Un país de contrastes

Luisa Eugenia Morales Modenesi
Iniciativa Social de Guatemala, está integrada por: AVANCSO, ASINDES, CECMA, COMITÉ BEIJING, FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA e INIAP.

Del total de la población guatemalteca, un 79% se encuentra en situación de pobreza y 59.3% en condiciones de pobreza extrema. Esta afirmación es un fiel reflejo de los avances que pudieran haberse producido en materia de desarrollo humano y del nivel del cumplimiento que ha podido implementar el estado, a través de políticas, programas y proyectos para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en la Cumbre de Copenhague, para generar empleo, lograr la equidad de género y avanzar en la meta de la erradicación de la pobreza para el año 2000. Los índices más críticos en este tema, se ubican en las regiones Noroccidente (Quiché y Huehuetenango) y Norte (Alta y Baja Verapaz), alcanzando niveles del 93.7% y 91.3%, respectivamente.

Ante esta situación social, el programa de gobierno 1996-2000 se trazó como meta la modernización del Estado como un medio para construir una economía más eficiente y competitiva, así como la reconstrucción  del mismo para transitar  de un Estado benefactor a otro subsidiario y desmonopolizar sus actividades. Estos postulados condujeron al impulso de procesos de privatización de empresas y servicios estatales (red ferroviaria, electricidad, correo y telecomunicaciones), cuyos resultados han evidenciado un incremento del desempleo y las sospechas que el proceso adoleció de la necesaria transparencia.

Guatemala cuenta apenas con una fuerza laboral de 3.4 millones de personas, lo cual significa que 8 millones se dedican a tareas informales o simplemente, carecen de empleo. Las condiciones de protección al trabajo, se ven reducidas constantemente y se encuentran obstáculos de todo tipo para la organización, como las amenazas de despido y pérdida del empleo. La tasa de sindicalización se mantiene en un promedio de 2.9% de la población laboral con una afiliación mayoritaria de hombres, en tanto que la participación productiva de la mujer, se ve limitada ante su analfabetismo, el bajo nivel de educación, su capacidad técnica y profesional y la escasa protección legal en términos laborales, que una vez más marcan situaciones de exclusión y discriminación de las mujeres. 

El Departamento de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirma que la política económica en el país, hace que los beneficios del crecimiento económico sean para un sector privilegiado de la población. La acción restrictiva de la política monetaria al igual que el proceso de privatización, han reducido las fuentes de ocupación obligando a gran parte de lo(a)s guatemalteco(a)s a integrarse a la economía informal como medio de subsistencia y a enfrentar una tributación regresiva. La mayor parte de ingresos proveniente del sistema de tributación se origina en los impuestos indirectos.

Erradicar la pobreza y lograr mejores condiciones de vida para la población, es un tema que va más allá de un proceso de modernización estatal y es una dinámica de cambio que demanda la participación del Estado para que éste cumpla con las funciones sociales que necesita un país pobre y de fuertes contrastes económico-sociales.

Gráfica 1

Fuente: Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN), Programa del Gobierno de la República 1996 - 2000.

Una sociedad moderna exige una buena educación

En Guatemala, tanto la cobertura como la calidad del sistema educativo son extremadamente bajas y la ausencia de educación debe percibirse como un factor de exclusión y marginación social de amplios sectores de la población de las estructuras sociopolíticas y económicas.

El porcentaje de analfabetismo llega al 18.2% en el área urbana y al 81.8% a nivel rural. La población femenina registra un total de analfabetismo del 42.7% en relación con 28.3% de los hombres.

La deserción escolar refleja que de cada cien niños que ingresan al primer grado, menos del 30% finaliza el sexto año.

Con la firma de la paz en Guatemala, el proceso de consolidación democrática se planteó como una de las prioridades atender la reforma educativa en la perspectiva de la redefinición de filosofía, valores y prácticas dentro del sistema educativo nacional. El acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en su numeral 3, plantea la necesidad de que la reforma educativa se establezca dentro de un marco de pluriculturalidad para dar respuestas a los problemas que a nivel nacional se enfrentan y lograr de esta manera una transformación efectiva del sistema educativo.

