2007
Salud sexual y reproductiva: Un derecho de mujeres y hombres
Joyce Haarbrink
Marie Stopes International
Cada minuto muere una mujer por causas derivadas del embarazo, y entre 125 millones y 200 millones de personas desearían tener la capacidad para controlar su fertilidad, pero no utilizan anticonceptivos. Si tuvieran a su alcance suficientes métodos anticonceptivos, se salvarían 1,5 millones de vidas cada año. Si bien en 1994 los jefes de Estado adoptaron el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, los fondos destinados a la salud y los derechos sexuales y reproductivos siguen ocupando un lugar secundario en el ámbito nacional e internacional. En todo el mundo se adoptaron distintas políticas, pero muchos gobiernos aún no se convencen de las importantes consecuencias económicas que puede generar un buen sistema de atención de la salud sexual y reproductiva.
La concepción de la seguridad social no está
limitada a las pensiones sino que también abarca la educación, la salud, el
empleo y otras esferas de la vida. Existe una seria preocupación por la situación
dramática creada por la epidemia de VIH/sida en África. La salud y los
derechos sexuales y reproductivos forman parte de la concepción de seguridad
social desde una perspectiva basada en los derechos.
La
Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud reproductiva como una
condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al
sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. La salud reproductiva
implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y
con qué frecuencia. En esta última condición está implícito el derecho de
hombres y mujeres de estar informados y tener acceso a métodos de regulación
de la fertilidad de su preferencia que sean seguros, eficaces, asequibles y
aceptables, y el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a
la mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de forma segura.
Todos los hombres y las mujeres tienen derecho a una serie de derechos humanos
fundamentales entre los que figuran los derechos a la vida y a la salud, el
derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a no ser objeto de
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la dignidad y el
derecho a la información. Sin embargo, en muchas partes del mundo la mujer no
tiene garantizados esos derechos. Es maltratada, violada, estigmatizada, se la
deja librada a su propia suerte y se la ignora políticamente. A menudo no se
reconocen sus derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos se toman medidas
al respecto a escala gubernamental, regional o comunitaria. Sin embargo, si la
mujer tiene libertad para decidir el número de hijos así como el tiempo que
media entre uno y otro, y si tiene acceso a los medios de subsistencia y a una
vida sexual saludable y satisfactoria, la economía y la estructura social de un
país sólo se beneficiarán.
Del control demográfico al derecho a la
salud sexual y reproductiva
En la década de 1980 y principios de 1990, la salud sexual y reproductiva
estaba estrechamente relacionada con el impacto del crecimiento demográfico.
Esto cambió en 1994, cuando 179 jefes de Estado y de gobierno se reunieron en
El Cairo en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD) y adoptaron un Programa de Acción. Los signatarios acordaron
que los gobiernos deberían satisfacer las necesidades de planificación
familiar de su población lo antes posible, a más tardar para el año 2015, y
deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos
seguros y fiables de planificación familiar. También reconocieron que los
varones y las mujeres tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos
de planificación familiar de su preferencia que sean seguros, eficaces,
asequibles y aceptables, en tanto no sean contrarios a la ley.
Esta decisión fue un hito para las cuestiones demográficas, ya que la política
evolucionó del “control demográfico” al reconocimiento del derecho de hombres y mujeres a una vida sexual saludable y
satisfactoria.
En 1999, el 21er periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas revisó el Programa de Acción de la CIPD y adoptó las
medidas claves para seguir ejecutándolo, destacando los vínculos entre la
salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y el crecimiento económico,
el medio ambiente, la educación, la equidad y la igualdad. Se invitó a los
gobiernos a acelerar con urgencia la ejecución del Programa de Acción de la
CIPD y a movilizar los recursos financieros estimados que se habían acordado
para su puesta en práctica.
En 2007, 13 años después de que el
Programa de Acción de la CIPD otorgara
a las mujeres el derecho a estar informadas en materia de SDSR y a tener acceso
a métodos integrales de planificación familiar de su elección, en muchas
partes del mundo todavía no pueden ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos y sufren las consecuencias:
• Cada minuto muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo; esto
significa que todos los años hay 529.000 muertes, 68.000 de las cuales son el
resultado de abortos inseguros.
• 300 millones de mujeres del mundo en desarrollo sufren actualmente
enfermedades de corto o largo plazo a consecuencia de embarazos y partos.
• Entre 125 y 200 millones de personas querrían poder controlar su
fertilidad, pero no utilizan anticonceptivos
(‘necesidades no satisfechas’). Si se pudiera acceder de manera suficiente a
los anticonceptivos se salvarían anualmente 1,5 millones de vidas.
