2005
Recomendaciones
Control de
Calidad de la Revisión Quinquenal de la Declaración del Milenio
Del 14 al 16
de septiembre de 2005 se evaluará la implementación de la Declaración del
Milenio a la luz de los acontecimientos sucedidos desde que fuera adoptada en
2000. Cuando la Declaración fue adoptada se consideraba que contenía la agenda
para erradicar la pobreza durante la primera parte del nuevo milenio.
La
Declaración del Milenio se construyó sobre los compromisos adoptados por la
comunidad internacional en una serie de conferencias y cumbres en la década
previa, incluyendo aquellas dedicadas al medio ambiente; los derechos humanos;
la igualdad y equidad de género; el desarrollo social; los derechos de los
niños; la población; los derechos sexuales y reproductivos; el derecho a la
vivienda y la eliminación del racismo y la discriminación. Como parte de esos
compromisos, en 1995 la Cumbre Social de la ONU reconoció que la erradicación de
la pobreza era posible y adoptó una estrategia para alcanzar ese objetivo. Esta
estrategia se basó en un concepto de desarrollo abarcador que no solo se
enfocaba en la pobreza sino que consideraba al empleo pleno y la inclusión
social como aspectos igualmente importantes de dicha estrategia. La sociedad
civil desempeñó un papel activo en torno de las conferencias de la década de
1990, reclamando a los gobiernos que adoptaran compromisos delimitados en el
tiempo para promover el desarrollo a través de la eliminación de la pobreza y el
logro del empleo pleno y la disminución de la exclusión social. El compromiso
que asumió la sociedad civil con estos procesos desembocó en la creación de
coaliciones de organizaciones en todo el mundo que controlan activamente la
implementación de los compromisos asumidos por los gobiernos.
La comunidad
internacional se ha visto sacudida por los graves sucesos ocurridos desde la
Cumbre del Milenio en 2000: desde los atentados de 2001 contra Estados Unidos y
las posteriores intervenciones militares en Afganistán e Iraq, al maremoto en
Asia.
Prevalece una
concepción militar de la seguridad que no se basa en la idea de seguridad para
todos (la seguridad humana en todas sus dimensiones), sino que promueve la
seguridad para algunos mediante la concentración del poder en manos de unos
pocos. Asimismo, al abogar por una doctrina de acción militar unilateral y
preventiva, y al ir a la guerra sin la autorización de la comunidad
internacional a través de una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU,
Estados Unidos y sus aliados socavaron el mismo objetivo que llevó a la creación
de la ONU.
Se está
creando un mundo unipolar en el cual la potencia dominante promueve un único
conjunto de valores que cubre todos los aspectos de la vida, sean económicos,
políticos, culturales, religiosos o éticos. Inevitablemente, se enfatizan las
diferencias y se refuerzan las divisiones y la intolerancia sobre las que se
construyen los conflictos.
La seguridad
no puede asegurarse por la fuerza. Los conflictos no pueden resolverse con las
armas. Solo cuando confrontamos con seriedad las desigualdades que nos dividen,
promovemos la justicia social y aseguramos los derechos humanos de todos podemos
tener la esperanza de alcanzar un futuro estable.
No hay que
subestimar la urgencia que esto implica. Todavía no se ha encarado con
suficiencia la amenaza muy real que representa el calentamiento mundial en
cuanto a la destrucción de la vida humana en su forma actual y de la flora y la
fauna contemporáneas. La población comienza a sentir sus consecuencias, siendo
las comunidades más marginadas las más perjudicadas. Aunque es posible que los
efectos devastadores del maremoto de Asia no sean el resultado específico del
cambio climático, seguramente el mismo pone en evidencia la vulnerabilidad de
las comunidades cuando las fuerzas de la naturaleza se desencadenan debido a los
cambios sufridos por el mundo natural en que vivimos. Sin duda alguna, todos
compartimos la responsabilidad de asegurar que se superen las amenazas a la vida
y la sustentabilidad de nuestro planeta, adoptando estilos de vida responsables.
Sin embargo, los gobiernos, y las personas en cargos de poder, tienen la
responsabilidad especial de asegurar que las prácticas promovidas y permitidas
por los gobiernos sean coherentes con la sustentabilidad permanente de nuestro
medio ambiente.
La
destrucción colosal provocada por el terremoto en el Océano Índico y el
posterior maremoto, junto con sus consecuencias, no solo redoblaron la
conciencia sobre la responsabilidad internacional sino que también destacaron
las distintas realidades en materia de seguridad para los pueblos que viven en
distintos contextos. Esto contrasta con las consecuencias de otras crisis, como
la de Darfur, cuyo impacto es igual para todas las personas directamente
afectadas. Lo mismo ocurre con la muerte en silencio de millones de personas,
que podrían evitarse. Al menos, el maremoto agudizó el ojo del público ante la
complejidad y la intolerabilidad ética de la desigualdad entre los muy ricos y
los muy pobres.
Estos eventos
hacen hincapié en la naturaleza interconectada del mundo en que vivimos, donde
las consecuencias de decisiones, acciones y hechos que ocurren en una parte del
mundo ejercen un impacto creciente en los pueblos y las comunidades del resto
del planeta. Estos eventos también ilustran gráficamente las consecuencias de
las burdas desigualdades que existen hoy en día, no solo en cuanto a la
distribución de la riqueza y el ingreso, sino también en el acceso al poder y a
los responsables de tomar decisiones, y a los recursos que sostienen la vida
misma. Estas desigualdades, que directamente contribuyen con la pobreza y la
sustentan, también son un aspecto central en la creación y prolongación de la
inestabilidad.
La revisión
de la Declaración del Milenio, y las posturas adoptadas por los gobiernos
durante la preparación de la misma, serán analizadas a la luz de estos
acontecimientos.
En septiembre
de 2005, y durante los meses de preparación previos, la comunidad internacional
tendrá la oportunidad de enfrentar los desafíos cruciales de nuestra época y de
instalar la ambiciosa estrategia necesaria para afianzar el futuro del planeta
para las generaciones venideras. Uno de los principios rectores debe ser el
reconocimiento de los derechos humanos. El éxito exige la participación de todos
los actores interesados, tanto en las preparaciones como en el evento de alto
nivel, en septiembre de 2005.
En todo el
mundo la gente sabe lo que está en juego. Aquellos que padecieron el maremoto
asiático comprenden cuán frágil es la vida. Los refugiados de Darfur comprenden
cuáles son las consecuencias de la inseguridad. Las comunidades diezmadas por el
VIH/SIDA luchan por sobrevivir. Los campesinos que pierden su medio de sustento,
del cual dependen ellos y sus familias, saben lo que significa ser absolutamente
desvalidos. Para ellos, y los millones de personas como ellos, las
desigualdades de nuestro mundo tienen consecuencias reales.
