El programa económico neoliberal: bomba de racimo contra los derechos humanos

Héctor Béjar
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Desde los comienzos de su aplicación en 1990, el programa neoliberal ha sido una cadena de sistemáticas violaciones a los derechos a la vida, al empleo decente, a disfrutar de un ambiente saludable y especialmente a los derechos de las mujeres. El derecho de los trabajadores a la estabilidad en sus empleos es señalado como un privilegio inaceptable por los poderosos, mientras las huelgas y protestas son convertidas en delitos por atentar contra las inversiones. Se expande el crimen y crecen la pobreza y la desesperación de las mayorías

Fernando Belaunde Terry, Presidente de la República por segunda vez entre 1980 y 1985, decía públicamente, cuando empezaron las masacres por parte del ejército contra los campesinos en la guerra con la guerrilla de Sendero Luminoso, que él arrojaba las denuncias de Amnistía Internacional a la basura. Augusto Cipriani, obispo de Ayacucho durante la época más dura de la guerra civil (1982-1992) y actual Cardenal del Perú, dijo en una oportunidad, respondiendo a las quejas de los familiares de las víctimas de la guerra sucia, que “los derechos humanos son una cojudez [1] ”.

Ambas opiniones, además de expresar lo que un sector influyente de la población peruana siente por los derechos humanos, explicitan el sistemático atentado contra estos derechos que viene siendo perpetrado desde el programa de estabilización y ajuste estructural de agosto de 1990, que instaurara las políticas neoliberales en el país. Consistente en la venta masiva de las empresas públicas, el alza del precio de la gasolina y alimentos en más de diez veces en un solo día y el brusco retiro de los subsidios del Estado a los alimentos, este programa, que fuera descrito por sus propios autores como una “operación sin anestesia”, llevó a la instauración de una dictadura sui generis, la de Alberto Fujimori, quien gobernó autocráticamente desde su autogolpe de Estado de abril 1992 hasta que tuvo que dejar el poder por el repudio popular e internacional en 2000.

Fujimorismo y después

El régimen “globalizador” de Fujimori incorporó a los grupos más conservadores de los empresarios privados, directamente, a la conducción de los ministerios, poniendo el Estado al servicio de sus negocios privados; organizó un sistema de corrupción permitiendo la apropiación de recursos públicos por parte de los generales y funcionarios que colaboraron con el régimen; instaló un sistema de represión selectiva basado en los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que incluía el seguimiento de personas, el chantaje, la compra de conciencias, la intervención de las comunicaciones personales y el asesinato. Controló la radiodifusión, la televisión y los periódicos a partir del pago de anuncios por el Estado y la exoneración de impuestos a los adictos al régimen.

Desde entonces, y hasta el día de hoy, el programa económico neoliberal ha presentado la extracción no regulada de las riquezas del Perú, que al tiempo que aumenta las utilidades de las empresas es violación del derecho del país a disponer de sus recursos naturales, como crecimiento del producto nacional.

El racismo

Jaime Bayly, uno de los más populares entrevistadores de la televisión peruana, dijo recientemente que a más de 2.500 metros de altitud, donde viven los indígenas, el cerebro recibe menos oxigenación y, por tanto, menos capacidad de pensar. Durante la campaña electoral de 2000, el padre de la candidata de la extrema derecha Lourdes Flores se refirió al ex presidente Alejandro Toledo, en ese momento candidato, como “el auquénido [es decir, camélido andino] de Harvard”. Expresiones dichas ambiguamente, en broma o en serio, transparentan una actitud. El exclusivo Club de playa Regatas, al que pertenecen un grupo de familias de la clase alta, prohíbe a las empleadas domésticas usar las mismas sombrillas que los bañistas a quienes sirven. El condominio de Asia al sur de Lima, otro lugar exclusivo, también impide a las empleadas domésticas bañarse junto con sus empleadores. Las discotecas del Centro Comercial Larcomar en Lima han sido denunciadas por las organizaciones de derechos humanos por no permitir el ingreso de personas de tez morena o cobriza.

