2003
Globalización y comercio: desafíos para el mundo árabe
Ziad Abdel Samad
Arab NGO Network for Development
El mundo
enfrenta numerosas crisis políticas, económicas, sociales y ambientales. Padece
amenazas de guerra y destrucción y experimenta la militarización prácticamente
mundial. Hacia el final del milenio pasado se fundó la Organización Mundial del
Comercio (OMC), mientras la influencia de las instituciones financieras
internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) se
incrementó en los países en desarrollo y en aquellos en transición económica
(especialmente en Europa Oriental y las antiguas repúblicas soviéticas). Estas
instituciones y sus políticas dan forma a todas las políticas económicas y
sociales, al igual que a las estrategias de desarrollo.
El poder y la
influencia de las instituciones financieras internacionales y la OMC y el
creciente predominio de los tratados multinacionales de comercio llevaron a la
imposición de programas de ajuste estructural, a la liberalización económica, a
la reducción del gasto público en los servicios sociales, a la privatización de
la administración pública y al creciente papel e influencia del sector privado
en la formulación y la aplicación de las estrategias. Estos factores también
hicieron que los países se desviaran de acuerdos y convenios internacionales en
materia de políticas de derechos humanos, erradicación de la pobreza, desempleo,
protección ambiental y marginación social.
La región árabe y el desafío de la globalización
Las amenazas
para derrocar al régimen iraquí van en aumento. La guerra contra Afganistán aún
no ha conquistado sus objetivos finales, y se anticipa que se extenderá a los
ámbitos financiero, económico y cultural y que involucrará a otros países y
regiones con la excusa del combate al terrorismo. Esta guerra trae aparejado un
grave debilitamiento de los derechos humanos, las libertades y la democracia a
nivel nacional e internacional. También va acompañada de uno de los escasos
modelos actuales de colonización extranjera directa, que se lleva a cabo en
Palestina y en parte de los territorios de Siria y Líbano.
La
“militarización de la globalización” y la lucha contra el terrorismo
Dramáticos
acontecimientos internacionales apuntan a la tendencia de la “militarización de
la globalización”, que puede considerarse una consecuencia radical del fracaso
de la globalización y de las políticas económicas tradicionales para asegurar la
equidad social y económica. Estos acontecimientos también indican el fuerte
deseo de fortalecer el control directo ejercido sobre los recursos culturales,
económicos e intelectuales del mundo por parte de los poderes hegemónicos
neoliberales.
Las sociedades
de Medio Oriente, individual y colectivamente, han condenado los atentados
terroristas del 11 de septiembre contra civiles inocentes en Estados Unidos.
Están convencidas de que el terrorismo es un medio ilegítimo para resolver
búsquedas legítimas de justicia social y sistemas internacionales justos. La
guerra en curso contra Afganistán, sin embargo, trasciende la reacción a estos
atentados. La guerra es un plan internacional lanzado para reforzar el
predominio internacional de ciertos intereses económicos e industriales
multilaterales.
La guerra
maneja numerosos calificativos y justificaciones, incluyendo nombres
ideológicos, políticos y hasta racistas. Se divide al mundo en dos polos: el
proestadounidense y el antiestadounidense/proterrorismo. La guerra fue
denominada la “Tercera Guerra Mundial contra el terrorismo” por la Estrategia de
Seguridad Nacional presentada ante el Congreso de Estados Unidos. Este tipo de
términos fomenta enfrentamientos entre los pueblos y desata reacciones
fanáticas. Esto es acentuado por las tendencias globalizadoras vigentes que han
sido asociadas con la pobreza y la marginación generalizadas y la profundización
de la brecha entre el Norte y el Sur y entre ricos y pobres. Estas tendencias
también están asociadas con el predominio del doble discurso en las relaciones
internacionales, particularmente en la región árabe. Mientras Israel (el único
Estado con armas nucleares en la región) viola los derechos humanos y todas las
resoluciones y convenciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos insiste en
lanzar una guerra contra Iraq, sólo porque éste último es capaz de fabricar
armas estratégicas y no respeta la democracia, los derechos humanos ni la
equidad social.
