2003
La privatización de los derechos humanos: el impacto de la globalización en el acceso a la vivienda, el agua y el saneamiento
Miloon Kothari
Mientras, a nivel internacional, continúa el debate acerca de los beneficios que la globalización puede traer a la población pobre del mundo, la cruda realidad es que las apremiantes desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de los países han conducido al incremento en la cantidad de personas sin vivienda adecuada y segura. Los derechos humanos que poseen las personas y las comunidades a la vivienda, el agua y el saneamiento –garantidos todos por el derecho internacional y los compromisos de desarrollo asumidos en las cumbres mundiales de Naciones Unidas, como la Cumbre del Milenio y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible– siguen erosionándose a medida que el proceso de privatización se profundiza y acelera. Es hora de reconsiderar las políticas económicas y sociales internacionales vigentes y reafirmar nuestro compromiso con los principios y las normas de derechos humanos que ofrecen el único paradigma real para mejorar la vida de millones de pobres.
Se calcula que 600
millones de habitantes urbanos y más de 1.000 millones de personas rurales viven
ahora en viviendas superpobladas y de mala calidad, sin agua, saneamiento,
desagüe ni recolección de residuos adecuados. Más de 1.200 millones de personas
aún carecen de acceso al agua potable y 2.400 millones no tienen servicios de
saneamiento adecuados. Esta grave situación pone en peligro la vida y la salud.
También amenaza a varios derechos humanos, entre ellos el derecho a una vivienda
adecuada. Las políticas de globalización han acelerado las tendencias de
privatización de los derechos humanos como el agua, a menudo generando la
violación de los derechos de los pobres.
El debate continúa
a nivel internacional sobre si la globalización puede traer beneficios a la
población pobre del mundo, pero la cruda realidad es que las apremiantes
desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de los países han
conducido al incremento en la cantidad de personas sin vivienda adecuada y
segura. Los derechos humanos que poseen las personas y las comunidades a la
vivienda, el agua y el saneamiento –garantidos todos por el derecho
internacional y los compromisos de objetivos de desarrollo asumidos en cumbres
mundiales, entre ellas la Cumbre del Milenio y la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible– siguen erosionándose a medida que el proceso de
privatización se profundiza y acelera. Es hora de reconsiderar las políticas
económicas y sociales internacionales vigentes y reafirmar nuestro compromiso
con los principios y las normas de derechos humanos que ofrecen el único
paradigma real para mejorar la vida de millones de pobres.
A los organismos
de derechos humanos de la ONU les preocupa de forma creciente los impactos
adversos de la privatización para la satisfacción de los derechos humanos.
Más recientemente, en septiembre de 2002, el Comité de Derechos del Niño mantuvo
un día de discusión general sobre el papel de los proveedores de servicios del
sector privado, y en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CDESC) adoptó la Observación General No. 15 sobre el
derecho al agua.
El presente informe analiza algunos de estos últimos acontecimientos así como
los resultados preliminares de la investigación realizada en el curso de mi
labor como Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada.
El derecho a un
hogar digno
Toda mujer,
hombre, joven, niña y niño tiene el derecho humano de contar con un hogar seguro
y una comunidad en la cual vivir en paz y dignidad. Este derecho humano ha
recibido el reconocimiento internacional y está firmemente asentado en numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos,
más notablemente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Al ratificar estos tratados e instrumentos, los Estados aceptaron
voluntariamente las obligaciones para realizar progresivamente el derecho a la
alimentación, salud, vivienda adecuada y otros derechos y servicios, entre ellos
el agua y el saneamiento, que son esenciales para el bienestar de sus
ciudadanos.
