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Los indicadores sociales asociados a la pobreza también revelan una situación negativa: la prevalencia de hambre y malnutrición continúa siendo alta. Más de 800 millones de personas pasan hambre y 190 millones de niños tienen peso inferior al normal. Éste es un déficit alimentario cotidiano, crónico. El porcentaje de los niños menores de cinco años con peso inferior al normal es de 30%1 en el promedio de los países en desarrollo. El analfabetismo femenino alcanza al 38%. Más del 30% de la población del África subsahariana tiene hoy día una esperanza de vida menor a los 40 años. Las perspectivas de crecimiento no ofrecen horizontes promisorios: el consumo se ha estancado en América Latina, África del Norte y Cercano Oriente y ha disminuido en África subsahariana. Si el crecimiento se desacelera en los próximos años, es probable que la situación de la pobreza se agrave. Se vuelve particularmente grave en el Sudeste asiático, África y América Latina. En el Sudeste asiático, los analistas estiman2 que la pobreza se duplicará como consecuencia de la crisis de los países y que la distribución del ingreso empeorará. El número de personas viviendo bajo la línea de pobreza en los países afectados por la crisis subirá de 40 a 90 millones de personas, como resultado directo del colapso económico iniciado en Tailandia a mediados de 1997. En el peor de los escenarios posibles, el número de personas en situación de pobreza en Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia será más del doble entre 1997 y 2000. En América Latina, el continente más desigual del mundo, la pobreza ha aumentado en números absolutos. Las estadísticas del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina indican que el número de pobres se incrementó en unos tres millones por año durante la primera mitad del decenio de 1990. En Argentina, Perú, Paraguay, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana, la pobreza ha aumentado también en términos relativos. Y esto, en un contexto de crecimiento económico y de superación del estancamiento de la década de 1980. Algunos estudios3 indican que las bajas expectativas de crecimiento económico de América Latina en el mediano plazo y los débiles esfuerzos por eliminar los factores generadores de desigualdad no alcanzarán para reducir la pobreza en los próximos diez años. Las tendencias hacia un aumento de la pobreza en África no parecen ser superables en el mediano plazo. Esta pobreza es fundamentalmente rural, de larga data, y está relacionada con la bajísima inversión en «capital humano» que han realizado países que no han logrado aún consolidarse como naciones. La pobreza en estos países evidencia una alta fluctuación, dependiendo de circunstancias relacionadas al entorno físico y a la disponibilidad de recursos naturales. Los problemas del medioambiente, crecientes, los afectan especialmente. La constante disminución de la superficie cultivable por persona, el agotamiento de las tierras y la degradación de inmensas superficies forestales, producida por la necesidad de usar las fuentes naturales de energía como la leña, contribuyen a la inseguridad alimentaria y hacen del problema del hambre y de las epidemias fenómenos difícilmente erradicables. Estudios llevados a cabo por UNICEF muestran asimismo que la pobreza tiende a empeorar4 y que, aun en los países donde la proporción de pobladores pobres ha disminuido, quienes viven en condiciones de pobreza extrema han sufrido una reducción de sus niveles de vida. El Cuadro 2 muestra un resumen de aquellos países para los que se dispone de dos datos correspondientes al período 19905 –último dato disponible. Repensando la pobreza: problemas de medición que dificultan el seguimiento El objetivo de reducir la pobreza ha llevado a un intenso debate acerca de sus causas, sus características y sus dimensiones. Muchos esfuerzos se han hecho desde entonces para definir un concepto que revele la multiplicidad del fenómeno. Las definiciones de ingreso se han complementado con definiciones de pobreza a partir de la concepción de «necesidades básicas insatisfechas», y el propio PNUD acuñó el término «pobreza humana» para definir la pobreza en términos de sus resultados sobre las condiciones de vida de las personas. Las medidas de pobreza a nivel de los países están comúnmente basadas sobre niveles de consumo o ingreso: una persona es considerada pobre si su consumo o ingreso cae por debajo de cierto límite necesario para satisfacer necesidades básicas. Este nivel mínimo se llama la «línea de pobreza». Como lo que se requiere para satisfacer las necesidades varía de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo, cada país usa su línea de pobreza, apropiada a su nivel de desarrollo, a sus normas sociales y a sus valores. Las encuestas nacionales son las que generan estas informaciones. También hay medidas de pobreza a nivel global, usando una misma definición de línea de pobreza, a los efectos de estandarizar las comparaciones entre países: el Banco Mundial usa la línea de referencia de 1 dólar o 2 dólares al día.
