2000
Sobre las violaciones a los derechos sindicales

Kathryn Hodder
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

“...Daremos a la creación de empleo, la reducción del desempleo y la promoción de empleo apropiado y suficientemente remunerado un lugar central en las estrategias y políticas de los gobiernos, con pleno respeto de los derechos de los trabajadores, y con participación de los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones...” Declaración de Copenhague sobre Desarrollo de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Compromiso 3 (a). Sin embargo, región por región, éste es el panorama de las violaciones a esos derechos.

AFRICA

En Zambia, los trabajadores del sector público tuvieron que hacer frente a congelamiento de salarios y planes para despedir a decenas de miles de trabajadores. Cuando el ZCTU pidió que se entablaran conversaciones, el gobierno amenazó al sindicato con retirarle la personería jurídica. En Níger, el gobierno respondió a las huelgas del sector público con las que se reclamaba el pago de salarios arguyendo que tenía que cumplir un estricto programa de ajuste estructural y que sería una cobardía de su parte dar un paso atrás en las reformas a cambio de una conveniencia a corto plazo. No importaba que los trabajadores no tuvieran qué comer.

Los sindicatos únicos y controlados parecen ser cosa del pasado, aunque los sindicatos independientes continúan estando proscritos en Libia, Sudán, Egipto y Guinea Ecuatorial. En otros lugares se los sigue tratando con desconfianza, como ocurre en Malawi, donde el gobierno pretendió que otras organizaciones los utilizaban para provocar descontento social.

En Zimbabwe, se degradó la situación de respeto de los derechos sindicales y de las libertades civiles. Se acusó al ZCTU de ser una marioneta de la comunidad blanca y a finales del año hubo informes según los cuales las fuerzas de seguridad estaban investigando porque se sospechaba que recibía fondos del extranjero. En Etiopía, el sindicato de docentes sigue siendo objeto de repetido hostigamiento y su líder, Taye Woldesmiate, llevaba ya tres años en la cárcel. En Swazilandia se continuó hostigando duramente a los dirigentes sindicales.

Los gobiernos continúan imponiendo limitaciones legales sobre muchos derechos sindicales. La represiva ley de relaciones laborales de Swazilandia continuó en vigencia a pesar de que se introdujeron enmiendas con ayuda de la OIT. En muchos países el derecho de sindicalización en el sector público está limitado. En Lesotho, por ejemplo, se prohibe a los empleados públicos formar sindicatos y lo mismo ocurre con los de Etiopía. La negociación colectiva también se ve socavada en el sector público, en algunos casos porque los gobiernos fijan los salarios de manera unilateral. El derecho de huelga con frecuencia no existe en los servicios públicos y en general se lo obstaculiza imponiendo engorrosos trámites para que autorizar una huelga.

En las zonas francas de exportación, los gobiernos siguen demasiado ansiosos de atraer inversores extranjeros por lo que o bien exceptúan a las zonas de toda legislación laboral como ocurre en Zimbabwe o simplemente no proporcionan los recursos humanos necesarios para hacerla aplicar. Tal es el caso principalmente de Lesotho, Kenya, Madagascar, Malawi y, en menor medida, Mauricio.

Es de lamentar que en Africa siga siendo cosa habitual que cuando los sindicatos deciden finalmente, tomar medidas, protestar por despidos, congelamiento de salarios o atrasos salariales, la respuesta característica sea la represión e incluso la violencia. En Kenya se utilizaron policías armados para dispersar a 400 enfermeras y enfermeros que manifestaban, para golpear a trabajadores bancarios en huelga y se lanzaron granadas de gases contra una concentración de docentes. También se envió la policía a atacar a huelguistas en Burundi, Djibouti y Egipto. En Zimbabwe se declararon ilegales las huelgas nacionales durante seis meses.

