Sesenta años y a la espera

Alexandra Spieldoch Lane Vanderslice Aldo Caliari Karen Hansen Kuhn Tanya Dawkins
Hunger Notes Center of Concern Action Aid USA Global-Local Links Project

En 2008, año del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la elección presidencial de EUA brinda la oportunidad de volver a comprometer al país en el marco de los derechos humanos y de encontrar acuerdos comunes a nivel doméstico y global. Las comunidades estadounidenses están aportando enfoques innovadores para promover los derechos humanos, que deberían ser expandidos y fortalecidos para que puedan influir en el debate nacional

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En 1948 Estados Unidos de América (EUA) lideró la creación de la ONU y Eleanor Roosevelt trabajaba con otros países miembros por la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El país también tomó el liderazgo en la fundación de las Instituciones Bretton Woods y lo que debería haber sido la Organización Internacional del Comercio, de la cual sólo una parte, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (que más tarde se convirtió en la Organización Mundial del Comercio), entró en vigor. Sesenta años más tarde, EUA se ha distanciado del sistema de la ONU que ayudó a crear – una tendencia que socava el potencial para alcanzar soluciones colectivas a los problemas críticos que enfrentamos hoy, como el cambio climático, la escasez creciente de alimentos, la pobreza y la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno ha promovido la desregulación de los mercados como medio para reducir los conflictos y apoyar las metas políticas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Esto incluye la privatización de la prestación de servicios públicos y la flexibilización de las normas laborales y ambientales para promover la inversión e incrementar el comercio.

La rígida adhesión del Gobierno a la ideología del libre mercado como árbitro final de las prioridades nacionales ha bloqueado el desarrollo de una estructura de políticas e inversiones que respalde el desarrollo social y económico basado en derechos. Existe una larga tradición y amplio consenso público sobre las obligaciones “negativas”, o lo que el Gobierno no puede hacer, como coartar la libertad de expresión, o someter a los ciudadanos a00 persecución y captura injustificadas. Estas obligaciones entran en la categoría de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, existe mucho menos consenso, o aun debate, sobre el término obligaciones “positivas”, que concierne a las obligaciones del Gobierno respecto de los derechos sociales y económicos. Esto se debe en parte al hecho de que los derechos civiles y políticos están presentes en la Constitución de EUA, mientras que los económicos, sociales y culturales (DESC) no lo están. Están aquellos que insisten en que los DESC deberían quedar fuera de la Constitución, rechazando las obligaciones legales que vendrían con su ratificación, especialmente en un contexto de financiamiento declinante para los servicios públicos en general.

En términos de derecho internacional, EUA no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ni el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, y tampoco reconoce las disposiciones estipuladas en los mismos como derechos. Esto hace muy difícil el desarrollo de una agenda integral nacional de derechos sociales y económicos.

La elección presidencial de EUA en 2008 proporciona un momento oportuno para volver a comprometer al público con respecto al marco de los derechos humanos y para encontrar una solución común a los problemas nacionales y mundiales. Este artículo examina tres componentes del PIDESC: el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Alimentación y el Derecho a la Salud como ejemplos del desafío de debatir acerca de los derechos humanos en Estados Unidos y de cómo estos derechos están siendo socavados o malentendidos.

El Derecho al Trabajo

Aunque en EUA (quizá más que en ningún otro lugar del mundo) se pone gran énfasis en la productividad, eficiencia y resultados mensurables asociados con el trabajo, el carácter distintivo del “derecho al trabajo” se entiende de manera diferente en el país que en cualquier otra parte. La Declaración Universal establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Añade que toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure la dignidad humana y la protección social y que toda persona tiene derecho a fundar y unirse a sindicatos.

En EUA, por contraste, el Derecho al Trabajo ha venido a significar la capacidad de trabajar sin importar que existan o no protecciones y programas tales como asistencia médica, jubilación y desempleo. Debido a que la membresía en los sindicatos es actualmente de 12%, la más baja desde principios de la década de 1930 [1] , resulta difícil para los trabajadores recibir las protecciones laborales por las cuales han luchado siempre los sindicatos.

El concepto de remuneración satisfactoria, o salario digno, aunque aceptado por un amplio sector del público, es firmemente resistido por líderes empresariales y políticos. Así por ejemplo, llevó casi 10 años que el Congreso acordara aumentar el salario mínimo en etapas, desde USD 5,15 la hora en 2007 a USD 7,25 en 2009 [2] . Aun el monto más alto no permitirá a las familias escapar de la pobreza, porque los USD 15.080 de ingreso por una semana de 40 horas, 52 semanas al año, todavía está por debajo de la línea de pobreza – que era de USD 17.170 para una familia de tres en 2007 [3] . Hasta esto es mínimo, dado que aun duplicando el ingreso de la línea de pobreza todavía se lo considera un ingreso bajo. La mayoría de los trabajadores que entran en la categoría peor paga no recibe beneficios como licencia por enfermedad con goce de sueldo, vacaciones, seguro de salud, o contribuciones del empleador a un fondo de jubilación privado (es decir, diferente de la Seguridad Social).