Las formas de conceptualizar la pobreza que incorporan otras dimensiones además del ingreso responden a nuevos esfuerzos que han sido realizados en estos años. Uno de ellos es la definición de «pobreza humana» como la carencia de las capacidades humanas esenciales, como la alfabetización y una nutrición suficiente. Sin embargo, el compromiso de contar con información confiable sobre pobreza está lejos de cumplirse. A la enorme escasez de datos disponibles para todos los países y fechas similares, se suma el «gap» existente entre la información que los países producen y la información que nos proporcionan los organismos internacionales. Finalmente, los diversos esfuerzos realizados para medir la pobreza introducen un problema adicional en el seguimiento de los acuerdos realizados: la enorme dificultad de manejarnos con medidas que arrojan resultados tan dispares como los que muestra el Cuadro 3. Las estrategias de erradicación Los gobiernos de 185 países se comprometieron a generar estadísticas confiables para medir la pobreza y a desarrollar planes adecuados para su erradicación. Según la encuesta realizada por el PNUD en 130 países, en un 33% de los casos (43 países) se están realizando planes nacionales contra la pobreza y en un 27% (35 países) la lucha contra la pobreza está incluida en la planificación nacional. En 40 países, se están preparando planes con tal fin. Varios países tienen metas con años establecidos: 15 países en África, 12 en Asia/Pacífico, 2 en los Estados árabes, 7 en Europa oriental/CEI y 8 en América Latina tienen objetivos de reducción de la pobreza extrema ya definidos. Con la excepción de algunos países,6 aquéllos que tienen definición de objetivos de pobreza definidos son los mismos que tienen ya planes en ejecución. Los datos se presentan en el Cuadro 4. Muchos países han definido sus estrategias de lucha antipobreza y han definido objetivos específicos, con años y metas: en total, hoy se cuenta con 37 países que tienen objetivos de erradicación de la pobreza definidos, la mayoría de ellos en el Sudeste asiático y Pacífico y en África. En América Latina, sólo Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Trinidad y Tabago tienen objetivos de reducción de la pobreza, y sólo en el caso de Panamá se plantea una reducción a 0%. Sin embargo, los números nos muestran que, aunque se han logrado avances importantes en materia de definición de la pobreza y en la definición de las estrategias necesarias para combatirla, en la mayor parte de los países del mundo aún no hay metas definidas ni plazos para su erradicación. Los contextos en que la pobreza parece más difícil de erradicar (la pobreza rural de los países africanos y del Asia meridional, la pobreza urbana de América Latina) no van a ser removidos en el corto plazo. Lecciones de la experiencia para no repetir errores Muchos estudios realizados sobre estrategias de combate a la pobreza han sugerido que el uso de dos estrategias complementarias, dependiendo del tipo de problemática de cada país, tendrá impactos benéficos sobre la reducción de la pobreza:7
Una primera estrategia –la más eficaz, según las evaluaciones del PNUD, UNICEF y Banco Mundial– es el fortalecimiento de las capacidades humanas y la inversión en capital humano, a través de la universalización del acceso a los servicios sociales básicos (SSB). Todos los estudios han sugerido que la inversión en educación básica (especialmente en mujeres y niñas) y salud tiene impactos extendidos y altamente positivos para las poblaciones en general en situación de pobreza. Sin embargo, no todos los países destinan los recursos suficientes para lograr este objetivo. La Iniciativa 20/20 surgió a estos efectos, como un pacto entre países en desarrollo y naciones industrializadas para asignar, como promedio, un 20% de los presupuestos de los primeros y la asistencia oficial para el desarrollo de los segundos a los SSB (educación primaria, atención primaria a la salud, acceso a agua potable y saneamiento, alfabetización de adultos, salud reproductiva). Sin embargo, los países están muy lejos de haber alcanzado estos niveles de asignación. El acceso a los SSB tiene impactos positivos sobre la reducción de la pobreza cuando se le sostiene en el tiempo: el «capital humano» requiere una inversión sostenida. Para ello se precisan capacidades institucionales y recursos adecuados. Los recursos deberían obtenerse a través de un incremento en el gasto público destinado a tal fin, del mejoramiento de la eficiencia en la asignación de ese gasto, así como de una ayuda externa adecuada. Aunque muchos estudios señalan que el gasto público social en SSB puede mantenerse, aun a pesar de coyunturas económicas severas, las lecciones de la experiencia enseñan que las políticas de ajuste y recorte al gasto público han ido acompañadas, en general, de recortes en el gasto público social y del deterioro de los servicios públicos en general y, en particular, de los servicios públicos en el área social. Por consiguiente, la experiencia