Es sobre la
base de este tipo de experiencia que las organizaciones de la sociedad civil
piden a los líderes de la comunidad internacional que adopten medidas audaces y
decisivas cuando se reúnan en Nueva York en septiembre. En especial, exhortamos
a los gobernantes del mundo que asuman los siguientes compromisos:
1.
De la erradicación de la pobreza a la disminución de la desigualdad
El mundo
tiene los medios para erradicar la pobreza. Esto es posible y debe hacerse. El
hambre, la desnutrición y la condena a vivir en la pobreza son una afrenta a la
humanidad y una negación de los derechos humanos básicos. Por lo tanto, tenemos
la obligación de erradicar la pobreza y debemos tomar todas las medidas posibles
para asegurar la conquista de este objetivo. Lo que falta es la voluntad
política para hacerlo realidad. La comunidad internacional no solo debe
reafirmar su compromiso con la erradicación de la pobreza mundial en el lapso
más corto posible, sino que cada gobierno también debe reconocer su obligación
individual y colectiva y adoptar estrategias efectivas para erradicar la
pobreza.
La pobreza no
es una estadística y no se define por USD 1 o siquiera por USD 2 al día. No hay
ventajas en diferenciar a los muy pobres de los casi muy pobres o a los pobres
de los ricos en los países en desarrollo de los pobres de los ricos en los
países desarrollados. Hay que abarcar a todos. Es cierto que la pobreza se basa
en la distribución radicalmente desigual del ingreso, pero también en la
distribución igualmente desigual de los activos, el acceso desigual a las
oportunidades de trabajo y empleo, a los servicios y prestaciones sociales y a
la distribución desigual del poder político, el acceso a la información y a la
participación política. En gran medida este es el resultado de desequilibrios
persistentes y muy arraigados de los engranajes actuales de la economía mundial,
que según la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización es
éticamente inaceptable y políticamente insustentable. Las mujeres están,
muy a menudo, entre quienes sufren esas desigualdades.
La
desigualdad y la injusticia social son fuentes importantes de inestabilidad y
conflictos nacionales e internacionales. Las personas que luchan por la
supervivencia buscan los medios para vivir, mientras aquellas que poseen más
protegen lo que tienen y con frecuencia buscan acumular aun más. La respuesta
adecuada a la pobreza solo se hallará en iniciativas integrales y
redistributivas que aborden todos los aspectos de la desigualdad, prestando
particular atención a la dimensión de género. El énfasis concertado sobre el
desarrollo social constituye un gran aporte a la erradicación de la pobreza, con
énfasis en el suministro de la salud básica, la educación básica, el agua y el
saneamiento. Sin embargo, alcanzar los ODM dentro de los plazos acordados es
solo la parte más urgente de lo que se necesita para cumplir este requisito.
La seguridad
y la estabilidad solo podrán lograrse cuando se conquiste la justicia social,
cuando se respeten los derechos de todos y todas a los medios de vida (agua,
salud, alimentación, vivienda, etc.) y cuando todas las personas tengan acceso a
los medios de sustento para sí mismas, sus familias y sus comunidades.
Los
gobiernos deberían asumir el compromiso de erradicar la pobreza y conquistar la
justicia social.
Esto
requiere:
·
que reafirmen la
convicción de que es posible erradicar la pobreza, como lo hicieron hace 10 años
en Copenhague;
·
el compromiso de
erradicar la pobreza en todos los países para 2025, siendo la pobreza definida
dentro de cada país en base a las diferentes realidades nacionales;
·
el compromiso de
que las estrategias nacionales para erradicar la pobreza se definan en cada país
para 2007, elaboradas a partir de un proceso transparente y consultivo, en el
cual participen activamente los pobres;
·
la implementación
de políticas dedicadas a reducir las desigualdades, incluyendo el acceso
universal a los servicios sociales públicos fundamentales y de calidad;
políticas impositivas redistributivas; el respeto por las normas laborales
fundamentales;
·
el cese de las
políticas de privatización y “liberalización” que conducen a la concentración de
los recursos públicos en un número cada vez menor de personas, a menudo
extranjeras;
·
el
fortalecimiento de los requisitos de información y revisión del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales para asegurar revisiones más
frecuentes y completas del cumplimiento, por parte de los Estados, de las
obligaciones en materia de derechos humanos que tienen ante sus ciudadanos;
·
el compromiso de
informar periódicamente al ECOSOC de la ONU sobre los avances obtenidos en la
implementación de estas estrategias. El primero de estos informes debería
realizarse a más tardar en 2007.
2.
Mejores estrategias para el desarrollo: el papel de las instituciones
financieras internacionales
Las
estrategias de desarrollo de un país deben estar imbuidas de las experiencias de
su pueblo. En las últimas décadas se agregaron extensas condiciones
macroeconómicas al suministro de ayudas y préstamos al desarrollo, así como para
la cancelación de deudas, con consecuencias desastrosas para el desarrollo
social. Las políticas de ajuste estructural, liberalización y privatización
exacerbaron las desigualdades, en lugar de reducirlas, con peores consecuencias
para las comunidades y familias con menor acceso al trabajo digno y a los medios
de vida sustentables. Para la mayoría de las personas que viven en la pobreza,
de la cual una gran parte son mujeres y niños, la agricultura y la pesca
proporcionan el único medio viable de sustento para ellos y sus familias. Las
reformas económicas impuestas a los países en desarrollo fomentaron la
producción orientada a las exportaciones, especialmente de productos primarios
cuyos precios internacionales han caído dramáticamente, y un mayor control sobre
la agricultura y la pesca por parte de los intereses corporativos. El resultado
ha sido un mayor empobrecimiento de grandes sectores de las sociedades de los
países en desarrollo para los cuales no hay opciones alternativas.
La idea de
que las medidas tendientes a aumentar el comercio llevan a la erradicación de la
pobreza no ha funcionado, como se puede comprobar a través de diversos análisis
estadísticos que abarcan los 20 años desde la imposición de las políticas de
liberalización comercial y los modelos de desarrollo económico orientados al
crecimientos de las exportaciones. Las Estrategias de Reducción de la Pobreza (PRSP)
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial se introdujeron
presuntamente para atacar esos efectos negativos, pero en la práctica no lo han
hecho.