La compensación por desempleo está disponible sólo para los que fueron despedidos más que para aquellos que puedan haber renunciado a un trabajo, no importa cuán justificado sea el motivo. Aun si los trabajadores sí reciben compensación por desempleo, ésta se limita a 26 semanas. Aquellos que encuentran trabajo habiendo estado desempleados a menudo reciben menos paga y menos beneficios, mientras que aquellos que quieren trabajar pero no pueden encontrar empleo luego de 26 semanas no reciben casi asistencia alguna. Esto se debe a una variedad de factores, no siendo la discriminación racial y de género el menor de ellos. Aunque la falta de capacidades necesarias es también un factor, el acceso a programas de recapacitación es limitado, aunque existen algunos programas específicos como aquellos para adultos en el Programa de Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas.

En resumen, existen importantes obstáculos a superar, no sólo cambiando la forma predominante en que se entiende el Derecho al Trabajo sino que también reorientando la economía de modo que refleje tal compromiso.

El Derecho a la Alimentación

Lo mismo que el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Alimentación no se promociona o discute lo suficiente. Sin embargo, esto no quiere decir que las cuestiones relacionadas con los alimentos y el hambre sean ignoradas. El rubro presupuestal individual más importante en la Ley Agrícola es el financiamiento de la asistencia alimentaria a las personas pobres (“cupones de alimentos”) y los programas de almuerzo escolar, los que en conjunto representan dos tercios del gasto bajo esta ley. Los gastos, sin embargo, no se han mantenido a la par de las necesidades crecientes. Debido al alza de los precios de los alimentos y las bajas reservas, Estados Unidos está experimentando una gran inflación de los alimentos [4] , con el resultado de que cada vez más personas tendrán dificultades para acceder a ellos. Para 2007, la cantidad de niños con hambre o desnutridos se había incrementado a 12,6 millones (17,2% del total de niños del país) [5] . Además, existe lo que se llaman “desiertos alimentarios” por todo el país, donde las familias de bajos ingresos no tienen ningún acceso a alimentos frescos, saludables y asequibles.

El actual sistema agrícola ha empeorado la situación para agricultores, trabajadores y consumidores. La desregulación de la agricultura ha llevado a la sobreproducción de productos básicos e incrementado los subsidios a la agroindustria, cambiando el carácter de la producción de alimentos. El maíz excedentario resultante de la sobreproducción ahora es un ingrediente clave de los alimentos procesados de dudoso valor nutricional así como también del mercado de forraje industrial para cerdos, ganado y aves. Las frutas y vegetales frescos se han vuelto notoriamente más caros para los consumidores. Numerosos estudios ponen de relieve el problema de la obesidad, aun en los niños, causado en parte por la sobreabundancia de alimentos procesados baratos, especialmente almidón y grasa, en la dieta de la población [6] . El incremento en el consumo de carne también está contribuyendo a la aparición de problemas de salud a largo plazo [7] .

En 2007, una serie de alarmas con respecto a la seguridad alimentaria centraron la atención pública en las deficiencias regulatorias. Aunque varias de éstas fueron el resultado de importaciones de alimentos no seguros, los mayores retiros del mercado fueron de alimentos de producción local. Además, existe inquietud creciente con respecto a la seguridad de la leche producida por vacas a las que se les inyectó hormonas bovinas de crecimiento, lo que ha aumentado la demanda de leche libre de hormonas [8] .

La demanda creciente de alimentos orgánicos, producidos localmente, podría contribuir a la oferta de alimentos más nutritivos y seguros, pero el hecho de que sean más caros y menos accesibles también infunde preocupación. Patty Lovera de Food and Water Watch observó: “El aumento de alimentos orgánicos producidos localmente es alentador y significa que muchos consumidores están encontrando opciones más saludables. Pero a menos que compongamos nuestro desbaratado sistema de seguridad alimentaria, muchas personas sin acceso a estos mercados se encuentran excluidas. Si no hacemos más estrictas las normas mínimas para la salud alimentaria, corremos el riesgo de crear un sistema alimentario en dos niveles: alimentos saludables para los consumidores de clase media y alta, para los que pueden costear precios más altos; y comidas menos saludables, menos reguladas para todo el resto.” [9]

El Derecho a la Salud

Actualmente, la atención sanitaria es uno de los temas más candentes en el país, con la población estremecida por los precios en alza y la inadecuada cobertura de seguros. Sin embargo, el hecho de que el Derecho a la Salud raramente forme parte del debate nacional acerca de cómo proporcionar atención sanitaria universal, demuestra cuán vigorosamente se oponen a esto la industria de la salud y los funcionarios electos que dependen de ella para las contribuciones a sus campañas.

