Presentación de Areli Sandoval Terán a nombre del Grupo Promotor del Informe Alternativo DESCA

Presentación de Areli Sandoval Terán a nombre del Grupo Promotor del Informe Alternativo DESCA

(Lunes 1 de mayo de 2006, Sala XXIV, Palais des Nations, Ginebra)

Buenas tardes Sra. Presidenta, distinguidos miembros del Comité de DESC:

Mi organización, Equipo Pueblo, es miembro de una coalición de organizaciones no gubernamentales trabajando en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México (Espacio DESC) y es punto focal en México de la red internacional Social Watch. Mi intervención es a nombre del Grupo Promotor de organizaciones de la sociedad civil que preparamos el Informe Alternativo al IV Informe Periódico del Estado mexicano sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El Informe Alternativo se envió al Comité de DESC sucrito por 105 organizaciones de la sociedad civil: 49 organizaciones civiles, sociales y redes mexicanas lo elaboramos y se adhieren a su contenido otras 56 organizaciones y redes, incluyendo algunas regionales e internacionales.

El objetivo de mi intervención es presentarles un panorama general de nuestros motivos de preocupación, y algunas conclusiones y recomendaciones. En el Informe Alternativo incluimos una síntesis del diagnóstico de la situación de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto, el análisis de la política económica, la política social, el presupuesto público, la situación en el estado de Chiapas, los derechos de los migrantes, el Programa Nacional de Derechos Humanos, comentarios sobre algunas de las medidas gubernamentales adoptadas en el periodo de reporte y ofrecemos propuestas y recomendaciones en los diversos asuntos [ver índice general que hemos solicitado a la Secretaría se distribuya ahora]

Nos gustaría hacer notar que en términos de lo que el gobierno informa como consulta a la sociedad civil se nos invitó a enviar comentarios sobre el borrador del IV Informe Periódico en un plazo muy corto de tiempo y solamente enviamos una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores expresando preocupaciones generales sobre la información, y no consideramos que hayan sido debidamente tomadas en cuenta.

Consideramos que el IV informe periódico de México no proporciona al Comité toda la información sobre obstáculos y retrocesos. No compartimos las valoraciones que hace el gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones pasadas del Comité y resulta preocupante que a pesar del tiempo transcurrido el Estado mexicano no las haya atendido todas satisfactoriamente (documento E/C.12.1/Add.41 del examen al tercer Informe Periódico en 1999, y documento E/C.12/1993/16 del examen al Segundo Informe Periódico en 1993)

Principales motivos de preocupación

México, país de ingreso medio en la región más desigual del mundo, se disputa con otros países latinoamericanos los primeros lugares en materia de desigualdad económica, social y de género.[i] En el Informe de Avance 2005 del gobierno mexicano sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus Metas se reconoce que “basta con desagregar la información de seguimiento de los ODM por espacio geográfico, sexo o grupo étnico para obtener no solo grados de avance distintos, sino también resultados muy distantes entre sí. Por ello, muchos de los logros conseguidos aún no son equitativos para toda la población, lo que muestra que la desigualdad y el rezago persisten como los problemas sustantivos del desarrollo.[ii]

Las elecciones federales de 2000 terminaron con 71 años continuos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin duda un paso fundamental para el proceso de transición a la democracia en nuestro país. No obstante, llamamos la atención del Comité al hecho de que la apertura política sin revisión ni debate profundos sobre el modelo de desarrollo económico y social vigente en nuestro país desde hace más de veinte años, resulta insuficiente para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la realización de los derechos humanos.

Política económica
[Contexto económico y medidas gubernamentales en general que obstaculizan o afectan la realización de los DESCA]

Como también lo reconoció el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos elaborado por la representación de la OACNUDH en México en 2003, veinte años de desmantelamiento del Estado, de privatización de las empresas públicas, de apertura del mercado, de control inflacionario, de competencia desleal a los productores nacionales, de eliminación de subsidios, de contención salarial y de desregulación de mercados, han tenido profundas repercusiones en los niveles de vida y de los DESCA de las personas y sus familias. El Estado mexicano ha operado con un doble estándar: liberación y apoyo total e irrestricto a la inversión extranjera y a los grandes grupos empresariales mexicanos y contención y restricciones en el ejercicio de sus libertades y el respeto a sus derechos humanos de millones de trabajadores asalariados y productores medianos y pequeños. [iii] Como se expone en los apartados correspondientes al derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, y a la educación, se han reducido o eliminado subsidios, se ha fragmentado y desmantelado el sistema de protección social, se han reducido recursos públicos.