La globalización y
el proceso de creciente integración económica han limitado la capacidad de los
Estados de brindar recursos suficientes para satisfacer los derechos económicos,
sociales y culturales, entre ellos la vivienda y los servicios sociales
esenciales. Varios factores macroeconómicos determinan la existencia de recursos
para el gasto social, entre ellos:
-
Beneficios
pequeños o incluso negativos producto de la liberalización comercial en los
países en desarrollo, sobre todo en los Países Menos Adelantados;
-
La volatilidad
financiera tras la desregulación de los movimientos de capital aunada a las
crecientes tasas de interés que afectan el acceso al crédito y las hipotecas;
-
La creciente
especulación de la tierra como consecuencia de una mayor competencia por los
mejores sitios en las ciudades velozmente globalizadas, que a menudo desplaza a
los habitantes de menores ingresos hacia localidades menos atractivas con mala
prestación de servicios;
-
La fuerte carga
del servicio de la deuda;
-
Las limitaciones
fiscales y medidas de austeridad impuestas por el FMI y el Banco Mundial que
están diseñadas principalmente para reducir el gasto público e invariablemente
conducen a disminuir las partidas financieras para los sectores sociales; y
-
El proceso de
reformas del sector público, especialmente mediante la descentralización y la
privatización.
La mayor
competencia entre las ciudades para atraer capitales y empresas que generen
empleos y fuentes de ingresos impositivos condujo a mayores desigualdades entre
las ciudades, con las consiguientes discrepancias a nivel de los servicios
esenciales prestados a los ciudadanos. En el sector de la vivienda urbana, la
dependencia de los mecanismos del mercado tendió a resultar en el descuido de
los pobres. El continuo deterioro de las condiciones que padece la mayoría de
pobres del mundo provocó el gran temor de que la globalización sin controles no
pueda satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el
derecho a una vivienda digna.
A pesar de las
limitaciones y dificultades que padecen, los gobiernos centrales aún tienen una
función importante que desempeñar para reconciliar las políticas macroeconómicas
con los objetivos sociales, teniendo en cuenta la importancia de sus
obligaciones en materia de derechos humanos. Los gobiernos tienen la
responsabilidad de hacer intervenciones focalizadas para asegurar el acceso
universal a los servicios públicos, incluyendo el acceso al agua y al
saneamiento, de manera justa y equitativa; esto es fundamental para poder
cumplir el derecho a la vivienda adecuada.
La privatización
del agua y el saneamiento
El agua es
esencial para la vida humana y para toda la vida del planeta. Los recursos de
agua dulce son parte del colectivo mundial, y no una mercancía a ser adquirida,
vendida o comercializada con fines de lucro.
El acceso al agua potable es uno de los propósitos principales de los Objetivos
de Desarrollo para el Milenio (ODM) de la ONU a ser alcanzados para 2015, y está
directamente vinculado con la consecución de otros ODM relacionados con la
pobreza, la salud, la nutrición y la vivienda.
Históricamente se
ha prestado menos atención al saneamiento, aunque existen tasas menores de
acceso y la necesidad de apoyo sea mayor en este campo. Se calcula que unos
2.400 millones de personas en todo el mundo carecen del acceso suficiente al
saneamiento, más del doble de la cantidad de personas que carecen del acceso al
agua potable. El saneamiento es un componente importante de la vivienda adecuada
y está relacionado con otros derechos que incluyen el derecho a la vida, la
salud, la alimentación e incluso la seguridad y la educación. Un acontecimiento
bienvenido es la reciente aceptación de un objetivo nuevo, acordado en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible, para reducir a la mitad la cantidad de
personas sin acceso a servicios de saneamiento para 2015.
La privatización
de los servicios del agua y saneamiento exige mucha atención a la hora de
evaluar el impacto ejercido por la globalización sobre el derecho a la vivienda
adecuada. Sin el acceso al agua potable, el derecho a la vivienda adecuada
pierde su significado. Una clara obligación del Estado contenida en la
Observación General No. 15 es la responsabilidad de asegurar que “no se le
debe negar a ningún hogar el derecho al agua sobre la base del estado de la
vivienda o de la tierra” y que “las áreas urbanas carenciadas, incluyendo
los asentamientos humanos informales y las personas sin hogar, deben tener
acceso a instalaciones de agua correctamente mantenidas”. Asimismo, el CDESC
ha trabajado constantemente sobre la cuestión de la indivisibilidad de los
derechos humanos y la interrelación del derecho a la vivienda adecuada con otros
derechos económicos, sociales y culturales.