También hubo muertes. Durante un conflicto salarial en Lesotho una mujer resultó muerta a balazos por la policía mientras que en Zambia dos trabajadores corrieron la misma suerte cuando una manifestación degeneró en violencia. Todo lo que pedían era que se les pagaran sus salarios. En Zimbabwe murió un joven de un balazo durante una protesta. En Swazilandia, Mxolisi Mbata, antiguo tesorero del SFTU y confinado a una silla de ruedas, murió a consecuencia de las heridas recibidas cuando la policía lo golpeó en 1997. En Marruecos se publicó un informe oficial mostrando que varios sindicalistas habían muerto en la cárcel.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias. Las cosas estaban mejorando en Nigeria donde, después de la muerte del General Abacha en junio, fueron liberados varios dirigentes sindicales, entre ellos Frank Kokori y Milton Dabibi, pertenecientes a NUPENG y PENGASSAN respectivamente, los sindicatos fueron liberados del control gubernamental y se enmendaron o revocaron duras leyes antisindicales. En Tanzanía se puso término al sistema de sindicato único y en Namibia se llegó a un acuerdo tripartito para mejorar las leyes laborales. Aunque Sudáfrica aparece por primera vez en el Informe desde las elecciones democráticas, el marco general de las relaciones laborales y los derechos sindicales continúa siendo satisfactorio.

No obstante, a pesar de estos pequeños destellos de esperanza, todavía queda un muy largo camino por recorrer para llegar al verdadero respeto de los derechos sindicales en Africa.

Los sindicatos esperan con ansia el día en que los gobiernos envíen negociadores en lugar de policías antidisturbios.

LAS AMERICAS

En ningún lugar se necesita con tanta urgencia una cláusula sobre derechos de los trabajadores en los acuerdos comerciales como en las Américas, donde se siguen produciendo los más aberrantes abusos. Es de lamentar que las negociaciones para un Área de Libre Comercio para las Américas no hayan contemplado en absoluto esa necesidad.

Desregulación, privatización y medidas de austeridad continúan figurando en el orden del día, provocando pérdida de puestos de trabajo, aumentos de precios y topes salariales. Las protestas obreras contra esta situación en deterioro a menudo están teñidas de violencia e incluso muertes. Una huelga general realizada en Bolivia a raíz de los aumentos de precio y de las reducciones de puestos de trabajo provocó violentos enfrentamientos con la policía, en los que murieron varias personas y muchas resultaron heridas. En Ecuador, por lo menos tres personas murieron en 1998 durante manifestaciones contra las políticas económicas gubernamentales y se encontró el cuerpo torturado del dirigente sindical Saúl Canar Pauta.

En Brasil empeoraron los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos sin tierra y en Marzo murieron otros dos miembros del sindicato del MST. En México fue muerto a tiros un militante del sindicato de docentes.

En Colombia disminuyó el saldo de muertos, pero el total de más de 90 trabajadores/as asesinados durante el año continúa recordando tétricamente el alto nivel de hostilidad hacia los sindicatos y el hecho de que el gobierno permite que eso suceda.

Los gobiernos siguen haciendo la vista gorda a los abusos. En Costa Rica, el Ministerio de Trabajo hizo caso omiso de las quejas sindicales de hostigamiento y de violaciones de la ley laboral. Tanto las autoridades como la dirección de la empresa FERTICA hicieron oídos sordos a las recomendaciones de la OIT con respecto a esa empresa de fertilizantes y las violaciones de derechos continuaron. En Guatemala, los inspectores laborales actuaron en connivencia con los empleadores para destruir los sindicatos.

Detrás de los titulares sobre la guerra comercial de la banana entre Estados Unidos y la Unión Europea, se estuvo librando otra batalla por los derechos de los trabajadores/as de las plantaciones. Se los sigue obligando a hacer largas jornadas de trabajo en condiciones peligrosas, expuestos a sustancias tóxicas que han producido enfermedades y nacimientos de bebés genéticamente deformes. En Honduras fue muerto a balazos un dirigente sindical. Había estado reclamando a una empresa estadounidense que indemnizara a los trabajadores afectados por plaguicidas.

Las zonas francas de exportación continúan siendo un sombrío terreno para los sindicatos. Dándose a conocer a escala internacional las malas prácticas de trabajo y la presión comercial se logró que algunas empresas elaboraran códigos de conducta pero lamentablemente, la mayoría de los mismos no fueron más que una medida para mejorar la imagen. Siguen predominando condiciones de trabajo inhumanas, largas jornadas y bajos salarios y las autoridades no hacen nada para cambiar la situación.

