1997
Latinoamericanas a fin de siglo: familia y trabajo
Irma Arriagada
En este breve texto se quiere destacar algunas
tendencias generales de la situación de las mujeres en relación con la familia,
el trabajo y la pobreza cuando se está ingresando a un nuevo siglo. Llama la
atención la ambivalencia en la posición de las mujeres, en especial en el ámbito
laboral y familiar, que son elementos centrales que definen sus posibilidades de
participación. En todas las áreas se aprecia la permanente paradoja entre los
aportes económicos y familiares de las mujeres y las grandes carencias en
participación y representación de sus intereses. Esta contradicción queda más en
evidencia en relación con las graves trabas para traducir las demandas de las
mujeres en políticas efectivas de Estado que mejoren su condición y tiendan a
modificar el sistema de género en el plano cultural.
Es posible observar que a medida que la condición
de las mujeres mejora, ese espacio se desvaloriza. En lo que se refiere a la
participación laboral femenina, por ejemplo, en la medida que las ocupaciones se
"feminizan", es decir, una mayor proporción de mujeres que de hombres ingresa a
ellas, disminuyen los ingresos que generan y el prestigio asociado a su
desempeño. En relación con media década atrás se mantiene la distancia respecto
de los ingresos y el rango de ocupaciones desempeñadas por los hombres. Es
decir, que la discriminación se reconstruye en un punto distinto a medida que el
mejoramiento de la posición de las mujeres rompe el equilibrio entre géneros.
Cambia el punto donde se establece esa desigualdad y se abren nuevos espacios de
desigualdad en la participación social y política, en el empleo y la seguridad
social y en el ámbito familiar.
El mercado laboral ofrece ventajas y espacios de
libertad a las mujeres, quienes iniciaron la lucha por entrar en él y ahora
están luchando por ampliar ese espacio, disminuyendo los efectos de
discriminación y segmentación, al mismo tiempo que la flexibilidad laboral
recrea nuevas formas de exclusión y segregación. La estructura y organización
familiar en cambio, son áreas no bien cubiertas por la investigación, donde es
factible encontrar fuertes negociaciones frente a los importantes cambios de
vida de las mujeres y en las tensiones que su doble papel de trabajadora y dueña
de casa impone sobre su tiempo, su capacidad física y su calidad de vida. No
deben olvidarse además, los impactos que los cambios en el plano del trabajo
acarrean sobre las familias y sus jerarquías internas. Hay modificación de los
"saberes" y los "poderes" al interior de la familia, que han sido menos
estudiados. Aunque es dable suponer que el rol de las mujeres en la familia
sigue siendo central como puente hacia los nuevos roles y de ruptura de viejos
patrones de sumisión.
El significado de las modalidades de
participación y de exclusión depende de los ámbitos donde se producen y el
significado atribuido por los actores, así las discriminaciones son percibidas
también subjetivamente. ¿Cómo viven las mujeres la situación de desigualdad y
los cambios en términos de negociación, resistencia, enfrentamiento y también
"resignación" en los espacios laborales y familiares?
En este plano, cabe distinguir la situación de
las viejas y las nuevas generaciones. ¿Parten las más jóvenes de un "piso" más
alto en sus negociaciones? La negación de las nuevas y sutiles formas de las
discriminaciones por parte de las más jóvenes, aliada con el creciente
individualismo y la exaltación de una aparente igualdad propia de los sistemas
más modernos, obstaculiza el cambio de las estructuras de género al hacer
invisibles en la conciencia subjetiva los nuevos aspectos de subordinación. Sin
embargo, también portan como generación mejores oportunidades educacionales,
ocupacionales y un nuevo enfoque hacia la familia.
El contexto actual
A partir de la crisis de la deuda se inicia la
aplicación de las denominadas políticas de ajuste, tendientes a preparar a las
economías latinoamericanas para su inserción en el nuevo modelo internacional
globalizado que se sustenta como única alternativa de desarrollo. Es así como
entre los rasgos más definitorios de la situación actual se cuenta la creciente
integración al mercado internacional, regional y subregional, a las corrientes
de capital, a la información y a la innovación tecnológica.
