2007
Seguridad social: Estrategias diversas para un problema global
Cecilia Alemany
Secretariado de Social Watch
Si bien la seguridad social está consagrada como uno de los derechos humanos, en la práctica es un lujo de pocos. Sólo una de cada cinco personas tiene una cobertura adecuada de seguridad social en el mundo, mientras que la mitad de la población mundial está excluida de cualquier tipo de protección social y gran parte de la otra mitad sólo está cubierta parcialmente. Desde un enfoque amplio, la seguridad social refiere al conjunto de servicios sociales y derechos que reducen los riesgos de individuos y comunidades. Una cobertura universal podría ser el resultado de políticas orientadas al empleo y a la reducción de las diversas desigualdades sociales y considerada esencial para la gobernanza y los sistemas democráticos. Sin embargo, en los hechos los gobiernos están transfiriendo sus responsabilidades de seguridad social al sector privado, fuera del control ciudadano, o simplemente abandonándolas, desmantelando los sistemas de protección y la provisión de servicios sociales como la salud y la educación.
La
seguridad social: ¿un lujo de minorías?
El término
‘seguridad social’ tiene diferentes significados en las diferentes regiones
del mundo. A lo largo de todo este Informe por
‘seguridad social’ los autores no sólo se refieren a pensiones y
jubilaciones (o sea la Seguridad Social tradicional, en sentido restrictivo),
sino también a la salud, la educación, el empleo y la vivienda, con una visión
amplia de la seguridad social como el conjunto de servicios sociales y derechos
que reducen los riesgos sociales de individuos y comunidades. Como lo señala el
informe de Social Watch India, desde esta perspectiva la seguridad social es un
tema complejo y multidimensional, pero no por ello menos urgente.
A nivel internacional, la discusión sobre seguridad social ha tenido como
actores clave a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector
empresarial o empleador y los sindicatos, en interacción con los organismos
específicos (Ministerios, Secretarías, etc.) de los gobiernos nacionales. En
2003 la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo lanzó una Campaña
Mundial por Seguridad Social y
Cobertura para Todos que
reflejaba un consenso entre gobiernos, empleadores y trabajadores sobre la
necesidad de ampliar la cobertura de seguridad social, especialmente entre las
personas que trabajan en la economía informal, con énfasis en el papel de la
seguridad social en el desarrollo económico y social de los países.
Cuando se propuso la
seguridad social como tema del Informe 2007 de Social Watch, algunos miembros de
la red de watchers (miembros de Social
Watch) plantearon ciertas dudas, temiendo que el asunto sólo fuera relevante en
los países desarrollados y de ingresos medios. Se trataría de una preocupación
europea más que de los grupos ciudadanos de países en desarrollo que son la
mayoría de las coaliciones nacionales de Social Watch. El entusiasmo con que
los watchers en países pobres participaron en la elaboración de este informe y
la calidad de sus contribuciones nacionales demuestra que la seguridad social es
una preocupación universal. Quedó también en evidencia la enorme desigualdad
en las situaciones. Más de la mitad de la población mundial está excluida de
cualquier tipo de protección de la seguridad social y gran parte de la otra
mitad sólo está cubierta parcialmente, mientras se estima que apenas una de
cada cinco personas en el mundo tiene una cobertura adecuada de seguridad social.
Las asimetrías son muy marcadas:
• En la mayoría de los países europeos ‘en transición’ (ex miembros de
la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia), la cobertura oscila entre 50% y
80% de la población, mientras que en la mayor parte de los países
desarrollados ha llegado prácticamente a 100%.
• En América Latina, la cobertura se sitúa entre 10% y 80% y está en franco
estancamiento. El informe nacional de Paraguay plantea que 78,5% de la población no tiene seguro alguno y sólo tres de cada diez adultos mayores
tiene el beneficio de la jubilación.
• En el Sudeste y Este de Asia, la cobertura puede variar entre 10% y 100% y,
en general, está aumentando mientras que en los países menos desarrollados de
África Sub-Sahariana o Asia del Sur más de 90% de la población carece de
cobertura.
Los y las watchers identificaron problemas derivados del envejecimiento de las
sociedades, así como fenómenos de infantilización de la pobreza. En algunos
países, como Uruguay, se dan ambos a la vez.
Si bien la seguridad social está consagrada entre los derechos humanos, los
datos que surgen de medio centenar de artículos nacionales compilados en este
informe dicen que en la práctica es un lujo de pocos.
En la Resolución sobre Seguridad Social
de la 89ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (junio de 2001), la
conclusión cuarta establece:
No existe un modelo idóneo único de seguridad social. Crece y evoluciona con
el tiempo. Existen regímenes de asistencia social, regímenes universales, regímenes
de seguro social y sistemas públicos o privados. Cada sociedad debe elegir cuál
es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos y el acceso a la
asistencia médica. Esta elección reflejará sus valores sociales y culturales,
su historia, sus instituciones y su nivel de desarrollo económico. La función
prioritaria del Estado es facilitar, promover y extender la cobertura de la
seguridad social.
Estos informes
nacionales, muchos ellos redactados por organizaciones ciudadanas preocupadas
por la justicia social pero que tradicionalmente no han sido parte del debate
sobre seguridad social, no sólo revelan la diversidad de situaciones e
historias, sino también enormes similitudes en las fórmulas aplicadas en las
últimas décadas, muy a menudo sugeridas por las instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial.
Seguridad social y democracia
En momentos en que el debate parece versar sólo sobre cómo reducir más aún
el papel del Estado, el informe nacional de Somalia plantea una perspectiva
desde el extreme opuesto. Donde no hay Estado,
“pocos pueden
costear la matrícula escolar, la atención médica y demás servicios sociales
ante la ausencia de un gobierno central que recaude los impuestos y las tasas y
convierta los ingresos en desarrollo comunitario y bienestar público.”
En muchos países la
discusión sobre seguridad social está intrínsicamente ligada a los esfuerzos
por la construcción de un Estado democrático. Así, el artículo sobre la región árabe subraya que “la seguridad social debe percibirse como parte de un sistema
integral de estrategias políticas, económicas, sociales y culturales que
apuntan a proteger la seguridad nacional, incluso la seguridad humana y la
estabilidad política dentro de la sociedad. La falta de libertad impide que los
ciudadanos creen sindicatos que defiendan sus derechos a la seguridad social. Sólo
los sindicatos democráticamente elegidos, las organizaciones laborales y las
asociaciones profesionales podrán reclamar una representación relevante de los
distintos grupos de interés. Así podrán abogar por la creación de un sistema
adecuado de seguridad social, y también controlar la puesta en práctica de ese
sistema.”
En otra situación de colapso de la autoridad estatal, el informe iraquí
concluye que, desde que “la violencia y la crisis humanitaria se transformaron
en parte de la vida cotidiana (…) la seguridad social se vuelve más esencial
que nunca”. Y entre las recomendaciones finales plantea que se debe movilizar
a la ciudadanía mediante un llamado a la unidad nacional con la adopción del
diálogo como única forma de alcanzar la reconciliación nacional con base en
la unidad dentro de la diversidad, la no violencia, el respeto de los derechos
humanos y la independencia nacional para preservar los recursos naturales del país
del despilfarro y la corrupción.
El mismo énfasis se encuentra en el
informe de Birmania, que afirma que “Birmania es una sociedad multiétnica con
diversas culturas, religiones y tradiciones. La coexistencia pacífica y la
garantía de la seguridad social para todos sólo se pueden asegurar si se
respeta el derecho de autodeterminación de las personas mediante un sistema de
gobierno responsable, transparente y descentralizado.” En Birmania, sostienen
los watchers, “el derecho a la seguridad social será una realidad cuando la
dinámica interna, la interconexión y la interacción entre el Estado, las
organizaciones de la sociedad civil y las personas capaces reflejen mejor las
acuciantes necesidades del pueblo birmano.”
La necesidad de
fortalecer la institucionalidad democrática no es sólo un tema en situaciones
extremas como éstas, sino también en democracias ‘consolidadas’ como la de
India, donde el derecho a la educación y a la salud no parece realizable
mientras que por la vía de los hechos el gobierno parece querer desprenderse de
los compromisos al respecto asumidos internacionalmente.
El apoyo popular al sistema democrático y la propia legitimidad de las
instituciones puede peligrar si no se resuelven los grandes problemas de
desigualdad y exclusión.
El acceso a la información y la transparencia son condiciones necesarias para
fortalecer la participación ciudadana, pero también es cierto que el diálogo
entre actores públicos, privados y de la sociedad civil en muchos países es
incipiente o enfrenta trabas y prejuicios por parte de los gobiernos.
En este sentido, el informe de Marruecos muestra cómo la vía de la asociación
ha hecho surgir una nueva generación de actores no gubernamentales. Las
relaciones entre las asociaciones y el Estado evolucionan, y han pasado de una tendencia a la
desconfianza mutua al reconocimiento de una posible sinergia. De todos modos, aún
hay que eliminar algunos obstáculos que impiden la participación de la
sociedad civil y es necesario un ambiente político y jurídico favorable a una
mayor autonomía de las ONG y a la extensión de su participación en la
concepción, implementación y evaluación de las decisiones que pueden
repercutir sobre los sectores más desfavorecidos de la población.
