1999
Después de Beijing
Bharati Sadasivam
Women’s Environment and Development Organization (WEDO)
En 1998, el derrumbe dramático de las economías "milagrosas" del sudeste asiático ha centrado la atención del mundo en las consecuencias humanas y sociales del crecimiento económico descontrolado. El derrumbe de las elogiadas economías de los tigres asiáticos (Corea del Sur, Malasia, Tailandia e Indonesia), durante tanto tiempo presentadas como éxitos estelares del Consenso de Washington por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ha puesto de manifiesto los desbalances latentes y las desigualdades del crecimiento económico librado al juego del mercado. Aún más significativo es el reconocimiento público, por parte de los medios de comunicación de masa, del impacto catastrófico de la crisis financiera sobre las mujeres. Según informes provenientes de todos los países de la región asiática, las mujeres son las primeras en ser despedidas, cada vez más éstas abandonan la escuela y el liceo, disminuye su calidad alimentaria y la condición de las niñas, aumenta la violencia doméstica como resultado de las angustias financieras, y aumenta la prostitución. En setiembre de 1998, un informe del Banco Mundial describió la "crisis humana" en estos términos: "Se retira a los niños de las escuelas y se los pone a trabajar; la comida es racionada... y las mujeres y las niñas son muchas veces las primeras en sacrificar sus porciones; la violencia y el número de niños de la calle, así como la prostitución, van en aumento".(Banco Mundial, El Este asiático: camino a la recuperación (orig. inglés: East Asia: the road to recovery), citado según Abid Aslam, "El Banco Mundial reorienta su rol en Asia" ("World Bank Reasserts Role in Asia"), Terra Viva, InterPress Service Daily Journal, 30 de setiembre de 1998.)
Tuvo que ocurrir una
crisis de tales proporciones en una de las regiones de mayor crecimiento del
mundo para que quedara aún más evidente el impacto de la crisis económica sobre
las mujeres.1 El subsiguiente diagnóstico y análisis del desastre por parte de
los expertos financieros y los gurús económicos llegó incluso a revelar la
incorrección de elementos centrales de la política macroeconómica, tales como el
crecimiento inducido por las exportaciones y los ajustes estructurales,
recetados durante años por el Banco y el Fondo como motores del crecimiento. El
informe citado del Banco señaló que: «desde el principio, en todos los países
afectados se recortaron los presupuestos como parte del proceso de ajuste
macroeconómico. Mientras en algunos países los objetivos fiscales ya han sido
ajustados, los servicios públicos aún podrían sufrir recortes ... de particular
preocupación son los efectos potencialmente irreversibles de los recortes
en la inversión en recursos humanos (énfasis agregado)».
Dichas declaraciones son
importantes y deberían haber sido hechas hace mucho tiempo, pues son un avance
en cuanto al reconocimiento del impacto de género de la crisis económica.
Pero aún no llegan a reconocer lo que las mujeres activistas, economistas e
investigadoras han manifestado insistentemente a lo largo de más de dos décadas:
que los ajustes estructurales y la globalización económica no afectan a hombres
y mujeres por igual y que en muchos casos tienen un efecto intrínsecamente
discriminatorio contra las mujeres. Quizás el impacto de género de tales
políticas macroeconómicas no sea igualmente negativo en todos los países, clases
y economías, pero tampoco se debe permitir que su impacto oscurezca el hecho de
que el historial de muchos países en vías de desarrollo en materia de
inversiones sociales ya había sido pésimo con anterioridad al ajuste
estructural. Sin embargo, dos décadas después de la introducción de los
programas de ajuste en la mayoría de los países en desarrollo, es innegable que
la reestructuración ha exacerbado –y hasta legitimado– la falta de voluntad
política de los gobiernos de crear los espacios y los medios presupuestales para
enfocar los motivos de preocupación de las mujeres. En todas las regiones del
mundo fueron las mujeres, en tanto trabajadoras, productoras, consumidoras,
madres y cuidadoras, quienes han absorbido los efectos de los esfuerzos del
ajuste. Ellas han asumido una carga desproporcionada de los costos de la
transición, así como del derrumbe económico.