EUA gasta el 16% del PBI en salud, la proporción más alta en el mundo [10] . También posee el gasto en salud más alto per cápita. Sin embargo, su desempeño, medido por varios indicadores, no está a la altura de las expectativas que se podrían albergar en razón de tales cifras [11] . En EUA hay menos médicos y enfermeras per cápita que en la mayoría de los demás países de la OCDE; la expectativa de vida es actualmente de 77,8 años, casi un año por debajo del promedio de la OCDE, y la tasa de mortalidad infantil es de 6,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, por encima del promedio de la OCDE de 5,4 [12] .

El incremento de los costos de la salud, acompañado por una cobertura de seguros cada vez menor, son obstáculos importantes para el acceso de la población a la atención sanitaria [13] . La cantidad de personas no aseguradas se ha elevado de 10 a 48 millones en las últimas dos décadas. Esto significa que actualmente un séptimo de la población carece de seguro. Sin seguro de salud, es más probable que las personas pospongan las visitas al médico y que carezcan de la necesaria atención, incluyendo los medicamentos de receta. De acuerdo a una encuesta, casi todos los adultos sin seguro mencionaron el costo como causa primaria por la cual no recibían atención médica cuando la necesitaban [14] . Sólo 29% de los adultos con bajos ingresos tiene seguro privado [15] .

El Commonwealth Fund informa que 59% de los adultos no asegurados que padecen dolencias crónicas, como ser diabetes o asma, se saltearon la medicación debido a su alto costo. Más de un tercio (35%) de los adultos no asegurados con dolencias crónicas terminó en la sala de emergencia de un hospital o fue hospitalizado por una noche a causa de su afección – casi dos veces la tasa de adultos asegurados con similares afecciones [16] . A los niños les va mucho peor que a los adultos [17] .

Una norma básica del Derecho a la Salud es la prohibición de la discriminación basada en el ingreso, raza, género, religión y otros marcadores sociales. En EUA, donde estas categorías usualmente se sobreponen, las minorías étnicas y raciales tienden a estar dentro de los parámetros de ingresos más bajos y tienen menor acceso a la atención adecuada. Casi la mitad (45%) de los adultos hispanos, 41% de los asiático-americanos y 35% de los afro-americanos informaron que tenían dificultad para pagar la atención médica, en comparación con cerca de 26% de los adultos caucásicos. En 2004, 30% de los afro-estadounidenses y 25% de los hispanos con afecciones crónicas de salud tuvieron que renunciar a la compra de medicamentos de receta debido a su alto costo; esto se compara con 17% de la población caucásica [18] .

La crisis de la salud ha ido en aumento y actualmente está afectando a la clase media así como a los pobres, aunque no al mismo grado. Una vez más es un tema mayor en las elecciones presidenciales de 2008.

Dando un paso adelante

A pesar de la oposición de poderosos intereses, se están realizando nuevas campañas periodísticas e iniciativas de educación popular en todo el país. Las campañas y estrategias para crear apoyo real para los derechos humanos están ganando impulso. Existen algunos estupendos ejemplos:

El Centro por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha creado una red nacional enfocada a la necesidad de adoptar e implementar estos derechos. El Centro ha producido un documento básico y otros materiales que exponen la importancia que tienen en el contexto estadounidense los derechos a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, etc.

En 2007, bajo el liderazgo de la Red Estadounidense de Derechos Humanos, una delegación sin precedentes de jóvenes, abogados del interés público, activistas por la vivienda y trabajadores viajó a Ginebra para cuestionar el informe oficial de EUA en virtud de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Este "Informe Sombra" en red fue el resultado de todo un año de esfuerzo de base popular nacional para ayudar a los ciudadanos a exigir a su gobierno la rendición de cuentas sobre las normas internacionales de derechos humanos mediante el desafío a la retórica del cumplimiento versus la realidad sobre el terreno.

A falta de compromiso a nivel nacional, los ciudadanos están creando conciencia sobre los acuerdos internacionales y exigiendo su cumplimiento a nivel local. Por ejemplo, una campaña en San Francisco está presionando para que se utilicen Declaraciones de Impacto de Derechos Humanos que establezcan normas mínimas en todo el municipio.

Una de las más importantes es la Campaña por un Salario Digno, liderada por ACORN [19] , demandando trabajo para todos, un salario mínimo justo, así como el acceso a una vivienda asequible. Los estados del Golfo, especialmente Mississippi y Luisiana, que fueran devastados por el Huracán Katrina, se han convertido en el campo de batalla y terreno de pruebas de una gama de principios legales tradicionalmente pensados como pertenecientes al ámbito internacional, que comprenden desde los derechos de las personas desplazadas en el interior de su país al derecho a la tierra y la vivienda. Y el Comité Nacional para el Día Mundial de la Alimentación, una organización descentralizada con representantes en todo el país y oficina en Washington D.C., organiza actos para el Día Mundial de la Alimentación en diferentes estados cada mes de octubre.

Estos y otros ejemplos indican que las comunidades estadounidenses están revitalizando esfuerzos para promover los derechos económicos y sociales en el país. El desafío que enfrentamos todos es asegurarnos de que estas iniciativas se expandan y fortalezcan; es también nuestro compromiso mutuo, sustentado en la esperanza y la asociación.