Implementación de los derechos humanos: ¿mito o realidad?

Anita Seibert Julia Wrede Ma³gorzata Tarasieiwcz Malgorzata Zuk
Coalición Karat Red de Mujeres de Oriente y Occidente NEWW-Polska

Los decisores políticos muestran escasamente capaces de responder de forma constructiva a las campañas y propuestas de derechos humanos, lo que sigue haciendo difícil realizar campañas a favor de éstos. Los ciudadanos tienen poca confianza en que su actividad pueda forzar cambios y se muestran en extremo renuentes a involucrarse en iniciativas de la sociedad civil. No obstante, varias campañas efectivas y enfocadas en concreto hacia temas de las minorías han demostrado el valor de la acción civil, en tanto las expectativas y exigencias de Europa han obligado al Gobierno a introducir leyes que protejan los derechos de algunos sectores de la población

La sociedad civil podría y debería atender una amplia variedad de asuntos para garantizar la implementación de los derechos humanos, pero los polacos se muestran muy reticentes a involucrarse en campañas populares que pudieran lograr un progreso significativo. Esta indecisión se debe a varios factores sociales e históricos, recientemente discutidos en el Índice de la Sociedad Civil (Gumowska, 2008). Las iniciativas de la sociedad civil que se han propuesto, generalmente lideradas por ONG, han enfrentado obstáculos importantes. Más importante aún, los decisores carecen de la disposición, habilidad y conocimiento para responder de manera positiva a campañas y propuestas, y el Estado carece de “puntos de acceso” (por ejemplo, personal de la administración pública responsable de la cooperación efectiva con la sociedad civil, así como mecanismos accesibles y transparentes que pudieran facilitar el diálogo sobre políticas entre las autoridades públicas y la sociedad civil).

La limitada eficacia de las actividades desarrolladas hasta ahora disminuye aún más la confianza popular en que pueda cambiarse el status quo. Como consecuencia, en los últimos años no se han lanzado propuestas o campañas a nivel nacional. Sin embargo, recientemente han surgido varias campañas más modestas pero muy significativas, centradas en los derechos humanos, las cuales serán descritas en los párrafos siguientes.

Derechos sexuales y reproductivos

En los programas gubernamentales de salud, la de la mujer no es una prioridad. Las organizaciones de mujeres enumeran, entre los asuntos más apremiantes, la ausencia de educación sexual completa y obligatoria en las escuelas, la falta de asesoramiento en materia de planificación familiar y el acceso limitado a anticonceptivos y abortos debido a barreras socioeconómicas y a restricciones legales (Nowicka y Pocheć, 2006).

La poderosa Iglesia Católica Romana tiene fuerte influencia sobre la opinión pública, y se opone a todos los métodos anticonceptivos que no sean los naturales. No hay políticas estatales ni programas que faciliten el acceso a anticonceptivos de bajo costo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los costos de la anticoncepción hormonal deberían ser reembolsados; sin embargo, en Polonia las píldoras hormonales son costosas y el uso de anticonceptivos modernos es relativamente bajo. Más de 45% de las mujeres que desean protegerse contra el embarazo dependen de métodos naturales, que no son muy efectivos y resultan en muchos embarazos no deseados. Aunque los médicos tienen la obligación de prescribir anticonceptivos hormonales, algunos se niegan a hacerlo basados en la Cláusula de Conciencia, que da a cada médico el derecho a rehusarse a proporcionar anticonceptivos o realizar abortos, aun cuando pertenezcan a una institución médica que los provea. Aunque esta Cláusula no ha sido codificada en leyes específicas, se invoca con frecuencia debido a presiones de la Iglesia y a la pasividad oficial.

El aborto está prohibido y penalizado, salvo en aquellos casos en los que sea necesario por motivos médicos, cuando el parto cause riesgo de vida o el embarazo sea resultado de violencia sexual. El mayor obstáculo para obtener un aborto es la Cláusula de Conciencia. Los hospitales públicos interrumpen muy pocos embarazos (200 por año aproximadamente, según datos del Ministerio de Salud). Los médicos con frecuencia se rehúsan a emitir el certificado que se requiere para un aborto legal (Nowicka y Pocheć, 2006). A las mujeres que tendrían derecho a un aborto generalmente se les niega.

El caso de Alicja Tysiac, a quien se le negó la posibilidad de abortar aunque su embarazo representaba una gran amenaza para su salud, impulsó a la Corte Europea de Derechos humanos a decretar en marzo de 2007 que Polonia estaba violando el Artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este artículo garantiza el respeto por la vida familiar y privada del individuo.