La causa
palestina y la ocupación israelí
Los últimos
acontecimientos militares suceden simultáneamente con el agravamiento de las
agresiones israelíes contra el pueblo y los dirigentes palestinos. La violencia
israelí está basada en débiles justificaciones que anulan el deseo palestino de
sostener el desarrollo democrático que es su derecho. La violencia estatal queda
de manifiesto en la sistemática reubicación de los palestinos y la apropiación
indebida de sus tierras, que parece ser una prioridad del último gobierno
israelí. Al mismo tiempo, continúa la ocupación israelí de territorios árabes en
Palestina, Líbano y Siria. A los palestinos se les priva de la libertad, la
autodeterminación y el derecho a volver a sus territorios. También se les niega
el derecho a fundar un estado independiente, en un contexto de protección y
respaldo evidente e ilimitado por parte de Estados Unidos hacia Israel.
La estabilidad,
la paz y las oportunidades de desarrollo social y económico en Medio Oriente no
se materializarán a menos que la ocupación israelí termine y los asentamientos
sean totalmente desmantelados. Se deben garantizar derechos nacionales sólidos
para los palestinos, específicamente el derecho a retornar a sus tierras, a la
autodeterminación y a fundar un estado independiente en los territorios
palestinos según las leyes internacionales.
La amenaza de
la guerra contra Iraq
El sufrimiento
actual del pueblo iraquí es el resultado del doble asedio que ejercen la
dictadura y el régimen totalitario iraquí, por un lado, y el injusto embargo
impuesto por la comunidad internacional, por el otro. La presencia militar
extranjera en el Golfo, las continuas amenazas de guerra y de aniquilación del
sistema político iraquí, a pesar de que el régimen iraquí se sometió a la
resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, y de la oposición popular y
oficial internacional y árabe, constituyen una grave amenaza a la estabilidad y
la paz internacional, y un obstáculo al desarrollo socioeconómico de la región.
En este
contexto, la guerra en Afganistán y en otras regiones en nombre de la guerra
contra el terrorismo, la amenaza de guerra contra Iraq, la ocupación y la
creciente agresión israelí en Palestina son todas expresiones tangibles de la
militarización de la globalización, que no es sólo un problema árabe sino un
desafío que enfrenta el mundo entero. Esto implica, por tanto, la creación de
una alianza mundial en contra de la guerra, que prevenga a la humanidad de sus
catastróficos resultados.
Democracia y derechos humanos
Los pueblos
árabes rechazan toda forma de violación de su soberanía, independencia y
autodeterminación, y particularmente de todo tipo de presencia militar
extranjera en las naciones árabes, pero la respuesta religiosa fanática no
debería ser la alternativa a los sistemas en el poder. El fortalecimiento de la
democracia y de la participación popular, el respeto de los derechos humanos y
la justicia social son todas condiciones necesarias para superar las
dificultades que padece la población árabe.
En este
contexto, varios informes y estudios internacionales, como el último Informe
sobre Desarrollo Humano Árabe, publicado a principios de 2002 por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayan el hecho de que los
indicadores de libertad, democracia y derechos humanos de los países árabes
están entre los peores del mundo.
Los desafíos de desarrollo en la región y el sistema de comercio internacional
En lugar de
aprobar medidas prácticas que reduzcan la brecha entre el Norte y el Sur y de
respaldar políticas para aliviar la pobreza y el desempleo, la tendencia de las
políticas de los estados árabes es vincular el desarrollo con la liberalización
del comercio y relacionar los acuerdos multilaterales sobre derechos
ambientales, socioeconómicos y culturales con los acuerdos de la OMC. Problemas
fundamentales, como el endeudamiento, la asistencia oficial al desarrollo, la
soberanía y la participación se centran en la liberalización comercial, el
fomento de la inversión extranjera directa, la sustitución de convenciones y
tratados multilaterales por acuerdos y relaciones comerciales bilaterales con el
sector empresarial y las corporaciones transnacionales.
El actual
sistema internacional de comercio gira en torno del concepto del acceso a los
mercados. Se espera que las negociaciones comerciales y las soluciones a los
conflictos aseguren el compromiso de los países para garantizar el acceso mutuo
a los mercados. Se cree que los mercados abiertos conducen a sólidos principios
desarrollistas. El sistema internacional de comercio aún se basa en incrementar
el comercio y la volatilidad de capitales de bienes y servicios, en lugar de
buscar acuerdos comerciales que garanticen el desarrollo de los países.
