2007
(In)seguridad social para todos: Reforma de las pensiones en Europa Central y del Este
Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF), Bulgarian-European Partnership Association (BEPA)
Las reformas de los sistemas de seguridad social en Europa Central y Oriental (ECO) no fueron impulsadas por el compromiso con el mejor cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, sino por las tendencias de reestructura económica. En varios países, como Polonia, Hungría y Bulgaria, las reformas fueron más radicales y la elección del paradigma de reforma de la seguridad social estuvo condicionada por el gran peso del servicio de la deuda, y por el impacto negativo de la ‘asistencia’ dada por el Banco Mundial para las reformas. Los aspectos sociales y de género de la reforma de las pensiones se dejaron de lado sistemáticamente, ya que los principales arquitectos y actores de las reformas fueron los ministerios de finanzas. Dado que las reformas de la seguridad social en ECO son relativamente recientes, las repercusiones sobre el derecho humano a la seguridad social se verán con el tiempo y deberán investigarse más. Esto es especialmente válido para los países que se alejaron del modelo de seguridad social de Europa continental.
La presente crítica de las reformas del sistema de
pensiones en Europa Central y Oriental (ECO) se basa en el análisis y los
resultados de la investigación de expertos en economía que compararon las dos
principales vías que tomó la reforma en la región (Mueller, 2003). También se basa en un
análisis crítico de la política del Banco Mundial en la región redactado por
expertos independientes.
La población en proceso de envejecimiento y los problemas financieros que
afrontan los planes públicos de pensiones, así como la nueva ola de reformas
de las pensiones en América Latina, desataron el interés por la discusión
acerca de la necesidad de reformar los planes de seguridad social para la vejez
en Europa Oriental a mediados y fines de la década de 1990. La controversia
internacional acerca de si había que mantener básicamente el régimen de
reparto público de las pensiones y adaptar sus parámetros técnicos, o
implementar un régimen de pensiones privado, totalmente financiado, como el que
adoptara Chile en 1981, generó opciones paradigmáticas no uniformes en los países
de la región.
Los principales factores detrás de la reforma de las pensiones en ECO fueron
estructurales: la transformación económica, los factores institucionales y
aquellos relacionados con el papel de actores políticos específicos. Aunque
Pierson y Weaver (1993) y otros economistas y politólogos abogan por una cauta
reducción de gastos en lugar de un cambio fundamental de régimen de la
seguridad social para la vejez, en casos de grave crisis demográfica las
reformas de los países de ECO mostraron que es posible el cambio radical del
paradigma.
Pero ¿fueron esos cambios impulsados por el principio de la seguridad social
para todos y todas?
La respuesta es brindada por el análisis de los dos principales patrones de
reforma de la seguridad social adoptados en países como Polonia, Hungría y
Bulgaria, por un lado, y en República Checa, Rumania y Eslovenia, por el otro.
Estos dos grupos de países son representativos de las metodologías de reforma
de las pensiones que se adoptaron en ECO, y el resto de los países están más
o menos alineados con una de las dos.
Los dos modelos se analizarán más a fondo a través de ejemplos de países que sean
representativos de cada uno: Polonia y Hungría en el primer caso y República
Checa en el segundo.
El legado del sistema de pensiones socialista y los desafíos posteriores al
socialismo
Los sistemas de pensiones en la ECO socialista habían alcanzado prácticamente
la cobertura universal en las décadas de 1960 y 1970, y se caracterizaban por:
su organización en sistemas públicos de un pilar, no separados del presupuesto
del Estado ni de otras ramas de seguridad social, lo que permitía distintos
tipos de subsidios cruzados; las aportaciones de las empresas como única forma
de financiación; el vínculo entre las aportaciones y las prestaciones era débil;
las aportaciones no se registraban individualmente; y sólo se consideraban como
ingresos relevantes los salarios obtenidos en un pequeño lapso de años de
trabajo. En general, tanto la diferenciación de las pensiones y los niveles
promedio de las prestaciones eran bajos. La edad de jubilación también era
comparativamente baja, por lo general de 60 años para los hombres y de 55 años
para las mujeres.