El informe de Argentina
sostiene que los problemas que hacen a la integración social son problemas de
derechos – sociales y políticos – que se encuentran ligados a la construcción
y reproducción de ciudadanía. En consecuencia, las estrategias de inserción
social deben, por un lado, adoptar un formato de transferencia de recursos económicos,
sociales, políticos y culturales tendientes a fortalecer las redes sociales de
las personas hoy excluidas para asegurar su desarrollo y autonomía socio-económica
y política; y por el otro, asegurar formas político-institucionales de
gobierno y acción estatal accesibles y abiertas a las preferencias y al control
social. Se trata, en definitiva, de construir las condiciones para una ciudadanía
basada en el respeto y la profundización de los derechos individuales y
sociales.
Una necesidad y un derecho
Fernando J. Cardim de Carvalho plantea en este Informe que la solución real al
problema de la desigualdad y de la seguridad social, sería “restituir la
primacía del pleno empleo como meta social, tal como lo fue durante las
primeras dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, puesto que esto
evitaría muchos de los problemas financieros de los sistemas de seguridad
social. También existe la necesidad de fomentar un debate más amplio con todos
los sectores de la sociedad sobre los enfoques del sistema de seguridad social,
con el propósito de volverlo socialmente justo y económicamente sustentable.
Desafortunadamente, el clima político continúa siendo desfavorable a este
debate, ya que las ideas neoliberales acerca de las virtudes del mercado continúan
siendo fuertes, particularmente entre los grupos políticos influyentes.”
La seguridad social puede verse como un resultado de políticas orientadas al
empleo y a la reducción de las desigualdades, y puede ser defendida como
necesaria para la gobernanza y la propia sobrevivencia de un sistema que sin
ella carecería de apoyo popular. Pero además la seguridad social es uno de los
derechos humanos internacionalmente reconocidos y por lo tanto no sólo es
conveniente sino además un mandato legal.
En la Declaración de
Filadelfia (1944), la Conferencia de la OIT reconoció la obligación de
extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a
quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1948 afirma en su artículo 22 que “toda persona
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” y en el
articulo 25 se hace referencia expresa a asistencia médica, servicios sociales,
seguridad en caso de enfermedad, discapacidad, viudez, vejez y desempleo, y a
los cuidados y asistencia especiales de la maternidad y la infancia.
El derecho a la seguridad social también está
consagrado en un número importante de tratados de derechos humanos, tanto
universales como regionales. En su segunda
conclusión la Resolución de la 89ª Conferencia Internacional Trabajo de la
OIT plantea que:
La seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de
sus familias y de toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un
instrumento esencial para crear cohesión social, y de ese modo contribuye a
garantizar la paz social y la integración social. Forma parte indispensable de
la política social de los gobiernos y es una herramienta importante para evitar
y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad nacional y la distribución
justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la
justicia social. También es importante para la integración política, la
participación de los ciudadanos y el desarrollo de la democracia.
El número de ratificaciones del
Convenio de la OIT sobre la seguridad social
aumenta, pero sigue siendo necesario fortalecer este proceso. Hay países que aún
no han ratificado convenciones esenciales, y en este sentido el artículo de
Tanzania llama a su gobierno a ratificar convenios de la OIT sobre desempleo C2,
de 1919, y C44, de 1934 y recomienda enérgicamente que el gobierno cumpla con
la obligación de presentar informes periódicos a los organismos de contralor
de tratados para maximizar y facilitar el cumplimiento y la instrumentación de
los tratados internacionales que garantizan el derecho a la seguridad social.
Sin embargo, muchos gobiernos que han ratificado estas convenciones están
transfiriendo sus responsabilidades respecto de la seguridad social al sector
privado, por fuera del control ciudadano, o simplemente abandonándolas,
desmantelando los sistemas de seguridad social y la provisión de servicios
sociales tales como la salud o la educación. El informe de Zambia, por ejemplo,
reseña los compromisos asumidos, las estructuras gubernamentales e instrumentos
de políticas que se han diseñado para la seguridad social, pero alerta sobre
el hecho de que no hay mecanismos que aseguren la realización del derecho a la
seguridad social, lo que ha llevado a que ésta sea una ilusión para la mayoría
de las personas en ese país.
En otro de los artículos temáticos de este Informe, Christian Courtis
desarrolla un recuento
jurisprudencial, mostrando cómo una cantidad no despreciable de aspectos del
derecho a la seguridad social ha sido captada por tribunales y órganos
internacionales de derechos humanos, a través de su interconexión con otros
derechos y principios. Las experiencias nacionales demuestran que el
derecho a la seguridad social – o bien los derechos derivados de regímenes de
seguridad social; junto con los derechos laborales, constituyen áreas en las
que la experiencia de litigio a nivel local, tanto en países desarrollados como
en países en desarrollo, está firmemente establecida. Sin embargo, las
perspectivas de justiciabilidad directa de este derecho en el plano
internacional todavía son limitadas.
El sector informal
El
informe de Rumania plantea que el sector informal ha crecido significativamente.
En consecuencia, si bien anteriormente la totalidad de la fuerza de trabajo
estaba cubierta por sistemas públicos de seguridad social y representación
sindical, actualmente un alto número de trabajadores está desprotegido. En una
fuerza laboral activa de casi 10 millones, se estima que 1,2 millones de
trabajadoras y trabajadores están empleados en el sector informal no agrícola,
y según estimaciones oficiales la cifra total incluyendo el sector agrícola es
mucho más alta.
Por su parte, el
informe de Brasil subraya que muchas personas que pasaron gran parte de su vida
económicamente activa en el mercado informal de trabajo, especialmente en
actividades urbanas, son doblemente perjudicadas por la exigencia de la
contribución individual en los sistemas de seguridad social. Después de haber
contribuido a la riqueza del país a bajos costos, sin haberse acogido al
Instituto Nacional del Seguro Social, ni haber pagado por su seguro de desempleo
(por lo cual no pudieron ejercer sus derechos laborales) en la vejez, se verán
afectadas una vez más, ya que no podrán disfrutar de sus derechos de seguridad
social.
Mucho se ha escrito sobre la economía informal o no organizada de los sectores
más desfavorecidos, pero existe otra economía no regulada de gran escala,
favorecida por “una infraestructura
habilitadora de bancos, estudios jurídicos y contables, pequeñas asambleas
legislativas y sistemas judiciales, e intermediarios financieros derivados que
se combinan para servir como una ‘interfase extraterritorial’ entre las
economías lícitas y las ilícitas”. El artículo de John Christensen en este Informe
alerta sobre las economías paralelas de los más ricos y el juego de los paraísos
fiscales y las nuevas formas de corrupción, y detalla cómo estos arreglos bajo
la mesa y tratamientos especiales están poniendo en riesgo a las democracias y
cómo a pesar de que suele verse a la corrupción y a la evasión fiscal como un
problema del Sur, los países que menos interés tienen en regular son los más
ricos, en especial Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Muchos responsables de la toma de decisiones de países en vías de desarrollo
con un enfoque economicista o conservador alegan que no puede haber seguridad
social si no hay crecimiento económico. Juan Somavía, director general de la
OIT, responde que “anteponer el crecimiento a la distribución genera
disparidades que luego son difíciles de reabsorber.”
Aun así, el informe de la región árabe plantea de forma realista que “de
acuerdo con las tendencias actuales, la perspectiva futura de la región parece
apuntar hacia una menor protección y una mayor marginación de los
desempleados, los indigentes y los trabajadores del sector informal. Estas
proyecciones negativas surgen de la persistencia de las limitaciones
presupuestarias destinadas a los sistemas de seguridad social y a la ineficacia
del gasto público.”
Para incidir en la definición concreta de las prioridades dentro de las
restricciones presupuestales reales de cada país, las coaliciones de Social
Watch en Italia y Filipinas desarrollan presupuestos alternativos como un
instrumento de incidencia de la sociedad civil durante los debates
parlamentarios. Las políticas sociales sufren cuando las demandas y presiones
son dispersas o la implementación
gubernamental no es coordinada. Por
ejemplo, en Líbano “a pesar de la aplicación de numerosos planes de
seguridad social, la ineficacia del gasto social se debe a la falta de una
estrategia social nacional clara e integral. Esa estrategia debe abordar la
total ausencia de coordinación entre los ministerios y los actores interesados,
lo que conduce a la duplicación de esfuerzos y al desperdicio de recursos.”
La ausencia de estrategias de desarrollo nacionales consensuadas y la falta de
coordinación entre dependencias o programas del estado es un problema que
aparece en varios de los informes nacionales.
En la gran mayoría de
los informes nacionales realizados por
las coaliciones de Social Watch de países del Sur, integrar a los ciudadanos y
ciudadanas que trabajan en la economía informal o ‘no organizada’ aparece
como la clave para que la seguridad social sea una realidad para todos. Hay
algunas experiencias interesantes de esfuerzos por integrar sectores de la
economía informal a sistemas de seguridad social, así como casos en los que
los gobiernos replican métodos o experiencias de iniciativas informales en áreas
de la educación o la salud.