Alcanzar el
equilibrio entre los beneficios prometidos por la privatización en cuanto a
eficacia económica y el costo reducido de los servicios y sus costos sociales es
un asunto muy complejo y delicado para muchos gobiernos e instituciones de
política internacional. De hecho, la globalización de las corporaciones y su
clara expresión de la privatización de los servicios, es una de las mayores
amenazas para el acceso universal al agua potable y el saneamiento. Al convertir
un bien social y un recurso escaso en una mercancía económica, los
planificadores económicos y políticos del mundo arguyen que los recursos
existentes del agua pueden administrarse y consumirse eficazmente según los
principios competitivos del mercado. Sin embargo, esto dista mucho de ser
verdad, y existen muchas razones importantes para oponerse a la privatización.
Desde una
perspectiva de derechos humanos, podemos extraer tres lecciones fundamentales de
la experiencia con la privatización de los servicios del agua:
Las empresas
privadas ponen demasiado énfasis en el lucro y la recuperación de costos
La privatización
suele conducir al alza de tarifas. Los gobiernos endeudados y necesitados de
dinero son presionados por las políticas del FMI y el Banco Mundial para elevar
las tarifas que pagan los consumidores por el agua y así atraer la inversión del
sector privado en los servicios de agua. En muchos casos, las empresas consiguen
que se incluyan garantías de lucro en los contratos.
Otra preocupación es que el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo
suelen abogar por la “venta por sectores” de los servicios, que distingue entre
las zonas rentables y deficitarias de los servicios de agua y saneamiento. Los
sectores deficitarios, como la infraestructura, el tratamiento de aguas
servidas, la provisión de agua a los asentamientos precarios y el servicio de
agua rural, permanecen en el sector público. La venta por sectores de los
servicios de agua y hacer que los subsidios sean explícitos es considerado parte
de los preparativos necesarios para brindar a las compañías privadas de agua
paquetes de inversión atractivos.
La privatización a
menudo provoca pérdida de empleos. Los despidos en masa son comunes mientras las
empresas intentan minimizar los costos y maximizar las ganancias. Con
frecuencia, los servicios y la calidad del agua peligran debido a la falta de
personal. Es así que los despidos tienen un impacto negativo doble, ya que
perjudican a los consumidores y a los trabajadores en cuestión.
Los servicios
brindados a los grupos vulnerables son insuficientes y de mala calidad
La privatización
suele provocar una reducción del acceso de los pobres a los servicios sociales
básicos. En los países en desarrollo, hallar agua segura y de bajo costo es una
lucha diaria para la mayoría de la población pobre. En muchas ciudades y pueblos
de los países en desarrollo, entre 50% y 70% de la población vive en tugurios y
asentamientos ocupados por los residentes sin vivienda digna ni servicios
básicos. Muchos pobres terminan pagando hasta 20 veces más que los ricos por el
agua.
Los precios más elevados por el agua implican que los pobres deben utilizar
menos o pasar sin ella. Los riesgos que corre la prestación del servicio a raíz
de la privatización –las interrupciones del servicio o el deterioro de la
calidad del agua– representan graves riesgos sanitarios. Estos pueden suceder en
varios escenarios relacionados con la privatización, por ejemplo, en casos de
proyectos fallidos (Tucumán, Argentina), de contratos inviables (Dolphin Coast,
Sudáfrica), del cierre de la empresa (Azurix, provincia de Buenos Aires,
Argentina), de alza de precios socialmente insostenibles (Cochabamba, Bolivia),
y de corrupción y contabilidad tergiversada (Grenoble, Francia). El alza en los
precios del agua ejerce un impacto especialmente adverso en los pobres debido a
su incapacidad de acceder al agua potable, y puede representar graves riesgos
sanitarios.
Los operadores
privados no son responsables ante el público
La privatización
puede reducir la responsabilidad y el control local. En muchos casos, los
gobiernos llegan a acuerdos de largo plazo con las compañías del agua,
otorgándoles derechos exclusivos de distribución, por lo cual habilitan el
monopolio. Las empresas transnacionales son responsables ante sus accionistas,
no ante los ciudadanos de los países donde funcionan. Hubo casos de corrupción
en el proceso de privatización, donde los sistemas de contralor son débiles.