Para poder
establecer un sistema comercial justo, deben materializarse dos requisitos
previos. El primero es un contexto económico internacional que permita a los
países en desarrollo emplear el comercio como un medio hacia el desarrollo y no
como un fin en sí mismo. El segundo es una vía de salida de la actual crisis del
sistema comercial que es consecuencia de la exclusión de los países en
desarrollo de los mecanismos de toma de decisiones y su exposición a políticas
financieras y económicas inapropiadas.
El argumento
que relaciona la liberalización comercial con el crecimiento económico no es
válido teórica ni empíricamente, especialmente dado que el comercio es sumamente
sensible a factores externos, capacidades locales y recursos humanos. No hay
evidencia que pruebe que la eliminación de las barreras comerciales conduzca
necesariamente a mejorar el rendimiento económico. Las experiencias
internacionales confirman que las condiciones y reglamentaciones aplicadas por
la OMC son muy costosas y están fuera del alcance de muchos países árabes.
Las características adecuadas de un sistema de comercio mundial
El comercio no
es por sí mismo un objetivo; es un medio para lograr un desarrollo local e
internacional sostenible, equitativo y equilibrado – un desarrollo humano.
Por lo tanto, es necesario reconsiderar el paradigma inexacto que relaciona la
liberalización comercial con el desarrollo, la erradicación de la pobreza y la
mejora de la vida de la gente.
El sistema de
comercio internacional ideal sería el marco económico equilibrado que tome en
cuenta las enormes diferencias en capacidades productivas, industriales y
comerciales de los países desarrollados y en desarrollo. Ese sistema
consideraría las características nacionales que diferencian a cada país de los
demás, sin aplicar una fórmula única a todos los países. El sistema
internacional de comercio debe reevaluar sus objetivos y mecanismos, para no
llevar a los países en desarrollo a incurrir en déficits que finalmente los
conduzcan a caer en la trampa de la deuda.
La privatización de los servicios
Las ideas
derivadas del Consenso de Washington tuvieron un impacto enorme en las reformas
económicas de muchos países en desarrollo. Sin embargo, la forma en que estos
países interpretaron esas ideas, y cómo optaron por implementarlas, variaron
significativamente. Las aplicaciones y consecuencias de las políticas de
liberalización y privatización según el análisis de ocho países árabes
son la base del siguiente análisis.
Antes de
analizar las tendencias en común halladas en las experiencias de estos países,
es importante señalar que existen algunas diferencias de país en país en cuanto
al impacto de las políticas de liberalización y privatización. Las consecuencias
difieren según la posición de cada país en el mercado financiero internacional
(si son miembros o no de la OMC, el Consejo de Cooperación del Golfo o EUROMED2]),
la naturaleza del sistema económico (fuerte interferencia estatal,
liberalización institucionalizada o transición económica) y la fecha de
aplicación de las políticas de liberalización. Asimismo, hay diferencias
destacadas en los sistemas políticos de cada país en cuanto a leyes judiciales,
electorales y de asociación, y también en cuanto a la institucionalidad de sus
partidos políticos. La estructura institucional de cada país determina la
participación pública en el proceso de toma de decisiones de la liberalización y
la privatización.
Políticas de
liberalización y privatización: características y aplicaciones
Una tendencia
común señalada en el diseño de las políticas de liberalización y privatización
es la ausencia de una visión unificada y estratégica de dichas políticas. De
hecho, las políticas de liberalización y privatización son aplicadas de manera
distinta en cada sector y cada caso de privatización es tratado de manera
distinta. Se percibe que los sectores de servicios y no productivos (como el de
bienes raíces) están más sujetos a regulaciones de liberalización que el sector
industrial (por ejemplo, en Egipto y Marruecos); el lucrativo sector de
servicios suele ser el primero en ser rematado.
Otra tendencia
se observa en los gobiernos que aceptan el doble discurso al crear asociaciones
económicas con organizaciones regionales como EUROMED. Aunque promueven el
acuerdo del GATT, este tipo de organizaciones sigue ejerciendo la protección de
la libre transferencia de la mano de obra, la producción agrícola local y la
industria textil, lo cual crea beneficios diferenciales (como en Egipto).