En teoría, el
objetivo de lograr un enfoque adecuado contra la pobreza en las estrategias de
desarrollo del país y de asignar la ayuda para el desarrollo con un creciente
sentido de propiedad de parte del país receptor es coherente con el espíritu del
ODM 8 y su “asociación mundial para el desarrollo”. No obstante, la experiencia
demuestra que eso está lejos de la realidad, ya que numerosas condiciones
macroeconómicas siguen vinculadas a la ayuda. Los préstamos del Banco Mundial
apoyan programas específicos de reformas que incluyen acciones (condicionalidades)
consideradas fundamentales por el Banco Mundial y el FMI para que el programa
prospere. Las negociaciones de los préstamos siguen realizándose a puertas
cerradas en los ministerios de economía y los bancos centrales, y continúan
promoviéndose las fallidas políticas macroeconómicas del pasado. No es de
sorprender que la “propiedad” de las estrategias de desarrollo nacionales no
haya cumplido lo que prometía.
El
alejamiento del Estado y la privatización del suministro de los servicios (de
atención médica, agua, educación) les niegan cada vez más el acceso a aquellos
que no pueden pagar lo que constituye un derecho humano básico. La globalización
y la liberalización del comercio, la transformación en empresas privadas de la
agricultura y otras formas de producción no deberían ser los marcos rectores de
la agricultura. En cambio, los medios de vida locales y sustentables, la
soberanía alimentaria, la regeneración ambiental y los problemas sociales
deberían ser los principios rectores.
Los
gobiernos deberían promover estrategias de desarrollo basadas en las necesidades
y la experiencia de la gente.
Esto
requiere:
·
que fortalezcan
el proceso de elaboración de las políticas nacionales, basadas en necesidades
definidas en el país y prioridades identificadas mediante procesos
participativos. Estos deben definirse en un marco basado en los derechos y
permitir que los intereses y los objetivos definidos por los propios vendedores
ambulantes, obreros industriales, pescadores y peones de campo queden claramente
reflejados en las estrategias nacionales de desarrollo;
·
transparencia en
el proceso para establecer estrategias nacionales de desarrollo que apoyen la
participación efectiva de los grupos nacionales en la formulación de la política
nacional;
·
que las PRSP se
establezcan respetando la propiedad real mediante decisiones definidas a nivel
nacional, con la efectiva participación de la sociedad civil y la rendición de
cuentas ante los parlamentos nacionales;
·
reformas agrarias
y acuarias para asegurar que los agricultores, pescadores y otras comunidades
rurales tengan el acceso, el control, la propiedad y la gestión de los recursos
productivos. Se debe prestar especial atención a que las mujeres puedan mantener
el control y el acceso sobre los recursos, tales como las semillas.
3.
Lograr la igualdad y la equidad de género
La reducción
de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres están interconectados de muchas
maneras. Las mujeres constituyen la mayoría de los pobres del mundo y a menudo
llevan la carga social y económica de cuidar de los integrantes más vulnerables
de la comunidad, como son los niños, los ancianos y los enfermos. Las mujeres y
las niñas que viven en la pobreza también corren un riesgo mayor de convertirse
en víctimas de la violencia de género, de infectarse de VIH/SIDA, de morir
durante el parto y de ser vendidas como esclavas.
Las reformas
económicas que desmantelan las obligaciones sociales del Estado afectan en mayor
grado a las mujeres y profundizan la desigualdad de género, a medida que las
mujeres son obligadas a llevar la carga adicional. Al mismo tiempo, las mujeres
constituyen agentes activos fundamentales en cualquier estrategia de
erradicación de la pobreza. Negar el acceso pleno y libre de las mujeres al
sector económico y al mercado de trabajo no solo les niega sus derechos humanos
básicos, sino que va en detrimento del desarrollo económico del país. La pobreza
no podrá atacarse con éxito sin asegurar la igualdad en el acceso a los medios
de vida de mujeres y hombres, y la equidad de oportunidades. Mientras la
igualdad y la equidad de género son objetivos fundamentales en sí mismos,
también son una condición previa esencial para erradicar la pobreza.
Es necesario alcanzar los ODM
relativos al empoderamiento de la mujer (ODM 3 y 5), pero no bastan por sí
solos. Para alcanzar la auténtica equidad de género, el concepto debe
comprenderse de manera integral y no puede limitarse simplemente a los
indicadores incluidos en los ODM.
La
declaración política adoptada por los gobiernos en la revisión de los diez años
de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, en marzo de 2005, expresa:
“subrayamos que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo
internacionalmente convenidos […] y, a ese respecto, destacamos la necesidad de
velar por la integración de una perspectiva de género en la sesión plenaria de
alto nivel sobre el examen de la Declaración del Milenio.”
Los
gobiernos deberían reconocer plenamente la centralidad de la igualdad y la
equidad de género para que toda estrategia de desarrollo pueda prosperar.
Esto
requiere:
·
que en la
implementación de estrategias de desarrollo nacionales, regionales e
internacionales se ponga más énfasis a alcanzar la igualdad de género, mediante
el establecimiento de metas e indicadores significativos que midan su progreso;
·
aumentar la tasa
de finalización de la enseñanza primaria y el acceso a la enseñanza secundaria
para las niñas; garantizar la tenencia de la propiedad y la tierra y los
derechos hereditarios de las mujeres; asegurar el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva y promover y proteger el pleno goce de
todos los derechos humanos para las mujeres; promover igual acceso al empleo
sostenible y a protecciones laborales adecuadas; promover el equilibrio de
género en la toma de decisiones gubernamentales; y redoblar los esfuerzos para
combatir la violencia contra mujeres y niñas;
·
la identificación
de medidas explícitas para alcanzar la igualdad de género en el contexto del ODM
8, particularmente para asegurar que la igualdad de género se promueva dentro de
las PRSP y la nueva arquitectura de la ayuda;
·
un pacto entre
donantes y sus socios para asignar 10% de los recursos para promover
específicamente la igualdad de género y en apoyo a actividades específicas
tendientes al empoderamiento de las mujeres;
·
la adopción de un
protocolo opcional para hacer más eficaz la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1978).
4.
Tomar acciones urgentes frente al cambio climático
El complejo
equilibrio ecológico del planeta, que proporciona la base para la vida misma,
enfrenta amenazas sin precedentes, en gran medida como consecuencia de
estrategias de desarrollo emprendidas por la humanidad. Nuestra propia
supervivencia podría depender de la adopción inmediata de acciones radicales que
combatan las presiones insustentables que hemos creado. Ya podemos ver las
crecientes amenazas que padecen comunidades en todo el mundo. Los más afectados
por las consecuencias inmediatas de la degradación ecológica y el cambio
ambiental son los más vulnerables, especialmente las comunidades marginadas y
las personas que viven en la pobreza.