El papel que para el Estado define el nuevo
modelo significa una disminución del gasto social con las consecuentes
repercusiones para los estratos más pobres de la población. Además, para el
Estado se define una menor intervención en los mercados y el desarrollo de
nuevas funciones de carácter regulador. De esta forma el actual Estado
latinoamericano ha ido modificándose debiendo enfrentar varios desafíos, entre
ellos asegurar la gobernabilidad por medio de una regulación clara de los
conflictos, redefinir sus propias funciones de acuerdo a los grandes cambios del
nuevo orden económico internacional y finalmente, asegurar la estabilidad en el
largo plazo de las transformaciones económicas y su aceptación a nivel social.
En el campo de los planes y políticas más
recientes cabe destacar el diseño de planes de igualdad de oportunidades y de
otros instrumentos para la puesta en marcha de políticas de género en varios
países de América Latina. Este proceso se ha dado en gran medida gracias al
desarrollo de los movimientos de mujeres y la presión concertada por sus
demandas en varios países. Estos instrumentos han sido producto combinado de un
proceso de consulta a especialistas y el análisis de la experiencia social de
los movimientos de mujeres (Guzmán y Ríos, 1955) tanto regional como también
europea, en especial la experiencia acumulada en España.
Sin embargo, aunque asistimos a la creación de
una coyuntura especial para redefinir funciones de la gestión pública, existen
dificultades importantes para la aceptación y ejecución de políticas de género,
que tienen relación con las resistencias al cambio, con la multiplicidad de
actores sociales y políticos involucrados, con los conflictos de intereses y con
la diversidad institucional existente en cada país. En especial, con las
resistencias ideológicas que frente al tema se han desarrollado desde
fundamentalismos religiosos y políticos, entre otros factores.
Las tendencias económicas recientes no son
alentadoras. Si bien se han modernizado algunos sectores productivos,
permitiendo obtener ventajas comparativas para la exportación de nuevos bienes,
la generación de empleos productivos no ha tenido el dinamismo suficiente para
incorporar a la población en edad para trabajar. Los mercados de trabajo han
aumentado su segmentación, las tasas de desempleo y subempleo son especialmente
elevadas para las mujeres y los jóvenes. El crecimiento promedio regional del
producto interno bruto para 1995 fue de apenas un 0,3% y representa una caída
del 1,5% del producto por habitante, en relación con el año anterior. Un logro
importante en la región fue la reducción de la inflación en casi todos los
países, con lo que la tasa regional descendió desde 340% en 1994 a 25% en 1995.
(CEPAL 1996a) Para 1996 el crecimiento alcanzó a 3,4%, la mitad de la meta
propuesta por la CEPAL (CEPAL 1996b) como necesaria para combatir adecuadamente
la pobreza.
Sin duda estos magros resultados también han
repercutido en los montos del gasto social de los países, los que no han
recuperado sus niveles previos a la crisis de la deuda. En la mayoría de éstos
los niveles de gasto social mejoraron en relación con el año 1990, en especial
en educación y seguridad social, sin embargo, dos tercios de los países
presentan niveles muy bajos de gasto en dólares per capita: destinan menos de
100 dólares anuales por persona en educación y salud (CEPAL, 1996).
¿Se concentra la pobreza en las mujeres?
El nuevo papel del Estado, la crisis de la deuda,
los efectos de los programas de ajuste y la caída en el gasto social, han tenido
consecuencias a largo plazo que se expresan en el plano social y de género, en
creciente pobreza, desempleo estructural y coyuntural, concentrado en mujeres y
jóvenes, y en el aumento de las ocupaciones precarias y atípicas, donde las
mujeres se ubican en las áreas menos remuneradas de las cadenas productivas y de
subcontratación. También se ha producido una disminución del empleo público que
ha afectado diferencialmente a las mujeres, en su doble calidad de usuarias y
empleadas del sector público.
La pobreza, con sus manifestaciones de bajos
ingresos y de carencias en la satisfacción de necesidades básicas, constituye la
forma extrema de exclusión de los individuos y las familias de los procesos
productivos, de la integración social y del acceso de las oportunidades. Es pues
una de las consecuencias más perversas de un modelo de desarrollo, cuyos frutos
se distribuyen de manera inequitativa.
Desde la perspectiva de la exclusión social, las
mujeres de América Latina continúan siendo pobres por razones de género,
independientemente del estrato social al cual pertenezcan por su inserción
familiar. Su papel en la sociedad les resta la posibilidad de acceder a la
propiedad y el control de los recursos económicos. Su recurso económico
fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de elevada
desigualdad.