enseña que, más allá del postulado normativo de aumento de la eficiencia y de la eficacia en los servicios sociales, los ajustes han sido negativos en términos de desarrollo social y sólo en casos excepcionales estos ajustes implicarán medidas positivas. En cuanto a los impactos del gasto, los análisis generados por la Iniciativa 20/20 muestran que los más pobres se apoderan en menor medida de los beneficios del gasto público en salud y educación que los de mayores ingresos. Por consiguiente, para lograr una distribución más equitativa de los beneficios, estos estudios sugieren hacer transferencias intrasectoriales del gasto en beneficio de los SSB. Esto va de la mano con las recomendaciones de los organismos multilaterales en dirección de una «privatización» de servicios sociales tales como atención terciaria a la salud o educación secundaria y terciaria. Sin embargo, la experiencia acumulada obliga a ser extremadamente cuidadosos con tales afirmaciones. Lo que se debe buscar es mayor efectividad para que los sectores de menores ingresos usufructúen este gasto, no un recorte del gasto público social que no va a SSB pero que contribuye a la formación de «capital humano». Esto encubre un dilema de «falsa equidad». Lo que se debe buscar es una mayor transferencia intersectorial: por ejemplo, del gasto en defensa hacia los SSB. Los servicios de deuda son a menudo muy superiores al gasto que estos países realizan en SSB.
Finalmente, los estudios sugieren que se deben crear capacidades institucionales para implementar estas estrategias, y esto hace al fortalecimiento de la capacidad del Estado, tan debilitado por una década de reformas que han redundado en su insustentabilidad financiera sin haber logrado mejorar su desempeño. Sólo el Estado puede asegurar la sustentabilidad en el tiempo de estas políticas. Todo parece indicar que se afirma un clima «post–consenso de Washington», destinado a revalorar el papel de las instituciones políticas, y del Estado en particular, aunque más no sea para «crear un entorno favorable» al mercado. Algunos títulos sugestivos, como Beyond the Washington Consensus: Institutions Matters,8 muestran que hacia fin de siglo los impactos de la crisis asiática y la insustentabilidad económica y financiera de buena parte de las experiencias de «transición hacia economías de mercado» (empezando por los países del ex bloque soviético y terminando con las experiencias truncas en África) han obligado a los gobiernos a repensar el tema del Estado. Sin embargo, para los países más pobres, las capacidades del Estado son mínimas y la corrupción máxima. Las capacidades institucionales deben ir de la mano de una afirmación de la transparencia del Estado. En muchos de los países en desarrollo, sino en la mayoría, la falta de una ciudadanía plena y el escaso desarrollo del Estado han redundado en altísimos niveles de corrupción que tienden a obstaculizar el acceso de las poblaciones carentes a los recursos disponibles. Las recientes tragedias en Honduras y Nicaragua han puesto como nunca de manifiesto este drama. Para que los pobres tengan acceso a los recursos básicos es necesario asegurar canales de transparencia. Aquí el rol de las ONG se ha revelado fundamental. Una segunda estrategia tiene que ver con la forma en que el crecimiento genera oportunidades de ingreso para los sectores de menores ingresos, en especial, empleos. Sin embargo, los nuevos modelos de acumulación, la movilidad de capitales, las estrategias de ajuste (en particular, la reducción del gasto público) y las formas de inversión de capital externo no contribuyen a la creación de empleo. Más aún, el desempleo es visto como un «costo» de la aplicación de las políticas de ajuste. Los problemas derivados del desempleo, del aumento de la pobreza y del incremento de la desigualdad han reclamado una vuelta a los formatos keynesianos, otrora tan criticados, de inversión pública en infraestructura: además de crear empleo, estos programas ayudan a extender la infraestructura a las poblaciones más pobres. Las políticas de creación de empleo deben tener en especial consideración las características de la pobreza: políticas de dinamización del sector agrícola son indispensables cuando la pobreza es fundamentalmente rural y políticas que dinamicen la creación de empleo urbano son indispensables en contextos de pobreza urbana. El empleo debe implicar además un mínimo de cobertura y salarios, como condición para la erradicación de la pobreza: las experiencias de la maquila en América Central no parecen positivas desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, y en muchos casos implica un retroceso en la lucha por los derechos humanos. ¿Quiénes son y cuánto participan? Las acciones tendientes a erradicar la pobreza en el mundo deben tomar en cuenta que no hay una sino muchas pobrezas. La pobreza no es la misma en todos lados y, por consiguiente, medidas que beneficien a los más pobres deben tomar en cuenta la realidad de cada país: en particular, quiénes son los más