Estancamiento y algún indicio de esperanza

Rehema Kerefu Sameji Richard Shilamba Armando Swenya
SAHRiNGON TANZANIA Chapter

Para lograr el cumplimiento de todos los derechos humanos de la Declaración Universal, es fundamental que se aseguren los derechos económicos, sociales y culturales. En Tanzanía, la implementación de estos derechos sigue estancada. Por lo tanto, es esencial que el Gobierno, en coordinación con la sociedad civil, implemente medidas efectivas que conduzcan a la realización de estos derechos para toda la población. Avances recientes indican que puede haber cierto grado de esperanza

El 10 de diciembre es el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU. El 10 de diciembre de este año, miembros de SAHRiNGON-Capítulo de Tanzanía se unirán a miles de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo para honrar el aniversario y reflexionar sobre el grado alcanzado de respeto, protección y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentales para la realización todos los derechos humanos.

Al examinar varios informes oficiales y no gubernamentales referidos a diferentes aspectos de los derechos humanos en el país, los miembros del SAHRiNGON-Capítulo de TANZANÍA observaron que, aunque la implementación de casi todos los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra estancada, tal como se explica más adelante, hay esperanza de recuperación.

Mejor distribución de la ayuda y apropiación nacional del desarrollo

En Tanzanía, la cooperación internacional para el desarrollo ha contribuido poco a maximizar la capacidad de todas las personas de gozar plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. Más de 60% de la asistencia para el desarrollo proveniente de los socios multilaterales y bilaterales no se destina a satisfacer las necesidades reales y urgentes de la gente. En cambio, estos enormes flujos de fondos se utilizan para cubrir los costos administrativos y de asistencia técnica de los socios, así como también para el alivio de deuda y las compras de sus compañías, industrias y mercados en el extranjero [1] . Además, las condicionalidades políticas han conducido al cese de muchos trabajadores, a la venta de compañías locales a extranjeros, a reducciones de los sueldos del personal de enfermería y docentes, y de los subsidios para los agricultores pobres, así como a la privatización de servicios esenciales, tales como la atención médica, el suministro de electricidad y el abastecimiento de agua potable.

Sin embargo, se vislumbra una esperanza. En diciembre de 2006, por ejemplo, el Gobierno, en conjunto con 19 socios para el desarrollo, firmó un Memorando de Entendimiento que compromete a esos 20 países y a sus instituciones a implementar, la Estrategia de Asistencia Conjunta para Tanzanía. Entre otras cosas, esta estrategia requiere que los socios aumenten la asistencia oficial al desarrollo y la canalicen a través del Apoyo al Presupuesto General, principalmente. La estrategia pone énfasis en la necesidad de liderazgo por parte del Gobierno y en la apropiación nacional de las prioridades de desarrollo y de la elección de asistencia técnica, sin influencia innecesaria [2] .

Restricción del ingreso de medicamentos falsificados

La globalización ha convertido a Tanzanía en un mercado para las drogas falsas, entre las que se incluyen versiones falsificadas de antibióticos, hormonas, esteroides, además de antivirales y drogas para la malaria y el cáncer. En 2005, las ventas de estos medicamentos en todo el mundo superaron los USD 3.500 millones al año y podrían llegar a USD 75.000 millones para el año 2010 a menos que se tome alguna medida al respecto [3] . Los medicamentos falsos contra la malaria son especialmente mortales: un millón de personas mueren a causa de esta enfermedad cada año; de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, se estima que un quinto de estas muertes se podrían evitar si se utilizaran las drogas auténticas en el tratamiento.

El Ministerio de Salud está desarrollando un plan para asegurar que el sistema de salud de TANZANÍA cumpla con los estándares profesionales, obtenga buenos resultados clínicos y los servicios sean adecuados a las necesidades de los pacientes [4] . Esto hace esperar se detenga el ingreso de medicamentos falsificados.