Las negociaciones y los detalles contractuales suceden tras puertas cerradas, lo
cual fomenta los sobornos, mientras los ciudadanos comunes, que son los
directamente afectados, quedan desinformados.
Existe la
necesidad de fortalecer el mecanismo de monitoreo participativo, ya que es
sumamente difícil revertir la privatización una vez que se pone en práctica. Los
acuerdos comerciales multilaterales brindan a las empresas un poderoso recurso
jurídico. Las demandas jurídicas que presentan las empresas privadas de agua
para exigir indemnización en caso de que se les cancele el contrato hacen que
esta posibilidad sea prohibitiva. Asegurar que las necesidades locales se
atiendan a través de una participación mayor de la comunidad es un factor
esencial para promover una mayor responsabilidad. En Filipinas, donde la
recuperación de costos está muy por encima del promedio asiático, los distritos
del agua tienen una estructura organizativa que brinda representación a los
usuarios. En el estado de Rajastán, India, una organización de la sociedad
civil, Tarun Bharat Sangh, tuvo resultados notables al trabajar con los aldeanos
para regenerar el agua subterránea a través de la recuperación ambiental.
La privatización
también socava la calidad del agua y la sostenibilidad ecológica. Las empresas
del agua buscan debilitar las normas de calidad del agua y las normas
ambientales cuando se percibe que aumentan el costo de hacer negocios. Asimismo,
fomentar el consumo es una estrategia habitual de toda empresa privada con fines
de lucro. En 1996, un equipo del Banco Mundial dirigido por John Briscoe –ahora
a cargo de la política del agua de la institución– criticó los niveles de fugas
de agua que ascendían a entre 1% y 5% en el sistema del sector público alemán
por ser demasiado bajos. Según un informe, se debería permitir la fuga
del agua si el costo de detener dicha fuga superaba el precio por el cual el
agua podía venderse con ganancia. El equipo de Briscoe no sólo pensó que las
empresas privadas del agua derrocharían más agua, sino que lo alentaron.
Conscientes de las
sombrías predicciones respecto del agua, las empresas se apuran por conseguir el
acceso al agua, que pueden vender con enormes ganancias. La extracción masiva de
sus fuentes naturales puede provocar desequilibrios ecológicos, tales como el
agotamiento de los acuíferos y la contaminación del agua subterránea.
Es casi imposible recuperar los acuíferos una vez que se agotaron o
contaminaron.
A la luz de estas
preocupaciones, es importante destacar que algunas de las mejores prácticas en
la prestación de agua y saneamiento en países desarrollados y en desarrollo
están a cargo del sector público. La gran mayoría de la población de América del
Norte, Europa y Japón recibe servicios de agua y saneamiento de empresas de
propiedad y funcionamiento públicos. Su eficacia suele superar a la de las
empresas privadas. Algunos ejemplos de reformas de empresas de agua del sector
público se pueden hallar en San Pablo, Brasil; Debrecen, Hungría; Lilongwe,
Malawi y Tegucigalpa, Honduras.
De hecho, una comparación de la prestación de servicios públicos en varios
países en desarrollo concluyó que “los sistemas de suministro de agua
exclusivamente públicos estuvieron entre los servicios de mejor rendimiento en
general”.
Las mujeres y la
falta de vivienda, agua y saneamiento
Las consecuencias
de la insuficiencia o la falta de acceso al agua son devastadoras, especialmente
para las mujeres y los niños.
Cuando el agua no está disponible, son sobre todo las mujeres y los niños los
que deben pasar gran cantidad de tiempo consiguiéndola para llevarla a sus
casas. Esto tiene un impacto perjudicial sobre su salud, su seguridad y su
educación. Se ha descubierto que las niñas no suelen asistir a las escuelas que
no tienen retretes.
Las mujeres y las
niñas soportan el grueso de la carga que representa el abastecimiento del agua
en las viviendas del medio rural, y a menudo deben caminar grandes distancias
para buscarla y satisfacer las necesidades mínimas de su hogar.