afectados por la pobreza, la desigualdad y la marginación social. Como muestra el Cuadro 6, la pobreza es siempre mucho más alta en zonas rurales que en el total. Sin embargo, la especificidad de la pobreza rural difiere de la urbana, y ésta es muy alta en algunos contextos como en América Latina. En la mayoría de los países del África subsahariana, Asia oriental y el Pacífico, más de un 60% de la población está empleada en la agricultura, con bajísimos niveles de productividad e ingreso. Para estos países, las estrategias destinadas a combatir la pobreza rural son fundamentales. Los estudios sugieren estrategias que privilegien el desarrollo de aquellos sectores donde la pobreza se concentra (en la mayor parte de los casos, en el sector agrícola). Esto debe combinarse con seguridad alimentaria, gestión de los recursos naturales y capacitación para mejorar la capacidad empresarial. En América Latina, por el contrario, la pobreza es fundamentalmente urbana: las ciudades crecen y las poblaciones suburbanas viven en condiciones de vida «tugurizadas», con problemas de saneamiento y agua, hacinadas y en condiciones miserables, como bien lo ejemplifican las «favelas» brasileñas: un claro símbolo del «tipo» de pobreza latinoamericana. Para los países de América Latina, la erradicación de la pobreza depende principalmente de la inversión en capital humano, algo que los países del Sudeste asiático han realizado admirablemente en los últimos 20 años. La incidencia de la pobreza es mayor en la mujer que en el hombre, es más grave y crece en mayor proporción. Factores de orden cultural, económico, legal y político están detrás del fenómeno llamado la «feminización» de la pobreza. Las políticas de ajuste y reforma estructural no hacen sino aumentar estos problemas, en la medida en que, al recortar los servicios públicos gratuitos, vuelven a responsabilizar a las familias (es decir, a las mujeres) del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. También la comunidad internacional ha sido ambigua y falaz a este respecto. Mientras por un lado se habla de una mayor colaboración en el ámbito doméstico de los cónyuges (las mujeres solas a cargo de una familia se están reproduciendo en el mundo a velocidades alarmantes), por el otro se acentúan los esfuerzos porque los países reduzcan el gasto público, con consecuencias negativas sobre la reducción del gasto en servicios públicos esenciales. Finalmente, es importante destacar que el éxito de las políticas depende de hasta qué punto existen estrategias de empoderamiento de las personas que viven en situación de pobreza. Se ha subrayado a menudo que una limitación importante de los programas antipobreza es la escasa participación que dan a las propias personas involucradas, así como los riesgos que entraña una participación limitada de los usuarios en los planes que se les aplican. Dado que los pobres carecen de influencia y poder político, su capacidad para apropiarse de los recursos disponibles es muy limitada. Como consecuencia, las políticas asistencialistas no mejorarán la situación, a menos que estos mismos pobres se «empoderen». Los gobiernos y los organismos financieros internacionales, sin embargo, han demostrado una considerable ambigüedad al respecto. Por un lado, han estimulado en innumerables ocasiones programas de reforma estructural que han desmantelado parcial o totalmente las organizaciones autónomas de la sociedad civil, en muchos casos sustituyendo la capacidad de iniciativa autónoma de los pobres por iniciativas privadas, en nombre de la «eficiencia» del servicio. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que si los pobres no se alían con sus prójimos, quedarán a merced de la cooptación del Estado o del asistencialismo de aquéllos para quienes puedan resultar una «masa de maniobra» política. Los innumerables estudios que muestran la regresividad del gasto público en beneficio de los sectores medios, así como la idea generalizada de que las clases medias se apropian de los bienes de los pobres, sólo atentan contra las posibilidades de una alianza política efectiva entre clase media y pobres, alianza que, hasta donde los estudios histórico–políticos lo muestran,9 es la única capaz de transformar las estructuras de poder prevalecientes y asegurar niveles de equidad razonables. Los recursos necesarios son cada vez más exiguos El aumento de la pobreza en el mundo se da en un contexto donde persiste la carga de la deuda externa, se reduce la asistencia oficial al desarrollo y aumentan las restricciones en los gastos del Estado como consecuencia de las políticas de reforma económica y ajuste estructural. Para un conjunto de países severamente afectados por situaciones de pobreza generalizada, la reducción de la misma depende en buena medida de la asistencia externa y de las posibilidades de condonación de deuda. Durante los años 1980 y 1990 se han producido reformas que impusieron reducciones de los gastos de los Estados, mientras que la porción de los pagos de los intereses