En realidad, el impacto
debilitante de la globalización económica y de los programas de reestructuración
sobre la vida de las mujeres –tal como se desprende de los informes de un número
creciente de mujeres activistas y ONG de todo el mundo– genera la preocupación
de que, aun cuando el edificio de Beijing esté creciendo, se esté edificando
sobre suelo movedizo. Por un lado, según una encuesta de WEDO realizada en marzo
de 1998 entre los países que asistieron a la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer, más de dos tercios de los 187 gobiernos del mundo que adoptaron la
Plataforma de Acción de Beijing informaron sobre la elaboración de planes
nacionales de acción, así como planes provisorios para la implementación de la
Plataforma.2 Por el otro, como
resultado de la globalización económica y de las políticas de crecimiento
impulsadas por el mercado, el derecho de la mujer a la salud, la educación y la
igualdad de oportunidades, reconocidos en una serie de documentos políticos
globales y de acuerdos vinculantes a nivel internacional, están bajo ataque hoy
más que nunca.
Las cuentas cuentan
La asignación de recursos
para la implementación de planes nacionales de acción para la mujer suelen ser
un buen indicador de la seriedad de intenciones o de la capacidad de los
gobiernos para cumplir con los compromisos en materia de desarrollo humano.
La encuesta realizada por WEDO encontró que desde 1995 los recortes
presupuestales varían entre un promedio de 20% (Alemania) y un catastrófico 60%
(Guatemala). En Canadá, el presupuesto nacional destinado a programas para
la mujer ha sido recortado de 12 millones de dólares canadienses antes de 1990 a
8,1 millones en la actualidad, es decir, menos de un dólar canadiense por mujer
y niña. En la mayoría de los países, el presupuesto destinado a los programas
para la mujer constituye solamente un pequeño porcentaje del presupuesto
nacional, que varía entre 1,7% (Lituania) y un punto casi invisible en el
presupuesto total (República Dominicana y Filipinas).
Solamente ocho países
informaron un verdadero descenso, en tanto que algunos gobiernos, entre ellos el
de los Estados Unidos, el del Reino Unido y el de Nueva Zelanda, resaltaron las
dificultades para la evaluación del presupuesto destinado a los programas para
la mujer. Mencionaron la falta de datos desagregados según criterios de género
y/o la introducción de políticas generales que exigen a todos los ministerios y
departamentos que sus gastos respondan a las necesidades de género.
Sin embargo, como lo han
señalado algunas ONG perspicaces, el análisis sectorial del gasto de gobierno
puede ser muy revelador en cuanto a las prioridades reales. En Sudáfrica,
los recortes presupuestales en el Departamento de Tierras han tenido un impacto
negativo sobre la reforma agraria, afectando en primer lugar a la mujer. El
presupuesto de agricultura continúa apoyando al granjero comercial a expensas de
los pequeños productores, que en su mayoría son mujeres. Más de la mitad del
presupuesto de energía se destinó a la Corporación de Energía Nuclear («Atomic
Energy Corporation»), en vez de orientarlo hacia la electrificación de las
comunidades.
De un total de 90
países informantes de la encuesta, 27 dijeron que el presupuesto para programas
para la mujer había crecido desde la conferencia de Beijing. El incremento se
situó entre 6% en la India y 25% en Nueva Zelanda, llegando a 34% en Luxemburgo.
En un número casi idéntico de países (28), el presupuesto se mantuvo inalterado.