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La informalidad es diversa
En África
Ghana
Mientras la gran mayoría de los trabajadores, y especialmente las
mujeres, trabaja en la economía informal, sólo una minoría de los
trabajadores, principalmente en el sector formal, se beneficia del plan
nacional de seguridad social vigente. El informe de Ghana defiende que es
necesario un sistema nacional de seguridad social distinto que se dirija
específicamente a las mujeres, al sector informal y a otros grupos
necesitados para asegurar un mínimo de prestaciones de subsistencia a los
pobres y marginados.
Somalia
A partir de enero de 1991 tuvo lugar un tipo espontáneo y fortuito de
privatización de las empresas y los servicios públicos. A medida que el
país comenzó a recuperarse de la pérdida del gobierno central mediante
mecanismos de compensación, las iniciativas privadas comenzaron a
responder ante la demanda del mercado. Se establecieron escuelas, centros
de enseñanza terciaria, clínicas, hospitales, suministros de
electricidad y agua y otros servicios, pero los consumidores deben pagar
por estos servicios, que en general tienen precios exorbitantes. Pocos
pueden costear la matrícula escolar, la atención médica y demás
servicios sociales ante la ausencia de un gobierno central que recaude los
impuestos y las tasas y convierta los ingresos en desarrollo comunitario y
bienestar público.
En la actualidad 43% de la población vive por debajo de la línea extrema
de pobreza de USD 1 diario. Somalia jamás ha tenido asistencia social, ni
siquiera una cobertura institucionalizada contra los efectos del
desempleo. No ha sido ni una política de Estado importante ni una
iniciativa amplia. No obstante, los somalíes siempre recurrieron a un
medio tradicional de respaldo mutuo, en especial a través de las
asociaciones de los clanes. A los integrantes de los clanes que se
encuentran en la indigencia se les exime de aportar al sistema de
contribuciones del clan e incluso llegan a tener derecho a la asistencia a
través de medios colectivos.
Esta asistencia social basada en las aportaciones, sin embargo, es básicamente
voluntaria pero ayuda a los integrantes de la comunidad a sobrevivir
juntos. Es por eso que las consecuencias de la guerra civil se absorbieron
con facilidad mediante la ayuda procedente de los clanes. Esto se deriva
de una cultura de siglos donde la gente vivía del pastoreo nómada y
frente a una naturaleza relativamente hostil.
Kenya
Se estima que entre 30% y 35% de los niños y niñas que viven en
asentamientos informales a lo largo y ancho del país aún no forman parte
de la enseñanza formal a pesar del restablecimiento de la educación
primaria gratuita. Los esfuerzos de la sociedad civil para proveer educación
alternativa a niños en asentamientos informales han sido imitados por el
gobierno. Estas iniciativas de educación no formal son un sistema más
flexible y económico, y están dirigidas a los niños de la calle y de
asentamientos que no pueden seguir una educación formal, ya sea porque no
pueden pagar los costos u otros impuestos escolares o por otra razón. El
programa trienal, seguido de un año de exposición a las destrezas técnicas
básicas, ofrece a los alumnos aprendizaje básico en alfabetización y
aritmética, y corre paralelo a los programas formales de educación
primaria. El informe de Kenya también plantea que las personas que ya no
participan activamente de la economía ahora deben apoyarse en las redes
tradicionales de seguridad social, lo que a menudo significa la total
dependencia de sus hijos trabajadores.
En Asia
India
El Informe de India
calcula que, de los 399 millones de trabajadores que había en 1999-2000,
371,2 millones (casi 93% de la fuerza de trabajo) integraban el sector
informal, en comparación con apenas 27,8 millones (7%) en el sector
formal.
El gobierno concluyó recientemente la redacción de un proyecto de
ley de seguridad social para los trabajadores del sector informal. Como
complemento de las disposiciones de seguridad social que existen a nivel
estadual y nacional, el proyecto de ley ofrece medidas de protección
social tales como seguro de salud, prestaciones por maternidad y vejez, a
la vez que atiende la conservación de los recursos naturales que
sostienen los medios de vida de los trabajadores y trabajadoras
informales. La singularidad de este proyecto radica en que se basa en un
marco de derechos y que es jurídicamente ejecutable.
Sin embargo, una mirada más atenta al proyecto de ley revela vacíos
evidentes. Antes que nada, la iniciativa no respeta los principios de no
discriminación y equidad amparados por la Constitución y los convenios
internacionales que India ha ratificado, como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El proyecto de ley provocará
más fragmentación al excluir a las personas ya cubiertas por los planes
existentes, y adopta un enfoque segmentado en la provisión de la
seguridad social cuando distingue entre los sectores formal e informal en
lugar de consolidar ambos.
Nepal
El informe de Nepal detalla que las personas que trabajan en los
sectores informales del transporte (por ejemplo, los coches de dos ruedas
tirados por personas), traslado de bultos, servicio en hoteles, fábricas
e industrias y en la agricultura son los más desprotegidos en caso de
circunstancias imprevisibles. Las mujeres son las más propensas a ser
victimizadas, ya que no existe un mecanismo protector en el sector
informal y, como es ya habitual, se les pagan salarios más bajos que a
los hombres por el mismo trabajo.
Filipinas
El Informe de Filipinas estima que los vendedores callejeros, los
trabajadores autónomos y los trabajadores independientes del sector
informal, así como los trabajadores agrícolas, rurales y otros
comprenden aproximadamente 49% de la fuerza de trabajo o 15,5 millones de
personas. Muchos carecen de protección social suficiente. Precisamente
porque estos trabajadores están fuera de la economía formal y operan
fuera del alcance de las normas, la prestación de programas de salud y
otros programas de protección social sigue siendo sumamente problemática.
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Discriminaciones múltiples
La problemática de la informalidad se ve afectada por discriminaciones múltiples
que agravan la situación de algunos grupos y los vuelven más vulnerables.
Muchas veces se
suman las discriminaciones por género, edad,
raza, etnia, origen, procedencia geográfica, orientación sexual, orientación
religiosa, capacidades diferentes, condición de seropositividad (portadores del
virus VIH/sida) o inmigrantes.
Las personas discriminadas no pueden ejercer sus derechos ni vivir dignamente.
Son las primeras en empobrecerse y las víctimas de la desigualdad creciente, un
fenómeno que también ocurre en los países más ricos. El informe de Canadá
plantea que en una encuesta realizada por el Canadian Centre for Policy
Alternatives (parte de Social Watch Canadá) la mayoría de la población (65%)
indica que el crecimiento económico no la beneficia. Muchos expresan que sólo
“el cheque del sueldo semanal los separa de la pobreza”.
En Nepal “en todo el país, las prácticas discriminatorias arraigadas en las
tradiciones se basan principalmente en el sistema de castas, las etnias, la
clase y el género. Por lo tanto los dalits
(‘intocables’), los janajati
(naciones indígenas), los pobres y las mujeres carecen de oportunidades para
satisfacer sus necesidades básicas de alimentos, vivienda, educación y
servicios de salud. Estas prácticas discriminatorias son más predominantes en
áreas rurales y remotas donde son comunes las relaciones de poder desiguales,
la distribución inequitativa de la tierra y los ingresos, y la falta de
servicios básicos.”
En muchas regiones un porcentaje importante de mujeres sigue dedicándose al
trabajo por cuenta propia. En los países en desarrollo, la mayor parte del
trabajo cuentapropista se desarrolla en la economía informal, caracterizada por
bajas remuneraciones, malas condiciones de trabajo y falta de protección.
El artículo sobre el Índice de Equidad de Género
(IEG) desarrollado por el Equipo de
Investigación de Social Watch plantea que la inequidad basada en el
género es un fenómeno que trasciende fronteras, culturas, religiones, naciones
y niveles de ingreso. Alcanzar la equidad de género es un desafío del mundo
moderno pues, aunque sus manifestaciones son diversas, la brecha entre mujeres y
varones sigue existiendo en todos los países.
Un estudio reciente de la OIT
confirma que hay muchas más mujeres que hombres trabajando en la economía
informal. Y cuando la proporción de hombres y mujeres que se dedican al trabajo
por cuenta propia es más o menos similar, las mujeres se concentran más en los
trabajos de menor calidad.
El informe de Brasil subraya que las trabajadoras rurales luchan desde hace años
por el reconocimiento de su condición de pequeñas productoras. El trabajo que
realizan con el cultivo de huertas y plantas medicinales, y el cuidado de pequeños
animales, absolutamente fundamental para la sobrevivencia y el sustento de sus
familias, es invisibilizado y desvalorizado, y como consecuencia se produce el
no reconocimiento de sus derechos de trabajadoras. El informe resalta que la
situación más grave es la de casi seis millones de mujeres, en su gran mayoría
de las zonas rurales de Brasil, que no poseen ningún documento, y por lo tanto
tienen negados todos los derechos de ciudadanía.
En relación a la situación de las mujeres en Honduras, el informe de ese país
denuncia la violencia en su contra. El gobierno aún no ha ratificado el
protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fundamental para que las
organizaciones de mujeres y las afectadas puedan presentar las denuncias
correspondientes.
