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2000
Globalización y extremismo: un llamado a un enfoque más moderado

Ann Pettifor
Coalición Jubileo 2000

Darle un nombre nuevo a las cosas equivale a reinventarlas. Para reinventar una compañía, un partido político o un orden económico, se debe inventar en primer lugar una imagen y un nombre nuevos. Monsanto, la compañía de alimentos modificados genéticamente, acaba de cambiar su nombre a Pharmacia. Así son las cosas en la economía abierta. La globalización es la imagen y el nombre nuevos de un viejo orden: la apertura de la economía mundial a la dominación de los países capitalistas más poderosos. El objetivo actual es el mismo que ha sido siempre: asegurar que “los capitalistas de las economías más fuertes aprovechen las oportunidades de lucro posibles en otros países”.

Desde la Cumbre de Copenhague en 1995, los líderes mundiales de las economías más fuertes abogaron por la reducción de la pobreza, por un lado, y aceleraron el proceso de apertura o “globalización” de las economías, por el otro. Hay contradicciones inherentes en este enfoque, que se han explorado en gran parte de la literatura del desarrollo y los líderes de los países con economías dominantes y sus agentes –el personal del FMI- padecen contradicciones e incoherencias en su enfoque hacia la propia globalización. Aunque promueven la apertura, son reacios a cumplir las reglas de ésta y a cumplir con sus responsabilidades hacia aquellos que se adaptan a la apertura.

Esta “flexibilidad” y omisión de responsabilidad con respecto al propio proyecto de globalización desestabilizará aun más, el sistema financiero internacional. Apelamos a las naciones dominantes para que adopten un enfoque más responsable y moderado. Sobre todo, pedimos que se apliquen las normas y la disciplina en las relaciones financieras internacionales.

El continuum

Los méritos y deméritos de las economías abiertas o cerradas han estado en el centro del debate económico durante gran parte de la historia económica.

Con las recientes crisis en Asia oriental, Rusia y América Latina, estos debates salieron a la luz en forma diferente y se encuentran en el centro de las tensiones del capitalismo contemporáneo. Enfrentada a los defensores del libre comercio en la reunión de la OMC en Seattle había una extraordinaria alianza de activistas que de hecho exigían el proteccionismo, o economías más cerradas.

No hay opciones definidas en la realidad cotidiana de la economía internacional. En su lugar existe un continuum entre el máximo “cerramiento” y la máxima apertura en que se encuentran todos los países, ya que todos utilizan alguna combinación de controles y libertad del mercado. Los protagonistas de las economías abiertas (EEUU, Japón y el bloque europeo) son responsables a la vez de algunas de las barreras más efectivas a las exportaciones de los países pobres.[1] En este sentido, los defensores del libre comercio de la era moderna no se distinguen de sus antecesores de la “edad dorada” del siglo XIX: ellos son quienes prohibieron las telas de algodón de la India en los mercados británicos.

La responsabilidad de los países ricos

Para que el sistema de la economía abierta funcione en la actualidad como en la “edad dorada” no basta que los países dominantes actúen como los mandones del mundo a través del FMI y la OTAN. En aras de la misma apertura que fomentan, también deben defender un sistema normativo. El patrón oro fue un eficaz mecanismo de control precisamente porque operó según reglas rigurosas, supervisadas y aplicadas por el país más poderoso de esa época: Gran Bretaña.

Hoy en día, esta responsabilidad de los países más poderosos revela señales de debilidad. Señales evidentes de su intención de “flexibilizar las reglas” surgieron en Seattle en la reunión de la OMC, en diciembre de 1999. El presidente de EEUU enfrentó dos amenazas al sistema económico y político de su país. La primera: la creciente competencia de otros países capitalistas, sobre todo de Asia oriental, que el año anterior habían inundado el mercado estadounidense con productos baratos y casi duplicaron el déficit comercial de EEUU. La segunda: la amenaza de perder el apoyo sindical en las próximas elecciones de EEUU, ya que los trabajadores creen que la apertura perjudica sus intereses.