Formas de la violencia
Hay una creciente
evidencia de que la globalización de la industria del sexo comercial es un
aspecto aberrante de la globalización de las economías, que contribuye al
fenómeno de la violencia contra de la mujer. Con la apertura de fronteras y
mercados y la acentuación de las disparidades entre las regiones y las clases,
un número creciente de mujeres, así como de niños y niñas muy jóvenes, se
convierten en víctimas de un comercio sexual cada día más amplio y más
enraizado. Después de las mujeres asiáticas, la segunda oleada arrastra a
mujeres de los países del Este europeo y de la ex Unión Soviética,
convirtiéndolas en los objetos más recientes de la compra y venta, en el marco
de un negocio altamente organizado y lucrativo a escala mundial, como lo es el
negocio del sexo. Esta explotación criminal de las mujeres, alimentada por las
fuerzas de la globalización económica, convierte en una burla el reconocimiento
que tanto les costó, de la igualdad con sus compañeros varones en el ámbito del
desarrollo y la paz.
En su mayoría, las leyes
destinadas a impedir el tráfico y la explotación sexual comercial de mujeres y
niños, así como la pornografía, se caracterizan por medidas tímidas y doble
discursos, reflejando de esta manera la capitulación de muchos gobiernos ante la
atracción de la industria turística, el control de poderosos intereses mafiosos
y la imagen que de la mujer difunden los medios populares. Estas tendencias
preocupantes se ven con particular claridad en las Filipinas, Tailandia, Ucrania
y Bulgaria.
En los casos en que se han
logrado cambios positivos en las políticas, éstos han sido el resultado de los
esfuerzos incansables de mujeres y defensores de los derechos de la infancia,
que han llevado a diferentes niveles de penalización del tráfico sexual. En
Japón, ni el Código Penal ni el Código del Niño reconocen la ofensa sexual como
un delito grave. Mujeres parlamentarias del partido mayoritario están
promoviendo una iniciativa con el fin de introducir leyes que prohiban la
explotación sexual de niños y niñas. La Ley Penal Complementaria de Nueva
Zelanda, aprobada en 1995, introduce la figura del acto criminal
extraterritorial referido al abuso sexual por ciudadanos de Nueva Zelanda en el
exterior. Reformas al Código Penal de Cuba, introducidas en 1997, no penalizan a
las prostitutas, pero imponen penas a todos aquéllos que se benefician de la
prostitución.
Ha habido escaso
reconocimiento de otras formas de violencia económica que afectan a las mujeres.
Una notable excepción ha sido Costa Rica, en donde las activistas ganaron una
victoria importante al lograr el reconocimiento de la violencia patrimonial,
es decir, violencia económica, que consiste en quitarle a la mujer la
posibilidad de trabajar y el acceso a la vivienda y los recursos económicos.
Costa Rica fue uno de los 28 países mencionados en la encuesta de WEDO que
adoptaron leyes y políticas contra la violencia doméstica, el mayor número en
cualquier categoría. En su mayoría, y sobre todo en América Latina, estas
leyes son el resultado directo de las intensas y sostenidas campañas de las
mujeres para colocar la violencia contra la mujer en el centro del debate
público. Las mujeres activistas negociaron con los gobiernos, formaron
alianzas estratégicas con mujeres parlamentarias, colaboraron en la elaboración
de proyectos de ley, controlaron su implementación por la ley y la
interpretación por parte de las cortes y presionaron para que se establecieran
centros de apoyo para víctimas de la violencia.
En una iniciativa singular
en Corea del Sur, la línea telefónica de ayuda a las mujeres coreanas creó otra
línea de ayuda realtiva al FMI durante la crisis económica de 1998 para
responder a las necesidades de asesoramiento de las mujeres ante el creciente
desempleo y la mayor violencia en el hogar debido a los problemas financieros.
Tanto en los países en
vías de desarrollo como en las naciones industrializadas, el acceso de las
mujeres a la salud en general está en peligro debido a los recortes de los
gobiernos en diversos rubros sociales, como parte de las exigencias del servicio
de la deuda y/o medidas de austeridad presupuestal. El acceso a la salud es uno
de los indicadores más sensibles acerca del bienestar de la mujer, en razón de
la preponderancia de ésta como uno de los grupos más vulnerables de la
población. Por regla general, las mujeres y las niñas tienden a beneficiarse de
los gastos para salud de los hogares en una proporción relativamente menor que
los hombres y los niños, pero deben asumir una carga mayor de los problemas de
salud, tanto propios como de los demás integrantes de la familia que ellas
cuidan. Disfrutan de menos libertades a la hora de ocuparse de su salud. Se
encuentran menos dispuestas a dejarse atender por médicos hombres y menos
capaces de buscar tratamiento afuera, debido a la división de tareas en el
hogar.