La transformación económica afectó de distintas maneras a los sistemas de
reparto existentes. El creciente gasto de la seguridad social para la vejez fue
consecuencia del cambio de las transferencias indirectas a las directas
necesario para contrarrestar la erosión del valor real de las pensiones
derivado de la inflación provocada por el ajuste y la reducción drástica de
los subsidios sobre los bienes y servicios básicos. Por otra parte, la
reestructura de las empresas estatales repercutió en los ingresos y los gastos
de los planes de pensión públicos. Las privatizaciones, la reducción de
plantilla y el cierre de empresas fueron acompañados de un número creciente de
pensiones por discapacidad y políticas de retiro anticipado. Estas últimas
generaron el incremento en el número de jubilados y la reducción de los
contribuyentes del sistema, que provocó el deterioro constante de la relación
de dependencia de los planes existentes de seguridad social para la vejez.
La crisis de las pensiones a fines de la década de 1990 fue consecuencia de la
crisis económica y no estuvo vinculada con el envejecimiento demográfico. Fue
necesario reformar los sistemas existentes de seguridad social para la vejez con
el fin de restaurar su sostenibilidad financiera y adaptar algunas de las
características de diseño preexistentes al nuevo orden económico. En ese
momento fue evidente para los expertos que la reforma debía contar con las
siguientes medidas esenciales: la eliminación de los privilegios, la
incorporación de las aportaciones de los empleados, la separación de los
planes de pensión de otros planes de seguridad social, la elevación de la edad
de jubilación y la restricción del acceso a la jubilación anticipada y las
pensiones de invalidez. Otras medidas, más polémicas, consistieron en la
separación de los planes de pensión del presupuesto estatal y el
fortalecimiento del vínculo entre las aportaciones y las prestaciones.
La reestructura en Polonia y Hungría no fue lo bastante radical como para
recuperar la sostenibilidad financiera de los planes de pensión públicos. Por
lo tanto, a pesar de sus elevados porcentajes de aportación, los planes de
seguridad para la vejez de esos países dependen de los subsidios estatales.
Numerosas medidas necesarias de la reforma, como la elevación de la edad de
jubilación y la abolición de los privilegios, fueron recibidas con
considerable resistencia política o incluso fueron obstruidas por los
tribunales constitucionales.
En comparación, la reestructura del plan de pensiones público en República
Checa contribuyó con la estabilización de la situación financiera, y en los
primeros años después de la reforma presentaba un superávit de 0,3% del PBI.
Sin embargo, cabe señalar que las diferencias en la situación financiera de
los planes de pensión públicos de Polonia, Hungría y República Checa no se
pueden explicar exclusivamente por el respectivo alcance de la reforma del
sistema de reparto. República Checa tenía la ventaja de contar con una situación
más favorable en su mercado de trabajo, pero Polonia y Hungría enfrentaban una
reducción mucho más drástica de contribuyentes en el plan de pensiones público.
Otra medida reformista, la primera en aras de la pluralización de los planes de
pensión, fue mucho menos controvertida. Por ejemplo, en Hungría y República
Checa se crearon en 1994 instituciones suplementarias dedicadas a la seguridad
social para la vejez (fondos de pensión privados totalmente financiados por
iniciativa voluntaria) y un porcentaje razonable de la fuerza laboral se
incorporó a esos fondos. En los dos casos se proporcionó un incentivo del
Estado para que participaran: un subsidio directo del gobierno en el caso checo,
y una exención impositiva en el caso de Hungría. Posteriormente surgieron
voces más radicales que exigían la privatización de los planes de pensión en
Polonia y Hungría.
Reforma del sistema de pensiones en Polonia y Hungría: consecuencias de la
elección de paradigma
Se pueden identificar dos grandes posturas en conflicto sobre la reforma de
las pensiones. Por un lado, y de acuerdo con el paradigma tradicional de la
Europa continental, los administradores de las pensiones, los ministerios de
bienestar social y numerosos expertos en seguridad social sostienen que no es
necesario el cambio radical del régimen de la seguridad social para la vejez,
ya que basta con la reforma de los sistemas públicos de reparto actuales. Para
ellos, los planes totalmente financiados (TF) son aceptables sólo si son
voluntarios. Por otra parte, los respectivos ministerios de finanzas sostienen
que es inevitable la modificación fundamental del régimen, y que los planes de
pensiones TF representan la única alternativa adecuada a los sistemas públicos
de seguridad social para la vejez, que son inviables financieramente. Esta
postura promueve esencialmente al modelo chileno. Para superar esta división
fundamental se establecieron pequeños grupos de trabajo en Polonia y Hungría
encargados de elaborar la reforma de las pensiones. En el contexto de la elevada
deuda externa de Polonia y Hungría, los dos países recibieron el fuerte apoyo
del Banco Mundial, que logró desempeñarse como un importante actor externo en
la reforma de las pensiones con su conocida postura internacional.