La discriminación de las mujeres provenientes de regiones desfavorecidas y que
buscan sustento en la economía informal cómo única vía posible aparece en la
gran mayoría de los informes nacionales
de países en desarrollo. Pero también hay algunas experiencias positivas. El
informe nacional de Bangladesh, por ejemplo, plantea que “se han logrado
avances considerables en integrar a las mujeres a la cultura dominante en el
proceso de desarrollo del país. Las mujeres han jugado y continuarán jugando
un papel importante en el éxito del microcrédito, el sector de manufactura de
vestimenta, la reducción de la tasa total de fertilidad, la mejora de la
nutrición infantil, una mayor participación en la educación y en la reducción
de las disparidades de género en todas las esferas de la vida. Las niñas y
mujeres ya han logrado la paridad en la tasa bruta de inscripción escolar y en
expectativa de vida al nacer.”
Las políticas encaminadas a integrar el trabajo informal en la economía formal
desempeñan un papel vital para acelerar la reducción de la pobreza, detener el
aumento de la desigualdad de los ingresos y superar la discriminación, sobre
todo contra las mujeres.
Las estrategias de educación y formación que permiten reducir la falta de
calificaciones y superar la discriminación y la exclusión también son
capitales para lograr un crecimiento más rápido y generador de empleo, así
como un mayor poder adquisitivo para las personas con ingresos más bajos.
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Asia, África y América Latina:
El VIH/sida y lo que queda por hacer
Joyce Haarbrink, de la ONG Marie
Stopes International, comenta en el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos en este Informe que a fines de la
década de 1990 la pandemia de VIH/sida captó la atención mundial. Por
ese motivo se desviaron fondos de la Salud y los Derechos Sexuales y
Reproductivos (SDSR) hacia la respuesta contra el VIH/sida. Mucho trabajo
queda por hacer y es necesario maximizar la eficacia de la movilización
de los recursos y lograr una complementariedad sinérgica entre las dos
estrategias. A su vez, los donantes y los gobiernos tienen que asumir que
la inversión en SDSR posee un impacto beneficioso para la economía y el
conjunto de la sociedad.
Birmania: Luz amarilla, es hora de
actuar
Según Social Watch Birmania, el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA)
informa que los recursos disponibles para combatir el VIH/sida son escasos
en comparación con la magnitud del problema, lo cual se agrava por la
renuencia del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a permitir la
labor de las organizaciones no gubernamentales internacionales en
colaboración con las organizaciones comunitarias.
Los permisos de visita a los pacientes son difíciles de conseguir y el
acceso a los grupos de alto riesgo y vulnerables es limitado. ONUSIDA ha
advertido acerca de la creciente epidemia en Birmania e indica que el régimen
en el poder en gran medida la ha ignorado.
Tanzania: Acciones en marcha aunque aún
insuficientes
El informe de Social Watch Tanzania señala
que el país posee una incidencia de VIH/sida en el entorno de 7% (6,3% en
los hombres y 7,7% en las mujeres) en adultos entre 15 y 49 años. Los
habitantes urbanos tienen niveles de infección considerablemente más
elevados (10,9%) que los habitantes rurales (5,3%). Se calcula que dos
millones de personas viven con VIH/sida, y el gobierno ha registrado a dos
millones de huérfanos y huérfanas a causa del sida. No obstante, el número
de huérfanos por esta enfermedad pasó de un millón en 2003 a dos
millones en 2005, lo cual implica que la cantidad actual seguramente sea
sensiblemente más alta y en aumento.
Para intentar una solución a este problema, Tanzania incorporó redes de
seguridad social al Programa de Acción Económica y Social. Uno de estos
programas de redes de seguridad es el Fondo Fiduciario Educativo Mwalimu
Nyerere, utilizado para apoyar la asistencia de los huérfanos a la
escuela.
VIH/sida: Cuarta causa de muerte en El Salvador
El informe de Social Watch El Salvador
indica que el sida constituye la cuarta causa de muerte en el país. Un
promedio de cuatro personas se infectan diariamente y miles ocultan su
situación por miedo al estigma y la discriminación.
La tasa de infección por VIH/sida está en ascenso desde 1984. Datos
recientes muestran que a fines de 2006 se contabilizaron más de 18.500
casos de infección. Según ONUSIDA, existe un alto subregistro, por lo
que la cifra de personas infectadas podría situarse entre 25.000 y
50.000.
En cuanto a la atención, la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con terapia
antirretroviral asiste a más de 1.280 personas, lo cual comprende atención
médica ante enfermedades oportunistas y atención del embarazo para
prevenir la posibilidad de infección durante el parto. Sin embargo, hay
un cumplimiento insuficiente de los protocolos de atención vigentes,
inexistencia de medicamentos o entrega tardía y una constante falta de
reactivos para la prueba de conteo de células CD4 (linfocitos que dirigen
la defensa del organismo), exponiendo a muchas personas a la aparición o
complicación de enfermedades oportunistas y a la muerte.
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El artículo de Susanne Paul y Alischa Kugel señala las paradojas de las
discriminaciones en relación a las personas mayores y cómo las mujeres mayores
suelen tener a su cargo importantes responsabilidades en el cuidado de los demás.
Puede ser que críen a sus nietos y nietas, o que atiendan a niños y niñas
enfermos en comunidades afectadas por la crisis del VIH/sida. O es posible que
mantengan a nietos y nietas cuyos padres trabajan en lugares lejanos. Como únicas
fuentes de ingreso de la familia, es posible que estas abuelas no tengan la
posibilidad de proporcionar a sus hijos y nietos, o incluso a sí mismas, la
alimentación adecuada o el acceso a la atención médica o a la educación.
En el mismo sentido el artículo de Robin Blackburn propone la creación de una
pensión mundial y un fondo de subvención a la juventud y apunta que “El vínculo
que existe habitualmente entre el derecho a las pensiones y las aportaciones
laborales no es bueno para las mujeres. Como las mujeres viven algunos años más
que los hombres, la mayoría de las personas de edad son mujeres. Y como el
trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar representa poco en los sistemas
de pensión públicos, y nada en los planes privados y ocupacionales, más de
75% de la población pobre y anciana está integrada por mujeres. Asimismo, la
labor que las mujeres dedican a cuidar a otros integrantes de la familia suele
continuar en la vejez, ya que las mismas cuidan a sus esposos, sus nietos y a
los enfermos.”
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Niños y niñas que viven en la pobreza
Uganda: La mitad de los niños y niñas viven en la pobreza
El informe de Social Watch
Uganda destaca un informe de 2005 del Chronic Poverty Research Centre
(CPRC) que calcula que 50% de los aproximadamente 15 millones de niños y
niñas del país viven en la pobreza.
El informe identificó varios factores responsables de la pobreza y la
vulnerabilidad en Uganda, como la insuficiente seguridad social y protección
contra las crisis, la mala salud, el VIH/sida, el rápido crecimiento
demográfico, el acceso limitado a la tierra, y la falta de mercados. La
corrupción también contribuye al desviar los recursos necesarios para
mejorar el bienestar de las personas pobres, incluso de las enfermas.
Nepal: La situación alarmante de
la infancia
El informe de Social Watch Nepal explica que, si bien el gobierno
ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las
normas jurídicas del país y las políticas del gobierno no alcanzan para
asegurar los derechos de la infancia y la juventud. La situación es
especialmente alarmante con respecto a los niños y las niñas. En el
primer semestre de 2004, la organización nepalesa CWIN registró 10.247
casos de explotación laboral, muerte, desaparición, abuso, casamiento
forzoso, abuso sexual, trata y prostitución por la fuerza de niños y niñas,
además de niños en conflicto y delincuencia juvenil, y subrayó que los
casos registrados sólo representan una pequeña fracción de la real
magnitud de los problemas que padecen los niños y niñas del país.
Por primera vez en la historia, la Constitución Interina, de reciente
promulgación en 2007, consagra los derechos del niño en la lista de
derechos humanos fundamentales, pero aún no se tomaron medidas para que
este compromiso se lleve a la práctica.
En 2003 el gobierno prometió proporcionar ‘educación para todos’
como parte de los compromisos asumidos con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Para el año 2015, todos los niños y niñas de 6 a 10 años
tendrían acceso a la educación primaria gratuita y de buena calidad, sin
importar su género, origen étnico, religión, discapacidad o lugar geográfico.
Pero hasta el momento no hay indicios de medidas que se hayan tomado para
desarrollar la infraestructura y los sistemas necesarios que aseguren el
cumplimiento de los ODM dentro de ocho años. Asimismo, todavía hay
aproximadamente un millón de niñas y niños trabajadores en Nepal que no
asisten a la escuela.
Marruecos: 600.000 niños y niñas
trabajadoras
El informe de Social Watch Marruecos señala que varios grupos vulnerables exigen atención para mejorar
su situación, sobre todo:
• Los niños y las niñas: se calcula la
existencia de 600.000 niños y niñas trabajadoras; hay muchos niños y niñas
en la calle, expuestos a todo tipo de violencia física y sexual; hay
alrededor de 500.000 niños mendigos. Todos ellos y ellas son víctimas de
fracaso escolar, éxodo rural y actitudes sociales favorables al trabajo
infantil.
• Mujeres viudas y divorciadas, y madres
solteras: los hogares a cargo de mujeres jóvenes son más propensos al
fenómeno de la pobreza que aquellos donde el jefe es un hombre; los
estatutos jurídicos y el derecho sucesorio contribuyen a la discriminación
y vulnerabilidad de las mujeres.
