2001
Como en Kosovo
Ann Pettifor
Jubilee Plus
“En los países en desarrollo se han desangrado miles de millones de dólares de las reservas de los bancos centrales, se han destruido miles de millones de dólares en haberes y millones de trabajadores han caído en la pobreza y la inseguridad crónica. Los mercados mundiales de capital han actuado como gigantescos motores de desigualdad, transfiriendo la riqueza de los débiles a los poderosos, de los deudores a los acreedores, de los asalariados y contribuyentes a los titulares de valores en papel, de la actividad productiva a la financiera”. Kari Polanyi Levitt en “The Contemporary Significance of The Great Transformation” 1999.
Introducción
Vivimos en
una economía mundial dominada, como sucedía en la década de 1920, por el capital
financiero internacional. Según un cálculo, antes de 1970, el comercio
constituía el 90% de todas las transacciones internacionales y los movimientos
de capital sólo correspondían al 10%. Hoy, a pesar del gran incremento del
comercio mundial, esa relación se ha invertido. El 90% de las transacciones
corresponden ahora a los movimientos financieros no relacionados directamente
con el comercio de bienes y servicios.
La mayoría de estos movimientos toman la forma de acciones, bonos e inversiones
sumamente volátiles y préstamos de corto plazo. Para 1992, el patrimonio
financiero de los países avanzados de la OCDE totalizó los USD 35 billones, el
doble de la producción económica de la OCDE. McKinsey and Company creía que el
total de las acciones financieras alcanzaría los USD 53 billones para el año
2000, “el triple de la producción económica de las economías de la OCDE”.
Estos cambios
de la economía mundial —el paso del dominio del capital industrial al dominio
del capital financiero— no se produjeron “natural” o espontáneamente. Son la
consecuencia de una política intencional, impulsada primero por el mundillo
financiero de Londres y por el gobierno británico, y luego por Wall Street y el
gobierno de EEUU.
Ambos gobiernos emplean al FMI como agente para la aplicación de políticas
deflacionarias cuyo objetivo final no es la reducción de la pobreza, sino
siempre proteger el valor del patrimonio de los acreedores.
En los años
20, similares políticas económicas deflacionarias se aplicaron para justificar
el despido de empleados públicos, la reducción de salarios y para mantener el
desempleo. De ellas, la política más importante fue la estabilización de las
monedas, fijadas al oro, para garantizar el pago de la deuda a los titulares
extranjeros de bonos. Más o menos lo mismo ocurre en la actualidad. En lugar del
patrón oro tenemos monedas fijadas al dólar, o incluso la propia “dolarización”.
Las monedas están estabilizadas una vez más para garantizar el pago de la deuda
a los titulares extranjeros de bonos y otros acreedores. El FMI, agente de todos
los acreedores internacionales, públicos y privados, interviene en el mercado e
impone una variedad de políticas (PAE) cuyo verdadero propósito es defender el
valor del patrimonio de los acreedores y prestamistas internacionales.
Un elemento
central de nuestra economía mundial planificada y dominada por el capital
financiero es la poderosa influencia que ejerce la deuda. La deuda actúa como el
mecanismo fundamental para la transferencia de la riqueza de los débiles a los
poderosos; de los países deudores a los acreedores internacionales; de los
contribuyentes y asalariados a los titulares de valores en papel; de la
actividad productiva a la financiera.
Sin el peso de la deuda, el FMI no podría imponer los cambios necesarios para
asegurar dichas transferencias.
La deuda como
amenaza constante a la estabilidad económica y los derechos humanos
A fines del
2000, el mundo de las finanzas internacionales sostenía la respiración,
preocupado de que Argentina dejara de pagar su deuda de corto plazo,
precipitando lo que el Financial Times calificó de “pérdida general de la
confianza”.
La situación de Argentina es grave, a pesar de que todos reconocen que el
gobierno ha logrado cumplir las condiciones de los acreedores. La tensión social
aumenta y los trabajadores convocaron a una huelga general a fines del 2000 para
protestar contra el impacto de la deuda en la economía, especialmente contra las
medidas de austeridad deflacionaria impuestas por los acreedores extranjeros. El
peso argentino está inflado artificialmente para igualar el valor del dólar, lo
cual mantiene el valor del patrimonio de los acreedores mientras empobrece a los
argentinos.
