un error confiarse de las capacidades auto-correctivas del mercado. Un sistema financiero efectivo requiere supervisión efectiva, transparencia y de un marco de regulación sólido. El nuevo sistema debería de terminar con el “sistema bancario a la sombra” (shadow-banking), las jurisdicciones secretas y los Centros Financieros Extraterritoriales (CFE) o paraísos fiscales, que fueron el corazón de la actual crisis financiera.

La UE, en su papel de actor global, esta desarrollando un rol activo buscando atender las fallas del actual sistema. En el papel que clama como defensor protagónico de la promoción de un desarrollo sustentable y el combate de la pobreza en todas partes del mundo, tiene la responsabilidad de asegurar que el resultado de cualquier cambio al sistema financiero sea congruente con sus compromisos para el desarrollo y con los principios en los que se basan.

La UE debe de involucrarse activamente en sus más altos niveles en las preparaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y su impacto en el desarrollo, así como asegurar que la agenda atienda exhaustivamente tanto las causas como el impacto de la falla del sistema financiero global. Particularmente, la UE debería de asegurar lo que se menciona a continuación:

Hacia una nueva arquitectura financiera internacional

• Que se garantice la participación de todos los países en las renegociaciones de las instituciones financieras y monetarias internacionales, con las Naciones Unidas en el corazón del proceso de transformación de las instituciones financieras, con el objetivo de introducir una arquitectura financiera sustentable y equitativa en la que haya una representación democrática sólida y el involucramiento de los países en vías de desarrollo en los procesos de toma de decisiones – incluyendo igualdad en el derecho de voto (por ejemplo, a través de la introducción de un requisito de doble mayoría en el Banco Mundial y el FMI).

• Asegurar  el rendimiento de cuentas y la transparencia de las instituciones financieras internacionales.  Esto incluye prevenir la condicionalidad política y otras ataduras que dañan las economías nacionales y contribuyen a la violación de derechos humanos. Por ejemplo, para los países pobres no debería de requerirse la privatización de servicios sociales básicos o el recorte del gasto del sector público como una precondición para recibir los fondos que necesitan. Las reformas sobre la gobernanza democrática de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) son urgentes para establecer una paridad en voz y voto de los países en vías de desarrollo.

• Cancelar las jurisdicciones secretas, el sistema bancario a la sombra y los CFE o paraísos fiscales como una manera de eliminar la evasión fiscal y la fuga de capitales a través de las fronteras y limitar el ámbito para evasión fiscal futura. Estas prácticas recursos muy necesarios para el desarrollo sustentable. Como un primer paso, se requiere desarrollar una regulación rigurosa sobre las transferencias a los CFE y extender el intercambio de información automático. Finalmente, se requiere de una organización fiscal internacional, bajo el auspicio de las Naciones Unidas para el control tributario democrático, por ejemplo, para combatir la competencia fiscal, la evasión fiscal y la fuga corrupta de capitales.

• Detener los fondos de protección altamente especulativos, los mercados de derivados, los fideicomisos de inversión inmobiliaria (FII) y otros productos financieros de alto riesgo y coeficiente de endeudamiento,  para limitar sus efectos macroeconómicos negativos. Se requieren realizar reformas en la gobernanza corporativa para limitar los incentivos dañinos a la gestión. Además, se debería de prohibir la comercialización extrabursátil de derivados.

• Asegurar el respeto, protección y cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos universales.

Superar la carga de la deuda

• Establecer procesos internacionales, que sean integrales, aplicables, transparentes  e imparciales, para resolver las crisis de deuda o para identificar deudas impagables o que sean injustas, así como para asegurar que las necesidades humanas tengan prioridad sobre los pagos de la deuda. Igualmente, establecer lineamientos para que la actividad prestataria sea responsable, democrática y justa y que incluya un marco legal para prestamos responsables que promuevan el desarrollo sustentable y equitativo.

• Cancelar rápida, irreversiblemente y sin condiciones toda deuda que sea impagable o injusta.  Se entenderá como “deuda impagable” toda aquella deuda que un país no pueda pagar al mismo tiempo al que debe de dar respuesta a las necesidades básica de la población. Por “deuda injusta” se entenderán aquellas deudas que no sean reclamos legítimos, como las “deudas odiosas” otorgadas a dictadores o préstamos que se hayan proporcionado en base a términos injustos, o por proyectos fallidos que fueron realizados en base al consejo de la instancia prestataria.