Asimismo, se
señala que a través del proceso de liberalización de las economías y la
privatización del patrimonio público, el Estado institucionaliza cada vez más su
alejamiento del sector público (Egipto, Marruecos). Esto va de la mano con un
recuestionamiento sistemático del derecho universal a los servicios estatales,
como la educación y la salud.
La aplicación
de estas políticas carece de coherencia y uniformidad, ya que el público no está
al tanto de las condiciones ni de los beneficiarios de los negocios de
privatización (Bahrein, Túnez). También puede mencionarse en este sentido la
corrupción, que puede provocar el descarrilamiento de todo el proceso y el uso
indebido de los ingresos del Estado. Asimismo, algunos países han practicado una
política de vaivén (de la licitación pública a la nacionalización y de vuelta a
la licitación), lo que provoca la desconfianza de las instituciones
internacionales en las economías locales y disminuye su interés en los bienes
públicos puestos a licitación (Líbano).
Los principales
objetivos de las políticas de privatización son vender los capitales públicos
para activar el ciclo económico y asegurar el crecimiento. No obstante, la
paradoja de este tipo de política es la incapacidad del Estado para recrear
empleos en el mercado laboral en expansión debido a su alejamiento progresivo de
la esfera económica y la pérdida de control de sus sectores más lucrativos.
Una tendencia
común a la mayoría de las políticas de privatización es su incapacidad o falta
de voluntad para incluir a la sociedad civil local en el proceso de toma de
decisiones. Esto se percibe mejor en la falta de transparencia en la realización
de los negocios de privatización, así como en problemas políticos estructurales
(falta de democracia, falta de organización y movilización) que impiden el
desarrollo de voces críticas y la presentación de alternativas a la
privatización (Palestina, Bahrein, Jordania).
Consecuencias
observadas
Los efectos de
la liberalización y la privatización aún no son totalmente aparentes a nivel
nacional. Mientras las estadísticas iniciales sobre el resultado directo de la
aplicación de estas políticas son obvias, la evaluación a largo plazo de esos
resultados no es tan clara. Esto se debe principalmente a la aplicación
relativamente reciente de las políticas, cuyos efectos se percibirán solamente
en el futuro. Vale la pena mencionar que la privatización está teniendo lugar
bajo la presión de déficits presupuestales que requieren de flujos de caja
inmediatos. Esto lleva a practicar la privatización al azar, sin siquiera
evaluar la factibilidad del caso. Además, la mayoría de los sectores
privatizados fueron rehabilitados y reestructurados para ser lucrativos antes de
su venta. La ausencia de comentarios estratégicos generales sobre las
consecuencias de estas políticas está relacionada con la incapacidad de las
sociedades civiles locales y de las ONG para supervisar el proceso de
privatización y recabar datos confiables.
Aunque se
espera que la privatización inyecte divisas a los presupuestos locales, la
primera consecuencia directa de estas políticas es el incremento de los déficits
presupuestales debido al descenso de los ingresos recaudados (Líbano, Túnez,
Egipto y Jordania). El descenso de lo recaudado se atribuye a la plena
aplicación del acuerdo del GATT, que exime de impuestos a las transacciones
generales y los aranceles aduaneros (Egipto, Marruecos). En algunos casos, esta
recaudación fue sustituida por un nuevo sistema impositivo, como el Impuesto al
Valor Agregado, que tiene un fuerte impacto social en la población.
La
privatización o el crecimiento económico no implican necesariamente una mejora
social o el desarrollo social sostenido. La finalidad de lucro en el proceso de
privatización ejerce presión para incrementar los márgenes de ganancia y reducir
los salarios. El descenso en los salarios afecta directamente el nivel de vida
de las clases media y baja, más sensibles al incremento del costo de la salud y
la educación, servicios que ahora son prestados por agentes privados o
semiprivados en algunos países (Líbano, Túnez, Marruecos).
Otra
consecuencia de las políticas de liberalización y privatización es la
incapacidad del sector público de competir con las instituciones extranjeras
debido a problemas estructurales encontrados por este sector en términos de
ingreso de capitales, eficacia y prestación de servicios. Algunos ejemplos
serían los sectores del turismo y de los servicios en Egipto, que padecen
fuertes desventajas competitivas con organizaciones internacionales que se
benefician de la experiencia, la planificación y la abundancia de efectivo. Esto
provoca la pérdida de participación de los servicios públicos en los mercados
locales, lo que los coloca directamente fuera de la esfera económica (Egipto,
Marruecos, Bahrein y Líbano).
