2000
El reto de la integración regional y el desarrollo humano sostenible

Lic. Felipe Rivas; Dr. Carlos Alemán.
Control Ciudadano, Centroamérica, Panamá y México.

Las organizaciones sociales de Centroamérica, Panamá y México, miembros de la red de Control Ciudadano, están desarrollando una evaluación regional del nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Cumbre Social de Copenhague. El presente, es un avance del documento sobre los resultados e impactos desde la perspectiva no gubernamental. (El documento completo, que incluirá recomendaciones estratégicas, será publicado en el mes de mayo por el Control Ciudadano en Centroamérica y será incluido en la página web de Control Ciudadano-Social Watch.www.socialwatch.org)

Recordemos que los 118 jefes de Estado, los Organismos Internacionales y la participación significativa de las Organizaciones No Gubernamentales, le dieron un elevado reconocimiento tanto político como social a la declaración y al plan de acción de la cumbre, sobre todo por el énfasis en una orientación estratégica por resolver los problemas sociales más sensibles de la humanidad:  erradicar la pobreza, crear empleos productivos, lograr la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, y reforzar la sociedad en su conjunto, movilizando la solidaridad, la cooperación y acciones gubernamentales consistentes.  

Al revisar la realidad regional de los últimos cinco años es evidente un avance significativo en la estabilidad macroeconómica, es decir, a pesar de tendencias cíclicas, los países en su conjunto poseen un crecimiento económico leve pero positivo, control sobre la inflación y estabilidad monetaria. Asimismo, se constatan logros importantes en cuanto al avance de la democracia, el proceso de pacificación y tolerancia, y el desarrollo de algunas empresas desde la perspectiva microeconómica.  Sin embargo, todo lo anterior se basa en un modelo de desarrollo orientado a la apertura y la globalización, en donde los programas de ajuste estructural han sido una etapa significativa de los procesos económicos regionales. 

Dichos resultados son importantes al comparar la década "perdida" de los ochenta con los noventa, pero al evaluar los compromisos de Copenhague y la evolución histórica de los indicadores económicos, sociales y políticos,  la situación se relativiza bastante, pues son pocos los países que presentan progresos significativos.

Centroamérica, en los últimos cinco años, se encuentra con “logros económicos y políticos precarios, con resultados negativos en equidad social y sostenibilidad ambiental, además con fracturas regionales importantes.”[1]  Asimismo, México y Panamá no escapan a dicha realidad. En efecto, al analizar los compromisos adquiridos y contrastarlos con el cumplimiento real, el resultado es que el nivel de pobreza y desempleo y las brechas entre ricos y pobres, han aumentado en todos los países estudiados; agravado esto con un claro aumento de los desequilibrios regionales, entre las zonas rurales y urbanas de todos los países. Dicho escenario  se ve completado por la creciente diferencia en el acceso a los servicios básicos y al empleo, especialmente de las mujeres, lo que apunta a la permanencia de estructuras inequitativas en el tratamiento de género. 

En este marco, uno de los problemas centrales es el modelo de desarrollo que prevalece en todos los países considerados, modelo concentrador y excluyente, que responde a una concepción neoliberal tradicional aplicada a ultranza. De esta manera, la liberalización y desprotección comercial acelerada, la reducción del Estado y la limitación de sus competencias, los programas de ajuste estructural y de estabilización -sin compensar los costos sociales derivados-, así como  las modernizaciones y privatizaciones ambiguas y cuestionadas, entre otros, se convirtieron en puntos comunes en las agendas políticas de todos los estados de Centroamérica, México y Panamá; lógicamente, con diferencias de su ejecución en el tiempo.[2] Por consiguiente, se aceleraron las aperturas y la globalización de las economías domésticas en función de las grandes empresas, sin contrarrestar y compensar adecuadamente sus impactos en la mayoría de la población. Además, se diluyó el concepto de integración regional, pues la liberalización implica la renuncia de las formas de protección conjuntas y la priorización de tratados comerciales unilaterales y no como bloques y aliados comerciales. Todo lo dicho, hace más evidente la poca voluntad política por erradicar la pobreza, existiendo poca capacidad para converger en una visión compartida del desarrollo centrado en las personas.

De esta manera, se deja de lado toda la concepción de desarrollo humano, que debería ser la base central para región. Un desarrollo que parta de una concepción de integración regional que mejore la eficiencia, genere economías de escala y aumente la inversión; que estimule el desarrollo tecnológico, las relaciones de intercambio y la problemática rural con una política agropecuaria regional; que fomente el desarrollo del “capital humano” y resuelva los aspectos urgentes de la equidad social, la vulnerabilidad económica y ecológica, la equidad entre hombres y mujeres. Como establece el PNUD el desarrollo humano debe incorporar: productividad, equidad, sostenibilidad y participación.