Aunque es
necesario encarar muchos aspectos del equilibrio ecológico mundial, el
calentamiento global y los cambios provocados en el clima planetario representan
una amenaza importante. El aumento de las temperaturas ya ha acelerado el
derretimiento de los glaciares en el Ártico y recientes estudios científicos
pronostican que los mismos disminuirán un 50% para fines del siglo. Los
pronósticos estiman que para 2050 se habrán perdido más de un millón de formas
de vida distintas.
Aunque se
están tomando medidas, son lentas e insuficientes, particularmente dadas las
consecuencias potencialmente calamitosas. La falta de interés de algunos países
(en especial de aquellos principalmente responsables por las emisiones que
causan el calentamiento mundial) en firmar el Protocolo de Kyoto no debe impedir
que se actúe con urgencia. Con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en
febrero de 2005 se deben implementar con urgencia los compromisos de reducción
de las emisiones y financiación. Asimismo, dados los recientes indicadores sobre
la velocidad y la profundidad del calentamiento mundial, se deben adoptar
rápidamente reducciones más rigurosas de los gases invernadero.
Los patrones
de desarrollo adoptados por la humanidad en los últimos tres siglos, y en
especial en las últimas décadas, son la principal fuente de emisiones
invernadero responsables por el cambio climático. Los países ricos, y los
estilos de vida de sus poblaciones, generaron la mayoría de estas emisiones. La
amenaza que el cambio climático representa para toda la humanidad exige una
respuesta en común, con la adopción de medidas radicales e inmediatas para
reducir las emisiones de gases invernadero y enfrentar sus consecuencias. La
primera responsabilidad recae en aquellos que más se beneficiaron con sus
causas.
Como parte de la necesidad de
tomar medidas urgentes y radicales, las estrategias para la generación de
energía deben darle prioridad a las fuentes renovables, seguras y que no
produzcan contaminación.
Dada la
naturaleza hostil para la vida de esta amenaza, los intereses de la comunidad
internacional no deben ser rehenes de esos pocos países que no se suman al
esfuerzo en común.
Los
gobiernos deberían tomar medidas urgentes y audaces para enfrentar el cambio
climático y la degradación ambiental del planeta.
Esto
requiere:
·
el reconocimiento
expreso de la amenaza grave e inmediata que representa el cambio climático;
·
la inmediata
implementación de las medidas para reducir las emisiones incluidas en el
Protocolo de Kyoto;
·
el inicio urgente
de negociaciones para la revisión inmediata de los compromisos existentes y para
acordar sobre medidas de largo plazo en un marco mundial equitativo que impida
las consecuencias más peligrosas del cambio climático;
·
recursos
financieros adicionales necesarios con un incremento sustancial del nivel de
financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la adopción de tarifas
relacionadas con las emisiones a los usuarios del espacio aéreo internacional y
los océanos, y la incorporación de un impuesto internacional al combustible de
aviación que tenga el propósito de hacer justicia al cambio climático causado
por el tráfico aéreo y, al mismo tiempo, superar el subsidio indirecto a la
industria de la aviación mediante el anterior monto nulo de impuestos sobre el
combustible de aviación;
·
medidas que
preparen a las comunidades más vulnerables ante aquellos impactos que ya no
pueden evitarse, así como medidas que protejan la flora y la fauna del planeta;
·
el compromiso con
el grueso de la responsabilidad en común pero diferenciada, como se acordara en
la Declaración de Río, por la cual las personas y los países asuman los costos
de encarar el cambio climático en proporción con su contribución a los factores
que lo causaron;
·
el compromiso de
aumentar el uso de formas renovables de generación de energía.
5.
Detener la militarización y la proliferación de armas
Tras el fin
de la guerra fría no se ha materializado el tan ansiado “dividendo de la paz”.
Surgieron formas nuevas de militarización a medida que los gobiernos, los
movimientos opositores y demás grupos buscan imponer su voluntad mediante la
fuerza de las armas. Cualquiera sea la justificación dada, en casi todas las
circunstancias la intervención militar no proporcionó la estabilidad buscada.
Por el contrario, el resultado ha sido menor estabilidad, como es el caso en
Iraq. Además, el suministro de la ayuda humanitaria, que debería otorgarse sin
discriminaciones a la gente directamente afectada por los desastres y los
conflictos, se asocia cada vez más con los objetivos militares a través del
empleo del personal militar en su distribución.
El comercio
mundial de armas ejerce un enorme impacto humano, alimentando y sosteniendo
conflictos, promoviendo la inseguridad y socavando el desarrollo en algunas de
las regiones más pobres del mundo. Cada minuto, en alguna parte del mundo, al
menos una persona muere a raíz de la violencia armada. En numerosos países
valiosos recursos naturales, como los diamantes y el cobre, son explotados a
cambio de armas que se utilizan para cometer terribles atrocidades. Las mujeres
y los niños son especialmente vulnerables; las mujeres y las niñas son violadas
a punta de pistola, la violencia doméstica puede tener consecuencias fatales y
se calcula que 300.000 niños y niñas fueron incorporados como soldados en
conflictos en todo el mundo. La proliferación del tráfico de armas es un ejemplo
cruel de la incoherencia en la política internacional de las donaciones.
Los Estados
que más lucran con este tráfico son los cinco miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de la ONU, que juntos comparten aproximadamente el 80% de todas las
exportaciones declaradas de armas convencionales. Entre 1998 y 2001, Estados
Unidos, el Reino Unido y Francia ganaron más con el tráfico de armas de lo que
contribuyeron con la ayuda internacional. Asimismo, la disminución de los
controles sobre las ventas de armas luego del 11 de septiembre genera una nueva
proliferación de armas. Las armas siguen siendo canalizadas a países con malos
antecedentes en materia de derechos humanos o a países en desarrollo que gastan
más en su defensa que en servicios sociales básicos, como la salud y la
educación, desviando así fondos de estas áreas.
La comunidad
internacional debe demostrar coherencia con sus propios compromisos para
promover la paz y la estabilidad en el mundo.
Los
gobiernos deberían comprometerse a llevar a cabo una reducción real y drástica
del gasto militar, y a ejercer un control riguroso y obligado por ley sobre la
venta de armas.