• Más de la mitad de las mujeres del mundo en desarrollo entre 15 y 49 años
– aproximadamente 705 millones de mujeres en total – corren el riesgo de
quedar embarazadas sin haberlo querido.
• Un tercio de las mujeres dan a luz a la edad de 20 años o menos; sus bebés
tienen 1,5 veces más posibilidades de morir dentro del primer año de edad que
los bebés nacidos de madres de más edad.
• Se estima que cada año dan a luz 2,2 millones de mujeres embarazadas
infectadas con VIH/sida. Aproximadamente 700.000 recién nacidos contraen
VIH/sida de sus madres durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto o el
amamantamiento.
Una de las razones de esta situación es
que prácticamente no hay fondos para apoyar a la SDSR. En 1999, el
Programa de Acción de la CIPD calculó que su implementación costaría USD
17.000 millones en 2000, USD 18.500 millones en 2005 y USD 21.700 millones en
2015. Se invitó a los donantes a contribuir con un tercio de esta cifra,
mientras que los países en desarrollo aportarían los dos tercios restantes con
cargo a fuentes nacionales. Sin embargo, hasta ahora no
se han alcanzado las metas de financiamiento indicadas por el Programa de Acción
y de hecho la financiación para la SDSR ha bajado. A fines de la década de
1990 la pandemia del VIH/sida captó la atención mundial y se desviaron flujos
de financiamiento de la SDSR para dar respuesta al VIH/sida.
En 2000, 189 jefes de Estado y de gobierno se comprometieron con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). Si bien los ODM incluyen la promoción de la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de la
mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna y el combate del
VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, la SDSR no se menciona en absoluto.
Sin embargo, la SDSR tiene impacto prácticamente en todos los ODM.
|
Objetivos de Desarrollo del Milenio
• ODM 1: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre: los elevados niveles de fertilidad contribuyen
directamente a la pobreza reduciendo la capacidad de la mujer de
contribuir al ingreso familiar, diluyendo la parte destinada a la educación
de los hijos (en particular las niñas) y a su salud, y aumentando la
desnutrición en la medida que hay más bocas para alimentar.
• ODM 2: Lograr la enseñanza
primaria universal: Las familias menos numerosas, y con hijos más
espaciados entre sí, pueden invertir más recursos en la educación de
cada uno de ellos.
• ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de
la mujer: Las mujeres que pueden planificar el
momento de procrear o la cantidad de hijos que desean tener gozan de
mayores oportunidades para desarrollarse socialmente, encontrar
oportunidades de trabajo, lograr educación y capacitación y contribuir a
la economía.
• ODM 4: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años: En los casos
en que la anticoncepción moderna está por debajo de 10%, el promedio de
la tasa de mortalidad infantil es de 100 muertes cada 1.000 nacimientos
vivos. Sin embargo, en los casos en que está por encima de 30%, la tasa
es de 52 muertes cada 1.000 nacimientos vivos. Además, en los hijos pocos
espaciados aumenta el riesgo de enfermedades.
• ODM 5: Mejorar la salud
materna: Si se evitan los embarazos no planeados y de alto riesgo y se
proporciona atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, es
posible salvar la vida de muchas mujeres. Prevenir los embarazos no
deseados también previene la necesidad de abortos (a menudo inseguros).
• ODM 6: Combatir el VIH/sida, la
malaria y otras enfermedades: Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva ayudaría a combar el VIH y el sida. La prevención
de la transmisión de madre a hijo puede salvar las vidas de miles de niños
y niñas.
• ODM 7: Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente: reducir el
crecimiento demográfico asegurará menor presión sobre los recursos
naturales, incluida el agua potable.
• ODM 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
|
Por lo tanto, resulta
claro que la SDSR tiene un papel importante a cumplir en el logro del objetivo
primario de los ODM: erradicar la pobreza. Esto fue reconocido en la Cumbre
Mundial de 2005, cuando los participantes se comprometieron a lograr el acceso
universal a la salud reproductiva para 2015. Propusieron un nuevo objetivo en
materia de salud reproductiva en el marco del ODM 5. Sin embargo, esta nueva
meta todavía no ha finalizado debido a las discusiones existentes en torno a
identificar indicadores adecuados. Esto indica que la SDSR sigue siendo un tema
polémico.
