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Ser visto como más corrupto que un predecesor que fue destituido por motivo de corrupción es suficientemente grave. Pero que se lo considere a uno como igual a, o incluso peor que, el anterior dictador Ferdinando Marcos debería resultar particularmente perturbador, y es así como muchos filipinos están comenzando a ver a la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo. La gente la llama “corrupta”, “malvada”, “ladrona”, “perra”, pero no va a prisión por ello. Bajo la nueva ley antiterrorismo, o Ley de Seguridad Humana de 2007, la presidenta puede perseguir a estos “ofensores” y etiquetarlos como terroristas que buscan desestabilizar al gobierno. Sin embargo, Macapagal-Arroyo no lo hará, dado que se encuentra bajo presión por parte de un gran número de opositores que cuestionan su integridad y legitimidad y que piden su renuncia. Derechos humanos en peligro Los derechos humanos en las Filipinas se han ido deteriorando paulatinamente desde 2001 cuando Macapagal-Arroyo asumió como presidenta. La ejecución extrajudicial de cientos de periodistas y activistas y el arresto y desaparición de Jonas Burgos, hijo de un ícono del periodismo, dan fe de esto. Sin embargo, los informes 2003, 2005 y 2007 sobre el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han mantenido todos, el silencio sobre esta cuestión. Tras varias misiones de investigación, tanto locales como internacionales, el Gobierno estableció la Comisión Melo en 2006, pero no proporcionó una explicación satisfactoria para los asesinatos. En 2007 el Presidente de la Suprema Corte, Reynato Puno, organizó una cumbre de derechos humanos que se centraba en las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Dijo, “Si existen motivos apremiantes para esta cumbre, uno de ellos es impedir que estos asesinatos y desapariciones se pierdan de vista, revivir nuestra justa indignación y espolear nuestra búsqueda conjunta de la difícil solución a este importuno problema.” En respuesta al creciente clamor por una investigación independiente, Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Asesor Especial sobre los ODM del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, visitó el país en febrero de 2007. El informe de Alston afirmaba: “Desde 2001 la cantidad de asesinatos de motivación política en las Filipinas ha sido alta y el número de víctimas ha escalado paulatinamente. Estos asesinatos han eliminado a los líderes de la sociedad civil, incluyendo a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, y abogados de la reforma agraria, así como a muchos otros del ala izquierda del espectro político. De particular preocupación es el hecho de que aquellos que fueron asesinados parecen haber sido cuidadosamente seleccionados e intencionalmente señalados. El propósito ha sido intimidar a un número mucho mayor de actores de la sociedad civil.” Los informes estadísticos de violaciones de derechos humanos mantienen grandes discrepancias, dependiendo de quién esté haciendo el recuento. El Informe Alston tomó en consideración todos los informes disponibles de los militares, de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, de ONG de derechos humanos como Karapatan o Alianza por el Progreso de los Derechos del Pueblo), Grupo Operativo por los Detenidos de Filipinas, laAlianza Filipina de Defensores de Derechos Humanos, y de organizaciones de los medios incluyendo al Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, y el Comité para la Protección de los Periodistas. El Cuadro 1 presenta una postura intermedia entre la de Karapatan, que opta por las cifras más elevadas, y la del gobierno, que las minimiza. CUADRO 1. Violaciones de los Derechos Humanos, 23 de enero de 2001 – 11 de diciembre de 2007
Fuente: Task Force Detainees Philippines (TFDP) Pocos países superan a Filipinas en la ratificación de tratados de la ONU, convenciones o acuerdos, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluyendo a casi todos los acuerdos posteriores sobre derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos humanos están consagrados en la Constitución de 1987, que garantiza el respeto absoluto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales y presta especial atención a los de mujeres, niños y ancianos, y a los de los trabajadores como se estipula en 33 convenciones laborales internacionales. Se proporciona educación en derechos humanos en las escuelas así como entre los militares y la policía. Aunque la Comisión de Derechos Humanos ostenta el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos, proporcionar protección y asistencia legal a las víctimas y monitorear el cumplimiento del gobierno para con las obligaciones emanadas de los tratados, el organismo se encuentra seriamente desfinanciado. Para disfrutar de derechos humanos y libertades fundamentales de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y con la Declaración del Milenio de 2000, los filipinos deben disponer de seguridad alimentaria, empleo y sustento, salud, educación y techo; además, derechos y bienestar de mujeres y niños, jóvenes y ancianos, pueblos indígenas y poblaciones minoritarias deben ser protegidos y las personas deben vivir en un medioambiente seguro y limpio. El logro de la totalidad de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – un límite relativamente bajo para un país de ingreso medio como Filipinas – simplemente establece un mínimo básico para el disfrute de los derechos fundamentales de manera que los ciudadanos puedan comenzar a aspirar a un nivel más elevado de bienestar. Pero el país podría fracasar en proporcionar siquiera este mínimo. Crecimiento que empobrece El gasto en atención sanitaria, educación, agua y saneamiento, infraestructura para la reducción de la pobreza, y recuperación del medioambiente no va paralelo al crecimiento económico. En lugar de ayudar a acortar la brecha entre ricos y pobres, este crecimiento ha excluido a muchos sectores de la población, exacerbando las disparidades de clase, género y generacionales. No ha proporcionado seguridad en el presente y compromete la seguridad de futuras generaciones. Las remesas de los trabajadores filipinos en el extranjero han aumentado, y con ellas los centros comerciales y otros íconos de falsa prosperidad. Han aumentado los