de las deudas externas en los presupuestos y las propias deudas se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. Para los países africanos, especialmente del África subsahariana, la fuerte dependencia de los recursos externos ha generado situaciones de fuerte endeudamiento que han contribuido a absorber buena parte (sino la mayor) de los ingresos generados. Muchos de los países más pobres están paralizados en sus perspectivas de crecimiento por los abrumadores servicios de deuda: África subsahariana paga más del 14% de los ingresos de exportación en el servicio de ésta, Asia meridional el 22% y América Latina y el Caribe el 33%. Sin embargo, no son muchos los esfuerzos que han hecho los países en materia de condonación de deuda. La Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, impulsada por el FMI y el Banco Mundial, no ha tenido mayor éxito y pocos países podrán beneficiarse de ella. Una de las limitaciones más importantes es que estas estrategias sólo se aplicarán a aquéllos que demuestren un historial de ajuste estructural de al menos seis años. Un segundo problema que enfrentan los países más pobres es la reducción, no sólo relativa sino absoluta, de la ayuda al desarrollo. La asistencia oficial al desarrollo ha ido disminuyendo desde principios del decenio de 1980, ha disminuido en forma constante desde los años 1990 y hoy se encuentra en su mínimo histórico (0,22%), lo que ni siquiera representa una tercera parte del 0,7% del PNB comprometido por los países donantes. El informe Superar la Pobreza Humana, del PNUD (1998), observa con inquietud «el hecho de que mientras que en 1997 la AOD creció en 11 de los 14 donantes no pertenecientes al Grupo de los Siete, en los países de este Grupo el nivel es ahora del 0,19%. Y los cuatro donantes que han mantenido su AOD por encima del 0,7% no pertenecen al Grupo de los Siete» (p. 16). El Cuadro 5 muestra esta situación. Un tercer problema que enfrentan estos países es la escasa asignación que los gobiernos y los países donantes otorgan al financiamiento de los servicios sociales básicos (SSB). El Consenso de Oslo de 1996 y el Consenso de Hanoi de 1998 reconocieron que entre las políticas que era necesario adoptar para erradicar la pobreza absoluta y universalizar el acceso a los SSB, la ayuda internacional era indispensable. Sin embargo, las actuales asignaciones no cubren la tercera parte de los fondos necesarios para lograr la cobertura universal de los SSB (calculada en 220 mil millones de dólares). Los estudios realizados en el marco de la Iniciativa 20/2010 muestran que será necesario incrementar los gastos actuales en por lo menos un 50% para conquistar las metas de desarrollo social fijadas por las Cumbres. En promedio, los estudios indican que los países destinan un 13% de su presupuesto. El análisis de 30 estudios por país realizado por PNUD (1998) muestra que: a) la mayoría de los países en desarrollo y donantes destinan menos del mínimo requerido para garantizar un acceso universal a los SSB en los próximos 5 a 10 años; b) en promedio, los SSB reciben entre 12 y 14% de los presupuestos nacionales y un promedio de 15% de la AOD. La última columna del Cuadro 5 ilustra esta situación. Los impactos negativos de las políticas de ajuste y de la "vuelta al mercado" Una de las asunciones básicas de las relaciones entre crecimiento y pobreza está dada por la teoría del «goteo»: el crecimiento económico «goteará» hacia los sectores más carenciados, aumentando automáticamente sus estándares de vida. Sin embargo, numerosos estudios muestran las deficiencias de esta interpretación, así como la ambigüedad de las relaciones entre crecimiento y reducción de la pobreza. Los estudios han sido muy conclusivos (PNUD, 1998: p. 42) respecto a los impactos negativos que la recesión económica tiene sobre la pobreza. Por el contrario, el crecimiento no tiene una relación directa con la pobreza. Un estudio del PNUD (1998)11 realizado en 38 países muestra que ni el crecimiento moderado ni el crecimiento acelerado representan una garantía para la reducción de la pobreza. La focalización excesiva en políticas antiinflacionarias, que parece haber sido la tónica predominante de los esfuerzos de la «primera generación» de reformas, no parece tener una contribución fundamental en la erradicación de la pobreza. Si bien los efectos de la hiperinflación contribuyeron a deteriorar más aún la situación de los más pobres, incapaces de defenderse del deterioro de sus salarios nominales, los efectos de las políticas exclusivamente focalizadas en la inflación, cuando ésta es moderada, están siendo muy discutidos, pues generan impactos recesivos. De la misma manera están siendo discutidos los beneficios de la privatización. Países como Vietnam han dado lecciones de «heterodoxia» al mundo, frenando las presiones por un ajuste «ortodoxo», buscando formas de ajuste que no recortaran el gasto público social y mitigando la influencia negativa de la liberalización comercial sobre bienes sociales como el empleo.