Esto
requiere:
·
el compromiso
obligatorio de reducir al menos a la mitad el gasto militar en cada país para
2015 y utilizar el “dividendo de la paz” generado con fines sociales y
ambientales;
·
el compromiso
obligatorio de promover el desarme general y la prohibición de todas las armas
nucleares y todas las armas de destrucción masiva;
·
la adopción del
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que puede brindar algunas
garantías en lo que actualmente es un mercado desregulado. El tratado aseguraría
que todos los gobiernos controlen sus armas según las mismas normas
internacionales;
·
el compromiso de
retirar los millones de armas ilegales y excedentes que están en circulación;
·
el compromiso de
respetar la neutralidad e imparcialidad de la ayuda humanitaria, apuntando hacia
su distribución y a las organizaciones humanitarias encargadas de esa tarea.
6.
La financiación del desarrollo
Generar los recursos financieros
necesarios para alcanzar un desarrollo sustentable que colme las necesidades
básicas de todos y que otorgue a todos la oportunidad de llevar una vida plena
es la responsabilidad de todos los gobiernos y personas de todo el mundo. La
mayor responsabilidad corresponde a los países, corporaciones e individuos con
mayor riqueza. Como se identificara claramente en el informe del Proyecto del
Milenio, los niveles actuales de financiación para el desarrollo son
insuficientes, incluso para lograr los mínimos objetivos establecidos en los ODM.
Además, muchas modalidades de financiamiento que presuntamente son
proporcionadas para el desarrollo, en realidad operan contra los objetivos que
supuestamente promueven. Aunque se reconoce la importancia fundamental que
tienen el comercio y la inversión como generadores de los recursos necesarios
para asegurar formas sustentables de desarrollo, estos seguirán siendo
insuficientes para los países en desarrollo, especialmente para aquellos de
bajos ingresos.
Generación de financiación
internacional para el desarrollo
Para que la comunidad
internacional pueda cumplir sus compromisos y obligaciones de erradicar la
pobreza, debe darse un incremento sustancial en la disponibilidad de la
financiación para el desarrollo. Esto solo puede alcanzarse mediante una
transferencia real de fondos financieros de los países ricos a los países
pobres. Especialmente:
Ø
Aumentar la ayuda
Para muchos países de bajos
ingresos, la ayuda es la fuente más importante de financiación para el
desarrollo. Para estos países es también la única fuente real de inversión para
la infraestructura social básica, que es vital para asegurar el bienestar de su
gente y para atacar la pobreza con eficacia. La ayuda solo será eficaz si es
sustentable y previsible, contribuyendo a las estrategias de desarrollo
definidas por el país mismo. La ayuda debe liberarse de las ataduras impuestas
por los donantes, que no solo distorsionan su valor sino que también sesgan el
compromiso del país para con las políticas de desarrollo impuestas desde el
exterior.
Los gobiernos deberían garantizar
un aumento sustancial de los niveles de ayuda para que las estrategias de
desarrollo adoptadas puedan implementarse.
Esto requiere:
·
el compromiso de
duplicar inmediatamente el suministro de AOD para 2006, para poder financiar los
ODM;
·
el compromiso de
cada gobierno donante de brindar al menos el 0,7% del INB, para 2015 a más
tardar;
·
a cada gobierno
donante que aún no haya cumplido el objetivo de la ONU que en la cumbre de
septiembre presente planes sobre cómo harán para alcanzar ese objetivo.
Ø
Cancelar la deuda
Aunque se reconoce claramente que
para muchos países en desarrollo sus obligaciones con el servicio de la deuda
socavan el desarrollo, las medidas tomadas han sido insuficientes para asegurar
que los niveles de deuda sean sustentables.
Los gobiernos deberían adoptar
medidas que, de una vez por todas, eliminen los niveles insustentables de deuda
a todos los países en desarrollo de bajos y medianos ingresos. La
sustentabilidad de la deuda debe ser medida, entre otros elementos, frente a las
necesidades de los países endeudados para alcanzar los ODM.
Esto requiere:
·
la cancelación
total de las deudas cuando de no hacerlo se socave la capacidad del país para
alcanzar los ODM;
·
la cancelación
sustancial de la deuda para los países en desarrollo de bajos y medianos
ingresos más allá de la iniciativa PPME;
·
la creación de un
procedimiento de arbitraje justo y transparente para abordar las deudas
insustentables, donde se establezca el derecho de todos los interesados a ser
oídos, la protección de las necesidades básicas de los deudores, y la
institución de un aplazamiento automático del servicio de la deuda. Este
procedimiento debe basarse en un organismo ejecutivo neutral, independiente de
las instituciones financieras internacionales, la OMC y otras instituciones
similares;
·
que se asegure
que la financiación de la cancelación de la deuda sea adicional a los objetivos
de los donantes para alcanzar el compromiso de otorgar el 0,7% del INB;
·
Que la
cancelación de la deuda se realice libre de condiciones en cuanto a políticas
económicas, tales como la privatización y la liberalización.
Ø
Establecer
impuestos internacionales
Cada vez se reconoce más la
necesidad de nuevas formas de financiación para el desarrollo. Ahora se deben
asumir compromisos para que las mismas se hagan realidad. Se han realizado
muchas propuestas, que son tanto justificadas como factibles. En la mayoría de
los casos, la implementación de los impuestos propuestos no solo proporcionaría
recursos adicionales para el desarrollo, sino que también desempeñaría un papel
constructivo en la regulación de las acciones que causan inestabilidad en los
sistemas económicos internacionales o que impactan negativamente en el medio
ambiente. Estos impuestos internacionales deberían abordar el uso de bienes
ambientales comunes globales, las transacciones financieras y de moneda
extranjera de corto plazo, y el comercio de artículos que tienen un impacto
internacional negativo, ya sea en el equilibrio ecológico mundial o la promoción
de conflictos, etc.
Los gobiernos deberían adoptar
mecanismos para un régimen impositivo internacional que no solo proporcione
recursos financieros adicionales para el desarrollo sino que controle los
procesos insustentables y perjudiciales.
Esto requiere:
·
el compromiso de
fijar impuestos internacionales basados en una o más de las propuestas actuales,
especialmente un Impuesto a las Transacciones Monetarias y un impuesto
internacional al combustible de aviación;
·
el compromiso de
desarrollar sistemas para compartir información sobre las transferencias
financieras transfronterizas, e incrementar la coordinación internacional de los
impuestos de manera de aumentar las recaudaciones impositivas, así como de
controlar la corrupción;
·
el compromiso de
tomar las medidas que conduzcan a la eliminación inmediata de todos los paraísos
fiscales.