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En
lo que se refiere a la situación de los inmigrantes, varios informes nacionales
señalan el tratamiento que éstos reciben en términos de seguridad social. El informe de la región árabe plantea por ejemplo que un número
importante de inmigrantes (en su mayoría de Asia Meridional y otros países árabes)
que viven en los países del Golfo con sus familias no se benefician con los
mismos servicios. Estas prestaciones no se han extendido a la fuerza inmigrante
de trabajo que realiza la mayoría de los trabajos menos calificados pero también
ocupa una proporción significativa de los empleos especializados.
El informe de Estados Unidos señala que es posible que la falta de prestación
de atención médica sea la política pública más contenciosa, aparte de la
guerra en Iraq. En cuanto a la situación de las minorías y los inmigrantes,
resalta que ciertos grupos se ven más golpeados que otros en lo que refiere a
la falta de cobertura de atención médica. Las consecuencias para las y los
afroestadounidenses, hispanos, pobres y las mujeres son mucho peores en el
sistema actual de atención médica.
En
cuanto a Europa, el informe de Bélgica
detalla que en 2006 el parlamento estableció disposiciones legales que
cambiaron profundamente el derecho en relación a las personas extranjeras. La
opinión unánime de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos
es que las reformas adoptadas no pueden garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de muchos extranjeros residentes en Bélgica y no subsanan en ningún
aspecto las fallas del dispositivo legal anterior. Por otra parte, en el informe
de Alemania se plantea que se
viola el derecho de los refugiados a la educación e incluso el derecho a la
salud. En 7 de los 16 estados federados no hay obligación de que las y los niños
refugiados cuya deportación ha sido temporalmente suspendida concurran a la
escuela, y lo mismo sucede en cierto sentido con los hijos de los solicitantes
de asilo.
Modelos en pugna
No hay un modelo único de seguridad
social, pero sí principios básicos
acordados internacionalmente que deben tener todos los sistemas:
• prestaciones seguras y no discriminatorias;
• rigor y transparencia de los regímenes;
• mínimos costos de administración;
• importante participación de los interlocutores sociales;
• confianza de la población; y
• buena administración.
Otro principio es la igualdad entre hombres y mujeres, como cimiento y eje de la
seguridad social y para el óptimo desarrollo de la sociedad; reconociendo el
enorme beneficio del cuidado no remunerado que proporcionan las mujeres, en
especial a niños, padres y personas con discapacidad.
En la implementación
de estos principios para adecuar la seguridad social a las nuevas realidades
impuestas por la globalización hay dos grandes tendencias en pugna:
• las
reformas estructurales o ‘paradigmáticas’ con reformas sustanciales de los sistemas, con capitalización individual y
administración privada total o parcial de los regímenes. Se las conoce también
como los modelos del llamado Consenso de Washington y suelen ser parte de las
políticas de ajuste estructural del Banco Mundial, y
• las reformas no estructurales o
‘paramétricas’ con modificaciones dentro de los sistemas públicos
nacionales que se mantienen como fundamentales. Se basan en los principios clásicos
de solidaridad y organización estatal de la Seguridad Social y se desarrollan
en la mayoría de los países, en particular los desarrollados. El ejemplo clásico
es el llamado modelo de protección social europeo o la ‘Europa Social’.
Los Informes nacionales de los grupos de Social Watch en Europa dan detalles de
la situación actual del modelo europeo. Por ejemplo, la protección social en
Francia incluye todos los mecanismos de previsión colectiva que permiten a las
personas enfrentar las consecuencias financieras de los riesgos sociales.
Funciona según tres lógicas: de seguro social reservado a quienes cotizan
(protección frente a la pérdida del ingreso: desempleo, enfermedad, vejez,
accidentes de trabajo); de asistencia (instauración de una solidaridad entre
las personas: ingreso mínimo de inserción), asignaciones al adulto
discapacitado; y de protección universal (prestaciones familiares). El sistema
de protección social francés representa más de 30% del PBI.
|
Vivienda: que ninguna persona se vea obligada a vivir en la calle o en
condiciones indignas
En Francia, más de tres millones de personas viven en condiciones
indignas o sin techo. Además, se estima que el número de viviendas
insalubres asciende a 600.000. En el Informe de Bélgica se plantea que
también se han constatado algunos problemas serios en el acceso a la
vivienda ya que este país tiene una de las proporciones de viviendas
sociales más bajas de Europa.
Las organizaciones de Social Watch Francia proponen:
• Construir la implementación del derecho oponible a la vivienda, para
que sea un derecho efectivo al que puedan acceder todos.
• Tomar la vivienda como una verdadera prioridad, al igual que el
empleo.
• Reforzar la eficacia social de los programas de ayuda para compra de
viviendas, que deben seguir estando bajo la competencia del Estado.
• Garantizar una oferta de alquileres económicamente accesibles a toda
la población.
Implementar un sistema universal que otorgue seguridad ante los riesgos de
alquiler.
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En general las reformas no estructurales:
• Se implementan progresivamente y con una perspectiva de mediano o largo
plazo, como por ejemplo, en Alemania el proceso hacia 2030. El Informe de
Alemania detalla que en los últimos meses se realizaron grandes recortes a la
red de seguridad que proporcionan los sistemas de seguridad social.
Indudablemente, el cambio más importante ha sido el aumento de la edad de
jubilación de 65 a 67 años.
• Son ampliamente consensuadas con los sectores sociales (como es el caso de
varios países europeos).
• Pueden introducir una mayor correlación entre contribuciones y
prestaciones, por ejemplo a través de cuentas individuales hipotéticas que surgieron en Suecia y luego fueron extendidas a China y
Letonia; o el factor previsional en Brasil.
El Banco Mundial, otros expertos y organismos favorables a los sistemas de
capitalización individual obligatoria realizan una serie de críticas a las
reformas no estructurales y a los sistemas públicos en general.
|
Críticas del Banco Mundial a las reformas no estructurales*
• Afectan el mercado de trabajo formal.
• Estimulan la evasión y desestimulan la contribución vía morosidad,
no-declaración y subdeclaración.
• Disminuyen la oferta de trabajadores experimentados.
• Generan injusticias a través de topes y privilegios.
• Aumentan cargas laborales y generan problemas de financiamiento
insostenibles.
• Disminuyen el crecimiento económico y no generan mercado de capitales
ni ahorro nacional.
• Aumentan la deuda implícita con trabajadores y jubilados.
• No corrigen los problemas de envejecimiento ni la evolución demográfica.
• Aumentan la injusticia en la redistribución.
• Imposibilitan canalizar recursos a otras políticas sociales y
productivas.
* CINTERFOR/OIT (2003-2005).
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Muchos argumentos en contra de los sistemas públicos o de la Europa Social
pasan por argumentos tales como la insostenibilidad del modelo, ya sea por
aspectos financieros o por las implicancias del envejecimiento de la población.
Por ejemplo, en Italia uno de los aspectos más críticos radica en que, como es
un país envejecido, los italianos ahora pagan cada vez más por sus ancianos
sin que exista un recambio generacional que pueda producir suficientes ingresos
para cubrir todos los gastos de la seguridad social. Sin embargo, el informe de
Italia argumenta que no sólo hay que tomar en cuenta a la población
envejecida, sino también a quienes actualmente están desempleados,
especialmente porque la tasa de desempleo no está descendiendo. Y que la
jubilación de la generación del baby
boom, que comprende aproximadamente a 60.000 personas, implicará un pico de
gastos dentro de 20 años o más, mientras está previsto que las reformas
incorporadas entren plenamente en vigor en 2010.
Reformas estructurales
Antonio Tricarico en el artículo sobre la perspectiva de seguridad social del
Banco Mundial en este Informe recuerda que desde la década de 1980 las reformas
estructurales promovidas por el Banco Mundial han trasladado sistemáticamente
el equilibrio del riesgo social de las instituciones estatales a la espalda de
las personas. A modo de ejemplo, el objetivo político del Banco Mundial de
priorizar la reestructura y el desarrollo del sistema financiero apunta cada vez
más a la reforma de las instituciones de seguridad social públicas, lo que
implica la privatización de los sistemas de pensiones a la vejez. Además de brindar apoyo teórico a
los intereses ideológicos y financieros que defienden la privatización, el
Banco Mundial también ha ofrecido préstamos y ayuda técnica a los países que
privatizaron sus sistemas de seguridad social, especialmente en América Latina
y el Caribe, y también posteriormente en países de Europa del Este.
El informe de Nepal detalla que la industrialización en ese país inicialmente
fue dirigida por el Estado, pero en un intento de globalizar la economía
nacional, el comercio, las inversiones y el cambio de moneda extranjera, los
sectores financieros e industriales se dejaron de regular, fueron desafectados y
luego privatizados. Si bien las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco
Mundial) impusieron políticas de ajuste estructurales en los años 1980, la
liberalización económica en realidad comenzó en 1992. La privatización de
servicios básicos como el agua, la educación y la salud ha aumentado aún más
la desigualdad al disminuir tanto la cantidad como la calidad de los servicios públicos
de salud y educación.
|
Los fondos de pensión
bajo administración privada
Tomando como modelo la
reforma de la seguridad social en Chile (1981), el Banco Mundial ha
incluido en sus recetas de reformas estructurales la capitalización
individual y la gestión privada a través de Administradoras de Fondos de
Pensión (AFP), en sustitución total o parcial de los sistemas solidarios con administración y garantía estatal.
