2008
Los derechos humanos y el sistema económico
Roberto Bissio
Secretariado Internacional de Social Watch
¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la arquitectura económica y financiera? Cuando se les formuló esa pregunta a las coaliciones nacionales de Social Watch, las respuestas que brindaron fueron de gran riqueza y diversidad. Quienes lean el presente informe con la mente abierta tendrán el desafío de pensar por fuera de los parámetros habituales y quizás se sientan inspirados a trazar lazos creativos entre extremos distantes.
Así, por ejemplo, crece el consenso relativo a que la catástrofe en los mercados financieros de Estados Unidos y Europa que empuja al planeta a la recesión, el desempleo y la desintegración social tuvieron su origen en la desregulación de los bancos a principios de la década de 1990 y en la falta de controles gubernamentales sobre los actores codiciosos armados de riesgosos “vehículos” de inversión.
“El derrumbe de las instituciones públicas ha golpeado fuertemente a la economía. Las iniciativas del sector privado y los mecanismos de mercado luchan por sobrevivir sin una buena gobernanza. El progreso social, político y económico se ha visto impedido por prejuicios e ideologías egocéntricas y extremistas”, señala uno de los análisis en este informe. Esto se podría aplicar a la situación financiera mundial, pero los autores se refieren a Somalia, uno de los países más pobres del mundo, donde la coalición de Social Watch fue testigo del colapso del estado nacional a principios de la década de 1990 y, en consecuencia, ahora existe delincuencia generalizada, piratería, guerra entre facciones que no dudan en reclutar a niños y niñas como soldados, violar a las jóvenes y asesinar periodistas y activistas de la sociedad civil para no dejar testigos de esta terrible situación.
Los socialwatchers de Suiza, uno de los países más ricos del mundo, ven con escándalo que “el país proporciona escasa ayuda para el desarrollo, no participa de las gestiones para desarrollar mecanismos innovadores de financiación internacional y, aunque sigue siendo un imán para los fondos derivados de la evasión fiscal, no coopera en asuntos de política tributaria internacional” y, por lo tanto, no cumple con sus compromisos relativos al fomento del desarrollo y los derechos humanos. Entre tanto, en El Salvador, los socialwatchers estiman que las grandes empresas evadieron impuestos por un total de USD 2.600 millones en 2006, una suma que equivale aproximadamente al presupuesto nacional de 2007. La evasión fiscal a partir de 1990 se calcula en USD 25.000 millones. Con esa cifra se podría cancelar la totalidad de la deuda externa, cuyo servicio absorbe uno de cada cuatro dólares de las rentas públicas.
Dado que la globalización fortalece a diario estos vínculos entre realidades muy lejanas, la coalición de Social Watch Alemania exige a su Gobierno que reconozca que “Alemania tiene obligaciones de derechos humanos para con las personas de otros países cada vez que el Estado, sus ciudadanos o empresas se involucran en actividades en esos países”. Esto debería incluir en forma expresa a las políticas de comercio exterior y de inversión, al igual que las decisiones tomadas en los bancos multilaterales de desarrollo. Países Bajos se pronunció en ese sentido al anunciar que los derechos humanos serán el “punto de partida” de la política exterior del país, la defensa de la libertad de expresión, la abolición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura y la promoción de los derechos de la mujer. El Gobierno señala que “de ser necesario, Países Bajos mirará con ojo crítico a sus aliados, y estará igualmente preparado para examinar sus propias acciones”. Pero los socialwatchers holandeses observan que el Gobierno sigue reacio a admitir la autoridad de los organismos de los tratados internacionales de derechos humanos, y su política de comercio exterior con frecuencia contradice los objetivos de desarrollo y el fomento de los derechos humanos.