Los “services”

Los derechos de los trabajadores de las empresas privadas y del sector público fueron lesionados cuando en 1991 se dictó el Decreto 718 que “flexibilizó” el empleo permitiendo el despido sin causa justificada. Mediante el sistema de “services”, una empresa puede “vender” a otras el trabajo de personas, remunerando a los trabajadores con el salario mínimo y ganando la diferencia entre dicho salario y el que paga la empresa contratante. Esto permite a la empresa vendedora comerciar con el esfuerzo de gente pobre, dispersa e indefensa; la contratante puede liberarse de los beneficios sociales, del seguro social y de responsabilidades sobre el trabajador, ya que no tiene relación laboral con él. Gran número de estos “services” son propiedad de ex militares y policías. El mecanismo es usado por las transnacionales de la comunicación, los supermercados, las empresas mineras, los bancos, las compañías de seguridad, los empresarios de la agroexportación de espárragos, uvas y otros productos. Sus víctimas son especialmente las mujeres y los jóvenes que laboran sin jornada de trabajo y por menos del salario mínimo.

Las textiles que exportan aprovechando el Acuerdo Preferencial de Tarifas con los Estados Unidos y esperan la aplicación del ya aprobado Tratado de Libre Comercio con ese país, despidieron, en el último año, 1.200 trabajadores por formar sindicatos [2] . El diario La Primera denunció que hay obreros textiles que trabajan horarios corridos de hasta 32 horas, incluidas mujeres embarazadas [3] . Los despedidos por organizar sindicatos suman 3.825 en los últimos tres años. Las trabajadoras no gozan de permiso pre ni pos natal ni de horas de lactancia. La ley de exportación no tradicional (DL 22342) permite que las empresas contraten a trabajadores por períodos de dos y tres meses, renovando estos contratos de manera sucesiva sin tope en el tiempo.

Las mujeres

Con los primeros programas de “shock” que eliminaron los controles de precios y permitieron que el mercado fuera dominado por los monopolios importadores de alimentos (trigo, carne y harinas lácteas), los trabajadores de las empresas nacionales industriales y comerciales eran lanzados a la desocupación. Entonces, cientos de miles de mujeres tuvieron que asumir la alimentación de sus familias agrupándose en las ollas y comedores populares que todavía existen. Con la continuación del programa neoliberal, las mujeres forman parte masiva de los tres millones de peruanos que han debido emigrar. Con la reactivación económica que tuvo lugar desde 2000, son la mano de obra predominante de las agroexportadoras y la industria de confecciones. Aparte de extenuantes jornadas con salario mínimo, deben atender a sus familias sin remuneración alguna.

Los agricultores

Los agricultores y campesinos que no se dedican a la exportación no tienen cabida en el sistema. El Estado ha abandonado toda actividad de capacitación y asistencia técnica a agricultores y ganaderos por juzgarla contraria a las leyes del mercado. Se dieron concesiones privilegiadas a las empresas mineras y petroleras para la explotación de yacimientos de gas, petróleo, oro, cobre y otros metales en la región andina exonerándolas de la mayor cantidad de impuestos y el pago de regalías. Esto ha producido la ocupación ilegal de tierras que son propiedad de las comunidades andinas y amazónicas y el envenenamiento del agua y el aire, lo que compromete su existencia misma.

“Microempresarios”y clase media

Los despedidos y los jóvenes que no encuentran empleo ni pueden irse del país como exilados económicos se ven obligados a buscar ocupaciones de supervivencia, llamadas “microempresas” en el lenguaje oficial, que deben depender del crédito informal usurero. Suman decenas de miles los pequeños talleres, pero son muy pocos aquellos que pueden acumular riqueza y son cientos de miles los vendedores, acróbatas, llamadores y cobradores de combis, mototaxistas [4] , buscadores y vendedores de desperdicios, mendigos, niños de la calle, prostitutas y diversos tipos de trabajadores urbanos. Al mismo tiempo, la clase media ya no tiene la posibilidad de seguir la carrera pública porque ésta fue eliminada de facto cuando fueron cerrados, durante el gobierno de Fujimori, el Instituto Nacional de Planificación y la Escuela Superior de Administración Pública y se dejó de usar los cuadros de asignación de personal que clasificaban a los funcionarios por categorías, asignándoles la remuneración correspondiente a su plaza. Desde entonces, el clientelismo político de los partidos gobernantes rigen la contratación de los empleados públicos, quienes tampoco tienen estabilidad y son contratados por “servicios no personales”, eufemismo cuyo significado es que el Estado puede despedirlos en cualquier momento, especialmente cuando cambia el gobierno, el ministro o el jefe.