El acceso limitado a un aborto seguro obliga a muchas mujeres (estimadas entre 80.000 y 200.000 por año) a procurar la interrupción ilegal del embarazo. Muchas viajan al extranjero para lo que se denomina “turismo de abortos”. Aunque se desconoce la cifra total, el Departamento Británico de Salud (2007) informa que el 0,1% de las mujeres que se hicieron abortos en Gran Bretaña en 2007 eran polacas. La promulgación de una ley restrictiva estaba dirigida a eliminar el aborto completamente. Su efecto, sin embargo, ha sido dividir a las mujeres entre “ricas”, que pueden pagar tratamientos costosos (“aborto clandestino”) y “pobres”, que no pueden costear servicios de primera calidad.

Género y pensiones

El sistema de retiro y pensiones continúa siendo discriminatorio. La legislación que estableció diferentes edades para el retiro de mujeres y hombres, permitiendo a las mujeres uno más temprano, crea dificultades para ambos. Las mujeres se retiran con pensiones más bajas. Los hombres no pueden dejar de trabajar antes, aun cuando quieran o necesiten hacerlo (por ejemplo, para cuidar a miembros de su familia).

El Gobierno no sólo no se ha hecho cargo de este problema, sino que en 2007 desarrolló un plan para reducir las pensiones a las mujeres, bajo la premisa de que su expectativa de vida es mayor y, por ende, el monto total que reciben es superior. Lideradas por especialistas en este campo, varias ONG relacionadas con temas de género presentaron una carta de protesta conjunta al ministerio correspondiente y lanzaron una campaña en los medios. La carta se colgó en el sitio web del Ministerio y la propuesta no se ha puesto en práctica. Con un poco de suerte, este brutal ejercicio de discriminación de género nunca se implementará.

Derechos de las minorías sexuales

El 26 de abril de 2007 el Parlamento Europeo expresó su indignación ante la creciente intolerancia hacia los homosexuales en toda Europa, criticando especialmente a Polonia. Se exhortó al Gobierno polaco a emitir una condena pública respecto de los comentarios emitidos por altos funcionarios del Gobierno incitando al odio y a la discriminación en base a la orientación sexual, incluida una declaración del Viceministro de Educación, Miroslaw Orzechowski, en la que abogaba por una nueva legislación a fin de “castigar a todo aquel que fomente la homosexualidad o cualquier otra desviación de índole sexual en los establecimientos educativos.” El Comisionado del Consejo Europeo de Derechos Humanos ha expresado ya su preocupación por una medida propuesta para penalizar el presunto fomento de la homosexualidad en los centros de enseñanza [1] . Se cree que las penas previstas incluyen la prisión.

La supresión de la Oficina del Plenipotenciario Gubernamental para la Igualdad de Hombres y Mujeres es especialmente alarmante. Dicha Oficina era responsable de promover el tratamiento igualitario de los individuos, incluyendo a los miembros de la comunidad LGBT. Su desaparición hace que Polonia sea el único país de la UE que no posee un órgano de vigilancia establecido por ley que garantice la igualdad.

Asimismo, el Gobierno debería asegurar que ninguna autoridad realice declaraciones públicas que puedan ser interpretadas en favor de la discriminación o violencia contra individuos, en base a su orientación sexual o identidad de género, y restablecer la Oficina del Plenipotenciario Gubernamental para la Igualdad de Hombres y Mujeres. Las autoridades deberían dejar bien claro que cualquier acto de violencia contra miembros de la comunidad LGBT es un delito y no será tolerado. El Estado debería dar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley directivas específicas y capacitación para que cumplan cabalmente con su deber de proteger los derechos humanos de todos los individuos, sin importar su orientación sexual, así como para que sepan identificar e investigar los delitos de homofobia (Amnistía Internacional, 2006).

Las personas de orientación no heterosexual que no ocultan sus preferencias enfrentan, en Polonia, discriminación en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre los que se incluyen la salud, la educación, la participación política y el empleo. El país no posee una regulación oficial sobre derechos homosexuales en lo concerniente al estado legal de las parejas, adopción de niños, posibilidad de tomar decisiones conjuntas respecto a tratamientos médicos, visitas en hospitales, etc. La mayoría de los políticos tratan los temas de discriminación contra homosexuales como de poca importancia e indignos de ser atendidos seriamente.