Los Compromisos de la Cumbre Social

Un aporte muy importante al proyecto del modelo de desarrollo humano de los países de la región, está conformado por los compromisos que los gobiernos adquirieron en la Cumbre Social. Sin embargo, los resultados obtenidos en estos cinco años es insuficiente:

• En primer lugar, con respecto al compromiso de erradicar la pobreza, a pesar que ha habido avances, no se ha logrado reducir el elevado porcentaje de la población que presenta restricciones en su nivel de ingresos, ya sea que no son suficientes (pobreza absoluta) o que no logren cubrir la canasta básica alimenticia (indigencia). Para mediados de los años 90, Centroamérica y Panamá presentaban un promedio de 60% de su población en pobreza absoluta, de los cuales el 40% eran indigentes. Ambos se concentraban en mayor medida en las zonas rurales (71% de la pobreza absoluta y 52% de la indigencia), revelando las históricas desigualdades regionales entre el campo y la ciudad.[3] Por su parte, en México en 1996, el 76% de la población vivía bajo la línea de pobreza, de los cuales aproximadamente el 45% eran indigentes.[4] Según estimaciones, esta situación no se ha modificado esencialmente para el fin de siglo: aunque hay una leve mejoría de uno o dos puntos en la pobreza absoluta, se ha incrementado la desigualdad regional al interior de cada país.[5]

• En segundo lugar, y en la base del problema, está la ausencia de compromisos políticos serios y explícitos -necesarios en cada país para erradicar la pobreza y el desempleo- expresada en la no existencia de planes, ni estrategias que beneficien directamente a la población en condiciones de pobreza e indigencia. Los programas de los distintos gobiernos para tal fin, tienen en común la generalidad y la ambigüedad, lo que dificulta las acciones contundentes y continuadas que ayuden a resolverlo.

Diamante de la equidad de la Región. Una forma gráfica muy útil para expresar el estado actual de la región formada por México, Centroamérica y Panamá, es el Diamante de la equidad; éste recoge la situación con base a cuatro indicadores: mortalidad de menores de 5 años, nivel de alfabetismo, índice de Gini y el índice de Desarrollo relativo de Género IDG del PNUD. Presentamos en la gráfica siguiente una estimación del diamante de la equidad de la región ampliada considerada para los años de 1995-1999;[6] asimismo se colocan los promedios de la región de América Latina y el Caribe, para fines de comparación.

DIAMANTE DE LA EQUIDAD EN LA REGION DE MEXICO, CENTROAMERICA Y PANAMA[7]

Se observa que los países de la región considerada sobresalen sobre el promedio de América Latina en lo que respecta a la mortalidad infantil (0.0335) y están sobre el promedio en referencia al índice de concentración de Gini (50.6); en cambio, su condición es menos favorable si comparamos la alfabetización de adultos (77.67%) y el Indice de Desarrollo de Género (0.562). Lo anterior nos ofrece líneas de acción donde se debe avanzar, tanto en lo relativo a la modificación de estructuras concentradoras de ingreso que explican, en último término, los elevados niveles de pobreza, como en la educación y alfabetización de adultos. Hay que recordar que el promedio de los 7 países considerados es afectado a la baja por la situación de Guatemala, Nicaragua y Honduras, y a la alta por el sesgo introducido por México, Costa Rica y Panamá.

Con respecto a algunas de las áreas sociales, nuestra evaluación indica lo siguiente:

• Educación.  Los indicadores han dado resultados positivos en los últimos cinco años, sobre todo en el aumento de las coberturas e incrementos de presupuestos, principalmente en México, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, este avance ha sido insuficiente: ninguno de los países considerados ha logrado la alfabetización y el acceso universal a la enseñanza básica de los niños en edad escolar (medido por el coeficiente de matricula de escuela primaria) e incluso Honduras y Guatemala[8] presentan retrocesos y/o estancamientos.  