Más o menos
en el mismo momento en que Argentina estaba al borde del incumplimiento del pago
de su deuda, en otra parte de la selva de las finanzas internacionales, 3.000
empleados de la Industria Petroquímica Tailandesa (IPT) interrumpieron una
reunión en Bangkok. Todo estaba listo para que los acreedores extranjeros
obtuvieran el 75% del patrimonio del IPT y el control de esta importante
industria tailandesa. Entre los acreedores estaban la Sociedad Financiera
Internacional del Banco Mundial, el banco Chase Manhattan y el Exim Bank del
gobierno estadounidense. Los manifestantes llevaban carteles con leyendas como
“No gracias, Banco Mundial” y “Yankee Go Home” (Yanqui vete a casa).
Simultáneamente, en África, el ministro de Finanzas de Zambia, Katele Kalumba,
criticaba una propuesta de “alivio” de la deuda negociada por los acreedores
internacionales en el contexto de la iniciativa para los Países Pobres Muy
Endeudados (PPME) del FMI y el Banco Mundial. Tras el “alivio” ofrecido por los
acreedores internacionales, el Banco Mundial estimaba que Zambia transferiría
USD 235 millones en el 2002 por el pago de la deuda a sus acreedores, casi USD
100 millones más de lo que puede costear en la actualidad.
Zambia es un país donde 80% de la población vive con menos de un dólar por día;
un millón de los nueve millones de habitantes padecen VIH/Sida; la esperanza de
vida al nacer es de sólo 40 años y el 13% de los niños son huérfanos, el mayor
porcentaje del mundo.
En 1999, el gobierno gastó USD 123 millones en la salud pública; ese mismo año
se destinaron USD 137 millones a los acreedores extranjeros.
Estos
ejemplos demuestran el extraordinario poder que ejercen los acreedores
extranjeros sobre los deudores soberanos pobres. El FMI obliga a los gobiernos
endeudados, sin importar sus obligaciones democráticas, a dar prioridad al pago
de la deuda externa frente al gasto nacional.
La
preocupación de Occidente por el dominio que ejerce el capital financiero en los
países pobres ha ido en aumento, amplificado por el movimiento internacional
Jubileo 2000. Los principios rectores de la campaña se fundan en la ética
bíblica judeocristiana sobre los derechos humanos, la oposición a la usura y la
necesidad de corregir periódicamente las desigualdades: principios del Sábado y
el Jubileo. Estos principios y éticas también fueron bien recibidos por otras
religiones, entre ellas la musulmana, y sectores no religiosos.
El diario
International Herald Tribune señaló en noviembre del 2000 que “los
distintos infortunios de Argentina... no son de su propia cosecha”.
Los inversores prestaron con alegría, ansiosos por obtener las elevadas tasas de
ganancia en sus inversiones en los “mercados emergentes”. El gobierno argentino,
aunque quizá no siempre haya actuado sensatamente, ha seguido fielmente los
consejos (e intereses) de sus acreedores, y mantuvo una tasa de cambio
permanentemente pegada al dólar, asegurando la estabilidad para los inversores
que desean retirar sus fondos. Las exportaciones (que elevan los ingresos
destinados al pago de la deuda) crecen rápidamente. La inflación es baja y la
deuda y el déficit presupuestal del gobierno sólo corresponden al 50% y el 1,9%
del ingreso nacional respectivamente. Pero una parte importante de la deuda
argentina es de corto plazo, con tasas de interés elevadas gradualmente por los
nerviosos acreedores. La posibilidad de incumplimiento es real. Los inversores
nunca pierden de vista al FMI, una institución que ofrece protección a los
acreedores mientras permite que “los contribuyentes de los principales países
industrializados paguen la cuenta y los bancos se guarden las ganancias”.