Generación de financiación nacional para el desarrollo
Todos los
gobiernos tienen la obligación de generar recursos financieros desde sus propios
países que ayuden a financiar las estrategias de desarrollo. También tienen la
obligación de utilizar los recursos financieros con eficiencia y de la manera
más eficaz posible, y de responder por su uso de una manera transparente y
accesible ante su propio pueblo. La movilización de fondos financieros
nacionales también es un medio importante para abordar las desigualdades
nacionales, especialmente a través de un régimen impositivo progresivo y
mediante el gravamen a las empresas privadas.
Los
gobiernos deberían establecer regímenes impositivos equitativos en cada uno de
los países.
Esto
requiere:
·
apoyo para
fortalecer los regímenes impositivos progresivos nacionales;
·
compromisos para
establecer la transparencia en los presupuestos y las cuentas nacionales,
incluida la integración del presupuesto de género, de manera de incrementar la
responsabilidad de los gobiernos ante sus ciudadanos en el uso de los recursos;
·
una convención
internacional para facilitar la recuperación y la repatriación de los fondos
apropiados ilegalmente de las arcas nacionales en los países en desarrollo;
·
un acuerdo
multilateral sobre una forma efectiva de compartir la información impositiva
entre los países, para detener la evasión fiscal.
7.
Promover el comercio justo
Muchas veces
se hace hincapié en que el comercio tiene considerablemente más potencial para
financiar el desarrollo de lo que podría hacerlo la ayuda. Eso es verdad, pero
solo cuando las reglas internacionales de comercio contemplan efectivamente los
derechos y las necesidades de los países en desarrollo y sus productores. En
cambio, el comercio se ha convertido en el vehículo para la liberalización
indiscriminada de las economías de los países en desarrollo y para la imposición
de condiciones perjudiciales, en lugar de apoyar el desarrollo sustentable, la
erradicación de la pobreza y la equidad de género. Es necesario reorientar las
políticas comerciales para promover el comercio justo y fomentar el desarrollo
sustentable. Las reglas y políticas comerciales deben asegurar el derecho de los
países en desarrollo a emprender agendas de desarrollo propias, que den
prioridad a los intereses de sus pueblos. Esto incluye la habilitación de
medidas que protejan los servicios públicos de la liberalización y la
privatización, para asegurar el derecho a los alimentos y al acceso a
medicamentos esenciales de bajo costo, y para fortalecer la responsabilidad de
las empresas privadas. Se debe otorgar el debido reconocimiento al conocimiento
de los agricultores y las tecnologías autóctonas, y reorientar la investigación
para que así los contemple.
Para muchos
países en desarrollo, la exportación de una o dos materias primas sigue siendo
la fuente de la mayoría de sus ingresos por exportaciones. La caída de los
precios de las materias primas resultó en una disminución de sus ingresos en
hasta un 50%, agravando así su dependencia de la ayuda y aumentando la
insustentabilidad de su deuda.
Los
gobiernos deberían garantizar la justicia del sistema de comercio internacional.
Esto
requiere:
·
el cese de las
condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales y otros
donantes sobre ayuda y cancelación de la deuda, que determinan las políticas
comerciales de los países en desarrollo;
·
tratamiento
especial efectivo y transparente del sistema de comercio internacional para los
países en desarrollo;
·
la abolición de
todas las formas de subsidio de los países ricos que perjudican la producción y
los mercados agrícolas de los países en desarrollo;
·
mayor
responsabilidad y transparencia de los gobiernos y organizaciones
internacionales ante los grupos de base que representan en la formulación de
reglas internacionales de comercio y políticas nacionales de comercio,
asegurando a su vez la coherencia de las políticas comerciales con respecto a
los derechos de los trabajadores y a los derechos humanos en sentido más amplio;
·
mecanismos
internacionales efectivos y transparentes para respaldar el precio de las
materias primas y compensar a los países en desarrollo por las fluctuaciones de
los precios.
8.
El combate al VIH/SIDA y otras enfermedades pandémicas
La muerte y la incapacidad
resultante de las enfermedades es una catástrofe humana constante y con
frecuencia evitable que empequeñece a casi todas las demás. También es una seria
limitante sobre el desarrollo. Afecta más a las comunidades pobres y marginadas,
especialmente a aquellas con acceso insuficiente a la atención médica. El
VIH/SIDA representa una amenaza particular. El ODM relativo al VIH/SIDA es
escandalosamente modesto e insuficiente en su reconocimiento del potencial que
tiene el acceso al tratamiento como forma de alargar la vida. En la Asamblea
General de Naciones Unidas, celebrada en 2001 sobre el VIH/SIDA, los Estados
miembros expresaron su inquietud porque la epidemia de VIH/SIDA constituyera una
emergencia mundial. Desde entonces, la situación se ha deteriorado. En la
Conferencia Internacional sobre SIDA de 2004, los gobernantes del mundo
confirmaron que más de 38 millones de personas en el mundo viven con SIDA y que
la epidemia se extiende por todas las regiones.
El VIH/SIDA
afecta más a los países más pobres. La región más afectada es el África
subsahariana, donde casi el 40% de las muertes son producto de la enfermedad. El
enorme impacto que ejerce el VIH/SIDA sobre el capital humano de estos países
representa una grave amenaza para el desarrollo. Con sus repercusiones en las
personas directamente afectadas, así como en sus hijos, sus familiares y sus
comunidades, el VIH/SIDA socava la capacidad productiva del presente y el
futuro. Otras enfermedades pandémicas tratables, como la malaria y la
tuberculosis, agravan la amenaza a la vida y los medios de sustento de millones
de personas en los países en desarrollo.
El
tratamiento de los infectados existe y es posible, pero aunque millones de
personas lo necesitan solo unos pocos cientos de miles pueden acceder a él. El
acceso se ha retrasado no solo por las actitudes sociales y culturales y el
estigma asociado con la enfermedad, y por la falta de interés de los gobiernos
en asumir un liderazgo vigoroso, sino también por los privilegios y protecciones
acordados a las empresas farmacéuticas. Solo las campañas y las manifestaciones
continuadas y generalizadas de la sociedad civil llevaron a que unos pocos
gobiernos, como el de Brasil, adoptaran medidas que brindan acceso gratuito a
los afectados, y al reconocimiento a regañadientes de parte de la OMC de la
reivindicación del derecho a la salud. Pero la vasta mayoría de los que
necesitan tratamiento sigue esperando el incremento de los servicios y los
fondos que impedirían que miles sigan muriendo cada semana.