Es más,  intentan prohibir las manifestaciones públicas de gays y lesbianas. En 2005 Lech Kaczynski, quien era en ese momento alcalde de Varsovia y actualmente es Presidente de Polonia, prohibió la realización de un “Desfile por la Igualdad” en Varsovia. El alcalde de Poznan hizo lo mismo. La reacción fue un emotivo ejemplo de la sociedad civil actuando en defensa de los derechos humanos. En primer lugar, los eventos tuvieron lugar de todas formas. En Varsovia la gran convocatoria incluyó políticos, figuras públicas y celebridades, así como ciudadanos comunes que probablemente no habrían participado si la marcha hubiera sido legal. En segundo lugar, se entablaron acciones legales en respuesta a las prohibiciones, alegando que éstas constituían una violación tanto de la Constitución de Polonia como del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En 2007 la Corte Europea de Derechos Humanos falló que la Ciudad de Varsovia había violado dicho Convenio (Abramowicz, 2007).

Refugiados [2]

Las campañas de la sociedad civil tendientes a mejorar la situación de los refugiados han sido bastante generales y de un efecto limitado. Las dramáticas experiencias de un individuo pueden conmover a la opinión pública, pero estos incidentes no han tenido impacto en las políticas y prácticas oficiales.

Los refugiados enfrentan severos desafíos. El más importante es que se les niega acceso a servicios públicos básicos, como seguridad social y la salud. Esto requiere un domicilio oficial permanente (registrado), que no está a disposición de nadie que no haya adquirido el estatuto de refugiado. Además, se niega efectivamente a los refugiados beneficios sociales tales como las pensiones por hijos menores, que en Polonia sólo le corresponden a un padre o madre que pueda presentar documentos de divorcio o partida de defunción de su cónyuge. Los países de donde provienen la mayoría de los refugiados en este país no emiten esos documentos.

Capacidades diferentes [3]

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas con capacidades diferentes es la dificultad para participar en la vida pública. A pesar de que ha aumentado la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad (por ejemplo, accesos para sillas de ruedas), se ha hecho muy poco para adaptar las instalaciones y servicios a las necesidades de las personas con problemas visuales y auditivos. Las disposiciones legales se ocupan exclusivamente de los temas de movilidad.

Una de las más evidentes violaciones a los derechos humanos de personas con capacidades diferentes surgió durante las últimas elecciones nacionales, celebradas en 2007. Los centros de votación no estaban adaptados para facilitar el acceso, y el Estado no proporcionó papeletas para votantes con discapacidad visual.

Varias campañas e iniciativas de la sociedad civil han exhortado a los decisores políticos a incrementar la accesibilidad a edificios para las personas con problemas de visión y audición además de movilidad; un ejemplo es “Warszawa bez barier” (“Varsovia sin barreras”).

Las personas con capacidades diferentes tienen, en general, dificultades económicas, con frecuencia relacionadas con el mercado laboral. A pesar de la legislación pensada para alentar a los empleadores a tomarlos, la mayoría de aquellos capaces de trabajar viven de la seguridad social. El sistema de pensiones a personas con capacidades diferentes disuade a muchos de ellos de conseguir trabajo, ya que impone un tope a lo que las personas pueden ganar sin perder sus beneficios de seguridad social.

La CIA y los centros de detención clandestinos

En marzo de 2006 el Secretario General del Consejo Europeo dio a conocer su opinión sobre supuestos centros de detención clandestinos establecidos en Polonia como parte del programa secreto de los Estados Unidos para el traslado ilegal de personas, de un estado a otro, por fuera de cualquier proceso judicial. Según el Informe del Comité Temporal del Parlamento Europeo, la CIA trasladaba personas sospechosas de actos terroristas de Afganistán a Polonia, aterrizando muy probablemente en el pequeño aeropuerto de Szymany. Se cree que alrededor de 10 miembros importantes de Al Qaeda fueron sometidos a duras técnicas de interrogatorio en al menos una prisión secreta que operó en Polonia entre 2002 y 2005, fecha en que se cerró luego de que los medios informaron de su existencia. No obstante, el Gobierno polaco se rehusó a presentar pruebas ante el Comité Temporal (Parlamento Europeo, 2007).

Aunque Polonia ha negado en forma consistente su implicación en cualquier aspecto de estas presuntas actividades ilegales, su cooperación con la delegación del Comité Temporal fue lamentablemente mínima. La delegación del Comité no consiguió reunirse con ningún representante parlamentario. El Gobierno se mostró reacio a proporcionar asistencia completa para la investigación y no recibió a los delegados de forma apropiada (Parlamento Europeo, 2007). Además de deplorar esta falta de cooperación, el Parlamento Europeo declaró lamentar el hecho de que Polonia no instituyera su propio comité especial de investigaciones y que su Parlamento no llevara a cabo una investigación independiente. (Amnistía Internacional, 2007). La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa informó que, a pesar de formularse repetidos pedidos, les fue imposible a las autoridades polacas proveer información de los registros nacionales de aviación que habrían confirmado los vuelos relacionados con la CIA que se realizaron a Polonia (Amnistía Internacional, 2007).