09/03/2009

Bienes comunes versus intereses privados en Italia

Jana Silverman
Social Watch

Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con académicos progresistas a fines de febrero en Roma, Milán y Nápoles para lanzar la versión italiana del Informe 2008 de Social Watch, estimulando una serie de discusiones sobre por qué los estados deben tomar en cuenta los derechos humanos en la construcción de sus políticas para salir de la crisis financiera, alimentaria y ecológica que actualmente azota al mundo entero.

Las organizaciones sociales vinculadas a Social Watch consideran que los Estados deben garantizar y promover todos los derechos humanos, aun en momentos de crisis, conflicto o emergencia, de acuerdo con las obligaciones claramente delineadas en los tratados internacionales.

Tomando como punto de partida la Declaración de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena, que los define como universales, indivisibles e interdependientes, además de ser inderogables, es claro que los gobiernos no pueden ignorar los impactos sociales de la crisis existente, que desde otra óptica son sólo violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y ambientales de las personas desamparadas por la convulsión financiera.

No obstante, aun en países desarrollados como Italia, traducir estas obligaciones internacionales en políticas concretas no es algo automático o fácil. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo y el Banco Mundial, se prevé que en el próximo año se perderán más de veinte millones de empleos y hasta ciento cincuenta millones de personas caerán en la extrema pobreza, como causa directa de los impactos económicos de la crisis. Pero las medidas que están siendo tomadas por los gobiernos europeos y norteamericanos en respuesta a la crisis están en gran medida enfocadas sólo a rescatar a sus instituciones financieras fracasadas sin abordar de forma adecuada esta grave problemática social.

En Italia, la tendencia a relegar los derechos económicos y sociales a un segundo plano se ha exacerbado con el retorno al poder de Silvio Berlusconi en mayo de 2008. En sus mandatos previos, el primer ministro ordenó la descentralización de servicios públicos como educación y salud sin la transferencia de recursos financieros suficientes para asegurar la prestación adecuada de éstos, recortó gastos para programas de seguridad social y hasta privatizó el canal público de televisión y algunos de los mundialmente reconocidos museos que guardan los tesoros del Imperio Romano.

Existen claras evidencias de que el nuevo gobierno de Berlusconi seguirá implementando políticas de corte neoliberal, pese al creciente desacuerdo global con dicha filosofía económica. En los últimos nueve meses impulsó la venta de Alitalia a inversionistas privados, redujo el gasto en educación pública en unos 7.500 millones de euros en el presupuesto para los próximos tres años y permitió la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos esenciales como la recolección de basura, el transporte público, la distribución de energía eléctrica y el suministro de agua, a través del célebre “Artículo 23 Bis” del Decreto Ley 112.

Los impactos negativos de estas políticas regresivas ya son dolorosamente evidentes. Por ejemplo, en el caso de la educación, los recortes presupuestales combinados con el aumento en el costo de la matrícula para las universidades públicas están limitando el acceso a este derecho fundamental. “Las universidades públicas en Italia están siendo desmanteladas sistemáticamente, ahora ni siquiera tenemos presupuesto para libros”, comentó Renato Briganti, profesor de la Universidad de Nápoles Federico II.

Sin embargo, la sociedad civil italiana está preparando el contraataque para frenar las políticas privatizadoras de Berlusconi, sobre todo en torno al agua.

Desde 2003, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y comunitarias italianas lucha para mantener el agua como un bien común cuya prestación no obedezca a la lógica del mercado.

Después de haber logrado una victoria importante en 2006, cuando bajo la presión del movimiento el alcalde de Nápoles decidió no privatizar el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, el nuevo reto para los activistas italianos es derrotar el “Artículo 23 Bis”. Para ello se ha creado el Foro Movimiento por el Agua, que está recolectando firmas para respaldar un nuevo proyecto de ley que propone que el agua sea un derecho humano universal y que cada residente de Italia tenga acceso gratuito al mínimo vital de este líquido esencial, estimado en unos cincuenta litros/día. La campaña, que ya ha logrado más de 400.000 firmas, cuenta con el apoyo de un grupo significativo de parlamentarios, artistas, intelectuales y miembros progresistas de la Iglesia católica.

Si el movimiento consigue que esta ley sea aprobada, sería una victoria importante para la asediada izquierda italiana. Más importante aún, el Estado italiano estaría un paso más cerca de cumplir con sus obligaciones inderogables de proteger los derechos humanos de toda la población, una lección importante para los demás países desarrollados que causaron la crisis con sus políticas irresponsables pero parecen no tener la voluntad para remediar sus consecuencias sociales.

* Jana silverman es miembro del secretariado Internacional de social Watch.

SOCIAL WATCH RAPPORTO 2008
Crisi globale.
La risposta: ripartire dai diritti