Varios
rescates financieros se sucedieron tras la dramática crisis de la deuda de
México en 1982. Desde el otoño de 1997 hasta octubre de 1998, el FMI fue
obligado a rescatar a los prestamistas de corto plazo inyectando USD 18 mil
millones en Tailandia, USD 43 mil millones en Indonesia, USD 57 mil millones en
Corea y USD 23 mil millones en Rusia, un total de USD 141 mil millones. Esta
financiación de emergencia casi provocó el quiebre del FMI. Legisladores
estadounidenses protestaron contra los rescates mediante la retención de USD 18
mil millones que se utilizarían para apuntalar otros préstamos a otros
gobiernos. El presidente Clinton apeló al Congreso de EEUU para que aprobara la
liberación de los USD 18 mil millones. “No hay excusas para negarle el agua a
los bomberos mientras el incendio sigue ardiendo”, argumentó. Pero como
replicara el Wall Street Journal, “el FMI ha respondido a los
incendios con gasolina, en lugar de agua”.
A fines de octubre de 1998, el Congreso estadounidense había cedido. A
principios de noviembre se decía que el FMI utilizaría sus fondos nuevos para un
paquete de ayuda de USD 45 mil millones destinado a Brasil. En total, los
rescates financieros transfirieron USD 200 mil millones del patrimonio de los
contribuyentes de la OCDE a los acreedores y especuladores internacionales, en
poco más de un año.
En octubre de
1999, Ecuador se convirtió en el primer país de la historia en incumplir el pago
de los llamados Bonos Brady, bonos del sector privado que restructuraron la
deuda de la crisis latinoamericana de los años 80. El incumplimiento del pago
fue anunciado dramáticamente en las reuniones anuales del FMI de ese año, y el
personal de la institución dejó en claro, por primera vez, que la misma se
mostraba reacia a rescatar a los inversores.
Aunque los
titulares de bonos de Ecuador fueron disciplinados, hasta el momento no hubo
indicios de que el FMI habrá de tratar a otros acreedores internacionales de la
misma manera. Por el contrario, el subsecretario de Relaciones Internacionales
del Tesoro de EEUU, Timothy E. Geithner, prometió otorgar USD 90 mil millones en
fondos e instrumentos nuevos para préstamos de emergencia y una distribución del
riesgo más amplia en “circunstancias excepcionales”,
incentivando así la conducta especulativa e imprudente y la protección de las
pérdidas y riesgos producto de esa conducta. En el caso de que se produzcan
dichas “circunstancias excepcionales”, el gobierno deudor deberá cargar con una
fuerte proporción de la deuda nueva. En definitiva, la carga de pérdidas y
obligaciones recaerá en los contribuyentes de cada país, sobre todo en los
pobres.
Ante la
realidad de la insolvencia
Ya en 1776,
Adam Smith sostenía que, “cuando es necesario que un país se declare en
quiebra, de la misma manera en que es necesario que una persona lo haga, una
quiebra justa, abierta y reconocida es siempre la medida que es menos deshonrosa
para el deudor y menos dañina para el acreedor”.
Hay poco de
justo y abierto con respecto a los procedimientos para renegociar la deuda de
los países pobres en la actualidad. Durante años, el hermético Club de París —un
cartel de acreedores soberanos— ha dominado los procesos de renegociación de la
deuda, a la par del cerrado y burocrático FMI.
El Club de
París surgió en 1956 para considerar la deuda externa de Argentina. Es un
organismo informal que representa a los acreedores oficiales y privados,
incluyendo a todos los gobiernos de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros
organismos multilaterales. No tiene una personalidad jurídica, aunque ejerce
tremendo poder sobre los países pobres deudores. Según su ex Secretario De
Fontaine Vive, “el Club de París no es una institución, es una
no-institución. No existe una carta ni un manual”, señala con orgullo.
Sin embargo, sí existen reglas no escritas, y las más importantes son que el FMI
y el Banco Mundial, como acreedores oficiales, son “acreedores preferidos”,
siempre se les debe pagar, por encima y antes que otros acreedores, o sea los
acreedores privados. En otras palabras, los acreedores reciben un tratamiento
distinto de esta “no-institución”. En el caso del incumplimiento del pago
ecuatoriano, los acreedores privados recibieron un “corte de pelo” o golpe,
mientras el FMI y el Banco Mundial seguían recaudando deudas. La ausencia de un
marco jurídico para el Club de París permite el control efectivo de los
acreedores sobre los préstamos, las renegociaciones, las condiciones y la
cancelación de deudas y nuevos préstamos.