TABLA 1. Países en los que se ha
implementado alguna forma de AFP
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América Latina
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México
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Europa y Asia Central
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Kazajstán
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Asia
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Argentina
|
Panamá
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Bulgaria
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Letonia
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India
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Bolivia
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Paraguay
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Croacia
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Lituania
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Hong Kong
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Chile
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Perú
|
Eslovaquia
|
Macedonia
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África
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Colombia
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Rep. Dominicana
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Estonia
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Polonia
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Nigeria
|
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Costa Rica
|
Uruguay
|
Fed. Rusa
|
Suecia
|
|
|
El Salvador
|
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Hungría
|
Ucrania
|
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Más allá de las diferencias que existen en cada uno de los 28 países
que hasta ahora han integrado AFP, la intención que ha guiado las
reformas ha sido la de trasladar el
riesgo social desde las instituciones estatales a los individuos. En este sistema cada afiliado posee una
cuenta individual donde deposita sus cotizaciones previsionales y, al término
de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus
beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión.
En teoría los fondos de pensión se encargarían de los niveles de
ingreso por jubilaciones que los programas oficiales ya no eran capaces de
ofrecer. Pero como señala Fernando Cardim de Carvalho en este Informe,
los fondos fueron planteados principalmente como una forma de incrementar
los ahorros de los hogares y canalizarlos hacia mercados de valores públicos
y privados, convirtiéndose rápidamente en una clase más de fondos de
inversión.
Aldo Caliari señala que la utilización de los ahorros provisionales en
actividades especulativas como los Fondos de Capital de Riesgo y los hedge
funds (fondos de cobertura) despierta inquietudes tanto por la
inestabilidad de los mercados financieros como por el alto riesgo y la
falta de regulación asociados a este tipo de fondos. A esto se suma que
bajo regímenes de AFP los afiliados no participan en la toma de
decisiones sobre cómo y dónde se invierten sus ahorros ni en la gestión
cotidiana de las Administradoras. La figura de entidades cuatripartitas en
que participan el estado, empleadores, trabajadores y pensionistas no
entra dentro de la lógica de las AFP.
Varios informes nacionales de las coaliciones de Social Watch analizan las
AFP:
México
El modelo beneficia a los trabajadores asalariados y sus familias,
proporcionándoles servicios médicos, pensiones y algunas prestaciones
sociales y económicas contributivas, pero la cobertura no llega a la
población desocupada ni a la que trabaja en el sector informal.
El Informe Alternativo de 2006 alertó al Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU sobre la actuación de las Administradoras
de Fondos para el Retiro (AFORES) y la precaria situación del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ante lo
que el Comité recomendó medidas al Estado como evaluar “con
detenimiento las modificaciones propuestas del sistema de jubilación
vigente mediante la Ley relativa al ISSSTE, así como las modificaciones
futuras de otros sistemas de seguridad social, para cerciorarse de que
dichas modificaciones no traigan consigo inseguridad en el trabajo para
los futuros jubilados, ni una disminución de la cuantía de sus futuras
pensiones que les impida disfrutar de un nivel de vida adecuado”.
La reforma del 28 de marzo de 2007 a la Ley del ISSSTE es considerada una
medida regresiva comparada con la legislación anterior y estaría en
contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con las disposiciones expresas del Convenio 102 de la OIT,
obligatorias para el Estado. Contra esta reforma, cientos de miles de
trabajadores al servicio del Estado se han movilizado política y jurídicamente.
El Salvador
El Sistema de Pensiones de El Salvador fue privatizado hace diez años.
El gobierno pasó a las AFP el dinero cotizado por los trabajadores, pero
asumió las jubilaciones de las personas que en 1996 eran mayores de 35 años.
Seis años después de la privatización se implementó una reforma para
atrasar la jubilación.
Una de los principales problemas del Sistema de Pensiones es la retención
indebida de cuotas por parte de los patronos, que no son pagadas al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En 2007 el gobierno tiene
que pagar a la población jubilada unos USD 345 millones, pero no cuenta
con ese dinero y la deuda del Estado es tres veces mayor que la recaudación
impositiva.
Para pagar las pensiones el gobierno creó un Fondo de Fideicomiso de
Pensiones, de manera que las AFP han autorizado al Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI) a hacer uso del dinero de las personas que actualmente
cotizan, para pagar las pensiones de la población ya jubilada. Como el
gobierno está altamente endeudado, es previsible que tendrá problemas
para pagar a las AFP, por lo que todo el sistema corre un mayor riesgo y
las pensiones futuras de la población afiliada se encuentran en peligro.
Paraguay
Tan sólo tres de cada diez adultos mayores están acogidos al
beneficio de la jubilación. En 2005 el número de jubilados y pensionados
apenas alcanzaba 93.000 personas. En Paraguay funcionan simultáneamente
al menos ocho cajas de aportes, siendo las de mayor envergadura la Caja
Fiscal para funcionarios públicos dependientes de la administración
centralizada y el Instituto de Previsión Social (IPS) para
trabajadores dependientes del sector privado y empleados de entes
descentralizados.
Una medida de inequidad es el tiempo de aporte para la jubilación, que
puede variar de 10 años en el caso de la caja parlamentaria a 30 años en
el régimen general del IPS para los obreros. También existe variabilidad
en la edad requerida, siendo menor para las mujeres del magisterio
nacional (40 años) y mayor tanto para hombres y mujeres del régimen
general del IPS (60 años).
Colombia
En lo relativo a las pensiones se establecieron los fondos privados
basados en el principio de la capitalización individual, pero se mantuvo
el sistema anterior, basado en el reparto simple y la administración pública
de los recursos. A 14 años de haber comenzado la reforma de la seguridad
social (Ley 100 de 1993) que promovía la universalidad de la protección,
la cobertura en salud llega sólo a 62% de la población. En el área de
las pensiones la situación es similar a la de 1993, con una cobertura de
28%.
Bolivia
La reforma del sistema de pensiones fue presentada como una necesidad
social – argumento auxiliado por la evidente ruina del sistema de
pensiones vigente por varias décadas – pero fue diseñada para
convertirse más bien en una fuente de recursos para la inversión
privada. Uno de los argumentos preferidos de los funcionarios
gubernamentales y de los empresarios de las AFP es que el nuevo sistema
habría logrado un incremento excepcional de su cobertura. Sin embargo, el
inusitado crecimiento del número de afiliados con respecto al anterior
sistema (más de 100%) oculta que en la actualidad el número de
trabajadores que efectivamente aportan a los fondos administrados por las
AFP es sustancialmente inferior al de los inscritos.
No son las fuerzas libres del mercado las que definen las decisiones de
inversión de los recursos manejados por las AFP. De acuerdo a las normas
vigentes, estas entidades están obligadas a mantener una cierta
estructura del portafolio de sus inversiones, en la que predominan los
valores emitidos por el Estado. Mientras las normas limitan las
inversiones en valores de entes emisores en el extranjero hasta 10%, la
inversión en valores públicos, ya sea del Tesoro General de la Nación
(TGN) o del Banco Central de Bolivia, no tiene límites. En otras
palabras, podría alcanzar hasta 90% y explicarían la inusual concentración
de la cartera de las AFP.
De esta manera se puede deducir que el supuesto de una administración
eficiente, basada en la transparencia de las decisiones e inversión no se
ha cumplido, puesto que no son los afiliados o cotizantes del sistema como
auténticos propietarios de los recursos acumulados quienes influyen en la
toma de decisiones relativas al destino de sus ahorros y de las
rentabilidades esperadas, sino los funcionarios y autoridades políticas
que hacen prevalecer sus intereses, imponiéndolos autoritariamente a las
AFP.
Hungría
El régimen de pensiones público y obligatorio ha constado de dos
‘pilares’ desde 1998. El primero es el régimen de pensiones de la
seguridad social, que funciona por el sistema de reparto y se financia con
las aportaciones que realizan la empresa y el empleado. El segundo pilar
comprende los fondos de pensión privados que responden a las leyes del
mercado.
Las personas que inician su vida laboral están obligadas a participar en
el régimen mixto (o sea, en los dos pilares) y una parte considerable de
su aportación jubilatoria individual (8% de 8,5%) se destina al fondo de
pensión privada que elijan. El régimen mixto abarca en la actualidad a más
de 60% de la población asegurada. Los fondos de pensión privada comenzarán
a administrar sus servicios a partir de 2013, y no se constituirán en un
régimen ‘típico’ de pagos de pensiones hasta 2020, lo cual deja al régimen
de pensiones de la seguridad social como actor exclusivo o predominante en
las próximas décadas.