El presidente Clinton intentó reaccionar ante las amenazas en Seattle llevando a EEUU de la apertura al “cerramiento” en el continuum. Los países en desarrollo interpretaron que sus propuestas para exigir regulaciones laborales en todos los acuerdos comerciales, y el uso de sanciones comerciales para aplicarlas, eran un nuevo pretexto para restringir las importaciones. No fueron los únicos. El diario estadounidense The Wall St. Journal fue de la misma opinión.[2] Clinton, según el diario, evadía la responsabilidad de defender las reglas del mercado abierto o “globalizado”. “El gobierno y aquellos que apoyan el libre comercio deberán responder con mayor firmeza”, escribió el órgano de prensa. Pero Clinton reaccionó con debilidad. Así que los titulares de The Wall St. Journal calificaron a Clinton del hombre que “arruinó la Cumbre de Seattle”.

Esta no fue la única señal de debilidad en la defensa de las reglas del libre comercio. Otra fue la resolución de los países ricos de imponer normas que fuercen la apertura de los mercados de capital y la mantengan en épocas de crisis. Hay señales de que esta resolución se está debilitando. El Banco Central de Alemania, en su informe mensual correspondiente a diciembre de 1999, sugiere que “el ritmo de liberalización de las transacciones de capital se deberá reducir si la situación económica subyacente del país en cuestión no es tan sólida aún como para soportar la tensión”.[3] Un informe reciente del FMI, el organismo que mejor representa los intereses y responsabilidades de los países más ricos, es otra señal. Sugiere que los controles que limitan y disciplinan los movimientos de capital pueden ser “útiles”.[4] El informe, “Experiencias de Países con el Uso y la Liberalización de los Controles de Capital”, reconoce que “en India y China, países con controles generalizados adoptados hace tiempo y con un enfoque de cautela hacia la liberalización, los controles (de capital) quizá hayan ayudado a reducir la vulnerabilidad ante la crisis financiera asiática”.

Financiando el ajuste

Además de defender las reglas del libre comercio y del libre movimiento de capitales, los países capitalistas tienen una segunda responsabilidad si han de mantener la apertura del orden monetario internacional. Deben movilizar grandes sumas de capital para ayudar a los países con dificultades en sus balanzas de pagos durante la transición a la apertura. El crédito internacional puede suavizar el proceso de ajuste y ayuda a trasladar la economía del hermetismo a la apertura. Esa fue la función que cumplió Gran Bretaña durante la “edad dorada” de la apertura.

Los países ricos promueven la globalización, pero evaden estas responsabilidades con el propio proyecto de globalización. Los fondos destinados a la ayuda se redujeron a 51.900 millones de dólares en 1998, 8.000 millones menos que en 1994. En 1980, la ayuda correspondía a un promedio de 0,37 % del PNB de los donantes. Con el fin de la Guerra Fría, la ayuda se redujo a tan sólo 0,24 % del PNB combinado de los donantes, mucho menos que el nivel de 0,7 % recomendado por la ONU, y la proporción más baja de la historia.

Los movimientos de capital hacia los países en desarrollo de medianos ingresos aumentaron considerablemente de 50.000 millones de dólares en 1990 a 290.000 millones en 1997. Pero los movimientos de corto plazo resultaron tremendamente desestabilizantes; 10% del PNB de Asia oriental salió de la región debido al pánico de los inversores durante la reciente crisis asiática. Según datos del Banco Mundial, la financiación mensual promedio de los mercados de todos los países en desarrollo descendió de 25.700 millones de dólares en julio-diciembre de 1997 a 11.800 millones en julio-diciembre de 1998.

El capital privado de los países más ricos siguió sin beneficiar a la gran cantidad de países en desarrollo de bajos ingresos que se adaptan a la globalización. En 1997, Asia meridional y África Subsahariana recibieron en conjunto sólo 6% de la inversión extranjera directa y 12% de los flujos de recursos agregados netos a todos los países en desarrollo.

Los países pobres no tienen opción

Los políticos de los países pobres también deben decidir en qué lugar del continuo de las economías abiertas y cerradas deben ubicar a sus estados. Sin embargo, tienen menos opciones. La superioridad de los países del G-7 en lo que respecta a las armas nucleares, el control sobre el capital, la tecnología y las materias primas les da gran poder sobre ellos.