Las mujeres que viven en hogares pobres suelen
ser aun más pobres que sus pares varones, especialmente cuando además son jefas
de hogar. Deben realizar el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y el
cuidado de los enfermos junto con el trabajo remunerado. Todas estas labores
realizadas en malas condiciones significan una gran cantidad de horas de trabajo
y por lo tanto una mala cantidad de vida que se traduce en desgaste físico y
mental.
Actualmente, se sostiene que la jefatura femenina
en los hogares se está multiplicando a raíz de las tendencias económicas que
obligan a las mujeres a buscar ingresos propios, al aumento de la pobreza y a
tendencias demográficas y sociales, como migraciones, viudez, rupturas
matrimoniales y fecundidad adolescente. (Buvinic, 1991) Pese a que los datos no
son totalmente fiables, dadas las definiciones de jefatura femenina de censos y
encuestas y debido a que la información estadística es incompleta, en América
Latina al menos uno de cada cinco hogares urbanos está encabezado por una mujer
(entre 20% y 30% de los hogares y en la región del Caribe esa magnitud llega a
alrededor del 40% y más), lo que significa, en términos reales, la ausencia de
una pareja estable. Este crecimiento fue muy fuerte en la década pasada y es
probable que se mantenga y/o aumente, en la medida que los fenómenos que la
originaron también se mantengan. (CEPAL, 1994, 1995 y 1996) (Véase Gráficos 1 y
2)
Estos hogares suelen estar constituidos, en una
proporción importante, por mujeres solteras o separadas, por lo general jóvenes.
Constituyen uno de los grupos más vulnerables de mujeres en la región por cuanto
viven con mayores dificultades su maternidad. Entre ellas se destaca, a su vez,
el grupo de las madres adolescentes en aumento, que, a la fragilidad de la
jefatura del hogar, suman la extrema juventud y la pobreza (Buvinic y Rao Gupta,
1995). En países de transición demográfica avanzada, los hogares encabezados por
viudas, especialmente en las zonas urbanas, es un fenómeno en aumento y que
también debe considerarse adecuadamente en el diseño de las políticas sociales.
El modelo tradicional de familia sobre el que
habitualmente se planifica, se considera constituido por un jefe de hogar
proveedor, una mujer ama de casa que realiza el trabajo doméstico, y niños que
según sus edades estaban en el sistema educativo o en el mercado de trabajo,
hasta constituir sus nuevos núcleos familiares. Sin embargo, estudios actuales
muestran que ese modelo familiar no es el mayoritario. Por ejemplo, en el caso
chileno se encuentra en menos de la mitad de las familias: 33% (Bravo y Todaro,
1995) puesto que una proporción creciente de familias tienen a más de una
persona como proveedor (CEPAL, 1995), en otras hay un único proveedor que es la
mujer (Valenzuela, 1995), en tanto en casos extremos de familias indigentes los
niños también trabajan de manera creciente en el mercado de trabajo. (Arriagada,
1996)
Entre los sectores de indigentes, hay una mayor
representación de las mujeres jefas de hogar. Este sector de mujeres ha sido
recientemente "descubierto" por las políticas públicas y existen en varios
países programas especialmente dirigidos a ellas, que buscan reducir la magnitud
de la indigencia sin modificar su condición de género y las consecuencias de
extrema carga de trabajo y subordinación que acarrea su condición.
Gráfico 1.
La pobreza y los sesgos de
género
Aunque la medición de la pobreza por medio del
método del ingreso familiar no permite determinar si hay mayor pobreza en las
mujeres que en los hombres, es factible afirmar que hay sesgos de género en la
pobreza, si analizamos los factores que la determinan. De esta forma, entre los
principales factores se cuentan: número de aportantes del hogar, número de horas
trabajadas, desempleo, ocupación e ingresos de los miembros del hogar. En el
caso de las mujeres jefas de hogares indigentes la proporción de aportantes es
menor.