En la
Conferencia Internacional, celebrada en Bangkok en 2004, los gobernantes del
mundo reconocieron que no habían hecho lo suficiente para impedir la expansión
del VIH/SIDA ni mitigar sus repercusiones. Por lo tanto, es necesario renovar el
compromiso, apoyado por la voluntad política, para combatir esta enfermedad, que
se presenta como un serio obstáculo para el desarrollo mundial, y reducir sus
consecuencias. Todas las intervenciones deben tomar en cuenta el género, ya que
las estadísticas revelan que el 60% de los adultos afectados por el VIH/SIDA en
África son mujeres, lo cual hace que el empoderamiento de las mujeres sea un
tema clave en la lucha contra el VIH/SIDA. Además, se debe prestar especial
atención a las políticas e intervenciones referidas a los niños y niñas
afectados por el VIH/SIDA, incluso a aquellos que quedaron huérfanos por la
enfermedad. La campaña “Gratuidad para 2005” a favor de un acceso equitativo
para todos, sin tarifas de usuario, fue iniciada en África y se extiende por el
mundo.
Los
gobiernos deberían reconocer la lucha crucial contra las pandemias que devastan
a innumerables comunidades y asegurar la debida prioridad para remediarlas.
Esto
requiere:
·
aumento radical
del apoyo financiero para la iniciativa “Tres Millones para 2005”
[1]
de la Organización Mundial de la Salud, seguido por el lanzamiento de la campaña
sucesiva “Seis millones para 2007” en la extensión del tratamiento, así como
financiación sostenida y previsible para el Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria;
·
la adopción de un
sistema mundial de respuesta a la emergencia y de un fondo administrado
públicamente para la provisión accesible y libre del tratamiento antirretroviral
(y de la vacuna, en caso de desarrollarse y probarse);
·
la renovación del
compromiso con la “Salud para Todos”, combinado con el aumento sustancial de la
financiación para la reconstrucción y la extensión de los sistemas sanitarios en
todos los países en desarrollo;
·
la moratoria
sobre cualquier nueva extensión de los términos de la protección de patentes
para los productos farmacéuticos y sobre otras cláusulas del TRIPS
[2]
en acuerdos comerciales bilaterales y regionales. No al TRIPS “más”;
·
la creación de un
mecanismo de respaldo público a la iniciativa mundial “Gratuidad para 2005” que
asegure el acceso gratuito y sin discriminaciones al tratamiento.
9.
Promover la responsabilidad corporativa
Las
corporaciones trasnacionales (CTN) son las protagonistas y las beneficiarias de
la globalización, pero no rinden cuentas a nivel mundial. Las CTN están
constantemente vinculadas a la violación de las normas sociales, ambientales y
de derechos humanos. Las corporaciones y los gobiernos han respondido ante los
impactos (reconocidos generalmente como negativos) de la actividad corporativa
mediante la creación de cientos de códigos de conducta sectoriales y
empresariales e iniciativas de “asociación” voluntarias. El Pacto Mundial que
iniciara el Secretario General de la ONU es el mejor ejemplo de una estrategia
política dirigida predominantemente a la autorregulación voluntaria de la
industria. Con la ayuda de ejemplos del tipo de las mejores prácticas,
las compañías en cuestión habrán de demostrar su sentido de la responsabilidad
en la sociedad. Sin embargo, la influencia de la industria y los impactos de las
actividades corporativas trasnacionales van más allá de estas zonas políticas
“blandas”. Detrás de la cortina de las iniciativas de asociación y de los
procesos de diálogo, muchas corporaciones y asociaciones empresariales siguen
persiguiendo impunemente sus intereses particulares en las áreas “duras” de la
política. Sus actividades afectan seriamente a la seguridad humana de las
personas en todo el mundo. Por lo tanto, existe la necesidad de instrumentos
internacionales obligatorios que aseguren que las CTN actúen de conformidad con
las convenciones y las normas acordadas internacionalmente.
En la Cumbre
de Johannesburgo de 2002 los gobiernos se comprometieron claramente a “promover
activamente la responsabilidad corporativa, en base a los Principios de Río de
Janeiro, incluso a través del desarrollo pleno y la implementación efectiva de
los acuerdos y las medidas intergubernamentales”.
En 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la
ONU aprobó las “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas
Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos
Humanos”.[4]
Estas normas representan un hito que establece una reafirmación sucinta, pero
integral, de los principios legales internacionales aplicables a los negocios
con respecto a los derechos humanos, el derecho humanitario, el derecho laboral
internacional, las leyes sobre medioambiente, las leyes sobre consumidores y las
leyes de anticorrupción.
Los
gobiernos deberían comprometerse a que las corporaciones trasnacionales y demás
firmas empresariales rindan cuentas ante la comunidad internacional y las
generaciones futuras.
Esto
requiere:
·
el compromiso de
apoyar las “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y
otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos” y de tomar
medidas concretas hacia su plena implementación;
·
un instrumento
internacional obligatorio que incremente la transparencia de los flujos
financieros entre las CTN, especialmente en la industria de la extracción, y los
gobiernos, como propone la campaña internacional “Hagan Público lo que Pagan”.
10.
Democratizar la gobernanza internacional
Un sistema de
gobernanza abierto, transparente y accesible, en el que los derechos humanos y
el imperio de la ley sean respetados, es de una necesidad fundamental para
asegurar el desarrollo equitativo del planeta. La aplicación del imperio de la
ley y el respeto a los derechos humanos son principalmente responsabilidad de
las autoridades legales nacionales, dentro de un marco jurídico adoptado a nivel
nacional que sea acorde con los acuerdos y las obligaciones internacionales, y
no en menor grado aquellos que definen los derechos humanos. Sin embargo, las
leyes nacionales no son siempre suficientes para aplicar la justicia y existe la
necesidad creciente de fortalecer el marco jurídico internacional de manera que
los gobiernos, las corporaciones y los individuos rindan cuentas por los actos
contrarios a los convenios internacionales de derechos humanos y demás.
La
legitimidad de nuestro sistema de gobernanza internacional está en juego. El
poder global conlleva la responsabilidad de aquellos que lo asumen (ya sean
gobiernos, corporaciones o incluso personas) y se debe extender a la comunidad
internacional en su totalidad. El dominio efectivo de nuestras instituciones
multilaterales por una minoría de gobiernos que utilizan su posición para
promover sus propios intereses específicos por encima de todos los demás ya no
es aceptable, especialmente cuando esos mismos gobiernos no adhieren a la
voluntad de la mayoría de la comunidad internacional. Nuestro sistema de
gobierno internacional exige una reforma desde hace mucho tiempo. Debe
reconstruirse para adherir a los principios de justicia y democracia.