Malversación de recursos públicos

La malversación de recursos asignados al logro de los derechos económicos, sociales y culturales es otro tema en extremo preocupante. Según declaración a la prensa de la Casa de Gobierno, realizada el 9 de enero de 2008, las auditorías de la Cuenta de Pagos Atrasados de la Deuda Externa realizados entre septiembre y diciembre de 2007 mostraron que en 2005 se pagaron USD 116 millones a 22 compañías nacionales, conforme al esquema de Pagos Atrasados Externos. Alrededor de USD 79 millones se pagaron a 13 compañías en base a documentos falsos. Las otras nueve compañías recibieron pagos equivalentes a USD 37 millones sin justificación ni documento alguno. Según se ha informado, dos compañías, Rashtas (T) Ltd y G&T International Ltd ni siquiera estaban registradas en los libros de la Oficina de Registro de Negocios y Licencias.

Un Comité Especial del Parlamento informó, en enero de 2008, que el Ministerio de Energía y Minerales hizo un contrato con una compañía inexistente, Richmond Development Company Ltd, para el suministro de energía eléctrica; esto obligó a la Compañía de Suministros de Energía Eléctrica de Tanzanía a aumentar el precio de la electricidad a los consumidores para poder cubrir los pagos diarios de USD 121.811 a esta compañía inexistente [5] .

El país tiene razones para esperar que se puedan prevenir las malversaciones de fondos públicos en el futuro y que los involucrados sean castigados. En 2005 el Gobierno se comprometió, de manera enfática, a ser implacable en el trato a las personas involucradas en la malversación de recursos públicos [6] . Desde entonces se ha establecido la Oficina para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción y, para demostrar la capacidad del Gobierno para rendir cuentas, el primer ministro, junto a dos miembros de su gabinete, presentó renuncia a su cargo. Está en curso una investigación oficial acerca del escándalo de la Cuenta de Pagos Atrasados de la Deuda Externa.

Informes prometidos a los órganos de vigilancia

Para que los órganos de vigilancia de la ONU puedan asistir a los Estados partes en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, es esencial que los informes del Gobierno se envíen puntualmente. Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1976, TANZANÍA se obligó a presentar un informe inicial dentro de los dos primeros años, y uno de seguimiento cada cinco años, a partir de entonces. Sin embargo, el Gobierno envió su informe inicial el 10 de septiembre de 1979 y desde esa fecha no volvió a presentar ni un solo informe, lo que significa un atraso de 29 años [7] .

En 2007 surgió una luz de esperanza cuando los parlamentarios solicitaron al Gobierno que rindiera cuentas sobre la demora en la presentación de los informes. Como respuesta, el Gobierno prometió que, para finales de 2008, se habrá de preparar y enviar al Comité un informe combinado periódico, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [8] .

La cobertura de seguridad social alcanzará a la mayoría

La legislación vigente de seguridad social solamente cubre aproximadamente a 900.000 personas, es decir, 5% de los 18 millones que componen la fuerza laboral. El ex-Ministro de Hacienda Zakhia Meghji declaró que solamente 2.7% de la población está cubierta y señaló que “se necesitan esfuerzos para lograr que alcance al 93% restante de la población de Tanzanía.” [9]

La abrumadora mayoría de la población del país todavía depende de la familia extendida tradicional para la seguridad social, un sistema que se ocupa de los miembros que estén necesitados, pero que se debilita día tras día, debido a la urbanización permanente y a enfermedades como el HIV/SIDA que han deteriorado el tejido social tradicional y socavado el acceso a los servicios públicos, especialmente para los grupos carenciados.

Existen razones para esperar que la cobertura de seguro social se extienda a la mayoría, inclusive al gran número de trabajadores agrícolas y del sector informal. La Ley del Fondo de Salud Comunitaria (FSC) de 2001 introdujo un plan prepago a nivel de los distritos para proporcionar servicios primarios de atención médica a la población rural y al sector informal. Las familias se incorporan al FSC mediante el pago anual de una tasa de afiliación y obtienen un acceso ilimitado a los servicios para pacientes externos en los locales de atención del FSC. Se supone que las familias que no pueden pagar la tasa de afiliación anual reciben una tarjeta gratuita del FSC.