Para 1994, se confirma que entre el 17% y el 27%
de los hogares urbanos son de jefatura femenina y se mantiene entre los hogares
en situación de indigencia una sobrerrepresentación de hogares de jefatura
femenina (CEPAL, 1996)) (Véase gráficos 1 y 2). También puede confirmarse la
existencia de sesgos de género, especialmente entre los salarios por hora que
reciben hombres y mujeres, en la magnitud de activos por hogar, en las tasas de
desocupación y en el promedio de horas trabajadas (CEPAL, 1995). Sin embargo, no
se puede confirmar para el conjunto de países que haya una evolución que tienda
al aumento de la feminización de la pobreza puesto que pese a que la jefatura
femenina aumentó entre 1980 y 1994, hay un mayor crecimiento de los hogares de
jefatura femenina entre los que no son pobres que entre los hogares pobres.
Independientemente de los reparos metodológicos en la manera de medir la
jefatura femenina del hogar en las encuestas, la heterogeneidad en los hogares
de jefatura femenina que este dato refleja, debe tenerse presente si se desea
comprender las diversas condiciones de vida de las mujeres así como modificar
situaciones de extremas carencias y desigualdades de género.
El aumento de los hogares con jefatura femenina
en los sectores no pobres obedece a diversas situaciones como el aumento de
divorcios y separaciones, donde las mujeres no establecen nuevas parejas,
incremento de las solteras que no se casan y también de las viudas que viven en
forma independiente. Todas estas situaciones muestran nuevos patrones culturales
que incrementan la diversidad de las situaciones familiares.
Gráfico 2.
Los cambios en la familia y
el papel de las mujeres
Con los procesos de modernización la familia no
sólo se modificó en su estructura sino que también en sus funciones. Así,
concentró las funciones afectivas y de cuidado y socialización temprana de los
hijos, en tanto que otras funciones de tipo más instrumental, como la educación
para el trabajo, la producción económica para el mercado, fueron derivadas hacia
otras instancias sociales. Históricamente, las funciones económicas productivas
familiares fueron perdiendo importancia frente a las modificaciones en la
estructura productiva, de manera que cada vez más se distanció el hogar de la
producción para el mercado.
En la actualidad, las tendencias del mercado de
trabajo podrían revertir esta situación, en la medida que las nuevas formas de
subcontratación y de trabajo domiciliario, en ciertos sectores de la economía
(en Chile, por ejemplo, el sector de la confección), ha vuelto a ubicar a la
mujer en el hogar ligando los trabajos productivos y reproductivos. Esta
estrategia tiene un carácter distinto, en la medida que la producción se dirige
hacia el mercado no sólo nacional sino transnacional y es resultado de un modelo
económico que tiende a reducir al mínimo el costo de la mano de obra.
En América Latina la familia parecería
evolucionar desde una situación "victoriana" hacia la situación donde el ámbito
público se expande y el privado se reduce, lo que obedecería a sociedades
modernas, más secularizadas y donde hay mayor exaltación de la igualdad y del
individualismo. De esta forma, las líneas divisorias entre mundo público y mundo
privado se han flexibilizado y su permanente cambio tiende, en lo que a la
familia se refiere, hacia la ampliación del espacio público.
Las funciones más definitorias de la familia,
como son las reproductivas y de regulación de la sexualidad, disminuyeron en la
medida que tienen cada vez menos hijos (y hay un creciente número de hijos que
nacen fuera del matrimonio y sus padres no se constituyen en familia) y la
actividad sexual se ejerce también y crecientemente fuera del matrimonio.
De manera que numerosas funciones de la familia
que antes se efectuaban en el hogar pasaron a ser ejecutadas fuera de este
ámbito, produciéndose una inversión de la magnitud de tiempo que las personas
permanecen en ellos, así como una modificación en las formas de percibir la
familia y sus funciones.
Actualmente asistimos a un proceso de cambio en
el sistema de género: se tiende a flexibilizar los roles familiares desde un
modelo altamente segregado, como en el modelo tradicional, hacia roles
compartidos, donde la participación en el mercado de trabajo de mujeres y
hombres ya no se discute, pero se negocian diversos arreglos para el cuidado de
los niños y el trabajo doméstico.
El mayor punto de visibilidad y que inició el
quiebre del modelo tradicional fue la incorporación masiva de las mujeres al
mercado de trabajo (que continuará en el futuro), las que hasta ahora en gran
parte de los casos, no rompieron con el modelo tradicional y desarrollan una
doble jornada. En otros grupos se inició un lento y dificultoso proceso de
negociación al interior de la pareja para desarrollar un modelo nuevo de
responsabilidades compartidas en el hogar. Algunos estudios indican que las
tareas donde hay menor resistencia para compartir son las del cuidado y atención
de los hijos, no así en el trabajo doméstico (Sharim, 1995). Este sería sin
duda, uno de los aspectos que diferencian las nuevas de las viejas generaciones.