En los dos países, el conflicto básico acerca de la reforma de las pensiones
entre los ministerios de finanzas y los ministerios de bienestar social concluyó
en 1996 cuando los respectivos grupos de trabajo llegaron a un acuerdo. En
esencia, el mismo fue una negociación entre ambas partes que se inclinaba por
el sector privatizador.
De esta forma, en Polonia y Hungría el nuevo sistema de pensiones constituye un
plan mixto que combina el pilar público de reparto obligatorio con un sistema
TF parcialmente obligatorio.
El primer pilar (de reparto) lo financian las aportaciones de las empresas y los
empleados, y es obligatorio para todos. El plan de pensiones público cubrirá
las pensiones ya adquiridas pagando algún tipo de pensión compensatoria.
El segundo pilar (TF) consta de un nuevo sistema de fondo de pensiones,
obligatorio para los jóvenes, como complemento del primer pilar. La incorporación
al fondo de pensiones es obligatoria para todos los nuevos participantes del
mercado de trabajo en Hungría, pero en Polonia es obligatoria para todas las
personas menores de 30 años.
Aunque los modelos de Polonia y Hungría son sumamente similares, difieren en
diversos aspectos, sobre todo en el alcance de las reformas en su primer año.
Por ejemplo, los planes de la reforma polaca para el pilar de reparto son mucho
más radicales.
Como la privatización de la seguridad social para la vejez sólo es parcial,
las reformas polaca y húngara no son réplicas idénticas de la reforma radical
sucedida en Chile, y más bien se asemejan al modelo argentino. El modelo mixto
adoptado en Argentina tiene considerables ventajas de economía política sobre
la privatización total de la seguridad social para la vejez. Por ejemplo, el
pilar obligatorio de los fondos de pensión se está construyendo con lentitud,
y este enfoque de ‘vía lenta’ parece más adecuado en virtud del aún frágil
mercado de capitales y la elevada inflación en ECO durante los primeros años
de las reformas. Entre tanto, se mantienen las aportaciones de las empresas para
financiar las obligaciones del plan público, incluso si el empleado respectivo
elige el pilar TF. El mantenimiento de las aportaciones de los empleados también
cumple con los reclamos de los sindicatos.
No obstante, la privatización parcial no evita todas las fallas del modelo
chileno. Aparte de que los riesgos del mercado de capitales de ECO son
considerables debido a que se reconocen las solicitudes de pensiones existentes,
el modelo mixto puede tener considerables efectos secundarios que pueden
recortar el pilar de reparto a medida que las aportaciones escaseen, lo que
agravará la inviabilidad fiscal y política del plan público. Esto implica,
según algunos expertos, que desde la perspectiva de mediano plazo, el modelo
mixto se incline por la gradual incorporación del modelo chileno.
Como observación general, los sistemas públicos de pensiones de Polonia y
Hungría generaron déficits que el presupuesto fiscal debió cubrir. En este
contexto, las reformas del sistema de pensiones no tuvieron nada que ver con la
política social y, en cambio, sirvieron para fortalecer a los ministerios de
finanzas. No es ninguna sorpresa que en Polonia y Hungría se haya incluido un
cambio parcial al plan TF, considerando que el ministerio de finanzas de ambos
países estaba integrado básicamente por economistas neoliberales interesados
en las ventajas macroeconómicas atribuidas al traspaso al sistema financiado.
Asimismo, los graves problemas de deuda externa en los dos países facilitaron
la influencia del Banco Mundial que básicamente, buscaba un precedente de
reforma radical de las pensiones en CEE, y lo consiguió.
Un caso opuesto: la reforma de las pensiones en República Checa
En contraposición con Polonia y Hungría, la reforma de la seguridad social
para la vejez en República Checa se mantuvo dentro de los límites del
paradigma del bienestar social de Europa continental. El sistema de seguridad
social para la vejez consta de dos elementos: un plan público de reparto que ha
sido reformulado y ahora tiene superávit, y un sistema privado de financiación
voluntaria creado en 1994, en lugar del obligatorio sugerido por el Banco
Mundial.
Éste no tuvo oportunidad de influir sobre el proceso de reforma porque la deuda
externa checa fue considerablemente menor que en Polonia, Hungría y Bulgaria.
El modelo checo demuestra que los países de ECO pueden separarse del modelo del
Banco Mundial y, por lo tanto, del tan promocionado modelo latinoamericano.
