Sesenta años en la pobreza extrema

Michelo Hansungule
Women for Change

Zambia se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal pueden seguir resultando sueños imposibles para la mayoría. Los “beneficios” de la apertura de sus mercados han ido a parar, exclusivamente, a los países de Occidente. Tanto el Estado como la comunidad internacional son culpables de “crímenes contra la humanidad”, entre ellos la menor esperanza de vida para las personas menores de 40 años, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materna, analfabetismo en aumento, violencia de género y niveles extremos de pobreza

La mayoría de los países africanos conciben, desarrollan e implementan sus políticas y programas nacionales en áreas como la gobernanza, los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho, tomando en cuenta las políticas y expectativas de los países del G-8. Por lo tanto, no es de sorprender que el informe de Oxfam sobre la Cumbre del G-8 celebrada en Gleneagles, Escocia, en 2005, informara que “el 31 de marzo de 2006 el Presidente de Zambia Levy Mwanawasa anunció que a partir de ese día la atención médica básica sería gratuita para todos.” [1] Sin embargo, la declaración del Presidente Mwanawasa fue absolutamente insensible y descaradamente falsa. Hasta la fecha, Zambia carece totalmente de atención médica gratuita. Es cierto, los altos funcionarios gubernamentales y sus allegados sí la reciben, pero no en Zambia. Excepto por el primer Presidente Kenneth Kaunda, que acude al Hospital de Clínicas Universitario en Lusaka cuando necesita atención médica, los principales líderes políticos, e incluso algunos miembros de la oposición, así como sus familias, frecuentan los mejores hospitales fuera de Zambia, especialmente en Sudáfrica, a expensas del Estado. Ninguno de los servicios médicos extranjeros a disposición de estos líderes y sus familias está disponible para los pobres, que en su mayoría son mujeres. Aunque la Constitución prohíbe la discriminación, el Gobierno, por medio de su política de acceso a la asistencia médica, de hecho alienta, cuando no comete discriminación flagrante contra los pobres y los sectores más vulnerables de la sociedad. El acceso discriminatorio a la asistencia médica en el exterior es sólo un ejemplo de políticas que fácilmente entran en colisión con preceptos constitucionales cuyo objetivo es proteger la dignidad básica de todos los zambianos.

Por tanto, al contrario de las declaraciones atribuidas al fallecido Presidente Mwanawasa, de hecho, es insostenible hablar en Zambia de acceso a la asistencia médica, ni siquiera de garantizar la vida de la mayoría de la población. Debido a los profundos niveles de pobreza, la vida, sobre todo para mujeres, niños y otros sectores vulnerables de la población, está muy lejos de ser color de rosa. El rostro social de Zambia parece una zona de guerra. A pesar de la llamada “tasa de inflación de dígito cero” que las autoridades alegan ser el resultado de sus exitosas políticas para atraer la inversión, sobre todo extranjera, el cuadro social es todavía muy desalentador. Aunque el país no está en guerra, tiene una de las tasas de mortalidad materna y de otros tipos más altas del mundo. Junto con Zimbabwe, un país en crisis económica y política, comparte la dudosa distinción de tener el menor promedio de expectativa de vida en el mundo para los ciudadanos menores de 40 años de edad. Se estima que 80% o más de los zambianos vive por debajo de la línea de pobreza.

Esta situación se agrava por la agudísima incidencia del VIH/SIDA, sobre todo entre los grupos demográficos productivos y económicamente activos. Las políticas gubernamentales contra el VIH/SIDA, sobre todo en cuanto a la transmisión de madre a hijo, todavía no han comenzado a tener efecto sobre este azote. Esto refleja la incapacidad del Gobierno de desarrollar políticas e iniciar planes de acción agresivos para hacer frente al virus mortal. Además del VIH/SIDA, la malaria sigue haciendo estragos entre los pobres. De hecho, la cifra más grande de muertes es todavía el resultado de esta antigua enfermedad que, en otras partes del mundo, ha sido erradicada hace ya mucho tiempo. Todo esto va en contra de las garantías del derecho a la vida consagradas, no sólo en la Constitución nacional sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en vez de focalizar su atención en salvar las vidas de la mayoría de la gente, el Gobierno recientemente anunció considerables aumentos de sueldo para el jefe de Estado y otros altos funcionarios gubernamentales ya muy bien pagados, enviando claro mensaje de que sigue insensible a la grave situación de los pobres y vulnerables de la sociedad.