En Nicaragua, las autoridades actuaron en connivencia con inversores extranjeros para poner término a la sindicalización en las zonas francas. En México, los empleadores llevan listas negras de militantes sindicales.

Una nota positiva: En Brasil existen planes para terminar con la estructura de sindicato único, que ya es ignorada en la práctica y en Argentina el gobierno acordó reformas de la legislación laboral con los sindicatos. Chile ratificó los Convenios No. 87 y 98 de la OIT aunque todavía tiene que enmendar su legislación laboral. En Venezuela se llegó a un acuerdo tripartito durante el mes de mayo para conformar la legislación laboral restrictiva a las normas de la OIT.

Norteamérica no está haciendo mucho para dar el buen ejemplo. En Estados Unidos la protección de los derechos sindicales sigue siendo inadecuada y hay una tendencia entre los empleadores hacia la mala fe en las negociaciones. En Canadá, a pesar de algunos cambios legislativos, sigue habiendo injerencia en la negociación colectiva de los empleados del sector público.

El panorama general de las Américas está dado por el creciente poder de las multinacionales, a costa de los derechos sindicales. No tendría por qué ser así. Es hora de que utilicen su poder de manera positiva y de que, junto con los gobiernos, empiecen por  acatar los convenios fundamentales de la OIT.

ASIA

En 1998 Asia continuaba tambaleante por los efectos de la crisis financiera. Un rápido aumento de las bancarrotas y de las reducciones de personal condujo a un aumento masivo del desempleo y de la pobreza. Cientos de miles de personas perdieron sus puestos de trabajo en Tailandia. El desempleo se duplicó alcanzando el 8% en Filipinas, se triplicó llegando al 9% en Corea del Sur y alcanzó una cifra nunca vista del 16% en Indonesia. En Hong Kong se despidió a muchísimos trabajadores sin que se los indemnizara.

En China también fueron despedidos millones de trabajadores de fábricas estatales. Hubo muchas manifestaciones de protesta por los despidos y confrontaciones con la policía. Los trabajadores tienen pocos medios para defenderse ya que la Federación General China de sindicatos (ACFTU) es parte del aparato del partido gobernante y su función es poner en práctica su política. En ese país los sindicatos independientes siguen estando proscritos y durante el año fueron detenidos más militantes sindicales independientes. Muchos continuaron en la cárcel o en campos de trabajo donde estaban ya en años precedentes y con frecuencia recibieron un trato especialmente duro, incluyendo violencia física.

En Birmania no se produjeron cambios. La FTUB continúa manteniendo sus estructuras clandestinas, sus militantes siguen siendo objeto de constante vigilancia y temiendo permanentemente ser arrestados y torturados. En la República Popular Democrática de Corea continúan estando prohibidos los sindicatos independientes.

La mayor mejora del año que se examina se produjo en Indonesia, a raíz de la dimisión del presidente Suharto. Se ratificó el Convenio No. 87 de la OIT, se dio reconocimiento a sindicatos independientes y diversos militantes sindicales fueron liberados, Muchtar Pakpahan entre ellos. Sin embargo, las actitudes no cambian de un día para el otro. El ejército y la policía continúan interviniendo durante las huelgas y manifestaciones.

En la República de Corea los sindicatos tuvieron un año turbulento. Por una parte, se hicieron acuerdos para cambiar la legislación a fin de que los trabajadores del sector público y los docentes tengan algunos derechos sindicales pero, por otra, casi quinientos sindicalistas fueron detenidos o figuraban en la lista de buscados. En Turquía continuaron las violaciones de los derechos sindicales y todavía no se ha resuelto la cuestión de negociación colectiva para los trabajadores del sector público.

En Tailandia ningún empleado estatal puede afiliarse a sindicatos. Se estimó que el gobierno había frustrado deliberadamente la aprobación de un proyecto de ley para reformar las empresas estables, ley que hubiera restaurado los derechos sindicales. También en Bangladesh se prohibe a muchos trabajadores del sector público afiliarse a sindicatos.

En Pakistán, el gobierno declaró servicio esencial al proyecto de energía hidráulica de Ghazi Barotha, restringiendo así en gran medida los derechos sindicales en el mismo. A finales del año puso al ejército a cargo de la empresa estatal de suministro de agua y energía (WAPDA) y suspendió la actividad sindical en ella.