• Equidad de Género.  No se ha logrado aumentar significativamente la equidad entre los géneros  y mejorar sensiblemente la situación de las mujeres. Por el contrario, prevalecen las desigualdades en el desarrollo humano y social. Esto se expresa en las diferencias entre el IDH de cada país y el IDG del PNUD, que recoge las peculiaridades en el tratamiento de género. Para 1998, en promedio existían 4 puntos entre uno y otro indicador para el total de la región considerada[9]. Asimismo, el IPG o índice de potenciación de genero, presenta en promedio, 8 a 10 puntos menos que el IDG de la región, lo cual señala la peor ubicación de la mujer con respecto a su posición en el mundo laboral y en la participación política. Las grandes diferencias que son posibles ubicar en el último quinquenio, son la creación de instituciones gubernamentales de “protección” a la mujer, la conciencia  creciente de la población con respecto al problema de género y  el mayor número de casos denunciados respecto a delitos cometidos contra esta. De esta manera, el vacío persiste porque la orientación de las políticas es más teórica que práctica, el nivel de recursos e inversión es insuficiente, y la participación de las mujeres sigue siendo limitada por factores culturales y estructurales dentro de cada país. 

• Participación ciudadana y Democracia.  Resultan innegables los avances logrados en materia de democratización en la región: es la primera vez que todos los países considerados presentan estados de derecho en forma conjunta. Sin embargo, muchas tareas quedan pendientes, una de las más importantes se refiere a la generación de un clima de seguridad personal y jurídica. En todos los países considerados, la seguridad personal se encuentra permanentemente amenazada por fenómenos de violencia y delincuencia; el caso de El Salvador es paradigmático: para 1997, la tasa de homicidios alcanzaba los 109.1 por 100 mil habitantes, en tanto que para sus países vecinos la misma no pasaba de los 10 por 100 mil en promedio.[10] Asimismo, para ese mismo año, existían 28,048 denuncias presentadas ante las procuradurías de derechos humanos de cada país, sólo considerando 4 países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras). El incremento de la violencia y el poco desarrollo de las instituciones del estado limitan el desarrollo democrático. 

• Vulnerabilidad.  Otro aspecto común en la región es la fragilidad y vulnerabilidad social ante los fenómenos naturales, especialmente la develada por el paso del huracán Mitch por el área de Centroamérica. De esta manera, estos países sufren "catástrofes naturales" con mayor frecuencia, las cuales no son más que resultados del deterioro ambiental y del alto grado de vulnerabilidad de las familias, particularmente la población rural de estos países.  El Huracán Mitch, es un ejemplo paradigmático en este sentido. Su paso por el istmo, afectó directa o indirectamente al 23.6% de la población total de la región, aproximadamente a 6.7 millones de centroamericanos; divididos estos entre 32,184 personas muertas, heridas ó desaparecidas, 456, 135 refugiados/as y 1.2 millones de evacuados/as,[11] en toda la región centroamericana. El costo total de las pérdidas se estima en USD 5.300 millones, siendo Honduras (USD 3.600 millones) y Nicaragua (USD 900 millones), los países más afectados.[12] Asimismo, en México, a pesar que no sufrió el debate del huracán Mitch, los daños causados por las lluvias y el terremoto de finales de los 90, ocasionaron perdidas millonarias y causaron miles de damnificados.

El 2000 se ha iniciado con grandes dificultades y con una elevada deuda social contraída con los habitantes de la región.  Sin embargo, este mismo año se evalúa la Cumbre Social en Suiza, proporcionando la oportunidad de revisar, evaluar y reorientar los acuerdos internacionales en materia de desarrollo social y lograr erradicar los grandes problemas de la humanidad: pobreza, desempleo, inequidad, entre otros. Construir una sociedad más humana, justa y democrática deben ser imperativos del desarrollo económico y social de la región.

Notas:

[1] Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, 1999, Costa Rica, 1999.

[2] Los pioneros en este campo han sido México y Costa Rica, ya que han aplicado los primeros programas de ajuste desde 1982 y 1985 respectivamente.

[3] “Estado de la Región.....”, op. cit, p. 176.

[4] SocialWatch. The starting point. Uruguay, 1996, p. 87.

[5] WWW.lanic.utexas.edu/, tanto de Centroamérica como la de México.

[6] Se basa en datos provisionales, ya que para ciertos años (1995-1996), no fue posible obtener información coherente de todos los países (Nicaragua y Honduras, principalmente).

[7] Fuente: Social Watch, 1996, 1997, 1998, 1999; Informe Banco Mundial, iguales años. 

[8] Control Ciudadano, 1999, Uruguay, p. 21.

[9] “Estado....”, op. cit, p. 49.

[10] La única excepción es Honduras, que presentó una tasa de 52.5 por 100 mil habitantes en 1997.  Ibíd., p. 208.

[11] Estudio sobre el impacto del Fenómeno Natural Mitch. CIDEP, San Salvador, mayo de 1999.

[12] Fuente primaria PNUD y CEPAL, citado en CIDEP. Ibíd., p. 11.

El Lic. Felipe Rivas es Coordinador de la Investigación Regional, Director del CIDEP; el Dr. Carlos Alemán es Consultor.