Declaraciones y sueños imposibles

Los líderes zambianos han adoptado varias declaraciones, resoluciones y decisiones tanto a nivel regional como global, con la intención de detener la espiral de la pobreza. Éstas, sin embargo, siguen siendo, en gran medida, sueños imposibles. Las instituciones nacionales destinadas a poner en práctica estos sueños – como el Hospital de Clínicas Universitario (HCU), antes uno de los centros médicos de vanguardia del país – se encuentran al borde del colapso. Los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud en el HCU y demás instituciones estatales y religiosas manifestaron en las calles reiteradamente en protesta contra las pésimas condiciones y las instalaciones en extremo deficientes de sus instituciones. La educación, sobre todo en las áreas rurales, sigue padeciendo multitud de carencias. Cada año, muchísimos jóvenes son expulsados del sistema escolar debido a la falta de plazas. La mala gobernanza y los escasos recursos se traducen en el fracaso de los sistemas de salud y escolar. Es verdad, Zambia fue admitida para participar en la muy ponderada Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) gestionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debería haber facilitado la obtención de recursos básicos. Sin embargo, el país no ha comenzado todavía a disfrutar de las ventajas de esta y otras soluciones de los “hombres ricos” de Washington.

Irónicamente, al mismo tiempo que el fallecido presidente anunciaba atención médica gratuita para todos, su gobierno se batía con los defensores de los pobres que abogaban por una Constitución de base amplia e inclusiva que garantizara en su texto los derechos humanos básicos, especialmente los económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la atención médica. El Gobierno se opone a consagrar estos derechos en la Constitución y hacerlos obligatorios. La forma más evidente por la cual mostró su oposición a estos derechos ha sido negando la participación de organizaciones civiles en el proceso de elaboración de la Constitución. Aunque el Gobierno lleva a cabo un proceso de revisión de la Constitución, diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil se encuentran excluidos, como la organización independiente Women for Change, grupos opositores y religiosos y organizaciones estudiantiles. Esto, por supuesto, no augura nada bueno para los pobres, que no tienen representación alguna en el proceso de revisión.

Instrumentos económicos: la violación de los pobres

En lugar de promover los derechos de las personas pobres, el empuje principal del presupuesto nacional es alentar la inversión extranjera. La preocupación central del Gobierno en la elaboración del presupuesto es promover el desarrollo de la minería por empresas extranjeras, a fin de mejorar la posición del país en el mercado de divisas. Del mismo modo, los esfuerzos internacionales por ese tipo de acuerdos, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), están dirigidos principalmente a beneficiar a las empresas extranjeras. Como resultado, las condiciones de ayuda “negociadas” con el FMI y el Banco Mundial [2] empeoran la situación, de por sí patética. Cada año, el proceso presupuestario incumple con los compromisos mínimos en materia de derechos humanos que Zambia, por voluntad propia, ha asumido a través de su Constitución y la firma de convenios y convenciones internacionales. El logro de los derechos humanos no es una prioridad del presupuesto. Asimismo, la mayoría de las políticas y acuerdos económicos se formula con el fin de liberar los mercados a los productos occidentales, para beneficio exclusivo de los países, instituciones e intereses de Occidente, en lugar de atender la situación de los pobres.

Zambia es un excelente ejemplo de país pobre presentado como “éxito” [3] por aquellos con intereses en él. Cual alumnos obedientes en la escuela primaria, los gobernantes zambianos “escuchan” con atención y aceptan sin espíritu crítico todo lo que las escuelas liberales de Washington y otras capitales occidentales les imparten. Después de la asunción, en 1991, de Frederick Chiluba, el segundo presidente del país, Zambia privatizó prácticamente todo lo que estaba a la vista, tal como lo imponían el FMI y el Banco Mundial. Nadie se detuvo a pensar las implicancias para el sector social. El desempleo se fue a las nubes y la educación se volvió imposible. La globalización, ese último eslogan de las sociedades liberales, es una cortina de humo cuidadosamente elaborada para disimular los modelos económicos occidentales y, por tanto, sus valores, ideologías y condiciones: oculta tras un discurso llamativo, facilita la violación sistemática de los pobres y la enajenación y explotación absoluta de sus riquezas naturales.

Las sociedades, economías y culturas de África han sido maltratadas por todos los frentes debido a esta manía de la globalización: se han visto forzadas a sustituir valores tradicionales como la cooperación por el individualismo egoísta y les han hecho creer que eso era ser civilizados. Por cada dólar que se otorgó a regañadientes para “ayudar” a las personas pobres, de hecho serán los niños, niñas, mujeres y otros grupos vulnerables quienes sacrificarán sus vidas mismas y lucharán por siempre para pagar una deuda, contraída a tasas de interés vertiginosas, a las sociedades y familias ricas de Occidente.

