2005
El agua necesita la protección del derecho internacional
Rosmarie Bär
Alliance Sud - Swiss Alliance of Development Organisations
Por casi 30 años la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado el derecho universal al agua potable en cantidades suficientes. Sin embargo, más de 1.200 millones de personas todavía carecen de acceso al agua. Diversas organizaciones no gubernamentales y movimientos del Norte y el Sur reclaman una convención internacional sobre el agua, amparada por la ONU, para asegurar el derecho vinculante al agua, para proteger el agua como bien público y recurso vital y para obligar a los gobiernos a tomar las medidas adecuadas.
El agua, un
desafío para el siglo XXI
Cualquiera que
sienta preocupación por el futuro de la humanidad debe tomar en cuenta al agua.
“En este nuevo siglo, el agua, su saneamiento y su distribución equitativa
representan grandes desafíos sociales para nuestro mundo. Debemos poner a salvo
el suministro mundial de agua potable y garantizar que todos tengan acceso a la
misma”, escribió el Secretario General de ONU Kofi Annan en 2001 al inaugurarse
el Día Mundial del Agua. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
reflejó la misma idea al declarar que la crisis del agua dulce era de la misma
escala y de una amenaza potencial similar al cambio climático.
Las siguientes
cifras ilustran las dimensiones de la crisis:
·
1.200 millones de personas carecen de acceso al agua potable limpia
·
En 2025 sufrirán escasez de agua 3.000 millones de personas. Más del 80% de
ellas vivirá en los países en desarrollo.
·
3.000 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias.
·
El 80% de todas las enfermedades de los países en desarrollo se origina en el
consumo de agua contaminada.
·
6.000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente a consecuencia del agua
contaminada.
·
El 50% de los ríos y lagos del mundo está peligrosamente contaminado.
Lo que
significan estas cifras es que la falta de agua conduce al incremento del
hambre, la pobreza, la desdicha y la enfermedad. La gente se ve obligada a
abandonar sus aldeas y sus lugares de nacimiento. El descontento social, los
conflictos y el riesgo de la guerra por el uso del agua se intensifican. “Cuando
el agua termine lo mismo sucederá con el mundo”, señala un proverbio de
Uzbekistán.
El fracaso de
las políticas
Toda discusión
sobre el agua debe incluir la discusión sobre las políticas. Los problemas
derivados del agua están estrechamente vinculados a las políticas de tierras y
granjas, las políticas económicas y comerciales y las políticas
medioambientales, sociales, sanitarias y de igualdad de oportunidades. Pero por
encima de todo, la política del agua es una política de derechos humanos y paz.
Por lo tanto,
la crisis del agua no es solo un asunto para planificadores e ingenieros. No se
puede solucionar simplemente por medio de la tecnología, una mayor eficacia y
más capacidad, ni por las recetas económicas como la liberalización y la
privatización. El informe de 2003 sobre el desarrollo del agua en el mundo
titulado “Agua para todos, agua para la vida” no deja dudas sobre cuál es el
motivo principal de la crisis internacional del agua. Señala que la escasez de
agua en muchas regiones del mundo está asumiendo proporciones de una magnitud
insospechada debido a la falta de acciones políticas.
Ante todo, el
agua exige medidas políticas. Necesita lo que hoy se conoce como una buena
gobernanza. Ésta exige bases jurídicas vinculantes apoyadas en derechos humanos
universalmente aplicables. El agua necesita la justicia y la justicia necesita
un fundamente jurídico. El agua necesita la protección del derecho
internacional. La convención sobre el agua es un instrumento jurídico
internacional acorde al espíritu de la buena gobernanza, basada en la ley y no
en el poder económico.
La lucha por
garantizar la política de agua sustentable equivale a la lucha por el cambio
social, el desarrollo económico y la justicia social. El reclamo por la
convención sobre el agua no es un ejercicio jurídico quijotesco de algunos
especialistas. Como el reclamo por una ley vinculante, se basa en cuestiones de
principios. El agua es un bien común, como el aire que respiramos, y no una
mercancía como las toallas de papel y los refrigeradores. El derecho y el poder
de abrir y cerrar el grifo deberían pertenecer a las autoridades de los pueblos
en cuestión y no a la mano invisible del mercado. ¿Quién fija el precio del agua
para un distrito pobre de Manila? ¿Será el presidente de la empresa
multinacional Suez, con sede en París, o el comité del agua elegido por la
población del distrito?
Mucha charla,
poca acción
La primera
Conferencia de la ONU sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en
1977, es considerada el punto de partida para la política mundial del agua
porque allí se acordó la siguiente declaración: “Todos los pueblos […] tienen el
derecho de acceder a agua potable en las cantidades y calidad correspondientes a
sus necesidades básicas”.