Remesas e inversión social del Estado

Valiéndose de la “focalización” hacia los más pobres aconsejada por los organismos financieros multilaterales, el régimen neoliberal busca la relación directa de los gobernantes con los sectores más empobrecidos y menos educados para neutralizar a los sectores medios o a los líderes populares de diversos tipos que se movilizan en las huelgas de trabajadores mineros, los pedidos de sindicalización y los paros agrarios y regionales.

En diciembre 2007 se registró que 49,2% de los hogares integrados con niños, niñas o adolescentes se beneficiaron de al menos un programa alimentario, sea vaso de leche, comedor popular, desayuno escolar, papilla o yapita, canasta familiar u otros [5] .

En contrapartida, en 2007 la inversión en educación llegó sólo al 17,1% del Presupuesto y 3% del PBI, y la del gasto público en salud fue 8% del Presupuesto y 1,6% del PBI mientras que el servicio de la deuda fue 18%. Pagar la deuda externa y descuidar la deuda social interna, práctica de muchos años, ha traído como consecuencia el estado ruinoso de las escuelas, el desaliento de las familias y los maestros y la baja calidad de la educación. Para hacer frente a esta situación los pacientes deben hacer un gasto cada vez mayor: 37% de los gastos en salud es financiado por los hogares [6] .

Al mismo tiempo, 10% de la población, casi tres millones de peruanos, reciben USD 2.495 millones en total por remesas. Esto equivale a 10% de las exportaciones, 1,7% del PBI [7] y cuatro veces toda la política contra la pobreza; y sobrepasan a lo que el Estado gasta en salud pública.

Pobreza estadística y pobreza real

El Gobierno viene anunciando desde hace dos años que la pobreza disminuye. Pero la suya es una aproximación estadística basada en la metodología del Banco Mundial, que no mide la violencia, la delincuencia, el consumo de drogas, la pérdida de valores, la tuberculosis, el alcoholismo y otros males que atraviesan la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil se han agrupado para realizar apreciaciones alternativas de la pobreza y en 2007 se emitió el primer informe no gubernamental sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [8] .

Los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo y García han sostenido que el programa económico es un éxito y se han negado a modificarlo. Aunque el crecimiento del PBI experimentado a partir de 1997 parecería, a primera vista darles la razón, el mismo, entre otras cosas, es efecto de las alzas en los precios internacionales y no del aumento de la producción y productividad, y de un cerrar los ojos ante la circulación del dinero procedente del narcotráfico. A pesar del crecimiento de la construcción, las exportaciones “no tradicionales” y la pesca, durante los últimos 15 años, el valor de las exportaciones de bienes peruanos aumentó en 28%, mientras que el volumen sólo se incrementó en 2% [9] . Si en efecto se multiplican los supermercados, se diversifican las exportaciones, crecen como hongos los edificios de viviendas, se llenan de luces los casinos y casas de juego, crece el turismo y aumenta el empleo, los círculos oficiales callan que se trata de un empleo humillante, sin derechos.

La alternativa

A pesar de las campañas mediáticas que afirman que el país crece y la pobreza disminuye, las protestas de la mayoría de la población van en aumento desde la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los sindicatos, las comunidades afectadas por la minería, los frentes y gobiernos regionales, muchas ONG y los activistas de derechos humanos. Cuando los organizadores de paros y huelgas llegaron a bloquear carreteras en las movilizaciones de 2007, la respuesta fue el Decreto Legislativo 982 o “decreto de la muerte”, promulgado el 22 de julio de 2007, que liberó de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la policía en caso de que “en cumplimiento de su deber” ocasionen daño o muerte a cualquier civil. En aplicación de este DL fueron muertos a balazos cuatro campesinos durante el paro agrario de febrero de 2008. Pero las protestas continúan y la CGTP ha anunciado un paro general para este año, al tiempo que las organizaciones sociales y políticas han formado una Coordinadora Político-Social.

Con una democracia parlamentaria cada vez más desprestigiada, poco parece haber cambiado en la mentalidad gobernante desde los tiempos de Fujimori. En la misma línea del Cardenal Cipriani, el Ministro de la Producción del actual gobierno de Alan García, Rafael Rey, respondió a las reclamaciones contra estas muertes: “¿Para qué tienen armas, para tenerlas colgadas en su casa o para usarlas cuando hace falta?” A pesar de diez años de guerra civil y una paz democrática ganada con enorme esfuerzo, poco parece haber cambiado en la mentalidad gobernante y empresarial y en general en el país, respecto de los derechos humanos. ¿Hasta cuándo serán una cojudez?