Ghana
El enfoque de tres niveles que la Comisión de Pensiones recomendó al
gobierno básicamente es el modelo del Banco Mundial de gestión de
pensiones a través de la reducción de los planes públicos. La
privatización de las pensiones creará la oportunidad para que unos pocos
individuos accedan a fondos baratos a costa de la mayoría de los
ciudadanos. Ya hay empresas de Estados Unidos que están publicitando sus
planes privados de pensión en Ghana. Este enfoque fracasó en América
Latina y es poco probable que funcione en Ghana.
|
Las reformas estructurales tienen en común
la modificación fundamental de la estructura del régimen de jubilaciones y
pensiones, con la introducción de la capitalización individual obligatoria
administrada por el sector privado. Sólo se diferencian en el grado en que se
sustituye el régimen de reparto por la capitalización en cuentas individuales
y en la definición de los beneficios.
|
El Banco Mundial propone un modelo
de tres pilares*
El primer pilar público tiene
el objetivo limitado de aliviar la pobreza en la ancianidad y coasegurar
numerosos riesgos. Debería ser un pilar pequeño a fin de dar cabida a
los otros pilares y financiarse con ingresos corrientes para evitar los
problemas de los fondos de previsión administrados por el sector público.
Podría tener tres modalidades: formar parte de un programa de beneficios
supeditados a la necesidad para los pobres de toda edad con beneficios
teniendo en cuenta las necesidades según la edad; otorgar garantía de
una pensión mínima por medio de un pilar de ahorro obligatorio; proveer
un beneficio uniforme, universal o vinculado al empleo.
El segundo pilar obligatorio de
capitalización individual y administración privada podría adoptar
dos modalidades: planes de ahorro personales y planes ocupacionales. Con
el financiamiento total se fomentarían la formación de capital y el
desarrollo de mercados financieros, y al estimular el crecimiento económico
por ese medio se facilitaría el financiamiento del pilar público (la
tendencia real ha sido promover los planes de ahorro personal y que este
pilar sea el más importante y característico del modelo).
El tercer pilar voluntario de
capitalización individual y administración privada, en cualquiera de
las dos modalidades anteriores, como complementario voluntario.
* CINTERFOR/OIT (2003-2005).
|
TABLA 2. El modelo Banco Mundial: los pilares de
la seguridad económica en la vejez
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Pilares
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Pilar obligatorio administrado por el sector público
|
Pilar obligatorio administrado por el sector privado
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Pilar voluntario
|
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Objetivo
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Redistribución más coaseguro
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Ahorro más coaseguro
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Ahorro más coaseguro
|
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Modalidad
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Según las necesidades - mínimo garantizado o uniforme
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Plan de ahorro personal o plan ocupacional
|
Plan de ahorro personal o plan ocupacional
|
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Financiación
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Financiado con impuestos
|
Totalmente financiado, regulado
|
Totalmente financiado
|
Fuente: Adaptado
de OIT-CINTERFOR 2003-2005, tomado de Envejecimiento
sin crisis, Banco Mundial, 1994.
El informe de Bulgaria señala que bajo la dirección de las instituciones
financieras internacionales (impuesta a través del condicionamiento de préstamos)
y siguiendo las prácticas implementadas en Europa Central y Oriental y América
Latina, se montó una arquitectura de un sistema de pensiones basado en los tres
pilares. La nueva arquitectura combina la participación gubernamental y la
privada así como elementos obligatorios y voluntarios.
En 1999 las primeras voces críticas surgieron desde el propio Banco Mundial
criticando el enfoque ideológico de las reformas estructurales de la seguridad
social. El Banco conceptualizó su nuevo criterio de la protección social bajo
la denominación de gestión social del riesgo (GSR). En 2000, en el Informe
sobre el Desarrollo Mundial, el Banco Mundial presentó su nuevo marco de política
de “lucha contra la pobreza” (que también fue el título del informe).
Significativamente, en oportunidad de la definición de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), en la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas, el Banco estableció claramente su intento de reconceptualizar la política
social como GSR.
La nueva concepción de GSR apunta a restringir el papel que cumple la prestación
estatal de distribución del riesgo a la vez que alienta al sector privado a
tener un mayor protagonismo en la prestación de instrumentos para la mitigación
individual del riesgo. Estas nuevas formas de las recetas del Banco Mundial
también reciben críticas.
Tanto Tricarico como el artículo sobre el rol del Banco Mundial en los países
de Europa Oriental detallan las diferentes críticas que el modelo Banco Mundial
ha recibido a lo largo y ancho del planeta. La OIT también ha sistematizado
estas críticas y recientemente una auditoría independiente de las
investigaciones del Banco Mundial que examinó más de 4.000 actividades entre
1998 y 2005 reveló que las políticas, en lugar de ser formuladas en base a un
análisis equilibrado de una amplia gama de investigaciones, frecuentemente se
formulaban en base a preferencias históricas que luego se respaldaban con
investigaciones selectivas y análisis parciales.
El panel que llevó a cabo la evaluación, conformado por distinguidas
personalidades académicas, tuvo críticas importantes a la forma en que la
investigación del Banco Mundial se utilizó para hacer proselitismo a favor de
sus políticas, a menudo sin haber dado una mirada equilibrada a las pruebas, al
punto tal que “el grado de auto-referencia llega casi al nivel de la
parodia”.
En cuanto al impacto de reformas estructurales, el informe de India plantea que
la retirada del Estado ante el impacto del marco neoliberal y las fuerzas de la
globalización provocó un dilema político en el cual las inquietudes del
Estado de bienestar se dejaron de lado. Si bien la prestación de la seguridad
social está amparada por normas constitucionales, el régimen vigente contiene
grandes lagunas, sobre todo en lo concerniente a la cobertura de los sectores
vulnerables de la población como los adultos mayores, las mujeres, las niñas y
niños y los millones de trabajadores remunerados y no remunerados del sector
informal.
|
Críticas al modelo del Banco Mundial*
• Menoscaba la solidaridad nacional y la solidaridad intergeneracional.
• En general,
las políticas son formuladas en base a preferencias históricas, para
después ser respaldadas por investigaciones selectivas y análisis
sesgados.
• Su cobertura es limitada y los regímenes privados favorecen a las
categorías más prósperas de la población.
• Persigue fines lucrativos y, a veces, sus costos administrativos son
elevados.
• Está expuesto al riesgo de la bancarrota y de la volatilidad
financiera.
• No ofrece una seguridad completa, salvo que el Estado adopte las
medidas necesarias.
• No tiene participación de los actores sociales ni en la gestión ni
en las definiciones de políticas.
• El ajuste de las pensiones a las fluctuaciones económicas resulta más
difícil de lograr que en los regímenes públicos.
• En caso de movilidad profesional, la garantía de los derechos de
pensión plantea problemas complejos.
* Basado en “Inconvenientes del modelo
Banco Mundial desde la perspectiva de la OIT” citado en CINTERFOR/OIT
(2003-2005).
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El artículo temático realizado por la Bulgarian Gender Research Foundation
(BGRF) sobre el rol de las Instituciones de Bretton Woods en Europa Oriental
plantea que ha habido dos tipos de reformas de la seguridad social. Por un lado,
la que se ha aplicado en Bulgaria, Hungría y Polonia (reformas al estilo
argentino), y por otro la que se ha implementado en países como Eslovenia, República
Checa y Rumania, que se parecen más al modelo social europeo, ya que no han
seguido las recomendaciones del Banco Mundial y parecería que han tenido en
cuenta las lecciones aprendidas de América Latina.
El informe de Letonia reseña las principales características que ha tomado la
reforma estructural en ese país y cómo ha afectado la calidad de vida de las
personas mayores. El informe de Hungría plantea claramente que prácticamente
todos los ámbitos de la política social fueron afectados por la transición y
las políticas neoliberales que dictaron las instituciones financieras
internacionales de acuerdo con el Consenso de Washington; es decir, se produjo
el fortalecimiento de la responsabilidad individual y el debilitamiento de la
responsabilidad pública. Entre tanto, los derechos laborales se debilitaron y
la falta de empleo aumentó, lo cual socavó profundamente la seguridad laboral.
Fernando Cardim de Carvalho señala
otros riesgos relacionados con el rol que los private equity funds
(fondos privados de inversión) y los hedge funds (fondos de cobertura),
ya que las pensiones no son como otros tipos de inversiones financieras, donde
los inversores seleccionan parte de sus ingresos sobrantes para realizar una
apuesta. El propósito de las pensiones es garantizar un nivel de ingresos mínimo
que permita a la persona jubilada mantener cierta calidad de vida. Los
inversores en los fondos de pensiones son las clases medias y, en los países más
desarrollados, los trabajadores, y sus futuros ingresos no deben ser el
resultado del tipo de juegos del mercado en los que participan los private
equity funds o los hedge funds.
Por otra parte, Aldo Caliari apunta que la Cumbre del G8 en Heiligendamm (junio
de 2007) finalmente no adoptó medidas significativas. Los intentos del ministro
de finanzas alemán por alcanzar un acuerdo que reforzara la reglamentación de
los hedge funds recibieron una rápida oposición, principalmente de los
gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, y al final se diluyeron en simples
llamados a la divulgación en aras de una mayor transparencia. Quedó claro en
este proceso que incluso los modestos requisitos de transparencia de carácter
obligatorio son demasiado para exigirle a los hedge funds.