En los países más pobres, el 20% de los niños mueren antes de cumplir los cinco
años, principalmente por enfermedades contagiosas relacionadas con la
insuficiencia o la mala calidad del agua.
La falta de agua contribuye con otras penurias de las mujeres. Un ejemplo se
encuentra en India, donde, debido a la escasez del agua, el crecimiento de la
vegetación es reducido, lo que significa que hay menos pasturas, limitando la
producción de leche y estiércol vacuno, que se utiliza para combustible y
fertilizante. Una producción menor de estiércol vacuno implica una reducción en
la producción agrícola. La baja producción agrícola afecta la calidad de los
alimentos y la nutrición de las mujeres. Así se establece un círculo vicioso de
agua y destrucción ecológica que perjudica la salud de las mujeres y provoca lo
que se denomina “estrés ecológico”.
Asimismo, mientras existen cada vez más oportunidades para que las mujeres
participen en actividades de empleo productivo, su tiempo adquiere cada vez más
valor monetario. En muchos casos, si este costo se incluye en la toma de
decisiones acerca de la elección de tecnologías y estrategias para la seguridad
hídrica del hogar, se hallará que las mujeres y jóvenes del medio rural pagan
mucho más por el agua que aquéllas del medio urbano.
La falta de
instalaciones de saneamiento afecta tanto a hombres como a mujeres, pero las
necesidades de saneamiento difieren según el género. Las mujeres tienen
necesidades e inquietudes especiales de privacidad, dignidad y seguridad
personal. La falta de instalaciones de saneamiento en la vivienda puede obligar
a las mujeres y las niñas a utilizar lugares recluidos, que suelen estar
alejados de la casa, exponiéndolas al riesgo del abuso sexual. En otras
circunstancias, puede que las niñas estén obligadas a defecar sólo en sus casas
y a ayudar a sus madres a desechar los residuos humanos y sólidos. Esta labor
adicional podría impedir que las niñas asistan a la escuela. La falta de acceso
a instalaciones limpias y suficientes de agua y saneamiento contribuye con las
enfermedades, que resultan en más gastos y perpetúan así el círculo vicioso de
la pobreza y la enfermedad. Este ciclo se agrava más por otros impactos
provocados por la falta de higiene e instalaciones de saneamiento. Por ejemplo,
son principalmente las niñas (y las mujeres) las que tienen más probabilidades
de permanecer en sus casas para cuidar a familiares enfermos. Esto provoca una
menor asistencia a la escuela y un menor rendimiento educativo. Estudios también
demostraron que el acceso a la eliminación de aguas residuales suele depender
del sexo del jefe de familia. Por ejemplo, en Nairobi, Kenya, aproximadamente
9,2% de los hogares dirigidos por mujeres arrojan los residuos fecales en el
campo, mientras en los hogares dirigidos por hombres esa proporción desciende al
2,2%.
En muchos países,
las mujeres y los hombres no tienen el mismo acceso a los recursos y servicios
básicos. Los hogares dirigidos por mujeres tienen menos acceso que los hombres,
y si los servicios están privatizados, entonces el problema se agrava. Se debe
prestar mayor atención a la discriminación que padecen las mujeres y a las
políticas y medidas adoptadas para aliviarla. También es necesario que las leyes
y políticas que regulan o definen la habitabilidad de la vivienda tomen en
consideración las necesidades especiales de las mujeres.
Cooperación
internacional
La Declaración del
Milenio adoptada por la Asamblea General reconoció la “solidaridad” y las
“responsabilidades compartidas” como valores fundamentales de las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
Este reconocimiento es necesario para la tarea esencial de desarrollar
estrategias para conseguir justicia distributiva, entre ellas la reforma agraria
y los incrementos del gasto social en zonas críticas para la realización del
derecho a la vivienda adecuada, como el acceso al agua potable y el saneamiento.