Las políticas que tienen
un impacto en los servicios de salud, tales como la introducción de pagos por
parte de los usuarios y los cambios en materia de personal (como resultado de
las políticas de ahorro en los sectores de la salud pública, se eliminan más
puestos de trabajo ocupados por mujeres que por hombres), afectan
desproporcionadamente a las mujeres. Estos modelos se repiten en todos los
países con ajustes en las diferentes regiones, como lo demuestran los informes
de la encuesta de WEDO. En Canadá y los Estados Unidos, las mujeres son
afectadas por los despidos masivos de los empleados de la salud, la reducción de
las camas en los hospitales y la privatización de los cuidados a domicilio y
otros servicios.
Empleo, maquila y
educación
Los recortes en el cuidado
infantil público y otros servicios de apoyo a la mujer, introducidos como parte
de la transición de una economía centralizada a una de mercado en el Este de
Europa y Asia Central, han afectado especialmente las posibilidades de las
mujeres de competir en el mercado de trabajo. Las mujeres son también un número
desproporcionado de los desempleados, debido a su preponderancia en los empleos
de nivel inferior, a la preferencia por los hombres en los niveles más altos y
especializados y al cierre de fábricas bajo la privatización. Se estima en 70%
el desempleo femenino en Armenia, Ucrania, Rusia, Bulgaria y Croacia. Además, la
incapacidad del estado para asegurar el financiamiento de beneficios otorgados
según nuevas leyes que buscan proporcionar apoyo a madres y mujeres embarazadas
trabajadoras (como en Croacia y Ucrania) ha llevado a que la mujer resulte
demasiado cara para ser contratada.
Los recortes en los gastos
públicos, uno de los pocos sectores en donde las mujeres tienen acceso a
trabajos de tiempo completo, sindicalizados, con un pago decente y beneficios,
también están teniendo un impacto en las naciones industrializadas. Las mujeres
en el sector público han sufrido despidos importantes y/o pérdida de beneficios
en Canadá y los Estados Unidos, siendo las pertenecientes a las minorías étnicas
y aborígenes las más golpeadas.
En la economía global, el
acceso a la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración en el
trabajo, así como los derechos laborales y de organización, han sufrido un
proceso de fuerte erosión. Difícilmente esto podría ser más evidente que en
las «zonas industriales para la exportación», que se han desarrollado
como hongos en países en proceso de ajuste y donde predomina la mano de obra
femenina. Esta feminización del empleo, generalmente interpretada como un
resultado positivo del ajuste estructural, es en realidad el resultado de la
demanda internacional y local de fuerza de trabajo barata, dócil, que se puede
emplear en trabajos de baja calificación, repetitivos, en condiciones inseguras,
sin un mínimo de garantías. Un informe reciente de la Organización Internacional
del Trabajo acerca de las «zonas francas», publicado después de una
investigación de 20 años acerca del fenómeno, concluyó que éstas atraen
inversiones y generan trabajo, siendo a la vez enclaves de bajos salarios y
condiciones de trabajo de explotación. Las mujeres constituyen el 90% de los
27 millones de personas que trabajan en la actualidad en casi 850 de estas zonas
en el mundo.
Malasia, la República de
Corea del Sur, Filipinas, India, Sri Lanka, Egipto y México pertenecen al grupo
de los países en los que se encuentra un número creciente de mujeres explotadas
por el mercado global.
Las ONG de Sri Lanka
señalan que las relaciones comerciales con países importadores tienen un impacto
directo en las oportunidades de empleo de la mujer, sobre todo en las «zonas
francas» y en las industrias que producen bienes destinados principalmente a la
exportación. El incremento en los impuestos para las exportaciones a países como
los Estados Unidos, por ejemplo, vuelve muy vulnerable la situación de estos
trabajadores.