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Reformas de la salud: modelo Banco Mundial
Exaltación de los prestadores privados de la salud
El Banco restringe una vez
más, deliberadamente, el papel del Estado y la intervención pública basándose
en el principio ideológico y no demostrado de que los prestadores de
salud privados son más responsables, de mayor calidad y más eficientes
que los prestadores públicos. Se presenta a los trabajadores del sector público
como corruptos, sin hacer un análisis de por qué tiene lugar la corrupción
así definida dentro de este grupo, y sin realizar un análisis
comparativo de cómo y por qué la corrupción general también ocurre en
contratos con prestadores privados de salud. La estrategia del Banco
ignora la experiencia de reformas exitosas del sector público destinadas
a fortalecer la capacitación, el reclutamiento y la retención de
trabajadores de la salud más motivados y mejor compensados, y tan sólo
propone prescindir del sector público a favor de un sector privado
falsamente exaltado.
Filipinas
El programa nacional de seguridad social PhilHealth, también llamado
Medicare, es un ejemplo de grandes disparidades: los trabajadores pobres
subsidian a los empleados bien remunerados (con una incidencia mayor de
enfermedades catastróficas que exigen tratamientos más caros), y las
regiones pobres subsidian a la zona metropolitana de Manila. Los proyectos
locales de seguros de vida y seguros de salud prosperan en algunas
localidades urbanas y rurales, a pesar de sus debilidades actuariales, y
ayudan a mitigar los riesgos y a reducir la vulnerabilidad de los hogares
pobres. El informe de Filipinas resalta que cooperativas, ONG y
asociaciones de ayuda actúan como vehículos de programas de microseguros
en el país.
Hungría
El sistema de atención médica vigente padece graves problemas
estructurales. Los servicios sanitarios no cuentan con potenciales
sistemas de prevención y clasificación desde el punto de vista
organizativo ni profesional, y la capacidad de los centros de rehabilitación
también es insuficiente. Los problemas estructurales se agravan aun más
por la superposición que existe entre ciertos servicios (por ejemplo, el
sistema de salud y el sistema social) y la falta de comunicaciones
avanzadas, que obstruye aun más el funcionamiento eficiente del sistema
de servicios de atención a la salud. Otro objetivo de esta ‘política
de reformas’ es allanar el camino a las empresas de seguro de salud
privadas.
Rumania
En 1990 el sistema médico rumano era exclusivamente público,
altamente centralizado y financiado por el presupuesto del Estado; los
servicios ofrecidos a la población eran oficialmente gratuitos. Durante
los últimos 17 años de transición, las estadísticas y la investigación
han revelado un deterioro de la salud de la población, incluyendo una caída
en la expectativa de vida y la reaparición o agravamiento de enfermedades
relacionadas con la pobreza.
En ese contexto los decisores políticos decidieron cambiar a un sistema
basado en el seguro de salud. En general, los expertos consideran que el
proceso de reforma ha llevado a un incremento de los costos, confusión
entre el personal médico, demoras en la creación de un marco legislativo
que defina las responsabilidades de los actores dentro del sistema, y un
mal funcionamiento en el pago de los fondos. Se tomaron muchas decisiones
sin una evaluación previa de su impacto social.
Los problemas del sistema de salud pública han aumentado en los últimos
años a causa de su incapacidad para proveer de medicamentos gratuitos o
subvencionados a quienes los necesitan. La liberalización del mercado
farmacéutico y el descenso en la producción local han llevado a un
aumento excesivo de los precios de productos farmacéuticos, limitando aún
más el acceso de la población pobre incluso a tratamientos obligatorios
y vitales.
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El rol de la comunidad internacional
La lucha contra la pobreza como una de las banderas de la cooperación
internacional enfatiza cada vez menos la justicia social. Aunque las emergencias
ciertamente requieren atención específica urgente, el abordaje de la pobreza
solamente como asistencia a las personas afectadas da lugar a crecientes
desigualdades y no combate las causas. La pobreza es un problema de todas y cada
una de las sociedades y no tan sólo un ‘desastre’ que afecta a un grupo
pequeño de los países más pobres (incluso cuando esos países definitivamente
merecen un tratamiento prioritario y asistencia especial).
La comunidad internacional ya reconoce el problema de la desigualdad y de sus
efectos multiplicadores como un problema tan grave como el de la pobreza, pero
los organismos internacionales siguen calificando a los países por sus
ingresos, es decir por su PBI per capita, un indicador promedio que esconde las
inequidades pues reparte por igual entre toda la población el ingreso anual de
un país.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) incorpora indicadores de salud y educación además del
ingreso y muestra cómo países con ingresos per cápita similares pueden tener
grandes diferencias en el IDH. El Índice de Capacidades Básicas (ICB)
desarrollado por Social Watch
prescinde de los ingresos y compara a los países según sus avances en
garantizar algunas capacidades básicas indispensables para una vida digna.
Por otro lado, los esfuerzos recientes de la Comisión Europea por desarrollar
un índice de gobernanza son criticados por Mirjam Van Reisen y Simon Stocker en
el artículo sobre la Unión Europea que mientras siguen pendientes las
interrogantes sobre el escrutinio democrático de los programas nacionales para
África, la Comisión Europea pone fuerte énfasis en un instrumento destinado a
la gobernanza para África que ha provocado muchas críticas. De un total de 23
indicadores, sólo uno está relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Otros indicadores se
centran en cuestiones tales como migración, liberalización del comercio y
lucha antiterrorista, con el propósito de negociar una respuesta a los
intereses europeos a cambio de la ayuda de la UE. No resulta claro si la firma
de los Acuerdos de Asociación Económica, que establecen nuevos acuerdos de
cooperación comercial entre los países de África, el Caribe y el Pacífico
(ACP) y la UE, también tendrá un impacto en la evaluación de la
‘gobernanza’ del país contraparte.
Los sindicatos organizados a través de la
Confederación Sindical Internacional tienen claro que los problemas locales o a
nivel nacional requieren de la solidaridad internacional, y que los desafíos
mundiales hacen necesario organizarse a escala global. Pero las grandes campañas
internacionales contra la pobreza así como la solidaridad masiva expresada por
la opinión pública ante desastres como la catástrofe del tsunami a fines de
2005 no han logrado aún modificar la inequidad esencial del sistema económico
mundial. La falta de solidaridad internacional es visible en
la insuficiencia del monto de la ayuda al desarrollo, en las trabas al comercio
de países en desarrollo, en la indiferencia ante estándares dobles de empresas
trasnacionales del Norte en países del Sur y en el tratamiento de la deuda
externa.
Esta realidad se contradice con lo que la comunidad internacional se ha
comprometido a lograr. En el artículo de Rebecca Carter y Stephen Lister se
plantea que cuando la comunidad internacional de desarrollo firmó los ODM asumió
el compromiso de convertir en realidad el derecho de todos y todas a la
seguridad social. Este derecho puede llegar a ser exigido ante los tribunales
internacionales, como lo demuestra el artículo de Christian Courtis,
y su implementación a nivel global sería perfectamente viable si hubiera
voluntad política para ello.
Notas:
OIT (2001). Informe VI a la 89ª Conferencia
Internacional del Trabajo de la OIT: Seguridad Social: temas, retos y
perspectivas.
Estudio realizado por la Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS) y el Centro de Investigación en Política Social de la
Universidad de Loughborough, Reino Unido a cargo de Simon Roberts.
OIT/Wouter van Ginneken (2003): Extending
social security: Policies for developing countries. ESS Paper No. 13, Ginebra.
Ver el artículo de Ziad Abdel Samad y Diana Zeidan en
este Informe.
PNUD (2004). La Democracia
en América Latina: Hacia una Democracia
de Ciudadanas y Ciudadanos. 2a edición, Buenos Aires.
Ver el artículo de Fernando J. Cardim de Carvalho en
este Informe.
Historial detallado en CINTERFOR/OIT (2003-2005).
Unidades de Formación, Proyecto “Seguridad Social en el Cono Sur”
2003-2005, Centro Internacional de Formación de la OIT.
OIT/Somavía (2007a). Introducción del Director General
de la OIT a la Conferencia Internacional del Trabajo, El trabajo decente para un
desarrollo sostenible CIT 96-2007/Memoria-Informe I (A). El Convenio está
disponible en: <www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C102>.
OIT/Somavía (2007b). Informe del Director General, La
igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. Informe global con
arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 96a
reunión.
Ver el artículo sobre la región árabe en este Informe.
OIT/Somavía (2007b).
Galli, R. y Lucera, D. (s/f). “Gender, informality and employment flexibility in
Latin America”. (De próxima publicación).
Citado en OIT/Somavía, 2007b.
OIT/Somavía (2007a).
CINTERFOR/OIT (2003-2005).
OIT/De Regil (2001). Informe del presidente del Grupo de
los Empleadores en la Comisión de Seguridad Social de la 89ª Conferencia de la
OIT.
<www.vie-publique.fr>
CINTERFOR/OIT (2003-2005).
El caso de los países de Europa del Este se desarrolla en el artículo
redactado por BGRF/Bulgaria de este Informe.
CINTERFOR/OIT (2003-2005).
Banerjee, A. et al (2006), An Evaluation
of World Bank Research, 1998-2005. Citado
en el artículo a cargo de Antonio Tricarico en este Informe.
Pautas para los informes nacionales del Informe Social
Watch 2007.
Ver el artículo sobre el Índice de Capacidades Básicas
2007 en este Informe.
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