Esta redistribución debe equilibrarse con el apoyo específico de la cooperación
internacional, incluida la acción “conjunta” y “separada” de los Estados, como
lo exigen las obligaciones generales contraídas en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Al lograr estos
objetivos, es fundamental reconocer las obligaciones para los Estados implícitas
en las disposiciones jurídicas sobre cooperación internacional,
dada la realidad internacional actual de creciente desigualdad en el ingreso, la
pobreza y la marginación. Se debe prestar atención a la necesidad de ayudar a
los países en desarrollo en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de
vivienda y de vida de los pobres y aquellos con vivienda insuficiente, a través
de medidas “conjuntas y separadas”, como estipula el artículo 2.1 del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluso al asegurar que las
políticas internacionales de los Estados, o las políticas elaboradas en foros e
instituciones multilaterales, estén formuladas de manera de respetar la
realización íntegra de los derechos económicos, sociales y culturales para
todos.
Las dimensiones de
solidaridad y fraternidad de la cooperación internacional, según los
instrumentos internacionales de derechos humanos, crean el imperativo de que no
se puedan tomar acciones ni políticas sociales mundiales que impidan la
capacidad de los Estados para implementar los compromisos que asumieron ante sus
pueblos y que surgen de las obligaciones incluidas en estos instrumentos. Más
recientemente, en la Observación General No. 15 sobre el derecho al agua, el
CDESC declaró: “Para cumplir sus obligaciones internacionales en relación con
el derecho al agua los Estados parte deben respetar el uso del derecho en otros
países. La cooperación internacional exige que los Estados parte no realicen
acciones que interfieran, directa o indirectamente, con el uso del derecho al
agua en otros países.” Asimismo, “Los Estados deben tomar medidas
preventivas que eviten que sus propios ciudadanos y empresas violen el derecho
al agua de individuos y comunidades de otros países.”
Los Estados
también deben examinar las políticas –propias y ajenas– hacia las instituciones
y los tratados internacionales, para asegurar que coincidan con las obligaciones
del Pacto sobre el derecho a la vivienda adecuada, incluyendo el acceso a los
servicios sociales básicos. Esta revisión debe incluir las repercusiones en
materia de derechos humanos de los acuerdos comerciales de la Organización
Mundial del Comercio, sobre todo del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(GATS), y el Acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad
Intelectual (TRIPS), los acuerdos de asistencia a los países y otros acuerdos
con el Banco Mundial y el FMI, así como las estrategias de reducción de la
pobreza, tales como los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (PRSPs).
Numerosos
organismos de derechos humanos de la ONU apelaron a la cautela ante la actual
ofensiva internacional del comercio de los servicios.
Las obligaciones en materia de derechos humanos
tanto a nivel nacional e internacional advierten claramente a los negociadores
de tratados comerciales que descarten la expansión de cualquier acuerdo, como el
GATS, que conduzca a la privatización de los servicios sociales y al ingreso de
las empresas privadas en el ámbito de la prestación de bienes sociales, como el
agua. Un paso en esta dirección, dada la experiencia acumulada hasta el
presente, tiene un efecto negativo en la satisfacción de los derechos humanos.
De hecho, las obligaciones en materia de derechos humanos proporcionan
instrumentos jurídicos para que los Estados conscientes argumenten contra la
expansión del comercio mundial y los acuerdos de inversión en la esfera de los
derechos humanos reconocidos.
El camino adelante
Es fundamental que
las políticas y programas de cooperación internacional ayuden a los Estados a
desarrollar estrategias para la justicia social y la distribución equitativa de
los recursos y las oportunidades, que incluyan la reforma agraria y el gasto
bien focalizado en servicios sociales esenciales como el crédito, el agua
potable, la electricidad, la calefacción y el saneamiento. En zonas donde estos
servicios son insuficientes, deberán adoptarse mecanismos de planificación más
sensibles para que las necesidades de los pobres se atiendan adecuadamente.
Al evaluar si la
privatización es la opción correcta y al monitorear la privatización de los
servicios sociales básicos, es importante utilizar un enfoque de derechos
humanos. Tal enfoque estaría dirigido a lograr el desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza;
tomaría en cuenta perspectivas de género y empoderaría a la gente al asegurar su
participación; se aseguraría también que se garantice que los subsidios sean
recibidos por quienes no tienen cómo pagar estos servicios.