Desde entonces
numerosos documentos de la ONU reiteraron la necesidad de garantizar el acceso
al agua potable limpia. Los planes de acción de las principales conferencias de
la ONU de la década de 1990 también describen al agua como un factor clave para
superar el hambre y la pobreza y a la escasez de agua como uno de los mayores
obstáculos del desarrollo.
El Objetivo 7 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU señala que la cantidad de personas sin
acceso al agua potable se deberá reducir a la mitad para 2015. En ese sentido,
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río+10), celebrada en septiembre
de 2002 en Johannesburgo, agregó que el número de personas sin instalaciones
sanitarias también deberá reducirse a la mitad para 2015. Asimismo, el Día
Mundial del Agua 2005 (22 de marzo) significó el inicio de la nueva Década de la
ONU sobre el “Agua para la vida”. Una resolución de la Asamblea General de la
ONU la designó como una Década para la Acción, que es la única manera de cumplir
con los ODM y los objetivos de Johannesburgo con respecto al agua potable y las
instalaciones sanitarias.
Los derechos
humanos todavía están lejanos
Los países casi no han cumplido
las promesas realizadas en las conferencias de la ONU de los últimos 30 años. En
cambio, los políticos no perdieron su tiempo a la hora de recurrir a los
tratados comerciales vinculantes para allanar el camino a la globalización
económica, abriendo así las puertas a la liberalización y la privatización.
Los organismos
de derechos humanos de la ONU son conscientes del problema. En noviembre de 2002
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó el Comentario
General No. 15: “El derecho al agua”,
que constituyó una medida histórica del Comité y deberá ser el la piedra angular
de la futura convención sobre el agua. En la introducción señala que: “el Comité
continuamente se ha enfrentado a la negativa generalizada del derecho al agua en
los países en desarrollo y desarrollados por igual”.
El Comité
afirma que el derecho al agua es un requisito previo para realizar los demás
derechos humanos y para llevar una vida en dignidad. Aprueba el derecho al agua
como un derecho humano independiente: “el derecho humano al agua faculta a todos
para recibir agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y de bajo
costo para uso personal y doméstico.”
El Comité
añade que “el agua deberá tratarse como un bien social y cultural, y no
principalmente como una mercancía económica”. Desaprueba la forma en que el agua
se está transformando en una mercancía mediante su comercialización y
mercantilización.
¿Bien público
o bien económico?
Muchas
conferencias y foros celebrados fuera del ámbito de la ONU también abordaron el
tema del agua en las últimas dos décadas. Entre tanto se crearon numerosas
entidades para lucrar con el negocio del agua. Ante la ausencia de una
convención o tratado jurídicamente vinculante, el poder de tomar decisiones
sobre el agua se aleja cada vez más de la comunidad internacional hacia
poderosos actores internacionales, tales como el Consejo Mundial del Agua, el
Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo, la Organización Mundial del
Comercio y las multinacionales del agua.
Esto ha
generado políticas sumamente contradictorias donde el “derecho al agua”,
aprobado por la comunidad de Estados en resoluciones de la ONU, fue degradado a
la “necesidad del agua” por los mismos en foros mundiales sobre el agua. El
“bien público” se convirtió en “bien económico” cuyo suministro es mejor dejarlo
a los proveedores privados.
El cambio paradigmático del agua
como bien público al agua como bien económico se refleja en la presión ejercida
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países en
desarrollo para desregular y privatizar sus sistemas de agua. Esto habilitó la
rápida privatización de los servicios de agua del mundo, que elevaron los
precios y excluyeron a millones de personas de sus suministros de agua.
Pero el agua también está sobre la
mesa de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio por el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios, donde la Unión Europea reclama a 65
países en desarrollo que abran sus sistemas de suministro de agua a los
proveedores extranjeros. La UE sucumbió a la presión de las gigantes
multinacionales del agua (principalmente francesas y alemanas) que desean
ampliar el alcance de sus negocios hacia los países en desarrollo y en
transición, en lo que en definitiva es una nueva forma de colonización.
Falta de
fondos como forma de presionar por la privatización
La falta de
fondos, se argumenta, es el motivo por el que miles de millones de personas
siguen viviendo en situaciones degradantes y sin acceso al agua. Los defensores
de los sistemas privatizados del suministro de agua argumentan que los gobiernos
son incapaces por sí mismos de conseguir los fondos necesarios y que, por lo
tanto, son necesarios los fondos del sector privado.
Existen
innumerables ejemplos como los de Buenos Aires (Argentina), Manila (Filipinas) y
El Alto (Bolivia) que evidencian que la privatización de los sistemas del
suministro de agua no soluciona el problema de la financiación. Los precios del
agua aumentaron exorbitantemente en un breve lapso y a los pobres se les cortó
el suministro: el resultado fue el descontento social.