Mientras los somalíes ansían el retorno de la tranquilidad y “un futuro gobierno democrático capaz de reducir la pobreza y la desigualdad”, en la República Democrática del Congo el proceso electoral de 2006 representa un desafío para que el Gobierno garantice que “los dividendos sociales de la democracia sean concretos y rápidamente visibles”. La cooperación Sur-Sur y la revisión de las condiciones en las concesiones otorgadas a las industrias extractoras son algunas de las estrategias auspiciadas por las organizaciones de la sociedad civil congoleña. En Nepal, también uno de los países más pobres del mundo, la abolición de la monarquía y las elecciones para una nueva Asamblea Constituyente brindan esperanza a los socialwatchers del país respecto a que “el largo período de violencia y conflicto haya al fin terminado”. La liberalización comercial, como consecuencia de la incorporación de Nepal a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2003, alimentó el conflicto al permitir el ingreso masivo de importaciones de alimentos que arruinaron a los agricultores nepalíes. La agricultura emplea a 75% de la población, mientras las mujeres realizan mayormente las tareas de cultivo, cosecha y producción de semillas. La destrucción de su medio de vida es una violación del derecho a la seguridad alimentaria.
Es muy fácil asociar los conflictos violentos con el empobrecimiento y las violaciones a los derechos humanos, pero el análisis de las causas de los conflictos es menos evidente. En el informe de Kenia, la coalición de Social Watch lo hace al indagar los problemas de la tierra, el acceso a los recursos y el poder. La sociedad civil propone un novedoso concepto de “justicia restaurativa” que preserve el bien común en lugar de la convencional “justicia acusatoria retributiva” que agravó la polarización. Líbano procura impedir que la inestabilidad de su situación sociopolítica detone en un conflicto violento. Pero los planes en curso que implementó el Gobierno con el apoyo de los donantes internacionales parecen principalmente concebidos para integrar el país a la economía internacional, en lugar de asegurar los derechos socioeconómicos básicos de los libaneses. En un estudio sobre los derechos comunitarios a nivel local, el informe de Social Watch Tailandia muestra cómo se puede desatar la violencia cuando se perturban estilos de vida ecológica y culturalmente sostenibles.
En ningún otro lugar el conflicto es más dramático que en Iraq, donde “la vida diaria se ha vuelto una pesadilla”. La Asociación Iraquí Al-Amal, que desde años viene reportando para Social Watch sobre los padecimientos de los iraquíes bajo Sadam Hussein, se concentra este año en el destino de millones de iraquíes que fueron obligados a abandonar sus casas en búsqueda de zonas más seguras en el país o el exterior: la mayor migración y la más rápida de la historia moderna, que afecta a aproximadamente cinco millones de personas. Aunque el proceso sigue en curso, la sociedad civil iraquí está planificando la manera de mitigar sus sufrimientos en un marco de resolución del conflicto.
En el otro extremo del problema de la migración, 600 mil personas llegan a España cada año como migrantes. “La razón es la sistemática vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, argumenta la plataforma española de Social Watch. “A pesar de los avances legales de los últimos años, que han facilitado las autorizaciones de trabajo, determinadas ocupaciones, más duras y peor retribuidas por lo general, están siendo reservadas para los extranjeros, mientras las mujeres inmigrantes enfrentan una triple discriminación (por su condición de mujeres, inmigrantes y trabajadoras)”. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil reconocen que el Gobierno aumentó sustancialmente la ayuda al desarrollo y promovió un tratado internacional para el control del comercio de armas.
La suerte de los migrantes también es una fuerte inquietud de los socialwatchers en la República de Corea, donde padecen maltrato y discriminación a pesar de que en 2001 un tribunal constitucional dictaminó que “los extranjeros también tienen derecho a la dignidad humana, a los derechos humanos y a procurar su felicidad como seres humanos”. En Chipre, Social Watch sostiene que una mejor educación es la forma de alcanzar la justicia social, en particular para el porcentaje en crecimiento de niños y niñas cuya lengua materna no es el griego. En Malta, episodios de racismo y malas condiciones en cuatro centros de detención administrativa para los buscadores de asilo ensombrecen una situación de derechos humanos por lo demás excelente.