Más duro ser mujer

Las mujeres, de por sí un grupo vulnerable, fueron más afectadas que los hombres por las sesgadas políticas económicas internacionales. Las mujeres conforman la abrumadora mayoría de los segmentos no participativos y desempleados, analfabetos, carentes de educación formal y sin voz de la sociedad. Las mujeres sufrieron más con las mal planificadas privatizaciones, que expulsaron a las pocas con empleo fuera de un mercado de trabajo que les da la espalda. La mayoría de ellas participa en la agricultura, donde trabajan la tierra de sus esposos, padres y hermanos gratuitamente o para patrones que les pagan una miseria. Mientras tanto, el sector agrícola – antes el sostén principal, especialmente en el medio rural – ha colapsado desde que el Gobierno se rindió ante la voluntad de las poderosas políticas occidentales y repentinamente dejó de subsidiarlo. En los años siguientes, la pobreza se disparó. Este año, nuevamente a petición de las instituciones occidentales, el Gobierno declaró que habrá de eliminar los subsidios de los fertilizantes y las semillas de maíz [4] . Ésta es una pena de muerte para la mayoría de los pobres, por orden de su propio gobierno.

Muchos empleos no agrícolas también han desaparecido como consecuencia de la arquitectura internacional financiera y comercial así como de las tendencias hacia la liberalización y la desregulación. Para mencionar un ejemplo, decenas de mujeres empleadas en la industria paraestatal Agri-Flora, en Lusaka, quedaron desamparadas cuando ésta cerró súbitamente [5] . El Estado discontinuó su apoyo a una industria muy sensible sin ofrecer alternativas. Esto resultó particularmente devastador para los numerosos hogares donde los cónyuges también perdieron sus ingresos debido a la elevada tasa de despidos, reducción de gastos y jubilaciones anticipadas forzadas. Cuando Zambia Airways, una de las mayores fuentes de empleo del país, se declaró en bancarrota, cientos de miles de empleados perdieron sus empleos, sin sistema de respaldo social alguno que los protegiera.

Derechos sin protección

Más de 80% de los zambianos son, sencillamente, demasiado pobres como para estar en condiciones de valorar derechos humanos y libertades fundamentales. Muchos concordarían rápidamente con Jeremy Bentham, quien hace siglos afirmó que los derechos naturales son “pura tontería” y la idea de que los derechos naturales son imprescriptibles es “tontería retórica – sobre zancos” [6] . De manera similar, es probable que concuerden con la observación igualmente cínica de Alasdair MacIntyre, respecto de que “este tipo de derechos no existe y creer en ellos es lo mismo que creer en las brujas y los unicornios.” [7]

La Constitución tiene una espléndida carta que garantiza todos los derechos civiles y políticos convencionales, como los derechos a la vida, la igualdad, la prohibición de la tortura y la no discriminación, así como una serie de libertades políticas, como la libertad de asociación, de asambleas pacíficas, de manifestación y de expresión sin impedimento. También presenta derechos sobre la propiedad, la igualdad de protección ante la ley, el juicio justo, etc. Sin embargo, esos derechos no tienen sentido práctico para los millones cuyas vidas sienten el acoso de la miseria y la desesperanza.

Aunque estos derechos forman parte integral de los tratados y convenios de la Unión Africana y las Naciones Unidas que el Estado ha ratificado, estos acuerdos internacionales no tienen ninguna incidencia en los organismos judiciales del país y, por lo tanto, no pueden ser esgrimidos ante funcionarios judiciales como medio de protección. A pesar de esas omisiones, el Estado creó un sinfín de instituciones supuestamente dedicadas a promover y defender los derechos humanos, por ejemplo, el Ministerio de Género y Desarrollo [8] , la Comisión de Derechos Humanos  y la Comisión Anticorrupción, entre otras. Lamentablemente, la mayoría existe solo de nombre y carece de verdadero apoyo estatal.

Como resultado, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo la regla. Las mujeres, en especial, deben lidiar con las normas e instituciones sociales, culturales y económicas, tradicionales y modernas, que discriminan en su contra. Ninguna de las instituciones mencionadas ha probado ser relevante para la gente común en situaciones de violación a los derechos humanos.

Conclusión

En Zambia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está lejos de dar frutos. A 60 años de la Declaración Universal, y en el caso de Zambia, a 44 años de la Declaración en “libertad”, sólo se ha producido más gente pobre.