Hoy en día el
profesor Kunibert Raffer, de la Universidad de Viena, el profesor Jeffrey Sachs,
de la Universidad de Harvard, y Oscar Ugarteche, ex profesor de finanzas
internacionales en la Universidad Católica de Perú, son algunas de las
personalidades que exigen un procedimiento de insolvencia internacional abierto
y justo para los estados soberanos. Raffer señala que, “en todo procedimiento
de insolvencia... se le otorga prioridad a los derechos humanos y la dignidad
humana de los deudores por encima de la amortización incondicional”. “La
protección del deudor es una de las dos características esenciales de la
insolvencia. La otra es el principio más fundamental del Imperio de la Ley; que
uno no debe ser el juez en su propio caso... Como todos los procedimientos
jurídicos, la insolvencia debe cumplir la mínima exigencia de que los acreedores
no deben decidir sobre sus propias demandas”,
afirma.
Raffer agrega
que el “alivio de la insolvencia no es un acto de piedad, sino de justicia y
sensatez económica”.
Las instituciones Bretton Woods, argumenta, “toman decisiones, pero se niegan
a participar en los riesgos involucrados”. Las decisiones que toman estas
instituciones no “sólo están desvinculadas de las responsabilidades
financieras, sino que sus errores hasta pueden causar ganancias financieras...
Si este vínculo [entre las decisiones económicas y los riesgos financieros] es
eliminado —como ocurrió en las Economías de Planificación Centralizada del
bloque soviético—, entonces la eficacia es gravemente perturbada. Se debe
eliminar el fuerte contraste entre las recomendaciones de libre mercado dado por
las instituciones Bretton Woods y su propia protección de las fuerzas del
mercado”,
exhorta.
El profesor
Jeffrey Sachs propone un mecanismo de “suspensión” internacional que otorgue la
posibilidad de financiar y renegociar la deuda en forma integral y rápida al
deudor en quiebra.
Sachs menciona las similitudes existentes entre la tienda Macy’s, de Nueva York,
y Rusia, en 1992. Ambos se declararon en quiebra en el mismo mes (enero de
1992). Macy’s solicitó la protección ante sus acreedores por el Capítulo 11 de
la Ley de Quiebras de EEUU. Rusia no tenía protección alguna ante sus
acreedores, por el contrario, estos se apropiaron de la “tienda”. Macy’s recibió
la suspensión inmediata del pago de sus obligaciones, y a las tres semanas de
haberse declarado en quiebra pudo negociar un préstamo por USD 600 millones con
varios bancos comerciales de Nueva York como parte de la financiación
supervisada por un tribunal y derivada de la declaración de quiebra. Rusia no
tuvo tanta suerte. No hubo suspensión de pagos y el gobierno tuvo que esperar
más de un año para que el FMI y el Banco Mundial le entregaran tanto dinero como
el que Macy’s había conseguido en tres semanas. Esto debilitó políticamente al
gobierno ruso, condujo a la expulsión de funcionarios reformistas del gobierno y
descarriló el programa de estabilización del país.
El pedido de
Raffer de un sistema de mediación independiente entre los deudores soberanos y
sus acreedores internacionales —apoyado por el movimiento Jubileo 2000— recibió
recientemente el respaldo del Secretario General de la ONU, quien en septiembre
del 2000 presentó un informe a la Asamblea General
en el que pedía una “evaluación objetiva e integral por un panel
independiente de expertos, que no esté indebidamente influido por los intereses
de los acreedores, mientras los procesos existentes están en curso... También
debe existir el compromiso de parte de los acreedores de aplicar plena y
rápidamente toda recomendación de este panel con respecto a la cancelación de
las deudas impagables”.