La dimensión de género ausente
En los primeros años de la reforma de las pensiones en los tres países
considerados anteriormente, la igualdad de género quedó eclipsada por otras
inquietudes consideradas más apremiantes, especialmente por el marco fiscal y
macroeconómico. Los criterios que regían la jubilación anticipada se
liberalizaron tanto para mujeres como para hombres, la edad de jubilación se
elevó y las pensiones tomaron una dimensión más individualizada y vinculada a
los ingresos. Las mujeres ingresaron al período de las reformas con los
privilegios de los años socialistas, pero también con la herencia de la
desigualdad de remuneración entre los sexos y de las consecuencias de la
segregación de género en el mercado de trabajo. Sin embargo, estas
desigualdades no se analizaron antes de tomar decisiones acerca del paradigma de
la reforma.
Además, las reformas realizadas en la región tendieron a eliminar la
redistribución hacia los trabajadores de bajos ingresos en los planes de
pensiones públicos y privados, lo cual tiene un impacto negativo mayor para las
mujeres. Asimismo, la privatización parcial de los planes de pensiones que tuvo
lugar en Hungría y Polonia, así como en Bulgaria, plantea un problema mayor en
cuanto al monto de las pensiones de hombres y mujeres como resultado de sus
distintas esperanzas de vida promedio. Con el plan de pensiones adoptado, el uso
de cuadros especificados por género genera prestaciones mensuales inferiores
para las mujeres porque sus ahorros deben, en promedio, estirarse para abarcar
una vida más longeva.
Grupo de Evaluación Independiente
del Banco Mundial confirma impacto negativo
El Banco Mundial ha sido un protagonista destacado en la reforma de
las pensiones en los países en desarrollo y en transición desde hace más de
dos décadas. A partir de 1984 concedió más de 200 préstamos para asistir en
la reforma de las pensiones de 68 países. La publicación por parte del Grupo
de Evaluación Independiente (GEI, 2006) del Banco Mundial de una evaluación a
fondo, y en mayor medida, negativa del trabajo del Banco sobre la reforma de las
pensiones constituye una reivindicación importante de las críticas y
recomendaciones de cambio de la política de pensiones del Banco que realizaran
sindicatos en todo el mundo, y específicamente con respecto al papel preponderante
que tuvo el Banco Mundial en la elaboración y la aplicación de la reforma de
las pensiones en la década de 1990 en América Latina y ECO. Los sindicatos han
señalado que el Banco Mundial podría desempeñar una función de utilidad al
ayudar a los sistemas de pensión públicos de los países a asumir plenamente
su función incrementando la cobertura de los excluidos y modernizando su
administración. En cambio, el modelo fomentado por el Banco ha creado y
agravado las desigualdades.
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Críticas del Grupo de Evaluación
Independiente (GEI) al
modelo de reforma de las pensiones del Banco Mundial
Crítica de las reformas
‘multipilares’
El modelo del Banco Mundial que consta de pensiones parcialmente
privatizadas, conocido como ‘sistema multipilar’, generó prestaciones
inferiores a los jubilados, en parte debido a los muy elevados costos de
administración de las cuentas privadas que el Banco fomentó, y niveles
estancados o incluso descendientes de cobertura, a pesar de que el Banco
aseguraba que la cobertura aumentaría con las reformas. Asimismo, el
costo fiscal que implica desviar las aportaciones de las pensiones públicas
a los fondos privados obligatorios que favorece el Banco con frecuencia
genera presión para reducir el gasto de otros servicios públicos.
A pesar de su discurso, el Banco Mundial ignora el impacto que su reforma
de pensiones tiene sobre el género y hace poco para ampliar las
prestaciones a los trabajadores sin protección
Dada la falta de atención que el Banco ha prestado a las repercusiones de
género de sus reformas, no sorprende descubrir que han tenido un impacto
negativo mayor sobre las mujeres que sobre los hombres, un punto que fue
confirmado por un estudio anterior del Banco Mundial (2003) sobre la
reforma de las pensiones en América Latina. En cuanto a la afirmación
del Banco de que el principal motivo de sus intervenciones ha sido el de
elevar la cobertura de las pensiones, el GEI concluyó que, de hecho, “se brindó
poco apoyo a la ampliación de las prestaciones de vejez a los
trabajadores en la economía informal”, y que “el impacto de género
para el bienestar social de las personas mayores sólo se evalúa en 11%
de los países”.