Además, la crisis de los países asiáticos y la probable desaceleración de la economía de todos los países en desarrollo levantan una alerta roja para la situación de los pobres, los vulnerables y los excluidos del mundo. Si los gobiernos no acuerdan una solución que ayude a mitigar los efectos negativos de los nuevos modelos de acumulación, el mundo será cada vez más desigual y más pobre. La creciente desigualdad en el mundo será en buena medida responsable de la persistencia de la pobreza y de la reducción del impacto del crecimiento económico sobre su erradicación. La de-sigualdad contribuye a minimizar los beneficios del crecimiento para los pobres. Así como éstos son el grupo más vulnerable a la recesión, son también los que menos capacidad tienen para beneficiarse de los objetivos del crecimiento. El «goteo» de arriba hacia abajo será menor cuanto mayor sea la desigualdad entre grupos y personas. Es imperioso acordar una acción conjunta en materia de equidad y pobreza, y no focalizar exclusivamente en ésta última. La desigualdad en el mundo está creciendo: no sólo entre personas, sino entre países. Los efectos de la globalización tienden a aumentar las brechas de desigualdad, no sólo entre los ricos y los pobres dentro de los países, sino entre países ricos y países pobres. Los efectos perjudiciales de la integración económica están a la vista: «al mismo tiempo que se ha desacelerado el crecimiento mundial, la diferencia de las tasas de crecimiento per cápita entre los países industriales y en desarrollo se ha ampliado» (PNUD, 1998: p. 48). Los países del Tercer Mundo son los que más sufren el agravamiento de las desigualdades, tanto fuera como dentro de fronteras. América Latina, África y los países del ex bloque socialista son los más dramáticamente desiguales de entre ellos. América Latina continúa siendo un continente signado por una desigualdad que parece fatal y se ha constituido en un «buen» ejemplo de cómo la reducción de la pobreza se ve frenada por una persistencia importante de la desigualdad, a pesar de la recuperación económica de los años 1990. En los países del ex bloque socialista, la transición de una economía planificada a una de mercado ha traído enormes efectos redistributivos, pero en sentido regresivo. La desigualdad aumenta sin cesar, intensifica la incidencia de la pobreza y crea formas nuevas de ésta desconocidas hasta el momento. Además, salvo excepciones, el desempeño económico permanece mediocre e insuficiente. En cuanto a África, los estudios indican que las tendencias en materia de reducción de la desigualdad siguen las de la reducción de la pobreza. Los problemas de África surgen de la multiplicación de los efectos negativos de la desigualdad y las tasas de crecimiento negativas, y nada parece indicar que en el corto plazo ambos fenómenos puedan ser mitigados. Conclusiones Describir la pobreza hoy aislándola de fenómenos tales como la desigualdad o la exclusión, de su condición resultante de los modelos de acumulación imperantes, discutirla sin discutir asimismo el impacto negativo que las políticas de ajuste han tenido sobre los sectores de menores ingresos, es desconocer el problema. Discutir estrategias de «empoderamiento» de los pobres, aislándolos a su vez de las clases medias empobrecidas y otros sectores sociales, es inútil y falaz. Tan inútil como hablar del impacto positivo de un buen funcionamiento de los mercados sobre los pobres: los pobres no están en el mercado. Para erradicar la pobreza no se precisan sólo «políticas», se precisa «Política» en sentido mayúsculo. Se hace necesario revisar un estilo de desarrollo que está agravando la situación de los pobres en el mundo al tiempo que los multiplica, que refuerza los patrones de inequidad existentes al tiempo que crea otros. Un estilo de desarrollo depredador del medio ambiente y causante de la exclusión de millones de personas de cualquier acceso a bienes sociales como la educación, la salud y el trabajo. La brecha entre los países y entre las personas se está haciendo cada vez más insalvable. Si la revisión de Copenhague+5 no incorpora una crítica sustancial a los modelos de desarrollo imperantes, los objetivos de la reducción de la pobreza no serán más que imperativos éticos, sin capacidad de ser impuestos políticamente a nadie.