La ONU sigue
siendo la institución más legítima y representativa que asegura un sistema
efectivo de gobernanza mundial. Sin embargo, la administración de las políticas
económicas, monetarias y comerciales internacionales se maneja por fuera de la
ONU, en las instituciones financieras internacionales y la OMC. Esta desconexión
de la ONU ha resultado en desequilibrios dentro del sistema de gobernanza
mundial que favorecen los paradigmas económicos por sobre el desarrollo humano,
socavando las prioridades políticas definidas en el marco de la ONU. Esto debe
cambiar para que la ONU recupere su centralidad política mundial en base a
nuevos mecanismos que aseguren asumir decisiones en forma efectiva, democrática,
transparente y con rendición de cuentas. El Banco Mundial, el FMI y la OMC deben
integrarse plenamente dentro del sistema de ONU y sus roles deben redefinirse.
Deben reformarse también sus estructuras de gobierno para reflejar los cambios
en la economía mundial.
Los
gobiernos deberían comprometerse a reformar radicalmente el sistema multilateral
de gobernanza y a fortalecer y democratizar la ONU.
Esto
requiere:
·
el
reestablecimiento de una versión reformada del Consejo Económico y Social de la
ONU en la cual los miembros se elijan según los principios de representación y
responsabilidad común. El nuevo Consejo Económico y Social debería ser la
autoridad jurídica mundial definitiva en materia de asuntos económicos y
sociales, cuyas decisiones serían obligatorias;
·
la modificación
de la integración del Consejo de Seguridad de manera que se apliquen los mismos
principios de representación y responsabilidad común;
·
la reforma del
Banco Mundial, el FMI y demás instituciones financieras internacionales, junto
con la de la OMC, para que adhieran a estos principios, pero siendo su
responsabilidad última ante el reformado Consejo Económico y Social. Sus roles
deberían redefinirse de forma tal que el Banco Mundial sea un banco de
desarrollo dentro de la ONU, el mandato del FMI se oriente a salvaguardar la
estabilidad financiera mundial y la OMC se limite a regular el comercio
internacional;
·
la creación de
revisiones legislativas públicas y periódicas de las políticas y acciones de las
instituciones económicas multilaterales, y del papel y el enfoque emprendidos
por los gobiernos nacionales interesados, con participación de la sociedad
civil;
·
el
fortalecimiento de las instituciones jurídicas (Corte Internacional de Justicia
y la Corte Penal Internacional) responsables de implementar el imperio
internacional de la ley.
11.
Participación de la sociedad civil
La participación de todos los
actores interesados es un aspecto central de las estrategias de desarrollo
exitosas. El concepto de propiedad que tan vigorosamente promueven la
Declaración del Milenio, las PRSP y las estrategias de ayuda al desarrollo exige
la participación de los actores en todos los niveles. Los procesos nacionales de
participación deben formar la base para involucrar a la sociedad civil en la
identificación, la formulación y la implementación de estrategias que aborden
las necesidades específicas y el contexto nacional de cada país. Los gobiernos
deben facilitar una participación abierta, transparente e inclusiva de la
sociedad civil. Es vital que los gobiernos locales se conviertan en una
institución democrática efectiva para que las comunidades puedan proteger sus
intereses materiales y políticos, donde recursos clave, como el agua, puedan ser
protegidos y utilizados de manera sustentable. Igualmente, la participación de
la sociedad civil también debe facilitarse en los planos regionales e
internacional.
El proceso de
revisión de la Declaración del Milenio debe reflejar el papel fundamental de la
interacción de los gobiernos con la sociedad civil, y brindar amplio espacio
para que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente del
proceso de revisión. En definitiva, si la Declaración del Milenio (y los ODM)
han de tener una importancia política real, la propiedad y el respaldo de la
sociedad civil serán factores decisivos en su promoción. Mientras la sociedad
civil está pronta para participar, se espera que los gobiernos, que negocian la
revisión de la Declaración del Milenio, escuchen y tomen en cuenta las
inquietudes de sus ciudadanos. La ONU debe asegurar el espacio para que esta
interacción sea significativa y productiva en un verdadero espíritu de objetivos
en común promovidos de manera abierta, transparente y responsable.
Los
gobiernos deberían asegurar que la participación de la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones (en el plano nacional, regional e internacional)
se facilite efectivamente.
Esto
requiere:
·
el compromiso que
asegure que los procesos nacionales de participación sean transparentes,
abiertos, accesibles y coherentes;
·
la creación y el
fortalecimiento de mecanismos participativos para las organizaciones regionales;
·
la creación de
mecanismos a nivel de la ONU y demás organizaciones internacionales que brinden
transparencia a los procesos de debate y decisión, acceso a las agendas,
documentos e informes, así como a las reuniones propiamente dichas (incluyendo
las de la Asamblea General);
·
ofrecer
instalaciones para trabajar y participar dentro del predio de la ONU;
·
la implementación
de la propuesta de un fondo fiduciario ampliado que apoye la participación de la
sociedad civil en los procesos de la ONU, ya sea que ocurran a nivel regional o
en la sede misma;
·
una participación
significativa y eficaz con las organizaciones de la sociedad civil en las
preparaciones de la Cumbre de septiembre, y en la Cumbre misma, que reconozca la
legitimidad y el papel fundamental de la sociedad civil para asegurar
estrategias y políticas efectivas y aceptables, así como su implementación.
Conclusiones:
No más
promesas rotas, no más excusas
Ha llegado el
momento de tomar medidas audaces y decisivas. Todo lo demás sería irresponsable.
Reconocemos que en la Cumbre de septiembre, y en las preparaciones que la
antecedan, nuestros líderes deberán tomar decisiones difíciles. Con demasiada
frecuencia, los intereses políticos de corto plazo tienen prioridad frente a las
necesidades de más largo plazo. Las concesiones abundan en los acuerdos asumidos
por la comunidad internacional. Pero las amenazas y los desafíos que enfrenta
nuestra herencia en común son más urgentes que nunca. Los recursos y la
tecnología existen. Los jefes de Estado y de gobierno del mundo deben mostrar
una voluntad política en común para tener éxito, no solo para asumir
colectivamente una agenda audaz y radical, sino también para llevar a cabo su
implementación. El que unos pocos no asuman el desafío, y en cambio quieran
satisfacer sus intereses individuales de corto plazo, podría condenarnos a
todos. No podemos darnos el lujo de fracasar.
Notas:
“Tratamiento a Tres Millones para 2005” es una iniciativa mundial de la
Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA adoptada en 2003 para proporcionar
terapia antirretroviral a 3 millones de personas con VIH/SIDA en países en
desarrollo para fines de 2005.
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Plan de Implementación de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, párr. 49. Johannesburgo, septiembre
de 2002.
Subcomisión de la ONU sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
resolución 2003/16.
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