La idea de que la
privatización de las pensiones tiene un impacto positivo en los mercados
de capitales no tiene fundamento
A lo largo de los años el Banco Mundial también ha asegurado que la
privatización de los planes de pensiones públicos contribuye con el
desarrollo de los mercados de capitales. El informe del GEI
concluye que el Banco no tuvo justificación fáctica para hacerlo, señalando
que por lo general ignoró las condiciones del mercado financiero en los
países en cuestión y no evaluó el impacto que la privatización de las
pensiones tendría sobre los mercados financieros. En definitiva, el Banco
sólo actuó por la confianza ciega que tiene en la magia del mercado, ya
que el informe del GEI concluye que “la mayoría de los mercados de capitales no
tuvieron un desarrollo significativo como consecuencia de las reformas
multipilares de las pensiones…”
No hay un motivo válido que
obligue a los pensionistas a subsidiar a los gestores de los fondos
privados
Cabe señalar que la división de América Latina del Banco Mundial arribó
a una conclusión similar dos años antes, al hallar, luego de haber
examinado experiencias comparativas en América Latina, que los gestores
privados en general resultaban ser administradores muy costosos y que
“el desarrollo del sector financiero puede realizarse con eficacia ante
la ausencia de la privatización de las pensiones.”
El Banco Mundial se inclina
claramente por la privatización de los sistemas públicos de pensiones e
ignora opciones más adecuadas
Luego de analizar todos los préstamos para la reforma de pensiones que
otorgó el Banco Mundial entre 1984 y 2005, el GEI señala que el Banco “se
concentró en los sistemas multipilares en lugar de las alternativas de
reparto o los planes no contributivos… El préstamo medio por país que
el Banco Mundial otorgó para aplicar las reformas del segundo pilar
ascendía a USD 50 millones, en
comparación con los USD 7 millones destinados para aquellos que no
implementaban segundos pilares.” El informe del GEI
agrega que en numerosos países “el Banco actuó con demasiada premura
en apoyo de las reformas multipilares… sin examinar las opciones de
programas complementarios de redes de seguridad social que protegieran de
la pobreza a los trabajadores del sector informal durante la vejez.”
Asimismo, el GEI observa
que el Banco Mundial alentó a varios países a aplicar la privatización
de las pensiones aun cuando su situación macroeconómica era muy
inestable y la deuda del gobierno era elevada. Por ejemplo, halló que el
Banco fomentó las reformas multipilares en diez países de América
Latina y ECO donde la inflación superaba 15%, y en cuatro más donde los
déficit fiscales eran muy altos. Por consiguiente, las reformas del Banco
aumentan la presión sobre las finanzas públicas, ya que la privatización
de las pensiones “incrementará temporalmente el déficit fiscal porque
el gobierno debe continuar con el pago de las prestaciones de las
pensiones mientras parte de las aportaciones se desvían a fondos
privados.”
El estudio del GEI también halla que el Banco Mundial siguió adelante con la
privatización de las pensiones de varios países de ECO y Asia Central a
pesar de que “no tenían sistemas financieros sólidos” en el momento
de realizar la reforma, lo cual agravó el riesgo de mala gestión de los
fondos privados.
Se ignora la corrupción del sector
privado, la asistencia técnica es insuficiente y se pasan por alto los
altos costos administrativos
El informe del GEI señala que la mayoría de los países donde el
Banco Mundial auspició la privatización de las pensiones posee malos índices
de control de la corrupción, según cálculos del propio Banco. Aunque el
Banco asegura que fomenta la reglamentación y la supervisión de los
gestores de los fondos de pensiones y los intermediarios financieros, el
informe concluye que la asistencia proporcionada en este ámbito ha sido
insuficiente e identifica graves problemas en las estructuras normativas
de varios países donde se privatizaron las pensiones.
Lamentablemente, el informe del GEI no examina el problema de los altos
costos que genera la administración de los fondos de pensión privados en
comparación con los sistemas públicos, cuya reducción el Banco Mundial
recomienda a los países. El informe se limita a reconocer que los fondos
privatizados “fueron criticados por sus elevados costos administrativos
y de marketing”.
El mito de la inmunidad de los fondos privados ante los cambios demográficos
El informe reitera la afirmación constante del Banco Mundial referida a
que los planes de pensión privados financiados protegen a los jubilados
contra los cambios demográficos, mientras los sistemas de reparto son
vulnerables. Resulta decepcionante que el GEI no cuestione esta afirmación
de los expertos del Banco, ya que hace años que ha sido desacreditada. Un
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó en
2001 que el impacto del envejecimiento demográfico es similar sobre ambos
tipos de regímenes.