La Unión Africana: un esfuerzo
continental por la salud y los derechos sexuales y reproductivos
En vista de lo anterior, es reconfortante ver que los países de la Unión
Africana han reconocido la necesidad de avanzar y adoptar medidas para
garantizar el acceso de sus ciudadanos al cuidado de la salud sexual y
reproductiva, lo que significa un reconocimiento tácito de que la Unión
Africana comprende que la pobreza no puede ser erradicada si no se aborda la
SDSR.
En septiembre de 2006 los ministros reunidos en Maputo para una sesión especial
de la Unión Africana adoptaron el Plan de Acción de Maputo para la Ejecución
del Marco Político Continental para la Salud y los Derechos Sexuales y
Reproductivos 2007-2010. En el Programa de Acción los ministros acordaron hacer
avanzar al continente hacia el objetivo del acceso universal a servicios amplios
en materia de salud sexual y reproductiva en África para 2015. Como estrategias
claves se identificaron:
• Reubicar la planificación familiar como parte esencial del logro de los ODM
en salud.
• Abordar las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva de
adolescentes y jóvenes como un componente clave de la salud sexual y
reproductiva.
• Abordar el aborto inseguro.
• Prestar servicios de calidad y asequibles para promover la maternidad
segura, la supervivencia infantil y la salud materno-infantil y del recién
nacido.
• Promover la cooperación africana y entre países del Sur para el logro de
la CIPD y de los ODM en África.
Para el financiamiento de este ambicioso Programa de Acción, los ministros de
salud establecieron que las iniciativas en juego serán financiadas
principalmente con recursos nacionales.
Esos recursos serán necesarios para fortalecer los sistemas de salud y mejorar
las funciones de salud pública básicas, incluyendo medidas para la comunidad y
otras funciones de apoyo necesarias.
Los trabajadores de la salud necesitan capacitación y es necesario integrar los
vínculos existentes entre la atención de la salud sexual y reproductiva, la
respuesta al VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, a todos los servicios de
salud. La violencia de género, incluido el abuso sexual, la anticoncepción de
emergencia, la profilaxis post-exposición al VIH/sida y el tratamiento de
enfermedades de trasmisión sexual también deben abordarse de manera integrada
y coordinada. Los ministros reconocieron la necesidad de prestar atención
adicional a la juventud – que es muy vulnerable a la infección por VIH/sida y
a embarazos no deseados – instalando servicios amigables para los jóvenes. La
cantidad total de fondos necesarios para ejecutar este Programa de Acción sería
de USD 3.500 millones para 2007 y USD 16.000 millones para 2010. De manera que
aun cuando los ministros de salud de la Unión Africana reconocen la importancia de la SDSR
para la población, todavía es necesario convencer a los ministros de hacienda
que la inversión en SDSR tendrá un impacto positivo en la economía del país.
|
El desafío de una salud de calidad
Tener y acceder a servicios esenciales de calidad es un desafío para
muchos de los países del Sur. En este Informe encontramos varios ejemplos
similares al de Kenya: el personal de
salud de este país se topa con una serie de dificultades graves para
ofrecer una atención de calidad. Algunos de esos obstáculos son la falta
de personal suficiente, y de apoyo institucional y la existencia de
suministros y equipos inadecuados, todo lo cual invariablemente conlleva a
la prestación de servicios de mala calidad para las mujeres y sus bebés.
Los hospitales a menudo carecen de los suministros más básicos, tales
como anestesia, guantes, jeringas, bisturí, jabón y desinfectante, espéculos
y sábanas de cama.
|
Donantes y gobiernos: recursos y voluntad política
Los
donantes tampoco han tomado conciencia de la importancia de la SDSR. Estados
Unidos todavía conserva la Política de la Ciudad de México, también conocida
como la Ley
Mordaza (Global Gag Rule). La Unión Europea (UE), el mayor donante de ayuda para el desarrollo,
tenía una línea presupuestal aparte para la Ayuda a las Políticas y Acciones
sobre la Salud y los Derechos Reproductivos y Sexuales en los Países en
Desarrollo, con una dotación financiera de EUR 73,95 millones para el periodo
2003-2006; ahora, en 2007, ha
incorporado esta línea presupuestal al sector salud de un nuevo instrumento
financiero creado para el periodo 2007-2013, llamado “Invirtiendo en la
Gente”, destinado a financiar programas temáticos en el mundo en desarrollo.
Sin embargo, la financiación de la SDSR tendrá que competir con muchos otros
sectores que serán financiados a través de este programa temático.