A las
corporaciones multinacionales solo les interesan los sistemas de suministro de
agua ya existentes en las grandes ciudades, donde los clientes tienen medios
financieros y las posibilidades de lucro son buenas. Pero la gran mayoría de la
gente sin agua potable vive en zonas rurales o en tugurios urbanos. La ONG
alemana Pan para el Mundo realizó un estudio sobre los flujos financieros en la
industria del agua donde se muestra que ni las inversiones directas del sector
privado, ni los fondos del Banco Mundial, ni los fondos oficiales para el
desarrollo llegan a la campiña o a los tugurios: “menos ayuda donde la gente
tiene menos agua limpia”.
Además, las
inversiones privadas en la infraestructura del agua descendieron desde 1997. Las
inversiones del sector privado, del Banco Mundial y de organismos oficiales de
desarrollo se destinan principalmente a algunos proyectos grandes en un puñado
de países. En África subsahariana, donde las necesidades son mayores, no hay
flujos ni de agua ni de fondos. El estudio también concluye: “El aporte del
sector privado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha sobreestimado,
mientras los problemas fueron subestimados. (…) Incluso en los proyectos, donde
participa el sector privado, la mayoría de los fondos para los proyectos
provienen de los bancos de desarrollo y la AOD.”
Amigos para la
convención internacional del agua
La convención internacional del
agua generaría una fuerte estrategia para contrarrestar la tendencia
privatizadora. El principal objetivo de la convención sobre el agua es
consolidar y proteger el derecho humano al agua para poder garantizar el agua
para todos. Es importante saber que los derechos humanos se formulan en virtud
de los derechos de los individuos y no en función de los derechos y las
obligaciones de los estados frente a otros estados, como es habitual en las
disposiciones del derecho internacional. Una convención podría fusionar las tres
principales corrientes del agua, a saber el desarrollo social, el ecosistema
ambiental y los derechos humanos en un único y poderoso río. Ningún enfoque
sustentable y a largo plazo para defender el derecho al agua puede divorciarse
del asunto más amplio del origen del agua dulce. Tampoco podrá separarse del
importante papel que tienen los ecosistemas sanos para asegurar una calidad y
cantidad suficientes de agua dulce para las necesidades humanas básicas, para el
desarrollo socioeconómico y para la reducción de la pobreza.
Solo la convención puede asegurar
que el agua siga siendo un bien público y que no se convierta en una mera
mercancía o en un recurso económico administrado por las empresas
internacionales del agua. Una convención de este tenor podría ayudar a proteger
los derechos culturales locales y tradicionales sobre el agua, en particular los
derechos de los pueblos indígenas.
Organizaciones
de desarrollo, del medio ambiente, de derechos humanos y de consumidores de
países industriales y en desarrollo fundaron en 2004 la red “Friends for the
Right to Water” (Amigos por el derecho al agua). Su objetivo en común es la
creación de una convención internacional sobre el agua dulce amparada por
Naciones Unidas. Su labor tiene el apoyo de expertos en distintas
especializaciones jurídicas del Norte y del Sur y gira en torno al diálogo con
las personas afectadas. La convención sobre el agua no puede convertirse en un
fin en sí mismo, sino que debe ayudar efectivamente a empoderar a los
interesados, mejorar su calidad de vida, ofrecer pautas para la justa
distribución de este recurso escaso y vital y darle una protección a largo
plazo. En talleres y foros de discusión del Foro Social Mundial realizado en
enero de 2005 en Porto Alegre, Brasil, la red pudo dar a conocer su labor a un
público más amplio y expandir su base. Desde el Segundo Foro Mundial Alternativo
sobre el Agua celebrado en Ginebra, Suiza, en marzo de 2005, otras destacadas
ONG se incorporaron a la red, especialmente algunas que lograron resistir la
privatización en sus países, como Uruguay, Bolivia y Ghana.
La elaboración
e implementación de una sólida convención sobre el agua será una tarea ardua. La
historia de otras convenciones así lo demuestra. La instrumentación en cada país
será otro desafío ya que los estados participantes a menudo se retractan de los
compromisos que asumieron al ratificar los convenios. Todos estos obstáculos no
alteran el hecho de que la convención del agua brinda el marco jurídico
indispensable y la herramienta política para forjar una política sostenible del
agua. La convención del agua no ofrecerá una solución a todos nuestros
problemas, pero seguramente ayudará a que todos en el planeta tengamos una vida
digna y protegerá la base misma de nuestra supervivencia.
Por más
información, comuníquese con: rbaer@alliancesud.ch
Vea también:
Por qué necesitamos una convención internacional sobre el agua:
www.alliancesud.ch/english/files/T_WrWn.pdf
Notas:
www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml
Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comentario General
No. 15 (2002). “El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”.
Ginebra, noviembre de 2002.
Ibid.
Brugger, Fritz. “Some Water for All or more Water for Some?”. Bread for the
World, 2004.
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