En las zonas francas están muy limitados los derechos de sindicalización y de negociación colectiva. En Bangladesh, los sindicatos están proscritos por ley, en Filipinas no hay prácticamente ningún sindicato en las zonas francas, en Sri Lanka y la legislación laboral no se aplica en dichas las zonas.

En las zonas exentas de impuesto de Fiji, donde un fabricante de ropa obligó a trabajadores a hacer 36 horas de corrido, es prácticamente imposible la sindicalización debido a la hostilidad de los empleadores. En Camboya un empleador implantó una regla que obliga a los trabajadores a desempeñar sus tareas toda la noche para cumplir plazos de entrega.

Uno de los mayores ataques que sufrieron los derechos sindicales se produjo en Australia, donde la víctima fue el sindicato marítimo. Continuaron los intentos de destruirlo y de tomar mano de obra no sindicada en los muelles. Patrick Stevedores despidió a la totalidad de sus 2.000 estibadores y guardias de seguridad acompañados de perros sacaron a los trabajadores por la fuerza. El ministro de Relaciones Laborales se mostró satisfecho por los despidos. Más tarde, los trabajadores fueron reincorporados, una vez que la corte federal dio curso a un mandamiento judicial originado por una queja del sindicato MUA, con el respaldo de la solidaridad sindical internacional. La ley de relaciones de lugar de trabajo de 1996 viola los derechos sindicales básicos, incluso socavando el derecho de negociación colectiva.

Nueva Zelandia tampoco dio un buen ejemplo. El gobierno hizo caso omiso de las recomendaciones de la OIT de enmendar su brutal ley de contratos de empleo, que desmanteló el sistema precedente de convenios colectivos y los reemplazó con contratos individuales de empleo.

EUROPA

En Europa también se están haciendo sentir las tendencias económicas. La globalización es una realidad y junto a ella se desarrolla la liberalización que ha tenido un efecto devastador en los países en transición de Europa Central y Oriental. Los resultados son empleos más precarios, menos negociación colectiva y más contratos individuales.

En la Federación Rusa están afectados unos 20 millones de trabajadores del sector público y privado: durante los meses de abril y octubre hubo huelgas generales en las cuales se reclamaba principalmente el pago de los atrasos salariales, además de aumentos salariales y reformas sociales. En Croacia, 30.000 trabajadores sufrían ese problema, con demoras en los pagos de sus salarios que variaban de 1 a 40 meses. En Kazakstán los trabajadores hicieron huelga de hambre para protestar por dos años de atrasos salariales. 200 de ellos fueron arrestados.

La tendencia hacia contratos individuales de plazo fijo en lugar de convenios colectivos continuó, al igual que los despidos masivos resultantes de reestructuraciones y bancarrotas. En Rumania, los sindicatos realizaron manifestaciones de protesta por la terrible situación económica, el desempleo y el temor de despidos dados los planes de cierre de las empresas estatales deficitarias, planes que afectarían a unos 70.000 trabajadores. En Belarús y Serbia simplemente no hubo ningún tipo de imperio de la ley y se violaron sistemáticamente los derechos sindicales.

En Croacia y Lituania siguió sin resolverse la cuestión de los bienes sindicales. En Belarús y Estonia las leyes obligaron a los sindicatos a volver a inscribirse o quedar disueltos.

En Azerbaiyán, los sindicatos informaron que empresas extranjeras obstaculizaron la sindicalización y despidieron a dirigentes. En Bulgaria, donde la situación económica continuó empeorando, la KNSB y Podkrepa dieron a conocer en Mayo de 1998 un “libro negro” de las principales empresas de propiedad extranjera, incluyendo multinacionales, que aprovechaban la crisis económica para explotar a los trabajadores/as. En algunos casos, especialmente en la industria del textil, los trabajadores ni siquiera tenían contrato.

El diálogo social se deterioró en Hungría cuando asumió el nuevo gobierno, mientras que en Kazakstán siguieron sin disminuir las violaciones de derechos sindicales.