Este enfoque
también agudizaría la focalización en “brechas” clave –la división entre “ricos”
y “pobres”– en distintos sectores y destacaría la obligación de rendir cuentas
de las instituciones de gobernanza. Las zonas donde aparecen algunas de las
desigualdades más problemáticas son: suministro de agua y saneamiento, equidad y
empoderamiento de género, y reestructura institucional y financiera. El
saneamiento, por ejemplo, es considerado un determinante clave de la
vulnerabilidad ante enfermedades relacionadas con el agua, y la “brecha del
saneamiento” podría indicar dónde debe reorientarse la inversión en el agua
hacia mejoras en saneamiento e higiene. Una brecha comparable entre la realidad
y las estadísticas oficiales también es evidente.
Las autoridades
locales y las organizaciones de la sociedad civil de muchas ciudades del mundo
buscan ofrecer enfoques alternativos
al desarrollo y la administración urbanos. Entre ellos está la iniciativa
“Ciudades de Derechos Humanos”, en la cual pueblos y ciudades
se comprometen a implementar presupuestos participativos, preparando planes de
desarrollo local o intentando guiar la toma de decisiones municipal mediante la
adopción de un marco de derechos humanos que implemente la descentralización de
la administración y la toma de decisiones a través de procesos democráticos.
Este breve
análisis ha revelado la urgencia de emprender una investigación sistemática en
todo el mundo para evaluar el impacto ejercido por la privatización sobre la
vivienda, el agua y el saneamiento sobre los derechos humanos de las comunidades
marginadas y de bajos ingresos. Es esencial que desarrollemos indicadores y
estándares de referencia basados en derechos humanos para ayudar a implementar
los derechos humanos (y de los ODM) relevantes a estos problemas.
El papel principal de los Estados y la sociedad civil es asegurar la aplicación
rigurosa de los principios e instrumentos de derechos humanos. Esto asegurará
que las políticas y acuerdos nacionales e internacionales de comercio, deuda e
inversión se elaboren respetando los derechos de las personas y las comunidades.
También asegurará que los principios rectores de los enfoques neoliberales sobre
la privatización y la mercantilización de la vivienda, el agua y el saneamiento
–tales como la “recuperación de costos” y la “venta por sectores”–, puedan ser
enfrentados por los principios de derechos humanos de “no discriminación e
igualdad”, “realización progresiva” y una cultura de rendición de cuentas. Si no
captamos el enorme potencial que poseen los derechos humanos para sostener el
ambiente y el desarrollo y asegurar la justicia social, nos enfrentaremos a un
mundo que experimentará una desposesión y carencia de viviendas en una escala
aun mayor.
Notas:
Comisión de Derechos Humanos “Informe del Relator Especial sobre la vivienda
adecuada como componente del derecho a un estilo de vida adecuado, Sr.
Miloon Kothari”, E/CN.4/2002/59, marzo de 2002, párrafos 49-65. Ver también
los documentos preparados por David Westendorff, Deepika Naruka y Liana
Cisneros. Asimismo existen investigaciones en curso en los países del
MERCOSUR: Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, www.coopere.net/direitoshumanosrmc/index.htm.
Ver también “Encuesta Global sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada y
Servicios Sociales” preparado por Social Alert, como contribución a la labor
del Relator Especial, en www.socialalert.org/e-camp.html
Por más ejemplos y pruebas, ver David Hall, “Water in public hands”, junio
de 2001, en www.psiru.org.
Por ejemplo, se decía que el 100% de la población urbana de Jamaica contaba
con saneamiento a principio de los años 90, pero un informe sobre Kingston,
la principal ciudad de Jamaica, indicó que sólo el 18% de la población está
conectada al saneamiento, 27% tiene pozos sépticos, 47% utiliza letrinas y
8% no cuenta con instalaciones de saneamiento de ningún tipo. Ver Cities
in a Globalizing World: Global Report on Human Settlements 2001, pp.
114-125, Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat),
2001.
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