El acceso al conocimiento
La situación en relación con el acceso al
conocimiento es muy diversa en América Latina y es dable encontrar países donde
se encuentran altos niveles educativos de su población junto con otros que no
han logrado una mínima cobertura educacional y donde el 47% de las mujeres son
analfabetas como es el caso de Guatemala.1 Hacia los noventa se advertía un
mejoramiento importante en el acceso de las mujeres a los distintos niveles
educativos y aproximadamente el 48% de los matriculados en la enseñanza superior
son mujeres. Esta mejoría se reflejará con posterioridad en los mercados de
trabajo, dada las altas tasas de participación de las mujeres con niveles
educativos universitarios. También se avanza -aunque en menor grado- en
disminuir la segmentación por áreas educativas, apreciándose cierto aumento de
matrícula femenina en carreras habitualmente masculinas de la educación
superior.
En este como en otros temas, una mirada
generacional es siempre oportuna. Se asiste a una tendencia en el plano
educacional que muestra que las jóvenes están ganando un fuerte espacio en los
niveles básicos y medios de instrucción, donde en varios países están
sobrepasando el nivel alcanzado por los varones, en tanto en las generaciones
adultas muestran niveles de analfabetismo y menor nivel de instrucción. En
varios países de la región las mujeres en los años noventa son mayoría entre los
matriculados en la educación universitaria (Panamá, Cuba, Colombia, Uruguay y
Venezuela).
La creciente participación económica femenina
Para el conjunto de América Latina la gran
mayoría de los nuevos puestos de trabajo generados en los últimos años ha sido
en sectores de menor productividad: las pequeñas y microempresas y el trabajo
por cuenta propia no profesional.
El crecimiento del empleo femenino se encuentra
entre estos grupos y superó ampliamente el crecimiento del empleo masculino. De
esta forma, entre principios de los ochenta y mitad de los noventa, las tasas de
actividad urbanas masculinas se mantuvieron en alrededor del 78%, sin embargo,
las tasas de actividad femenina crecieron de 37% a 45%. Este aumento se ha
producido principalmente entre las mujeres de 25 y 49 años, es decir, aquéllas
sobre las cuales recaen con mayor fuerza las tareas reproductivas. (Véase
Arriagada, 1994)
El crecimiento económico ha impulsado la demanda
de empleo femenino en las áreas estructuradas de los sectores comercio y
servicios. Dependiendo de los niveles educativos, y especialmente de las
profesionales más jóvenes, se han ido insertando en las áreas más modernas de
esos sectores con ingresos relativamente elevados, pero siempre inferiores a los
correspondientes a los varones con similar calificación. El mercado de trabajo
de profesionales continúa siendo segregado por género, en parte como
consecuencia de la segregación en la educación y capacitación y también por las
aún vigentes pautas culturales sobre el papel de la mujer en la sociedad. Para
la mayoría de los países se observa una mayor discriminación de ingresos en
contra de las mujeres a medida que se avanza en los niveles educativos.
Persisten también prácticas discriminatorias de contratación (abiertas y
sutiles) dificultades en el acceso a la capacitación, el ascenso y la movilidad
tanto horizontal como vertical.
Pese a ello, una elevada proporción de las
mujeres con niveles educativos altos participa en el mercado laboral, aportando
con su trabajo a la generación de bienes y servicios; y proporcionando ingresos
indispensables para su grupo familiar, tanto para satisfacer las crecientes
necesidades de consumo que impone el modelo económico, como para financiar el
encarecimiento de los servicios de salud y educación resultado de los procesos
de privatización de esos servicios en los países de la región.
Gráfico 3.