Más de un millón de personas, en su mayoría mujeres, emigran de Filipinas cada año. Sostienen con sus remesas el crecimiento económico de Filipinas, mientras una parte sustancial de los ingresos estatales se destinan al servicio de la deuda. La pobreza va en aumento y el consiguiente descontento social se reprime mediante disposiciones de una nueva ley antiterrorista.
Cambiar un sistema económico es una apuesta que puede generar ganancias o no, pero que siempre tiene costos. Y, con suma frecuencia, esos costos se cargan sobre las espaldas de los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad. En el caso de Hungría, los romaníes (llamados gitanos despectivamente) fueron de los más afectados negativamente por la transición a la economía de mercado y, por si fuera poco, se convirtieron en chivos expiatorios, ya que la mayoría de los húngaros experimentaron un grave descenso en su nivel de vida. La situación de los romaníes también inquieta a las coaliciones de Social Watch en Serbia, Eslovaquia, Rumania y República Checa, mientras en Letonia, los derechos de la minoría de habla rusa (un tercio de la población) están restringidos.
El derecho a la vivienda es un puntal en la lucha por la realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Por un lado, esto se debe a que la noción del hogar está íntimamente relacionada con la de la familia, que merece la protección en todas las culturas y constituciones. Por otro, el gobierno debe ejercer cierta acción positiva (y no sólo abstenerse de realizar un acto condenable, como la censura o la tortura) que garantice la vivienda a su población. En 2007, luego de que prosperara una campaña de la sociedad civil, Francia institucionalizó el derecho a la vivienda accesible, por el cual se convertía en obligación del Estado que, de no cumplirse, puede ser sometida a acciones legales. Sin embargo, dado el monto ínfimo de los recursos destinados a la vivienda en el presupuesto, el Estado sólo podrá garantizar el derecho a la vivienda de aproximadamente 10% de los tres millones de personas que viven en viviendas de calidad inferior o que carecen de techo. El informe de la plataforma argentina de Social Watch se concentra este año en el derecho a la vivienda, que está protegido por la Constitución pero se deja en manos del mercado. En consecuencia, 25% de los hogares viven en condiciones inadecuadas.
En Estados Unidos, una de las mayores campañas de derechos humanos es la Campaña por un Salario Digno, dirigida por ACORN, que reclama trabajo para todos, un sueldo mínimo justo y acceso a viviendas de bajo costo. Los estados del Golfo, especialmente Mississippi y Louisiana, devastados por el huracán Katrina, se convirtieron en el campo de batalla y de pruebas para una variedad de principios jurídicos que tradicionalmente se consideraban pertenecientes al ámbito internacional.
Sesenta años después de haber promocionado activamente la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Estados Unidos se distanció del sistema de la ONU que ayudó a crear – una tendencia que socava el potencial para las soluciones colectivas a los problemas críticos que enfrentamos hoy en día, como el cambio climático, la escasez de alimentos, la pobreza y la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Estados Unidos ha promovido el mercado desregulado como medio para reducir los conflictos y apoyar objetivos políticos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Eso incluye la privatización de la prestación de los servicios públicos y la flexibilización de las normas laborales y ambientales para fomentar la inversión y aumentar el comercio.
Las privatizaciones se llevaron a cabo con una estrategia estándar, sin respetar las circunstancias, la historia ni los procesos políticos locales. En un caso extremo, como reportara la plataforma de Social Watch en Bahrein, la consultora privada estadounidense McKinsey & Co redactó el proyecto de reforma para la economía entera del país.
En Serbia, el Consejo Anticorrupción, un organismo asesor del Gobierno, denunció cómo la Ley de Privatizaciones, aprobada en 2001, le abrió la puerta a oportunidades extraordinarias para “la corrupción, la creación de monopolios, el lavado de dinero y el ‘robo’ de compañías estatales o sociales por parte de ‘magnates’ y ‘un grupo de personas poderosas’ que redactan leyes en beneficio de sus intereses personales”.