Mientras tanto... "los 225
habitantes más ricos del mundo tienen una riqueza combinada, superior a un
billón de dólares, igual al ingreso anual del 47% más pobre de la población
mundial (2.500 millones de habitantes)..."
Notas: 1
Datos de 1990–1997, PNUD, 1998.
2 Richard Newfarme, experto del Banco
Mundial, citado en The Business Times (1998), Bankok, 30 de
octubre, 1998.
3 LONDOÑO, Luis (1996), Poverty,
inequality and human capital development in Latin America, 1950–2025, World
Bank Latin American and Caribbean Study, p. 35.
4 En Implementing the 20/20
Initiative: Achieving universal access to basic social services. Una
publicación conjunta de Pnud, Unesco, Unfpa, Unicef, Oms y el Banco Mundial,
setiembre, 1998.
5 Para 1990 también se aceptan datos de
1988 y 1989.
6 Estos países son Camerún, Côte d’Ivoire,
Kenya, Namibia, Rep. Centroafricana, Sudáfrica, Tanzanía, Bhután, Nepal,
Argelia, Tayikistán, Cuba y Honduras.
7 En especial, los «papers» preparados
para el Workshop on Knowledge Networking for Poverty Reduction, United Nations
Development Programme, New York, Setiembre 11–12, 1997, de Paul R. Gregory:
Macroeconomics Policy, Structural Factors and Poverty: The Russian and
Ukrainian Transitions; Jean Luc Dubois: Comparisons of National Poverty
Reduction Strategies: Cameroon, Ethiopia, Mali, Senegal;
Comparative Poverty Reduction Strategies in Subsaharian African Countries: The
Case of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda and Zimbabwe; Larbi Jaidi:
Strategies Nationales De Reduction De La Pauvrete, Egypte, Tunisie, Maroc;
Marc Raffinot: Etude Comparative Des Strategies Nationales De Reduction De La
Pauvrete: Côte d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Madagascar; Richard Pomfret:
A Comparative Study of National Poverty Reduction Strategies: Uzbekistan,
Kazakstan, Kyrgyz Republic; Irena Topinska: Transition to the Market and
Poverty Alleviation Strategies: Bulgaria, Hungary, Poland, Romania. A Case
Study for the UNDP Project GLO/96/510, University of Warsaw, Department of
Economics, Setiembre 1997; Diana ALARCON: National Poverty Reduction
Strategies of Chile, Costa Rica and Mexico: Summary and Findings; A.R.KHAN:
A Comparative Analysis of Poverty Reduction Strategies in Selected Asian
Countries. También Poverty Alleviation and Macroeconomic Policies:
Lessons from the Past Experience (ILO, 1997).
8 World Bank Latin American and Caribbean
Studies. Viewpoints (1998).
9 RUESCHEMEYER, Dietrich, STEPHENS, E.H. &
STEPHENS, John D.: (1992), Capitalist Development and Democracy,
Chicago, University of Chicago Press.
10 En Implementing the 20/20
Initiative, op. cit., p. 21.
11 RODRIGUEZ, F.C. (1998),
Evaluation of Poverty Alleviation Programmes: The Lessons Learned. Borrador
de documento para la Red de Conocimientos para la Reducción de la Pobreza. Nueva
York: SEPED/PNUD.
12 Dinamarca introdujo, en 1997, el nuevo
sistema de cuentas nacionales ENS95. Esto llevó a una revisión ascendente del
PNB, que combinada con otros factores técnicos causó un ajuste descendente de la
tasa final danesa AOD/PNB a 0,97 en 1997.
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