impuestos, pero mientras que los ciudadanos comunes continúan pagándolos, un selecto grupo de filipinos acaudalados no sólo consigue treguas fiscales, sino que elude pagar aun sus reducidas evaluaciones de impuestos de mil maneras diferentes. En 2008 el Gobierno asignó USD 6.570 millones para el pago de intereses y USD 7.280 millones para amortización de capital, por un total de USD 13.860 millones en repago de deuda comparado con USD 8.080 millones en servicios sociales. El servicio de la deuda asciende a casi la mitad del inusitado presupuesto 2008 (USD 30.680 millones). El porcentaje de personas en la pobreza aumentó entre 2003 y 2006, de 24,4% a 26,9%. En 2006, de 100 filipinos 33 eran pobres, comparado con 30 en 2003. Estimada en cerca de 90 millones, se proyecta que la población alcanzará los 102 millones en 2015. En octubre de 2007, la tasa de desempleo estimada era 6,3% y el subempleo 8,1%. En un país con 56,86 millones de personas de 15 años o más, aun un solo dígito de desempleo es significativo. Las personas en edad de trabajar, en su mayoría mujeres, parten en masa a buscar trabajo en el exterior – principalmente como enfermeras, cuidadoras o empleadas domésticas. La Agencia Filipina de Empleo en el Extranjero documentó 1.221.417 partidas de trabajadores migratorios en 2006, un éxodo de más de 3.300 cada día. De acuerdo con el Centro de Defensa del Emigrante, entre 8 y 10 millones de personas trabajan fuera del país, manteniendo a cerca de un cuarto de los 14 millones de familias. Llamados los nuevos héroes, su dinero podría ser lo único que mantiene andando a la economía. Los pueblos indígenas se ven constantemente amenazados por la inobservancia del respeto a su derecho sobre su tierra ancestral, a pesar de las garantías en virtud de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997. La promoción agresiva de la minería y otras actividades extractivas ha puesto su seguridad en peligro. Muchos están siendo desplazados a la fuerza para hacer lugar a mega-proyectos invasivos. Muchos migran a las ciudades, donde pasan a engrosar las filas de pobres urbanos. Aquellos que encuentran formas de sustento dignas o adquieren algunos bienes son la minoría. Los musulmanes, que históricamente han sido marginados y desplazados por operaciones de contrainsurgencia, enfrentan una amenaza similar. La gobernanza importa Filipinas ha pasado de la democracia a la dictadura y de vuelta a la democracia. Desde la revolución popular de 1986 que terminó con la dictadura de Ferdinando Marcos, se ha pasado por cuatro regímenes. Sin embargo, el mismo cúmulo de problemas – corrupción del gobierno, pobreza, desigualdad, conflictos sociales y deterioro medioambiental – continúa supurando. El país está clasificado entre los más corruptos del mundo en el índice de Transparencia Internacional. Desde su entrada en la OMC en 1995, Filipinas se ha vuelto una de las economías más abiertas del mundo, desmantelando unilateralmente los mecanismos de protección más allá de lo que se le requiere a todos los miembros. El Informe Semestral ODM de 2007 consideró esto como un gran logro del Objetivo 8 (Fomentar una asociación mundial para el desarrollo). Pero si uno pregunta a los trabajadores, pobres urbanos, sin tierra y pequeños agricultores, pequeños y medianos empresarios y a algunas personas en la gran industria, ellos le contarán una historia muy diferente, una de empleos y medios de vida perdidos, ingresos que descienden y bancarrotas. En un estudio del Banco Mundial sobre la gobernanza en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur, Filipinas obtuvo la peor calificación en estabilidad política y fue el segundo peor en eficacia del gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. Ha tenido el segundo mejor desempeño en cuanto a expresión y rendición de cuentas, lo que pudo deberse a su prensa libre y a su activa sociedad civil. El Gobierno se acerca peligrosamente al desastre por la falta de aplicación de las salvaguardias sociales y medioambientales en nombre del crecimiento. Las comunidades urbanas pobres están siendo desplazadas por grandes proyectos de infraestructura, especulación en tierras y desarrollo inmobiliario. Se está causando estragos en las poblaciones rurales y las cuencas debido a la minería y proyectos energéticos. En teoría, las leyes y políticas están en su lugar, cubriendo áreas protegidas, el manejo de los residuos sólidos, aire y agua limpios. Pero la Agenda 21 Filipina no ha cambiado la planificación para el desarrollo nacional y local. La mayoría de los gobiernos locales hasta ahora no cumplen con la legislación medioambiental, aún cuando la desforestación, las pesqueras que colapsan, el nivel freático descendente y la elevación de la temperatura amenazan la ya insegura producción de alimentos. Muchos problemas de salud están vinculados a la degradación del medioambiente, por no mencionar el cambio climático. Iniciativa de presupuesto alternativo La iniciativa de presupuesto alternativo es un ejemplo de cómo los creadores de políticas podrían hacer que el presupuesto estuviera consustanciado con los ODM. Liderado por Social Watch Filipinas, esto ha atraído el apoyo de ONG y legisladores para abogar por un aumento del gasto en ODM, específicamente en educación, salud, agricultura y medioambiente. Esta especie de asociación entre el gobierno y la sociedad civil necesita ser replicada en todos los niveles, nacional y local. Para proporcionar “bienes públicos” (por ejemplo, educación y aire limpio), y para eliminar “males públicos” (por ejemplo, corrupción, polución, enfermedades, fuga de cerebros o tráfico) el Gobierno requiere mucho más que una mera suscripción al desarrollo sostenible. Las personas quieren acción y cambios significativos en sus vidas. Quieren ver que se haga que los servicios funcionen para ellos. Y quieren tener una intervención real en cómo se hará eso. Para que esto suceda, el Gobierno debe experimentar una profunda renovación que proporcione el tipo de gobernanza necesaria para salvaguardar los derechos humanos y crear las condiciones para mayores libertades. Co-coordinador de Social Watch Filipinas y vicepresidente del Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM, Movimiento Filipino para la Reconstrucción Rural).
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