Fuente:
Grupo
de Evaluación Independiente (GEI) del Banco Mundial, Pension Reforms and the Development of Pension Systems: An Evaluation
of World Bank Assistance, Washington DC, 2006.
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Una
declaración redactada por Global Unions para las sesiones anuales del Banco
Mundial y el FMI en septiembre de 2005 resumió el tipo de papel que el Banco
Mundial podría desempeñar para mejorar los sistemas de pensiones:
Los sistemas de pensión para la vejez enfrentan importantes obstáculos en
muchos países. El punto de partida para la creación de un sistema nuevo o la
reforma de uno existente debe ser que cualquier cambio del sistema de pensiones
se debería diseñar para mejorar el sistema para los trabajadores y los
jubilados, y no para dar prioridad a objetivos no relacionados como obligar a
los jubilados a entregar parte de sus prestaciones a ineficaces administradores
del sector privado con el pretexto de que eso ayudará al desarrollo de la
industria de los servicios financieros. La conferencia anual de la Organización
Internacional del Trabajo adoptó en 2001 un consenso tripartito sobre varios
puntos relativos al futuro de la seguridad social, incluso darle la más alta
prioridad a la extensión de aquellos que no están cubiertos y fortalecer, en
lugar de debilitar, los sistemas solidarios. El Banco Mundial haría bien en
revisar su propio papel de conformidad con el consenso de la OIT en sus
intervenciones sobre el tema de la seguridad para la vejez.
Todas estas deficiencias implican la necesidad de revisar a fondo el enfoque del
Banco Mundial con respecto a la reforma de las pensiones y el apoyo que éste le
brinda, lo cual también implica revisar el paradigma de las reformas de la
seguridad social en los países de ECO que siguieron este modelo. Esto se hace
cada vez más necesario a medida que países de todo el mundo reconocen que el
desmantelamiento de los sistemas públicos y su sustitución por planes parcial
o totalmente privatizados es un camino al fracaso.
Referencias
Banco Mundial (2003). Keeping the Promises of Old Age Income
Security in Latin America. Washington DC, p. 20.
GEI
(Grupo de Evaluación Independiente) (2006). Pension Reform and the Development of
Pension: An Evaluation of World Bank Assistance, Washington DC, Banco Mundial.
Global Unions (2005). The IFIs’ role in implementing global
commitments to achieve the Millennium Development Goals. Washington DC,
septiembre.
Mueller, K. (2003). Privatising Old Age Security, Latin America and
Eastern Europe Compared. Cheltenham, Reino Unido.
OIT (Organización Internacional del Trabajo)
(2001). Social security: Issues, challenges and
prospects. Ginebra, p. 55.
OIT (2003). The Gender Dimensions of Social Security Reforms in CEE: Case
studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. Ginebra.
Pierson, P. (1994). Dismantling the Welfare
State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment. Cambridge
University Press.
Pierson, P. y Weaver, K. (1993). “Imposing Losses in Pension
Policy”, en Weaver, K. y Rockman, B. (eds.), Do Institutions Matter?
Government Capabilities in the United States and Abroad. Washington DC,
Brookings Institution.
Notas:
Consulte también
los artículos de Aldo Caliari y Fernando Cardim de Carvalho en este Informe.
La influyente
propuesta de reforma de las pensiones del Banco Mundial consta básicamente de
un modelo de la seguridad social para la vejez de tres pilares: un pilar público
obligatorio con el objetivo limitado de reducir la pobreza en la población de
la tercera edad; un pilar privado obligatorio totalmente financiado que vincula
las prestaciones a los costos de manera actuarial; y un pilar de ahorros
voluntario. En este marco, la mayor parte de la seguridad para la vejez queda en
manos de los fondos de pensión privados.
[3] El parlamento de
Hungría aprobó las leyes de reforma de las pensiones en julio de 1997, que
entraron en vigor el 1 de enero de 1998, mientras en Polonia la reforma entraría
en vigor en 1999 luego de que las leyes pertinentes fueran aprobadas por el
parlamento a mediados de 1997 y fines de 1998. Casi simultáneamente se
iniciaron las reformas de las pensiones con el mismo enfoque en Bulgaria, donde
el Banco Mundial tuvo el mismo papel al imponer su modelo de reformas.
La carga para el
fisco será considerable, ya que casi 100% de la población económicamente
activa adquirió la seguridad social en el pasado.
De esta manera,
el gobierno decidió dar tiempo al emergente mercado financiero checo para
lidiar con el ingreso de capitales procedentes de las pensiones, reduciendo su
monto considerablemente.
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