La relación
Estado-ciudadano
En parte como
resultado de la protección jurídica y del proteccionismo financiero del FMI, el
sistema financiero internacional funciona bien para las compañías, los
accionistas y los inversores, que no están obligados a enfrentar la ira de las
fuerzas del mercado. Los accionistas y los inversores lucharon desde hace siglos
para conseguir la protección frente a las responsabilidades ilimitadas que
pueden contraer los directores de sus empresas. Existen, por supuesto,
excepciones, pero son pocas. En todo el mundo los accionistas cuentan con la
protección legal de la “responsabilidad limitada”.
No ocurre lo
mismo con los ciudadanos de los países endeudados. Como están las cosas, las
poblaciones de los países deudores cargan con la responsabilidad ilimitada por
las obligaciones contraídas por sus “consejos de directores”, o sea los
gobiernos deudores soberanos. No es una sorpresa que se produzcan resistencias
en Zambia, manifestaciones en Bangkok y huelgas en Argentina.
La comunidad
internacional deberá discutir y acordar el concepto de “responsabilidad
limitada” para los ciudadanos de los países endeudados. Los estados no pueden
responsabilizar a sus pueblos por las responsabilidades ilimitadas causadas por
la deuda externa, negociada en secreto y con frecuencia corruptamente. Si los
estados de los países deudores pueden compararse con las empresas, y si sus
gobiernos pueden considerarse como consejos de directores, entonces los
acreedores externos pueden ser advertidos de que los accionistas —los
ciudadanos— tienen una responsabilidad limitada por aquellos préstamos obtenidos
imprudentemente.
Conclusión:
¿intervenciones humanitarias para proteger los derechos humanos?
El Artículo 3 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El Artículo 22
deja claro que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
La Carta de
la Naciones Unidas incluye un conjunto similar de derechos.
La OTAN fue a
la guerra en Kosovo en nombre de la intervención humanitaria. La legalidad de
dicha intervención armada fue discutida, pero el hecho de que la violación de
los derechos humanos puede perjudicar a una región al igual que a un país no
estaba en cuestión. Un funcionario de la cancillería británica justificó la
campaña aérea de la OTAN porque evitaría una abrumadora catástrofe humanitaria.
En el momento del primer bombardeo aéreo de la OTAN en Kosovo, se calcula que
unas 65 mil personas habían quedado sin hogar previamente. Esto nos brinda una
medida para juzgar la futura acción o falta de acción para decidir una
“intervención humanitaria” en defensa de los derechos humanos.
La ONU
calcula que 7 millones de niños mueren por año porque el dinero que podría
gastarse en la salud se destina a los acreedores extranjeros en la forma de la
amortización de la deuda.
El ejemplo mencionado de Zambia demuestra el impacto directo que tiene la deuda
en la posibilidad de vivir de millones de personas infectadas con VIH. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
describió las consecuencias de la crisis de la deuda de 1997 sobre la población
de Indonesia. La crisis agregó entre 10 y 20 millones de personas a las filas de
los desnutridos solamente en Indonesia, uno de cinco países afectados por los
préstamos imprudentes de los acreedores extranjeros en 1997.
Estas cifras superan por mucho las 65 mil personas cuyos derechos humanos se
negaron en Kosovo.
La
intervención humanitaria para defender los derechos humanos de mil millones de
personas en los países endeudados resultaría en la transformación de la economía
mundial. Dicha intervención se enfrentaría al dominio del capital financiero, y
los acreedores serían disciplinados.
Hay muchas
formas de disciplinar al capital financiero. Las más eficaces serían los
controles de capital, la extensión de la responsabilidad limitada a los estados
soberanos, la adopción de una ley de insolvencia internacional que permita a los
estados “buscar la protección ante sus acreedores”, y la adopción de una tasa
Tobin. Sin embargo, la medida disciplinaria más necesaria es la cancelación
total de las deudas impagables de los países más pobres. Cuáles de esas deudas
son “impagables” no lo deben decidir los acreedores sino consejos independientes
de arbitraje supervisados por los ciudadanos de los países deudores.
Como ocurrió
en Kosovo, ahora existe un argumento económico claro y justo para la
intervención humanitaria en los países endeudados: subordinar los intereses del
capital financiero y recuperar el respeto por los derechos humanos de al menos
mil millones de personas inocentes.
Notas:
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