Economías enteras, como la
de las Filipinas, se benefician de los ingresos de mujeres migrantes con empleo
en el exterior, que envían remesas de vital importancia a su país, sin que éstas
se reconozcan como parte del intercambio de servicios. Como resultado, son
forzadas a trabajar en la ilegalidad y a sufrir violaciones graves de sus
derechos humanos, que van desde condiciones de trabajo inhumanas hasta el
asesinato.
Al igual que en la salud y
el empleo, el sector de la educación ha sufrido recortes drásticos bajo el
ajuste estructural, lo que ha tenido graves consecuencias para las niñas. En los
lugares donde anteriormente la enseñanza primaria y secundaria había estado
subsidiada por el estado, la introducción de pagos obligatorios en la enseñanza,
bajo programas de recuperación de costos, ha resultado en que las familias ahora
tengan que elegir entre la escuela y el trabajo para sus hijos, y son las niñas
la mayoría entre los que abandonan. Informes provenientes de Ghana, Zimbabwe,
Kenia y Armenia confirman esta tendencia. En la India, un recorte del 14% del
gasto del gobierno en la educación primaria ha obligado a muchas escuelas a
buscar fondos privados. La creciente privatización de la enseñanza ha hecho que
la educación se constituya en una opción muy cara para los hogares más pobres.
Al mismo tiempo, un recorte presupuestal del 17% para la educación no formal ha
llevado al cierre de muchas escuelas nocturnas y programas de educación para
adultos, a los que asistía un elevado número de mujeres trabajadoras.
La fuerza de las
mujeres
Las políticas
macroeconómicas, tales como el ajuste estructural, la privatización, las
políticas de crecimiento orientadas a la exportación y la «reforma» agrícola,
han exacerbado la desigualdad de género en muchas áreas, aunque sólo una pequeña
minoría de gobiernos reconoce el hecho y son aún menos aquéllos que tienen
programas para compensar tales impactos.
A pesar de estas
condiciones económicas desalentadoras, las noticias sobre la implementación
gubernamental de la plataforma de Beijing son en muchos casos buenas y responden
a los intereses de las mujeres, lo que constituye un tributo al activismo
inagotable y al compromiso político de éstas. 77 de los países analizados en la
encuesta de WEDO respondieron haber establecido oficinas nacionales para hacer
un seguimiento de los compromisos asumidos en Beijing. 64 países aprobaron leyes
y adoptaron medidas políticas para abordar los derechos de las mujeres en las 12
áreas críticas de preocupación identificadas en la PAM.
Muchas de estas medidas
han sido el resultado de un involucramiento activo y una posición crítica
vigilante por parte de las ONG de mujeres. Han sido un factor fundamental en la
aprobación de leyes equitativas y en la eliminación de disposiciones
discriminatorias en la mayoría de los países. Las campañas en defensa de sus
derechos han tenido su impacto más visible en la aprobación de leyes en materia
de violencia doméstica, tráfico de mujeres y niños, salud reproductiva,
participación política y derechos de propiedad.
Ya sea que hayan sido
invitadas con sinceridad o hayan sido admitidas a regañadientes a participar en
la arena política, las organizaciones de mujeres están aprovechando cada
oportunidad para moldear y criticar aquellos programas y políticas que afectan
sus vidas. Su vehemente compromiso es aún más notable en aquellas partes del
mundo en donde el ambiente cultural y político ha desalentado tradicionalmente
tal participación y donde la sociedad civil es aún un concepto en evolución,
especialmente si se tienen en cuenta las tremendas limitaciones financieras y
físicas bajo las que trabajan dichas ONG.
En los lugares donde los
planes de acción son más «planes» que «acción», la encuesta mostró que entre las
principales razones de la falta de progreso se encuentran las fuerzas de la
globalización económica y las medidas de austeridad adoptados por el gobierno
para el servicio de la deuda. La presión resultante de la intensa acción llevada
a cabo por parte de las mujeres activistas es lo que ha impulsado a los
gobiernos de varios países a integrar las prioridades de las mujeres en las
políticas nacionales, en especial para combatir la pobreza y para asegurar las
necesidades básicas en varios países, en tanto que en otros ha servido para
aprobar leyes en áreas difíciles como la violencia, la salud y la herencia.
