2000
Las micro respuestas no solucionan los macro problemas
Susana Chiarotti
CLADEM
En la esfera
de los derechos humanos se pudo constatar que los Estados de América Latina y el
Caribe han actuado positivamente al ratificar los tratados internacionales
que protegen los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra la mujer.
También se
registró como positiva la sanción de leyes nacionales para sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, en todos los países, con excepción de Brasil y
Paraguay. La creación y/o mantenimiento de mecanismos institucionales para
trabajar por la equidad de género y la presentación de propuestas o planes de
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones por parte de la mayoría de los
países, fue considerado otro logro. En algunos países se dictaron leyes de salud
reproductiva que incluyeron programas de planificación familiar.
Pero estos
avances no han alcanzado a revertir la situación de discriminación que siguen
sufriendo las mujeres de la región. Los problemas más serios son:
1.
La teoría de los derechos humanos
sigue desconociendo las experiencias y necesidades de las mujeres. Por tanto su
visión sigue siendo parcial.
Los derechos
humanos siguen anclados en el esquema tradicional de jerarquización de lo
público sobre lo privado. A pesar de los esfuerzos de las feministas para
demostrar que ellos pueden ser disfrutados y por tanto violados, tanto en la
esfera pública como en la privada, la denuncia de las violaciones registradas en
la esfera pública y la defensa de sus víctimas, gozan de más reconocimiento y
atención que el reclamo por la visibilización de las violaciones registradas en
la esfera privada.
2.
Se mantiene la brecha entre los
derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y la
posibilidad de su disfrute por parte de las ciudadanas.
Los logros
formales, si bien son un avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres,
no fueron acompañados por transformaciones políticas, culturales y sociales que
permitan vislumbrar la erradicación de la discriminación de género.
Por otra
parte, la implementación de la Convención de la Mujer requiere acciones del
Estado a todos los niveles. Aún en los países donde los tratados internacionales
tienen rango constitucional (Argentina, Brasil, Colombia) el compromiso de los
gobiernos con la problemática de la discriminación de género sigue siendo
parcial.
3.
El desconocimiento al mandato de la
integralidad e interconexión de los derechos humanos (los derechos civiles y
políticos deben implementarse de manera interconectada con los económicos,
sociales y culturales y los derechos sexuales y reproductivos).
Mientras se
nos reconocen algunos derechos civiles y políticos (leyes de cuotas en la
participación parlamentaria, leyes contra la violencia hacia la mujer), estamos
perdiendo aceleradamente derechos económicos y sociales. A pesar de registrarse
un pequeño avance en la ciudadanía civil, retrocedemos en la ciudadanía social,
y eso hace que los derechos conquistados puedan ser gozados por un número cada
vez menor de mujeres.
Las mujeres
siguen en la encrucijada entre la actividad económica realizada en el mercado de
trabajo y los bienes y servicios producidos en la esfera doméstica. En efecto,
la economía doméstica (administración y mantenimiento del hogar),
la economía de la reproducción (reproducción, alimentación,
crianza y educación de hijos e hijas) y la economía de cuidado
(atención de otros seres humanos) demandan largas horas de trabajo que no han
sido reconocidas aún por el Estado,
permanecen invisibilizadas y sólo se contabilizan cuando las realiza una persona
contratada por la familia.
Los gobiernos
de nuestra región no tienen poder de decisión dentro de la Organización Mundial
del Comercio y se ven limitados a firmar los acuerdos diseñados por los países
del norte. Esos acuerdos condicionan las políticas nacionales e impactan a las
mujeres, que además no tienen ninguna voz en esa discusión.
Los esfuerzos de nuestros gobiernos por atraer inversiones se han limitado a la
disminución de la protección laboral. Esta disminución, realizada con el
argumento de que se crearían nuevos puestos de trabajo, ha tenido como efecto,
en algunos lugares, la reaparición del trabajo esclavo
y el trabajo infantil. Las condiciones de trabajo empeoran según la pertenencia
étnico racial y la condición de migrante.
En cuanto a
los derechos sexuales y reproductivos, su pleno ejercicio se ve obstaculizado
por la influencia de sectores religiosos fundamentalistas, lo que motiva a las
organizaciones de mujeres a reclamar “el afianzamiento del carácter laico de los
Estados (como) una condición sine qua non para el afianzamiento de la
institucionalidad democrática de los países de la región.”
4.
La exclusión de las mujeres del
diseño de las grandes políticas nacionales.
La ausencia de
las mujeres en el diseño de las políticas de seguridad, por ejemplo, no se podrá
compensar con una ley de violencia, una comisaría de la mujer o un refugio para
mujeres golpeadas.
En el mismo
sentido, nuestra falta de participación en las reformas de la justicia, no puede
compensarse con un curso de capacitación en género a funcionarios judiciales y
operadores del derecho. Y la falta de participación de las mujeres en los planes
económicos estratégicos de cada país tampoco puede ser nivelada con programas
aislados de micro emprendimientos, que resultan ser micro respuestas a macro
problemas.
Debemos
insistir en la integralidad e interconexión de los derechos humanos, al igual
que en la multiplicación de los esfuerzos para la implementación de los Derechos
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y los Sexuales y Reproductivos.
Notas:
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