• Detener la práctica de instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial y el FMI, sobre la imposición de condiciones para la condonación de deudas que infringe el derecho fundamental de las personas a una vida decente. No se debe requerir de los “países pobres” que privaticen los servicios básicos o que recorten el gasto público como una condición para recibir la condonación de deuda que requieren desesperadamente.

• Fortalecer los procedimientos de elaboración de informes y de procedimientos contables, que sean obligatorios para la banca privada y las corporaciones que requieran la divulgación pública de las transacciones financieras corporativas. Como una primera medida para introducir los nuevos estándares contables, se debe de implantar un esquema de informes país por país a nivel internacional.

Movilización de nuevos recursos para el desarrollo

• Hacer mayores esfuerzos para movilizar recursos financieros domésticos e internacionales para el desarrollo sustentable, particularmente para permitir el acceso a la infraestructura económica y social básica, incluyendo la educación y la salud, para así cumplir con los ODM y otras metas de desarrollo acordadas internacionalmente.

• Elevar el tema de la tributación internacional para contribuir al desarrollo, en la agenda de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis mundial financiera y económica a llevarse a cabo en junio.  Los resultados de la conferencia deben de contener un compromiso político de introducir un Impuesto a las Transacciones Financieras o un Gravamen a las Transacciones Monetarias a un nivel bajo para adquirir experiencia en su implementación. Como un primer paso, se deberá de acordar un nuevo grupo de trabajo dentro del grupo piloto sobre contribuciones de solidaridad a favor del desarrollo. Para incrementar la transparencia y el combate a la evasión fiscal, la UE debe de acordar la adopción de un Código de Conducta para estados sobre la cooperación en el combate de la evasión fiscal internacional.

• Apoyar que los sistemas fiscales domésticos sean justos y eficientes para garantizar un sistema fiscal equitativo y sustentable, en vez de que sean sistemas fiscales regresivos que se basen en la fiscalización del valor agregado. Se requerirá proveer asistencia técnica para incrementar los mecanismos de supervisión del manejo financiero y democrático.

• Solicitar el cambio de las demandas del FMI de políticas restrictivas en relación al gasto sobre recursos humanos en países en desarrollo, ya que estas demandas frecuentemente obligan a los países en vías de desarrollo a mantener bajos los gastos en personal de salud y el profesorado, lo que genera más obstáculos para alcanzar los ODM.

• Asegurar la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y fortalecer las medidas para combatir la corrupción y para asegurar la repatriación de los activos robados. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción necesita ser implementada por medio de un sistema efectivo de monitoreo a nivel nacional, incluyendo el apoyo a iniciativas como la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del Banco Mundial (StAR).

• Combatir la evasión fiscal a través de la promoción de la adopción del Código de Conducta de las Naciones Unidas sobre evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales, elevando el nivel del Comité de sobre Asuntos Fiscales de las Naciones Unidas para ser un organismo intergubernamental, con un sistema de intercambio de información automático en cuestión de impuestos.

Comercio internacional

• Promover políticas de comercio internacional que sean coherentes con los objetivos del desarrollo. Sólo el comercio que permita el desarrollo sustentable y el crecimiento económico duradero puede contribuir a la erradicación de la pobreza.

• Promover una revisión de las medidas existentes de liberalización financiera de servicios y desregulación que se contemplan en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión. La Ronda de Doha sobre negociaciones comerciales debería de separar los acuerdos sobre servicios financieros del paquete de “compromisos únicos”.

• Continuar desarrollando normas sociales y ambientales obligatorias para las empresas trasnacionales, que respeten las obligaciones internacionales en derechos humanos, y que estén en consonancia con las recomendaciones de la Cumbre de Johannesburgo para “promover activamente la responsabilidad y la rendición de cuentas en las empresas, sobre la base de los principios de Río, incluso mediante el desarrollo pleno y la aplicación eficaz de acuerdos y medidas intergubernamentales…”.