De esta manera, se obliga a los países no industrializados a abrir sus economías a los capitales y las importaciones de los países ricos, mientras sus exportaciones a los mercados industrializados sufren restricciones. A cambio, se les estimula a solicitar préstamos en los mercados internacionales para financiar los ajustes y el desarrollo. Sus economías no son competitivas en los mercados mundiales, y sus mercados manufactureros a menudo no están diversificados. El impacto de la apertura erosiona a los mercados locales, importa presiones deflacionarias, agrava los déficits comerciales, daña el medio ambiente y perjudica a las comunidades locales. El alto nivel de préstamos extranjeros a los que se someten estos países para financiar el ajuste, combinado con la caída de los ingresos por sus exportaciones, los conduce a un nivel de deuda insostenible.

¿Cuál es el camino?

Estos hechos representan grandes desafíos para el futuro de la apertura, o globalización. El resultado de estos desafíos es inseguro. Hay señales en los países dominantes de que las presiones deflacionarias, el impacto adverso de las recientes crisis financieras en los balances de pagos de EEUU y Europa, la degradación económica de los países más pobres y la debacle en la OMC debilitarán la voluntad política para el proyecto de globalización. En el mundo de las economías en desarrollo y en transición, en algunos casos la situación linda con lo catastrófico. Los gobernantes de muchos países, incluso de Rusia, Congo, Ecuador e Indonesia, enfrentan la desintegración social, política y económica. Mientras tanto, millones de personas perdieron sus vidas o fueron obligadas a abandonar sus hogares. En 1980, cuando Thatcher y Reagan impulsaron la apertura de las economías, había 2,5 millones de refugiados. Hoy hay 21 millones de personas desplazadas por la guerra civil, las enfermedades, el hambre y los desastres ecológicos.

Estas reacciones al impacto desestabilizador de la liberalización del capital parecen conducir a una bienvenida reducción del ritmo de liberalización. Se podría desarrollar un orden internacional nuevo, más estable y justo, menos abierto que el de la década pasada. En forma alternativa, la aceleración de la globalización podría conducir al colapso absoluto del sistema monetario internacional, como ocurrió en las décadas de 1920 y 1930.

Para evitar el colapso del sistema monetario internacional y la ulterior degradación económica y social, es preferible recrear un nuevo orden internacional que optar simplemente, por mayor apertura e inestabilidad financiera. Pero no nos detenemos ahí. Argumentamos que, para fomentar el desarrollo humano, resulta vital y urgente que se den los pasos correspondientes para fundar un orden económico internacional sobre la base de un continuum entre economías más o menos cerradas y más o menos abiertas, sin la exigencia de una apertura total.

Afirmar los valores humanos por encima de los monetarios

Para promover el proyecto de globalización, los gobernantes y formadores de opinión de los países dominantes tuvieron que afirmar la superioridad del valor del dinero por encima de los valores humanos. Este marco ideológico permitió que el desarrollo humano esté subordinado a los intereses del desarrollo del capital y las compañías. Brindó el pretexto y el amparo para las políticas económicas que causaron gran pérdida de vida humana y la catastrófica destrucción de potencial humano en los países en desarrollo y en transición.

Jubileo 2000 es un movimiento internacional de personas que reafirman la superioridad de los valores humanos y abogan por el fin del control que ejercen los prestamistas de dinero en los países más pobres. Si ha de manifestarse un verdadero compromiso con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano en la próxima Cumbre de la ONU en Ginebra, entonces los valores humanos han de colocarse nuevamente sobre los del dinero. El G-7 tendrá que dejar de mirar en ambas direcciones.

Limitar los movimientos de capital

En la reunión anual del FMI y el Banco Mundial celebrada en Hong Kong en 1997, el FMI fue advertido de los riesgos que implica acelerar el ritmo de la liberalización de capital. Estas advertencias se ignoraron arrogantemente. En consecuencia, la crisis del sudeste asiático sacrificó los medios de vida de millones de personas.