Derecho a una vivienda digna en aumento

Aproximadamente 70% de la población urbana se compone de ocupantes ilegales, quienes viven en áreas “ilegales” que no han sido planificadas o deslindadas. En muchos distritos rurales, entre 90% y 95% de las viviendas tienen pisos de tierra, y en algunos casos extremos, pisos hechos de excremento de animales. Los distritos rurales tienen el mayor porcentaje de casas con techos precarios (pasto, hojas de cocotero, láminas de plástico, etc.). Se estima que la proporción en los distritos rurales es aproximadamente 90% en Mkuranga; 87% en Kishapu, Kilwa y Lindi; 86% en Igunga, Sumbawanga rural y Dodoma urbano; 85% en Uyui y Nkasi y 84% en Urambo y Sikonge. En los distritos urbanos la proporción de viviendas precarias va desde 0% en Moshi a 2% en Arusha, 3% en Kinondoni, Ilala, Rombo y Mbeya, 4% en Bukoba, 6% en Temeke, y 8% en Morogoro, Moshi y Musoma [10] .

Recientemente, sin embargo, el Gobierno adoptó el Programa de Formalización de Bienes y Negocios, una iniciativa de empoderamiento comunitario para facilitar la transformación de propiedades y entidades de negocios del sector informal al sector formal. El programa, que está diseñado para aumentar el acceso de las personas a los bienes y oportunidades de negocios, a través de una economía expandida de mercado, permite a los poseedores de bienes en el sector informal usar sus propiedades para acceder a capital [11] .

¿La excepción que confirma la regla? La discriminación contra la mujer continúa

Un área en la que hay menos señales de cambio positivo es la de la discriminación de género. Las leyes y prácticas sensibles al género son esenciales para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los hombres y mujeres. Sin embargo, en Tanzanía todavía están vigentes leyes y prácticas discriminatorias, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la herencia. Por ejemplo, según la Norma No. 4 de 1963 de la Declaración de Leyes Consuetudinarias Locales, la viuda no recibe una parte específica de los bienes de su esposo, omisión que se reforzó con la Regla 27 que establece que la viuda no tiene derechos sobre los bienes de su esposo fallecido si existen dudas acerca de la legalidad de su unión. La Regla 20 establece que la viuda puede heredar solamente derechos de uso, que se vuelcan a la familia del esposo si la viuda vuelve a contraer matrimonio o muere.

El Derecho Consuetudinario requiere que la viuda contraiga matrimonio con un hombre perteneciente a la familia de su esposo fallecido. La Regla 62 prevé que los familiares del esposo podrán preguntarle a la viuda si desea heredar y que si ella acepta, podrá permanecer en la casa como esposa pero sin control sobre los bienes raíces. Esta práctica es perjudicial y degradante, y trata a las mujeres como una propiedad que es legada de un hombre a otro.

La Ley de Matrimonio de 1971 legaliza las nupcias de niñas de 14 y 15 años con el consentimiento de un juez y los padres o tutores. Algunos padres o tutores obligan a las niñas a casarse con el fin de recibir una dote, no sólo poniendo en riesgo su salud, sino también negándoles el derecho a la educación. Las niñas de 14 y 15 años todavía están creciendo y necesitan, ellas mismas, más cuidado y nutrición. El embarazo y el parto a esa edad son peligrosos, e implican riesgos para la salud tanto física como psicológica. Además, las niñas, a esta edad, han completado únicamente la educación primaria, siempre y cuando se hayan matriculado a tiempo, nivel que no es suficiente para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante.

La Constitución de la República Unida de Tanzanía contiene cláusulas prejuiciosas, haciendo casi imposible el goce y realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. El Artículo 30(2) permite la discriminación legislativa, al establecer que: “Se declara por la presente que la interpretación de las disposiciones contenidas en esta parte de la Constitución, en la cual se estipulan las libertades, obligaciones y derechos básicos del ser humano, no invalidará ninguna ley vigente, ni prohibirá la promulgación de ley alguna o la realización de ningún acto legal regido por esa ley, tomando las previsiones para asegurar que los derechos y libertades de otros o del interés publico no se vean perjudicados por el uso indebido de los derechos y libertades individuales.”