La corrupción socava el imperio de la ley y viola el principio de igualdad en el acceso a los recursos y los servicios básicos. Por lo tanto, es una amenaza permanente para los derechos humanos y se menciona como una fuerte preocupación en los informes de Social Watch de Vietnam, Mozambique y muchos otros. Lo que describe el informe de Rumania puede aplicarse a muchos países más: “Los derechos de propiedad, fuertemente impulsados después de 1989 como piedra angular de la nueva ‘democracia liberal’, han sido violados en forma descarada por manipuladores que cometieron fraudes durante el proceso de privatización. Algunos de ellos se enriquecieron a través de su vinculación anterior con la nomenklatura o Securitate. Otros movieron sus hilos en el sistema judicial y usaron chantaje y fraude para arrebatar propiedades nacionalizadas por el régimen comunista. Y otros inclusive han hecho fortunas con la ayuda de ex-camaradas que ahora se encuentran en cargos públicos claves, ganando así acceso preferencial a las propiedades del Estado que fueron privatizadas o a contratos con el Gobierno”.
“La impunidad de los poderosos y de los que tienen vinculaciones políticas es el factor individual más importante en la perpetuación de la corrupción, y en todas las violaciones a los derechos humanos”. La difícil situación de Rumania lo ilustra a la perfección.
Quizás el impacto de las malas políticas económicas sobre los derechos humanos sea más dramático en el caso de la agricultura, donde prácticamente de la noche a la mañana se pueden privar a millones de personas de su más básico derecho a la comida. En Bangladesh, donde 75% de la población vive en zonas rurales, la liberalización comercial generó una caída significativa en la seguridad alimentaria. Bangladesh sucumbió a la presión de los donantes, que insistían que en una economía globalizada toda escasez de cereales se podía compensar en el mercado internacional, y puso fin a su política de acumular grandes reservas de granos. “Este año hubo que pagar las consecuencias”, informa la plataforma local de Social Watch. “Inundaciones y ciclones causaron pérdidas importantes de cultivos y Bangladesh se vio obligado a comprar arroz en el mercado internacional en un momento en que las provisiones estaban bajas y los precios por las nubes”.
En Ghana, la agricultura es llamada la principal fuente de crecimiento económico, pero un examen más atento revela un fuerte sesgo de género en esa expansión. “Las inversiones del Gobierno han incentivado un rápido crecimiento de las industrias de exportación, sobre todo la producción de madera y cacao, donde la mano de obra es predominantemente masculina. A la vez, el Gobierno ha ofrecido escaso apoyo a las industrias de alimentos básicos que tradicionalmente son responsabilidad de las mujeres. Como resultado, los cultivos para consumo doméstico, la ganadería y la pesca, todos ellos se han estancado”. Cuando se evidenció la crisis de alimentos, el presidente John Kuffour anunció en mayo de 2008 un programa para “mitigar las penurias que están enfrentando los ghaneses como resultado de la escalada de precios de los alimentos y el combustible” mediante la reducción de los aranceles a la importación y la exención de tasas a algunos productos derivados del petróleo. Los socialwatchers de Ghana expresaron su apoyo a la iniciativa, pero a la vez señalaron que “no beneficiarán a los productores de pequeña escala, mayormente mujeres, que producen el 80% de los alimentos en Ghana”.
De manera similar, en Yemen, uno de los países peor ubicados en el Índice de Equidad de Género computado por Social Watch, las mujeres pobres (empleadas principalmente en la agricultura y la cría de animales) padecen más agudamente las consecuencias de la liberalización comercial y la suba en los precios del trigo. El equipo de Social Watch del país reporta que “la mayoría de las fuentes civiles (de investigación y organizaciones) considera que las políticas oficiales no se basan en políticas y bases económicas estudiadas, sino que se aplican de forma desordenada y se transforman en herramientas de protección para una minoría corrupta, que juega con los recursos del Estado y su riqueza, y arroja sobre la mayoría pobre de la población el peso de las llamadas ‘reformas económicas’, que no tienen ningún efecto visible”.