La aplicación del modelo de apertura de la economía al mercado externo y promoción de la inversión extranjera (desatado a partir de 1985 y continuado hasta ahora) no ha sido social ni ambientalmente responsable; por ejemplo las importaciones de maíz por encima de la cuota prevista en el TLCAN afecta a los campesinos mexicanos; también tenemos preocupaciones por las violaciones al derecho a la libre determinación en su dimensión interna por la insuficiente regulación del Estado sobre las empresas privadas nacionales y trasnacionales que contaminan o abusan de los recursos naturales y no consultan a las comunidades que se verán afectadas por sus acciones. En sus recomendaciones previas (1993 y 1999) el Comité insistió sobre la necesidad de que se adoptaran medidas especiales para evitar, prevenir o aliviar efectos adversos del TLCAN, pero el gobierno no ha sido capaz de implementarlas no obstante las propuestas concretas provenientes del sector campesino y social en México (como la renegociación del capitulo agropecuario del TLCAN, la mayores y mejores políticas de fomento al agro mexicano)

Entre las propuestas y recomendaciones que hacemos están: favorecer encadenamientos productivos nacionales (las PyMES representan el 98% del total de las empresas), hacer responsables al sector privado de acuerdo con la obligación del Estado de proteger de las acciones de terceros actores no estatales que afecten los DESCA; abrir la discusión y promover la participación de organizaciones en la definición de políticas económicas; medidas de redistribución de los recursos, reorientación de prioridades [por ejemplo: impulsar un “rescate” del sistema de salud y de seguridad social, similar al que se ha hecho con la banca privada (FOBAPROA)…]

Política social
[Contexto social y crítica a política y programas sociales deficientes y sin perspectiva de derechos humanos]

El Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 elaborado por el PNUD explica que la desigualdad nacional en los niveles del Índice de Desarrollo Humano ( IDH ) se debe tanto a diferencias entre como dentro de las entidades federativas. Las que presentan los IDH más bajos son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí, zonas con alta concentración de población campesina y/o indígena, que a su vez expulsan mano de obra a los Estados Unidos; hombres, mujeres y niños - migrantes internos y externos- que padecen discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos.

La situación de pobreza en el país sigue siendo sumamente grave, y las medidas gubernamentales ineficientes e inapropiadas. El gobierno destaca el Programa Oportunidades dirigido a la población en extrema pobreza, mientras estudios y evaluaciones externas han demostrado que los programas focalizados tienen graves errores de inclusión de beneficiarios, y efectos adversos en las relaciones sociales (divisiones y desintegración de redes sociales)

En los actuales programas se privilegian estrategias de focalización en la pobreza extrema sobre estrategias de carácter universal que, por los altos niveles de pobreza que aún hay en el país, deberían aplicarse complementariamente. Esto ha significado continuar con una política de canalización de recursos de sobrevivencia y asistenciales, definidos por factores numéricos, más que establecer políticas amplias basadas en los derechos sociales.

De acuerdo con las mediciones del Comité Técnico establecido por la SEDESOL , en el año 2000 el 45.9% de los hogares y 53.7% de la población total, 52 millones 375 mil 500 personas, vivían en alarmante situación de pobreza de patrimonio, que significa que son hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vivienda y trasporte público: 28.1 pesos por persona en áreas rurales y de 41.8 pesos en áreas urbanas (a precios de 2000). Este tipo de pobreza se concentraba en un 50.42 % en el ámbito rural mientras que en el urbano se ubicaba el 49.58% en el año 2000. Para el año 2004, la concentración de la pobreza de patrimonio en el ámbito rural había disminuido a 45.40% pero en el urbano había aumentado a 54.60%. El Comité debería solicitar al gobierno una explicación sobre esto.