Gráfica 2

Fuente: SEGEPLAN, elaboración con base al Instituto Nacional de Estadística, X Censo Nacional de Población y V de Habitación.

No debe dejarse de reconocer los esfuerzos gubernamentales (con el apoyo recibido de la cooperación internacional) que se han hecho por mejorar el proceso educativo desde una concepción con mayor equidad e igualdad, buscando reducir el déficit de cobertura, especialmente en el nivel pre primario y primario, con énfasis en el área rural y en la educación de las niñas, así como reducir el analfabetismo y mejorar la calidad educativa. Las movilizaciones sociales que se han hecho para aumentar el presupuesto asignado al área de educación, son reflejo del involucramiento paulatino que la sociedad civil asume junto al Estado en la tarea de  la educación en Guatemala. 

Al sistema de educación formal, se le asigna la responsabilidad de proporcionar las herramientas que permitan el desarrollo integral de la población. Sin embargo, la evolución de la asignación presupuestaria al Ministerio de Educación, revela que la misma no ha mejorado sustancialmente y ello evidencia que el Estado y los gobiernos, no han ponderado adecuadamente el papel del sistema educativo, que tiene un impacto en los niveles de escolaridad alcanzados, en la cobertura y en los avances mismos de incorporación de las mujeres al proceso de educación formal. 

Las declaraciones públicas del gobierno han sido positivas en cuanto a la voluntad política de enfrentar los problemas de educación, pero contrastantes en tanto que el presupuesto asignado a este rubro, es significativamente bajo y limita los planes, programas y proyectos que permitirían alcanzar las metas en materia educativa.

En términos cuantitativos puede afirmarse que el país ha experimentado algunas mejoras, pero debe tomarse en cuenta que hay aspectos propios de la sociedad guatemalteca, tales como la dispersión de población en asentamientos rurales, la multiculturalidad, la incorporación temprana de niños y niñas al trabajo productivo que limitan el acceso al sistema de educación formal. 

El ejercicio de la ciudadanía

La grave crisis económica que afecta a la mayoría de la población guatemalteca, aunada a la inequidad de oportunidades para acceder a los bienes y servicios que le permitan el alcance de una buena calidad de vida, se constituyen en un freno significativo para el ejercicio de la ciudadanía de hombres y mujeres guatemaltecas.

No obstante, los avances en la ampliación de espacios de participación han permitido ir afianzando un concepto más integral en el ejercicio de los derechos ciudadanos, trascendiendo de la concepción jurídica para visualizar que la participación en procesos electorales, es apenas el comienzo de una incidencia política integral. 

La pobreza y exclusión del sistema educativo de las grandes mayorías, además de casi cuatro décadas viviendo dentro de un sistema de autoritarismo y represión, limitaron por mucho tiempo las posibilidades de un proceso de educación, tanto formal como no formal para la aprehensión del significado de “vivir en democracia” y construir y perfeccionar la misma.

Hacia el Nuevo Milenio

Este nuevo milenio marca retos significativos: la reconstrucción de la vida política del país, la satisfacción de la demanda legítima de amplios sectores de la población por mejorar su calidad de vida, la reducción de las brechas existentes entre quienes todo lo tienen y quienes carecen del goce de los bienes y derechos más elementales.

Este sistema de injusticia y de exclusión económica, política, cultural y de género, ha mostrado ser inviable para la búsqueda del pleno empleo, la erradicación de la pobreza y el logro de la equidad de género (compromisos y tareas de los estados asumidos para el año 2000).

Mientras los políticos definen sus estrategias para acceder al gobierno, la población define su propia agenda de demandas sociales. Durante el proceso electoral 1999, un conjunto de organizaciones representativas de diferentes sectores sociales, le toman la palabra a los diferentes contendientes electorales y les hacen signar compromisos que responden a las demandas y necesidades económico-sociales que han sido postergadas por los distintos gobiernos. Las agendas mínimas definidas, servirán de banderas de lucha y participación: no se debe dejar que los políticos le impongan sus agendas a la ciudadanía, sino que ésta debe exigir su participación mediante un concepto amplio de control ciudadano. La búsqueda de nuestra calidad de vida es la principal demanda y la principal tarea que se proyecta al nuevo milenio.