La corrupción y las políticas mal concebidas no son exclusivas de los países en desarrollo. En la República Checa, el ex presidente Václav Havel caracterizó el proceso de privatización como ‘capitalismo mafioso’, y los socialwatchers checos nos recuerdan oportunamente en su informe cómo “una gran proporción de las pérdidas de los bancos y fondos declarados en quiebra se recuperó de los contribuyentes”. La reforma fiscal introducida en 2007 se describe como “sáquenle a los pobres, denle a los ricos”. Los socialwatchers de Canadá emplean palabras similares: “Canadá se encuentra entre un pequeño grupo de países que ha reducido los niveles tributarios de manera de beneficiar más a los más acaudalados”. En Paraguay, el sistema impositivo es tan injusto que el ingreso no se grava en lo absoluto y las recientes reformas de las rentas públicas reclutan contribuyentes de los sectores medios y bajos, en tanto los de ingresos elevados continúan sin aportar de forma significativa al fisco. Dado que “sólo se recauda a los que tienen menos (...) el gasto agudiza la desigualdad”.
La “carrera hasta el fondo” de la política fiscal es consecuencia de los países que compiten entre sí para atraer la inversión extranjera. Las “zonas francas” fueron creadas exentas de impuestos nacionales (y en ocasiones también de las leyes y garantías constitucionales, al estilo Guantánamo). En Marruecos, “las zonas francas suelen ser acusadas de violar los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras” y en Uganda la situación de los derechos de los trabajadores en el sector de las flores y la hotelería es “grave y en deterioro”.
La prestación de servicios sociales esenciales (educación, salud, agua potable) es un componente clave en toda estrategia para reducir la pobreza y realizar los DESC. Los grupos de Social Watch han reportado sobre la calidad de esos servicios y últimamente también han estudiado cómo exactamente es que se pagan y por quiénes. Al estudiar el presupuesto nacional al detalle, Social Watch Brasil llegó a la conclusión de que “entre los impuestos indirectos, la contribución directa para acceder a los beneficios de la previsión social y la desviación de parte de ese dinero para otros propósitos, las personas que financian las políticas sociales que garantizan los DESC son los propios beneficiarios”. O, en otras palabras, que no existe redistribución de la riqueza en lo absoluto. En India, que junto con Brasil es vista como una de las economías emergentes exitosas, y cuyo PBI se expande a un ritmo anual mayor a 9%, “la pregunta de si el Gobierno va a proporcionar servicios básicos a los sectores marginados y vulnerables de la sociedad permanece sin respuesta”.
A través de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, México se convirtió en el primer país en desarrollo en ingresar a ese tipo de “sociedad” con todas las condicionalidades macroeconómicas asociadas. México está oficialmente comprometido a “asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa” pero los socialwatchers mexicanos concluyen que “el modelo económico, que el Estado se niega a revisar, no promueve el verdadero desarrollo, pero genera, sí, injusticia social, depredación ambiental y diversas violaciones a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana”.
En Costa Rica, un país donde el Estado ha garantizado tradicionalmente el acceso universal a los servicios sociales básicos, la introducción de un TLC con Estados Unidos fue un tema sumamente controvertido. Se convocó a un referéndum sobre el TLC, pero en lugar de estimular una discusión racional sobre los temas, los “defensores del libre comercio” lanzaron una campaña que apuntaba expresamente a inducir el “temor” de los votantes. El vicepresidente fue obligado a renunciar cuando se expusieron numerosas violaciones a las leyes electorales, pero el tratado siguió vigente, lo que hizo al país más vulnerable ante el impacto de la crisis a fines de 2008 y creó una agenda pendiente para restaurar la fe en las instituciones democráticas.
En Malasia, entre tanto, las protestas generalizadas lograron que no se firmara el TLC entre Malasia y Estados Unidos antes de que se venciera la autoridad fast-track en 2007. Los socialwatchers locales afirman que “el Gobierno debe descontraer su cultura del secreto si el país quiere generar la apertura, responsabilidad y transparencia necesarias para la participación de la ciudadanía en el desarrollo económico”.