Entre tanto, en Francia, los trabajadores de empresas pequeñas y medianas tuvieron dificultades para crear sindicatos y desarrollar actividades sindicales. Se siguen prohibiendo las huelgas en la industria del petróleo en Noruega, y Alemania continuó con su prohibición de larga data de la sindicalización de muchas categorías de empleados públicos, a pesar de las repetidas críticas de la OIT.

Desde el punto de vista positivo, a partir del cambio de gobierno en la República Checa, se reanudó el diálogo social y se adoptó una declaración tripartita.

En Europa occidental hubo mejoras en el Reino Unido cuando el gobierno estableció propuestas para restaurar el reconocimiento legal de la negociación colectiva a sindicatos representativos. Las propuestas también restauraron otros derechos fundamentales que habían sido anulados durante los años ochenta y noventa.

ORIENTE MEDIO

Gran parte de Oriente Medio – y en particular los Estados del Golfo – sigue siendo una mancha negra, en lo que respecta a los sindicatos.

En Qatar los sindicatos son ilegales, en Arabia Saudita están prohibidos por decreto real. De la misma manera en los Emiratos Arabes Unidos los sindicatos son ilegales, la ley no reconoce el derecho de sindicalización, de negociación colectiva o de huelga. La prohibición de los sindicatos en Bahrein sigue en vigor. En Irán, la representación de los trabajadores/as existe sobre todo para promover una agenda política, religiosa y social. Las reglas de funcionamiento del Consejo Laboral Islámico son establecidas por los ministros gubernamentales.

Los sindicatos independientes están prohibidos en Iraq y en Siria donde la negociación colectiva está muy restringida y en Iraq no hay leyes que la garanticen.

Existen restricciones menores en países como el Líbano, aunque las autoridades siguen interfiriendo en los asuntos sindicales. El código laboral data de 1946, muchos empleados/as públicos no pueden constituir sindicatos o afiliarse a ellos y el Ministerio de Trabajo ostenta amplios poderes. En Jordania, los trabajadores y trabajadoras del sector público y los extranjeros no tienen derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva o la huelga. En Kuwait, los trabajadores/as extranjeros, que constituyen hasta el 80% de la mano de obra, deben esperar cinco años antes de poder afiliarse a un sindicato. Los empleados/as domésticos y los marineros, así como los trabajadores de la India y de Pakistán, empleados en el sector estatal o público o con contratos a plazo fijo, no pueden afiliarse.

Muchos países en la región aún tienen una población activa predominantemente migrante, aunque la tendencia es ahora disminuir la dependencia de estos trabajadores/as y dar trabajo a los nacionales. En Qatar, tres cuartos de la mano de obra son migrantes y dependen de sus empleadores para sus permisos de residencia. Los empleados/as domésticos son particularmente vulnerables a los malos tratos. En Bahrein, dos tercios de la mano de obra son expatriados y están subrepresentados en el sistema de consejo conjunto del país. Las leyes laborales no se aplican a los empleados/as públicos. De la misma manera en Arabia Saudita, la mitad de los trabajadores son migrantes, vulnerables a amplios abusos, especialmente los empleados/as domésticos. Sus movimientos están restringidos y con frecuencia están confinados al domicilio de sus empleadores, están subalimentados y sufren abusos físicos y sexuales. En Kuwait y Omán la historia es la misma. Los Emiratos Arabes Unidos cuentan con la mano de obra migrante más numerosa, estimada entre un 85 y 90% del total. Si tratan de organizar un sindicato o hacer huelga pueden ser deportados. En 1998 hubo informes acerca de trabajadores/as migrantes obligados a trabajar en condiciones de extremo calor, lo que les provocó enfermedades y a veces la muerte.

Quizás Israel, Cisjordania y Gaza sean un caso aparte. Israel respeta los derechos sindicales básicos aunque la situación ciertamente no es perfecta. Existen nuevas propuestas que pueden otorgar el ministro de Finanzas más poderes para interferir en la negociación salarial. Cisjordania y Gaza no tienen código laboral. En 1996 un proyecto de código restringía la autonomía sindical y no permitía que los empleados/as públicos se afiliasen a sindicatos. En 1998, la Autoridad Palestina estaba trabajando en un nuevo proyecto y solicitó la asistencia de la OIT.

Nota:

Síntesis del Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales – 1999, publicado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).