El objetivo de WEDO para
llevar a cabo la encuesta sobre la que se basa el presente artículo, al igual
que en todos sus esfuerzos de seguimiento de la implementación de los acuerdos
de la conferencia de la ONU, es ayudar a fortalecer a las mujeres activistas en
sus países para exigir la rendición de cuentas a los gobiernos y otros decisores
acerca de la implementación de políticas a todo nivel, centradas en la gente y
con conciencia de género, que afectan a las mujeres. El proveer a las ONG de un
foro independiente para criticar el desempeño del gobierno asegura que las
afirmaciones del mismo puedan ser cuestionadas y abre espacios para el diálogo
político. Un marco para la evaluación crítica ayuda a las ONG a construir una
perspectiva política y a poner a punto sus habilidades, fomentando la vigilancia
por parte de la sociedad civil.
El ver el mundo a través
de los ojos de las mujeres nos aporta un contexto realista para ver la acción y
la palabra oficiales. Las evaluaciones de avance por parte de las autoridades
del gobierno (aún abrumadoramente masculinas) deben ser leídas muy de cerca, a
partir de los puntos de vista de las vidas de las mujeres a nivel de base.
Los informes de gobierno que no contienen la voz informada de las ONG resultan
por ello aún más pobres. Las respuestas de las ONG traen consigo la voz
crítica de los esfuerzos de monitoreo ausentes en los informes oficiales de los
gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas. Las voces de las mujeres de
las ONG no sólo vuelven más vivos estos informes de avance, sino que además los
enriquecen haciendo un chequeo vital con la realidad, justificando así las
estrategias de seguimiento que involucran en igual medida a los gobiernos y a la
sociedad civil.
Finalmente, esta
iniciativa de seguimiento vincula la presión internacional con los esfuerzos
nacionales a través de la información, la solidaridad y la construcción de
alianzas efectivas. Constituye por lo tanto un arma potencialmente poderosa para
fortalecer la capacidad del movimiento de mujeres para construir una base
política nacional e internacional, que resulta crucial para generar la voluntad
política para el cambio.
Notas:
1
Véase, por ejemplo, Nicholas D. Kristof, «La compresión de las economías
asiáticas margina a las mujeres» (orig. inglés: «With Asia’s economies shrinking,
women are being squeezed out»), The New York Times, 11 de junio de 1998.
2 Un mapeo de los avances: evaluación de la implementación de
la Plataforma de Acción de Beijing por los gobiernos (Mapping Progress:
Assessing Government implementation of the Beijing Platform for Action).
Quinto informe de la serie de publicaciones de WEDO desde 1996. Véase también:
¿Promesa cumplida, promesa sin cumplir?: encuesta entre los gobiernos sobre
los planes nacionales de acción destinados a implementar la Plataforma de
Beijing (Promise Kept, Promise Broken?: A Survey of Governments on National
Action Plans to Implement the Beijing) (marzo y setiembre de 1997), Más
allá de las promesas: los gobiernos en movimiento un año después de la
Conferencia de la Mujer de Beijing (Beyond Promises: Government in Motion One
Year After the Beijing Women’s Conference) (setiembre de 1996), y Los
primeros pasos: ¿Qué avances hubo desde Beijing? (First Steps: What Has Happened
Since Beijing) (marzo de 1996). Previo a todos estos informes, WEDO envió un
cuestionario a todos los gobiernos signatarios de la Plataforma de Beijing, así
como a diferentes ONG en estos países, para que ofrecieran una evaluación
independiente de la actuación de los gobiernos. Por intermedio de sus misiones
permanentes en las Naciones Unidas, WEDO se puso en contacto con los gobiernos,
y agencias gubernamentales relevantes en las capitales de los países.
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