Los ingresos de las mujeres al
hogar
En la medida que un mayor número de mujeres viven
solas o son jefas de hogar con dependiente, la responsabilidad por su
sobrevivencia y la de su familia ha aumentado durante los últimos veinte años. A
menudo, la maternidad adolescente no es apoyada por la pareja y los adultos
mayores no son cuidados por sus hijos varones- tendencias que aumentan la carga
femenina. Aunque las mujeres vivan con pareja, el ingreso masculino obtenido es
a veces tan insuficiente que las mujeres y los niños deben asumir la doble carga
del trabajo doméstico y el trabajo fuera del hogar para suplir el presupuesto
familiar. Un estudio en México detectó que el 17,1% de los hogares,
independientemente del sexo del jefe del hogar, mostraban un ingreso
exclusivamente femenino o predominantemente femenino. (Rubalcava, 1996)
En el Panorama Social de la CEPAL de 1995 se
realizó un ejercicio de simulación para establecer cuánto crecería la pobreza si
las mujeres no aportaran al hogar. Los resultados son decidores: sin el ingreso
de las mujeres que son cónyuges, la pobreza del hogar aumentaría entre 10% a 20%
(Véase Gráfico 3). Para el conjunto de los hogares las mujeres que son cónyuges
aportan alrededor del 30% de los ingresos con variaciones según los países. Las
mujeres en el año 1992 aportaron entre 23% y 36% de los ingresos del hogar, en
los hogares indigentes los aportes económicos de las mujeres al hogar fueron
mayores (Véase gráfico 4).
Estudios de casos muestran que los ingresos
económicos de las mujeres de sectores más pobres -a diferencia del de los
hombres- se distribuyen de manera más equitativa entre los miembros del hogar y
se destinan en su totalidad al consumo de éste. (Buvinic, 1991), lo que confirma
la importancia del aporte de los ingresos de las mujeres a sus hogares.
Gráfico 4.
Los aportes del trabajo
doméstico
Todas las sociedades asignan a las mujeres la
reproducción cotidiana que se ejecuta por medio del trabajo doméstico. Este se
hace en forma aislada y parcelada en cada hogar, su valor económico no es
reconocido y se distribuye en forma desigual según el nivel de desarrollo de
cada país, clases sociales, ciclos de vida familiar, áreas geográficas. El PNUD
calculó que en países en desarrollo el 66% del trabajo de las mujeres se
encuentra fuera del sistema de cuentas nacionales (SNC) por lo que no se
contabiliza, no se reconoce ni se valora (PNUD, 1995). Este mayor esfuerzo
realizado por las mujeres se expresa en un mayor número de horas ocupadas en
desempeñar su trabajo en el mercado y el trabajo doméstico.
Los sistemas de apoyo institucional para el
cuidado de los niños y para la atención de ancianos son casi inexistentes. Las
salas cunas y la educación preescolar son de baja cobertura y en especial para
quienes más lo necesitan: las mujeres pobres y que trabajan fuera del hogar. De
la misma forma, la preocupación por el cuidado de los ancianos y los inválidos
recae sobre sus familias, es decir, sobre las mujeres, existiendo muy pocos
mecanismos de apoyo, los que son de alto costo por su carácter privado. Para
América Latina la atención preprimaria a niños entre 0 a 5 años alcanzaba a 7,8%
en 1980 y se duplica a 16,8% en 1991 y en la mayoría de los casos se concentraba
en el sector privado y en las áreas urbanas. En algunos casos se ha logrado
aumentar la cobertura y en otros se ha intentado legislar para dar
obligatoriedad a la educación preescolar, sin embargo, en la mayoría de los
países de la región queda mucho por hacer en este tipo de acciones. La
preocupación por la población mayor es aún menos explícita pese a que en varios
países de la región, la población mayor está creciendo de manera importante.
Se requiere ampliar no sólo el apoyo que las
instituciones sociales puedan hacer a la familia sino que también debe
modificarse la participación de los demás miembros del hogar al interior de
ésta, de manera de equilibrar de mejor forma los roles de género en la
reproducción social.
En síntesis, los cambios culturales propios para
modificar las percepciones respecto de las funciones y estructuras de las
familias y sus interpelaciones con la economía, así como las modificaciones en
las estructuras de género seguirán siendo una tarea pendiente para el siglo XXI.
Es de esperar que el nuevo siglo equilibre mejor los aportes y carencias de
hombres y mujeres, modificando de manera positiva sus roles en el ámbito social
y político como laboral y familiar. La capacidad organizativa y propositiva de
las mujeres podrían ser las dimensiones claves para acelerar este proceso.
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Notas
1
Cuba, Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá y otros tienen una población femenina
con niveles de escolaridad altos, en tanto Haití, Honduras, El Salvador y
Nicaragua presentan altas tasas de analfabetismo femenino según datos de FLACSO
(1995)."
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