Joseph Stiglitz, el ex Economista en Jefe del Banco Mundial, señaló que “muchas personas quedaron sin trabajo, y en algunos casos más de 50% de las compañías se declararon en bancarrota (durante la crisis financiera asiática de 1997/98), aunque fueron los mercados financieros los que se encontraban en la raíz del problema”.[5]

El FMI reconoce tardíamente que la liberalización de los capitales tuvo que ver en la desestabilización de las economías en la crisis asiática. Los países pobres deben tener la libertad de aprender las lecciones y de controlar y administras los movimientos de capitales en interés de su propio pueblo. Chile, Malasia, China e India mostraron que esto se puede hacer. El poder del FMI sobre las economías en desarrollo y en transición se debe reducir para que puedan seguir esos ejemplos.

Introducir la disciplina en los préstamos

Así como la noche sucede al día, los préstamos internacionales imprudentes suceden a la liberalización de capitales. Existe un fuerte riesgo moral en la ausencia de regulación, como revelaron los préstamos otorgados a economías como las de México, Tailandia y Rusia. La voluntad del FMI de estimular estos movimientos condujo a su vez a políticas de rescate financiero de los propietarios del capital que lo habían prestado sin cautela, todo a costa de los contribuyentes. Las pérdidas se nacionalizaron y las generaciones futuras cargarán con la deuda.

Este marco alentó las imperfecciones del mercado, sobre todo al eliminar los riesgos que enfrentan los prestamistas internacionales. Estos acreedores no fueron sometidos a la disciplina de las fuerzas del mercado ni de la ley a través de la bancarrota formal. El movimiento internacional Jubileo 2000 promueve un proceso nuevo, más justo, independiente, responsable y transparente para manejar las relaciones entre países deudores y sus acreedores públicos y privados.

Un procedimiento de arbitraje justo y transparente, no necesita ser burocrático. Se podría modelar según el proceso aplicado a Alemania e Indonesia en 1953 y 1971 respectivamente. Un tasador independiente concedió a ambos países la masiva cancelación de la deuda. El eminente banquero Herman Josef Abs supervisó las negociaciones que distribuyeron las obligaciones y pérdidas más equitativamente entre deudores y acreedores, y otorgó a ambos países la oportunidad de recuperarse económicamente y de empezar de nuevo.

Las campañas de Jubileo 2000 en África y América Latina argumentan que este proceso de arbitraje podría impedir la corrupción que sucede cuando se firman préstamos secretos. Estos acuerdos se firman con el conocimiento de que probablemente ninguna de las partes del acuerdo sufra pérdidas si la deuda no se puede pagar. Las elites prestatarias locales se dedicarán a otra cosa. Y las elites prestamistas podrán apelar al rescate de la comunidad financiera internacional o esperar a que retorne la estabilidad económica –cuando las deudas se paguen con intereses compuestos. Una mayor transparencia limitará los préstamos secretos de los Departamentos de Garantías para Créditos a la Exportación de los gobiernos del G-7, que los utilizan para vender las armas y otras exportaciones improductivas entre los países en desarrollo.

Un proceso independiente de arbitraje tendría tres objetivos: primero, devolver cierta justicia a un sistema en el cual los acreedores cumplen el papel de demandante, juez y jurado; segundo, actuar como freno ante los movimientos de capital e introducir disciplina en los préstamos de los países –y por lo tanto, impedir crisis futuras: y tercero, neutralizar la corrupción en los préstamos incorporando la responsabilidad mediante la prensa libre de la sociedad civil. Ese proceso de arbitraje impondría la misma disciplina a los acreedores a la cual se someten actualmente por las leyes de bancarrota de sus países, y creemos que desalentaría el tipo de préstamos imprudentes que provocaron la crisis de Asia oriental. Las decisiones en materia de préstamos se tomarían con mayor cuidado, con mayor consideración a la capacidad de pago y con una distribución más equitativa del riesgo entre los acreedores y los deudores soberanos.

Acceder a una cancelación más profunda de la deuda

Los países ricos tienen la responsabilidad de ayudar a los países pobres a superar las crisis de balanzas de pagos y las deudas que son un efecto secundario necesario del ajuste a la globalización. Pueden hacerlo por dos vías: ofreciendo una reducción mucho mayor de la deuda, y aumentando masivamente el apoyo al balance de pagos mediante donaciones.