Esos ingredientes son necesarios para la participación pública, pero quizá no alcancen. En Polonia, “los decisores políticos se muestran escasamente capaces de responder de forma constructiva a las campañas y propuestas de derechos humanos, lo que sigue haciendo difícil realizar campañas a favor de éstos. Los ciudadanos tienen poca confianza en que su actividad pueda forzar cambios y se muestran en extremo renuentes a involucrarse en iniciativas de la sociedad civil”.
Los lituanos también sienten gran escepticismo acerca de la capacidad que tienen para defender sus derechos. El 75% de los participantes en una encuesta en 2006 respondieron que habían sufrido abusos a sus derechos y no habían protestado. El 74% de los participantes declararon que no apelarían a las instituciones estatales porque consideraban que sería inútil. Peor aún, los socialwatchers lituanos informaron que “el público también parece haberse dado por vencido en lo que respecta a las protestas populares, ya que las autoridades casi siempre las ignoran”.
Esas conclusiones contrastan mucho con la experiencia de los socialwatchers en Benín. La descentralización del Gobierno comenzó en 2003 en este país africano, que le dio a 77 comunas (comunidades territoriales) la autonomía administrativa para definir sus prioridades locales y los medios necesarios para responder ante ellas. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil se movilizaron y presionaron al Gobierno para que aumentara su apoyo financiero a los llamados fondos de solidaridad intercomunales y canalizara diversos subsidios a las comunas, donde la ciudadanía ejerce un fuerte control del gobierno. Los fondos aumentaron de USD 1,6 millones en 2003, a USD 4,9 millones en 2008.
En Colombia, a pesar de la violencia política, en los últimos años se intensificaron las movilizaciones sociales de la población rural, los pueblos indígenas, los sindicatos, los afrodescendientes, las mujeres, las víctimas de crímenes cometidos por el estado, los activistas gays, lesbianas y de derechos humanos, contra la violación constante de los derechos, por la necesidad de una paz negociada en el conflicto armado político y social y la grave crisis humanitaria.
Los socialwatchers de Zambia manifestaron una sensación generalizada al afirmar que “tanto el Estado como la comunidad internacional son culpables de ‘crímenes contra la humanidad’, entre ellos la menor esperanza de vida para las personas menores de 40 años, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materna, analfabetismo en aumento, violencia de género y niveles extremos de pobreza”.
En Senegal, “las políticas de ajuste estructural, incluyendo la privatización de la mayoría de los servicios básicos (agua, energía, transporte) han fracasado en sus intentos de relanzar la economía. En realidad, estas políticas llevaron a una desindustrialización del país que tuvo consecuencias sociales desastrosas: una tasa de desempleo muy alta, la supresión de miles de empleos y un éxodo masivo hacia los centros urbanos”. En ese contexto, “se han debilitado los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos” y la oposición pública se restringe mediante prohibiciones frecuentes a las protestas, el acoso a la prensa y la impunidad para quienes cometen crímenes políticos, la defraudación de fondos públicos o torturas. En ese contexto, las violaciones de los derechos de las mujeres y de los niños (aun cuando no son de “motivación política” evidente) también alcanzan “proporciones inquietantes con el recrudecimiento de los casos de abuso y acoso sexual, violaciones, asesinatos, matrimonios forzados, mutilación genital y pedofilia”.
En Sri Lanka, los dirigentes políticos ganaron las elecciones en 1994 y 2005 con la promesa de cesar las privatizaciones y otras políticas exigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, una vez en el poder violaron descaradamente sus promesas de campaña y aplicaron las mismas políticas que habían denunciado, al intentar la privatización del agua, la educación y la salud, y al destinar aun más dinero a las inversiones de infraestructura concebidas para que el país fuera atractivo a la inversión extranjera.
Según la plataforma nacional de Social Watch, “impedir que la gente utilice su creatividad para superar el hambre y la pobreza con el fin de conformar a las potencias económicas mundiales que buscan extraer el mayor lucro posible es una violación de derechos: la peor de todas, ya que está vinculada a la violación de otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización y el derecho a vivir con seguridad”.
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