La UE también financia a los países en desarrollo a través de programas de
alcance geográfico que se basan en los llamados Documentos de Estrategia
Nacional, formulados conjuntamente con los países receptores. Sin embargo, aquí
también la SDSR no está identificada como un área focal separada, lo que
significa que el financiamiento será muy incierto. Es irónico que esto ocurra
en 2007, a mitad de camino de los ODM, en especial porque a escala mundial la
introducción propuesta de una nueva meta en el ODM 5 reconoce el papel central
de la SDSR para lograr el ODM 1 sobre erradicación de la pobreza.
Conclusión
Si bien el Programa de Acción de la CIPD fue un primer e importante paso para
crear conciencia acerca de la importancia de la SDSR y reconocerla como un
derecho humano básico, los ODM todavía necesitan incorporar plenamente el
acceso universal a la salud sexual y reproductiva como una meta del ODM 5. El
financiamiento de la SDSR todavía está muy atrasado tanto a escala nacional
como internacional, si bien se han adoptado algunas políticas. Todavía hay
muchos gobiernos que necesitan convencerse del importante impacto económico que
puede tener un buen sistema de salud sexual y reproductiva, como lo han
demostrado, por ejemplo, los ejemplos de México, Tailandia y Egipto, donde la
inversión en la planificación familiar ha significado grandes ahorros en el
gasto público.
Debe dejarse en claro no solamente que el acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva son una de las formas más convenientes en la relación
costo-eficacia de reducir la mortalidad materno-infantil (beneficios médicos),
sino que también tiene un impacto enorme en la vida personal de la mujer y su
empoderamiento social y económico. En última instancia, también beneficia a
la economía de un país, pero, lo que es más importante, tener una vida sexual
y reproductiva saludable y satisfactoria es un derecho fundamental del ser
humano.
Notas:
Programa de Acción
de
la CIPD, Capítulo VII.
Ibid,
Capítulo XIII.
OMS (2005). Informe sobre la
salud en el mundo 2005. ¡Cada madre y cada niño contarán!
Informe de las
audiencias del All Party Parliamentary Group (Grupo parlamentario con
representación de todos los partidos) sobre Población, Desarrollo y Salud
Reproductiva: “Return of the Population Growth Factor: Its Impact upon the
Millennium Development Goals”. Londres, enero de 2007.
UNFPA y Alan
Guttmacher Institute (2003). “Adding It Up: The Benefits of Investing in
Sexual and Reproductive Health Care”.
OMS (2004). Informe sobre la
salud en el mundo 2004. Cambiemos
el rumbo de la historia.
Programa de Acción
de
la CIPD, Capítulo XIII.
Informe de las
audiencias del All Party Parliamentary Group, op. cit.
Ver también sitio
Web de la ONU sobre ODM “Key Facts and Figures on Sexual and
Reproductive Health” (sólo en inglés) y UNFPA,
“Reducing Poverty and Achieving the Millennium Development Goals”.
Conferencia de
Ministros de Salud de la Unión Africana (2006). “Maputo Plan of Action for the
Operationalization of the Continental Policy Framework for Sexual and
Reproductive Health and Rights 2007-2010”. Maputo, 18–22 de septiembre, Art. 17.
Ibid, Art. 19.
Ibid, Art. 25.
En 2001, el presidente George W. Bush reimpuso las restricciones conocidas como
la Ley Mordaza (Global Gag Rule), o la “Política de la Ciudad de México”.
Esta medida establece que no puede brindarse asistencia estadounidense en
materia de planificación familiar a ONG extranjeras que utilicen fondos de
cualquier otra fuente para: realizar abortos en casos en que no peligre la vida
de la mujer, o en que no haya habido violación o incesto; proporcionar
asesoramiento en materia de abortos y hacer un referido para practicarse un
aborto; o realizar cabildeo a favor de la legalización del aborto y para que éste
sea más accesible en su país. Esta política obliga a las ONG extranjeras a
hacer una cruel opción: aceptar la ayuda estadounidense para brindar servicios
de salud esenciales – pero sin restricciones que puedan poner en riesgo la
salud de numerosos pacientes – o rechazar la política y perder fondos
vitales, anticonceptivos y ayuda técnica de los Estados Unidos. Más información
disponible en: <www.globalgagrule.org>.
Comisión Europea
(2003). Reglamento (CE) No. 1567/2003, 15 de julio.
México: por 1 peso mexicano se ahorraron 9; Tailandia: por un dólar se
ahorraron 16; Egipto: por un dólar se ahorraron 31. De: UNFPA y Alan
Guttmacher Institute, op. cit.
|