La Iniciativa de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (PPFE) y la cancelación de 100.000 millones de dólares de deuda acordada en Colonia –aunque es un gran paso- no obstante sigue siendo lamentablemente insuficiente. Clinton lo reconoció en su discurso ante las reuniones anuales del FMI/Banco Mundial el 29 de septiembre. El primer ministro Tony Blair concuerda y el canciller Schroeder de Alemania, en un mensaje de Año Nuevo, dijo que “una de las principales tareas (de Alemania) será emprender mayores esfuerzos para reducir el nivel de la deuda de los países más pobres”.

El proceso actual está totalmente dominado por acreedores que son profundamente reacios a cancelar las deudas. Asimismo, está inmerso en la burocracia y las ortodoxas condiciones macroeconómicas del FMI, y ofrece muy poco y muy tarde a los países en crisis, como Guyana, Sierra Leona, Ruanda, Nigeria y Ecuador. La reducción que ya se otorgó significa que los países deudores, incluso Mozambique, Mauritania y Bolivia, seguirán gastando más para pagar la deuda a los ricos acreedores de los países industrializados de lo que gastan en salud, educación y agua potable.

Los grandes países deudores no pueden conseguir la reducción de la deuda debido a un método de selección que es tanto arbitrario como carente de rigor intelectual. Sólo sirve a los intereses de los países dominantes que están dispuestos a cancelar aquellas deudas que no se pagarían de todas maneras. El Banco Mundial y el FMI definieron a Nigeria como un país en bancarrota y en necesidad de reducción de la deuda cuando se elaboró por primera vez la Iniciativa PPFE. Pero los acreedores la retiraron de la lista, sin explicaciones. Sólo podemos concluir que estaban preocupados por sus propias pérdidas.[6] Muchos países más necesitan ayuda y deben tener la libertad de solicitar un arbitraje independiente y la cancelación de la deuda de sus acreedores.

Permitir a los países pobres pagar la deuda en sus propias monedas

Como el dólar es la moneda dominante, se espera que los países más pobres paguen su deuda externa en monedas fuertes, o sea en dólares, libras esterlinas o yenes. El nivel de la deuda sería sustentable si se sigue el ejemplo de Estados Unidos y se permite que los países paguen las deudas en sus propias monedas. Los acreedores dudarían en otorgar préstamos en estas condiciones, pero a la vez serían más disciplinados a la hora de prestar. El valor de las monedas de los países pobres aumentaría, ya que los acreedores tendrían interés en mantener su valor. Como están las cosas, los acreedores, por intermedio del FMI, tienen, según las palabras de The Wall St. Journal, “un prejuicio hacia la devaluación, que se supone ha de ‘avivar’ las exportaciones aun cuando la inevitable inflación resultante disminuye rápidamente los ingresos y los activos de la población residente. Empobrecer a la gente de esta manera es moralmente indefendible y políticamente insustentable”.[7]

Aumentar la corriente de ayuda y capital hacia los países pobres

Se debe revertir la reducción de la ayuda a los países en desarrollo. Una forma de aumentar los ingresos con este fin sería posible con la introducción de un Impuesto Tobin. Paul Bernard Spahn argumentó que un impuesto Tobin de 0,02 % sobre la facturación diaria de los mercados de divisas que mueven 1,23 billones de dólares podría generar 64.000 millones de dólares por año. Esta cantidad se debe administrar abierta y democráticamente por la ONU, y los ingresos deben ser usados y distribuidos para el desarrollo social.

El Impuesto Tobin tendría un beneficio adicional. Daría disciplina y desalentaría la actividad especulativa en los mercados financieros.

Cambiar el enfoque del FMI

Joseph Stiglitz planteó el poderoso argumento de que las economías de mayor éxito en la última década –China, India y Estados Unidos- forzaron las reglas de la apertura y no acataron las políticas macroeconómicas del FMI. “China constituyó dos tercios del incremento total en los ingresos entre los países de bajos ingresos entre 1978 y 1995 al ignorar en gran medida el consenso de Washington”, señaló. (Economic Journal, noviembre de 1999).