La
participación de las mujeres en la fuerza laboral árabe sigue siendo menor, pero
está mejorando, con algunas excepciones (Sudán). El efecto negativo de la
privatización en la participación de las mujeres en la fuerza laboral del país
es evidente. Esto se debe a la necesidad de reducir el número de empleados con
la esperanza de mejorar la eficacia. La correlación entre la cantidad de
empleados y la eficacia general no siempre es válida, especialmente cuando otras
variables (como el nombramiento basándose en la afinidad política y no en el
mérito) afectan la productividad de los trabajadores. No obstante, al procurar
eliminar la mano de obra excedente, las políticas de privatización que apuntan
especialmente a los sectores de la salud y la enseñanza, donde predominan las
mujeres, afectan directa e injustamente a las mujeres. Ellas son las primeras en
ser despedidas en épocas de crisis, principalmente por razones culturales que
asignan a las mujeres roles de género específicos (Túnez, Marruecos).
Otra
consecuencia destacada de la privatización es su efecto negativo en el medio
ambiente. Debido al creciente alejamiento del Estado de las esferas económicas,
el mismo está menos capacitado para hacer cumplir las leyes que protejan el
medioambiente. Asimismo, debido al crecimiento de los niveles de pobreza
absoluta (90% en Sudán), la población está obligada a buscar medios alternativos
de supervivencia, generalmente a costas de la sostenibilidad ambiental.
Algunos modelos
específicos de privatización y liberalización
El informe
palestino de Social Watch de este año señala que el debate político sobre la
privatización está actualmente en espera, como resultado de la singular
dependencia de ese país en fuentes privadas o públicas para la prestación de
servicios básicos como la salud y el agua. Debido a la ausencia histórica y la
incapacidad crónica del Estado para proveer servicios a la población, los
palestinos dependen de las ONG extranjeras para los servicios sanitarios y del
gobierno israelí para el abastecimiento del agua para saneamiento y riego.
La
inestabilidad social interna tiene efecto directo en el modelo de privatización
de algunos países, como es el caso de Sudán. El gobierno federal de Sudán
comenzó la liberalización y la privatización ya en los años 70. Aunque el país
cumplía sus metas del pago de la deuda, instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no
podían reestructurar el servicio de la deuda ni reducirla debido a vetos
políticos y económicos externos contra el régimen de gobierno sudanés. Los
efectos negativos de las sanciones internacionales, junto con las consecuencias
negativas de la privatización, sólo fueron acentuados por el conflcito civil
interno, que llevó la pobreza extrema a niveles alarmantes.
Hacia una alianza internacional contra la guerra y una globalización alternativa
En virtud de
esta compleja realidad y de los peligrosos cambios geopolíticos que enfrenta la
región, existe la necesidad de que las organizaciones árabes de la sociedad
civil, a través de movimientos sociales y ONG, participen del proceso de
decisiones políticas y de la supervisión de las políticas nacionales que
conduzcan a economías y servicios más liberalizados. Deben luchar para alcanzar
la justicia social basada en el respeto de los derechos humanos, la democracia,
la participación, la autonomía del sistema y las instituciones judiciales y la
protección del ambiente.
La consecuencia
principal de la privatización y la transferencia insuficiente, incoherente y
poco transparente de propiedad al sector privado es el incremento del
sufrimiento de la población. Por consiguiente, es necesario reformular las
políticas nacionales basadas en la transparencia y la responsabilidad. Deben
fortalecerse las organizaciones de la sociedad civil e instaurarse sistemas
democráticos para asegurar que la propiedad no se transfiera a terceros
relacionados con los funcionarios de gobierno, y que los ingresos del Estado no
sean empleados en forma indebida.
Además, deben
reforzarse las relaciones entre ONG, movimientos sociales y sociedades civiles
del Norte y aquellas de los países árabes. Son necesarias alianzas regionales
fuertes con organizaciones internacionales importantes, basadas en la clara
comprensión de la globalización liberal y sus amenazas. Esto debe acompañarse
con una visión de alternativas posibles fijada por coaliciones populares.
Deben hacerse
las gestiones para construir un mundo diferente donde reinen la paz, la
justicia, la libertad y la democracia.
Otro mundo
árabe es aún posible.
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