Por otra parte, también se han impulsado programas como el de micro crédito que pretende que personas en situación de pobreza inicien o desarrollen un negocio personal o familiar con el objeto de autoemplearse. Estos proyectos, sin embargo, pocas veces cuentan con viabilidad técnica por falta de capacitación y por lo tanto no son sostenibles en el largo plazo. Asimismo, se privilegian proyectos que plantean resultados de impacto inmediato, dejando de lado a los proyectos que proponen procesos de fortalecimiento comunitario. Una política de micro créditos con esta orientación tiende a promover a largo plazo la economía informal y a ampliar la brecha tecnológica con las corporaciones internacionales que en el propio país están actuando.

No obstante los numerosos programas sociales de la Estrategia Contigo descritos por el gobierno, mientras no exista voluntad política para revisar y reorientar la política económica y la política social con un enfoque basado en los derechos humanos, y rediseñarlas con objetivos de coherencia para evitar efectos contradictorios de las políticas, garantizando participación social, la pobreza, la desigualdad y la exclusión seguirán representando negaciones sistemáticas de los DESCA para más de la mitad de la población mexicana que vive en estas condiciones.

Presupuesto Público

El IV Informe Periódico subraya que los recursos presupuestales para el gasto social han aumentado; si bien esto es cierto para algunos programas, hacemos un llamado al Comité para no considerar globalmente este aumento, pues resulta engañoso y hace falta examinar el presupuesto federal y el comportamiento del gasto sectorialmente. De esta forma podrán verificar que en la realidad se presentan los siguientes problemas que demuestran que el Estado no está cumpliendo con su obligación de destinar hasta el máximo de los recursos de que disponga a favor de los derechos contendidos en el PIDESC (conforme al art. 2 del Pacto):

a) disminución de recursos en algunos rubros sociales clave;

b) estancamiento o falta de aumento progresivo de recursos

c) subejercicio de recursos aprobados en materia social y sobreejercicio de recursos fuera del gasto social;

d) mayores recursos destinados prioritariamente al rescate bancario y el pago del servicio de la deuda externa que a los rubros sociales.

Por ejemplo: se han venido destinando cada vez menores recursos para la educación bilingüe y multicultural que ha sufrido drásticos recortes entre 2002 y 2005. En materia de salud poco se está haciendo para atender el rezago en infraestructura, equipo y abasto de medicamentos, la disminución y el estancamiento en el aumento de recursos para éstas y otras áreas del sistema de salud y protección social conduce al deterioro de los servicios y favorece el discurso de la supuesta necesidad de su privatización. Asimismo, es constante el sub-ejercicio del presupuesto aprobado en materia social, destacando el Programa Oportunidades que durante el periodo 2001-2004 dejó de ejercer recursos cercanos a los 2 mil millones de pesos. En contraste, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional , Relaciones Exteriores y Gobernación han sobre-ejercido recursos. No se justifica el subejercicio en materia social con los altos niveles de pobreza que aún hay en el país, ni el discurso reiterativo del gobierno sobre la escasez de recursos. Nos preguntamos [y el Comité debería preguntar al gobierno mexicano]: cuáles son las razones del subejercicio en materia social, a dónde van a parar esos recursos, qué se ha hecho para evitarlo? [Ver datos duros en las páginas 18, 19, 28, 125, 141, 142 y 144 del Informe Alternativo]

Conclusiones y recomendaciones generales

Además de las ya mencionadas, es necesario que la información presupuestaria sea más accesible, debidamente desagredada, para permitir un mayor escrutinio público.

Es fundamental adecuar la política económica y la política social a los principios, obligaciones y estándares de derechos humanos.

Es indispensable que se fortalezca el marco jurídico nacional conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se eleven a rango constitucional derechos como la alimentación y el acceso al agua sobre los que ya existen iniciativas; se revisen o detengan las reformas legislativas regresivas (por ejemplo en materia de: Ley de Vivienda, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Trabajo)

Finalmente, se necesitan desarrollar recursos jurídicos apropiados para la defensa de los DESCA y resolver los problemas identificados en el Informe Alternativo que obstaculizan el acceso a la justicia en México.

Notas:

[iii] OACNUDH en México. Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Mundi-Prensa México, 2003, pp. 73 - 74.