China es una economía poderosa, no está paralizada por las deudas y tiene armas nucleares. Los países deudores no tienen opción, deben adoptar las políticas del FMI. En África, las consecuencias han sido desastrosas. Según el Banco Mundial, la población que vive con menos de dos dólares diarios aumentó 90 millones entre 1990 y 1998 –el lapso en el cual el FMI dominó la política económica en el continente.[8] El PBI por habitante en África subsahariana fue negativo entre 1989 y 1998.[9] En este mismo período aumentó 1.000 millones la cantidad de personas que vivían con menos de dos dólares por día en las economías en desarrollo y en transición (con excepción de China), según datos del Banco Mundial.[10]

La escala de este desastre económico trasciende la imaginación. Causó la desintegración social, política y civil en grandes sectores del mundo en desarrollo. El costo en vidas y potencial humano probablemente sea incalculable y quizá supere la cantidad de vidas perdidas en el período posterior a 1914. Millones de vidas se sacrificaron por un proyecto que no generó crecimiento económico en regiones como África y América Latina.

En este contexto, se debe apoyar el pedido del Secretario del Tesoro de Estados Unidos para que el FMI deje de concederle préstamos blandos a los países en desarrollo mientras aplica implícitamente su menú habitual de condiciones.[11] Pero esto sólo se debe aceptar si esa financiación sigue accesible a los países en desarrollo.

Localización sí, globalización no

Finalmente, es poco realista y profundamente injusto esperar que los países más pobres puedan comerciar y competir en igualdad de condiciones con los países más ricos. Los campesinos pobres de Ruanda jamás podrán competir con los mercados de granos subsidiados, altamente capitalizados y protegidos de Estados Unidos, Japón o Europa.

Los países deben tener la libertad de seguir el modelo occidental, es decir de instituir altos niveles de protección para los mercados nacionales a medida que evolucionan y maduran. Sólo una vez que los mercados nacionales hayan alcanzado un estadio de competitividad auténtica se debe hacer la opción de ingresar a mercados nuevos.

Las economías industrializadas, como argumentara el gran economista africano Abdul Rahman Babu, se basan en tres pilares: la agricultura, los textiles y la construcción. Estos sectores permiten a cualquier país alimentar, vestir y alojar a su pueblo. En los países industrializados siempre están protegidos. La apertura alienta a los países en desarrollo a exportar materias primas, socavar la agricultura de subsistencia y las compañías locales, y a convertir a estas sociedades en mercados para la importación de alimentos y de productos de consumo irrelevantes. En su lugar, deberían concentrar sus energías en servir los intereses de la población local y de sus comunidades.

No obliguen a los pobres a alcanzarlos

Siempre se exhorta a los países en desarrollo a “alcanzar” a alguien. ¿A quién y con qué? Japón recién “alcanzó” la industrialización 150 años después del Reino Unido; Suecia lo hizo 50 años después que el resto de Europa. Las necesidades siempre son relativas. En primer lugar, los países en desarrollo deben huir de la esclavitud de la deuda. Luego deben alimentar, vestir y alojar a sus pueblos. Sólo entonces podrán solicitar préstamos a los mercados financieros internacionales, comerciar y crecer. Para satisfacer las necesidades básicas, no necesitan los préstamos extranjeros.

Notas:

[1] El gobierno británico se destacó del resto de sus colegas europeos en Seattle al anunciar que eliminaría unilateralmente los aranceles sobre los productos procedentes de los países más pobres.

[2] “How Clinton Botched the Seattle Summit” The Wall St. Journal, 6 de diciembre de 1999.

[3] Deutsche Bundesbank. Informe mensual, diciembre de 1999, pág. 36.

[4] The Financial Times. 12 de enero del 2000.

[5] International Herald Tribune. 27 de enero del 2000.

[6] Ver Jubilee 2000 Debt Update, edición número 3, diciembre de 1998.

[7] Editorial. The Wall St. Journal Europe, 11 de noviembre de 1999.

[8] Banco Mundial. Global Economic Prospects 2000, pág. 28.

[9] Ibid, p. 148.

[10] Los cálculos de la pobreza por el Banco Mundial que emplean la marca de un dólar por día son cuestionables. La documentación del empobrecimiento de los países revelaría, a nuestro entender, cifras mucho mayores.

[11] Larry Summers. “The IMF should focus on preventing crises”. Independent, 16 de diciembre de 1999.

Ann Pettifor es Directora de la Coalición Jubileo 2000, Reino Unido.
Este artículo se basa en la obra de Fred L. Block The Origins of International Economic Disorder, University of California Press.

 

 


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