Los derechos humanos regresan a la agenda

Arjan El Fassed
Oxfam Novib

Los derechos humanos constituyen el punto de partida en la actual política exterior de Países Bajos. Las prioridades abarcan, desde la abolición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura y la protección de los derechos de las mujeres y los niños hasta la lucha por la libertad de expresión, impedir la discriminación y promover los derechos humanos en las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo. La política exterior recorre ahora caminos más coherentes; no obstante, el país todavía necesita conciliar su discurso con sus prácticas de comercio

Tradicionalmente, Países Bajos ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de las leyes internacionales y las de derechos humanos, así como en sus mecanismos de defensa. En su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno aseguró que: “Países Bajos está firmemente comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos, tanto dentro del país como en el resto del mundo. Por décadas, los derechos humanos han constituido parte fundamental de la política exterior y la cooperación para el desarrollo del país.” [1]

El 6 de noviembre de 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen, presentó la nueva estrategia de política exterior neerlandesa para los derechos humanos, Una vida de dignidad humana para todos. En ésta, los derechos humanos constituyen el punto de partida para la política exterior del país y se detallan los pasos de su implementación. Las prioridades de la nueva estrategia serán la lucha por la abolición de la pena de muerte, y una prohibición absoluta de la tortura, así como la protección de los derechos de las mujeres y los niños y también la lucha por la libertad de expresión, evitar la discriminación y la promoción de los derechos humanos especialmente en relación con la política de seguridad y la lucha contra el terrorismo.

Según la estrategia, inversiones adicionales en la totalidad de la política de derechos humanos “harán de los derechos humanos parte integral de las relaciones de Países Bajos con otros países, así como de sus esfuerzos a nivel de la Unión Europea y de sus acciones en foros multilaterales”. Se aseguró que “de ser necesario, Países Bajos mirará con ojo crítico a sus aliados, y estará igualmente preparado para examinar sus propias acciones”. Se requerirán mayores esfuerzos en seis áreas: protección de la vida y la persona, libertad individual de religión y protección de las minorías religiosas, derechos de los niños y de las mujeres, y discriminación contra los homosexuales en todo el mundo. Con el fin de aumentar los fondos que se destinan a proyectos de defensa de los derechos humanos, se ha establecido un nuevo fondo de un total de EUR 20 millones (USD 30,6 millones) asignados en 2008. Esta nueva estrategia para la defensa de los derechos humanos incluye 102 propuestas específicas que detallan los pasos a seguir por el Gobierno en el alcance de estos objetivos. Entre ellos, el Gobierno establece que busca hacer un esfuerzo tendiente a la integración de los derechos humanos en el trabajo de todo el sistema de la ONU, para que todas sus partes integrantes, inclusive fondos y programas, le presten la atención necesaria a los derechos humanos. Lo anterior también refiere a otras organizaciones internacionales, así como a instituciones financieras internacionales. Países Bajos proporciona fondos para programas específicos de defensa de los derechos humanos, o para programas en los que los derechos humanos constituyen parte importante. En 2008, se adjudicaron EUR 200 mil (USD 306 mil) al Programa Global de Fortalecimiento de los Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También brinda apoyo al proyecto Acción 2 del PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). El objetivo de ambos es reforzar los programas de defensa de los derechos humanos de la ONU en cada país.

Implementación

A pesar de su fuerte compromiso con los derechos humanos, el Gobierno ha recibido críticas debido a que ciertas disposiciones de la ley internacional, tratados y resoluciones de instituciones internacionales no tienen un efecto directo en el orden jurídico nacional. Esta crítica ha surgido de fuentes tanto nacionales como internacionales, que abarcan a organizaciones de la sociedad civil del país y a órganos de tratados de la ONU [2] . El Gobierno no considera la autoridad de las observaciones concluyentes elaboradas por los órganos de vigilancia. El comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación sobre el hecho de que el Gobierno de Países Bajos no tome en serio las observaciones concluyentes del Comité.

Se apreciaron ejemplos recientes de esta situación en casos en que las partes involucradas invocaron, con escaso resultado, las disposiciones de la CEDAW o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La posición de Países Bajos refuerza la diferenciación entre los derechos económicos, sociales y culturales, por una parte, y los civiles y políticos por otra, en lugar de reconocer efectivamente su interdependencia e indivisibilidad. Además Países Bajos se ha opuesto al Protocolo Opcional del PIDESC. Este Protocolo Opcional, tal como está planteado, proporcionaría a individuos y grupos un camino para buscar y obtener soluciones para las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional, en aquellos casos en que se les niegue una solución a nivel nacional.

El Comité contra la Tortura, en sus recomendaciones y conclusiones de agosto de 2007, solicitó al Gobierno neerlandés que se ocupara del derecho a un estándar de vida adecuado para los extranjeros, ya que en Países Bajos varias categorías de inmigrantes viven por debajo del nivel adecuado que incluye alimentación, vestimenta y vivienda. Muchos se han visto forzados a vivir en las calles, sin dinero para alimentos o vestimenta, situación que también afecta a familias con niños. En el pasado, los hijos menores de edad de las personas a las que se les rechazaba la solicitud de asilo eran detenidos por períodos prolongados. En parte, como respuesta a las intervenciones de UNICEF, de ONG para los derechos del niño y del Parlamento, el Gobierno ha decidido limitar la detención de estos niños a un máximo de dos semanas. También ha asignado EUR 3 millones (USD 4,59 millones) para convertir los centros de detención en ambientes más apropiados para los niños y la organización de actividades infantiles.

Ayuda con una perspectiva de género

Cada año el país destina 0,8% del INB a la reducción de la pobreza y es, por tanto, uno de los pocos que cumplen con los objetivos de la ONU. Parte de la contribución se aplica específicamente a la protección y defensa de los derechos humanos. En 2007, a través de ayudas multilaterales y bilaterales, Países Bajos gastó EUR 4.700 millones (USD 7.191 millones) de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en la búsqueda del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo principal de esta política es el alivio directo de la pobreza. El Gobierno ha señalado que se pondrá mayor énfasis en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la armonización de la ayuda bilateral y el seguimiento de nuevas iniciativas del país para un “alivio sustancial de la deuda.” [3]

Su política de desarrollo presta especial atención a alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades para las niñas como condición para el logro de los ODM. En 2008, el Gobierno reforzará los vínculos entre los derechos humanos y los ODM en el área de agua potable y saneamiento. El Gobierno ha señalado también que quiere afianzar vínculos entre los derechos humanos y otras áreas de los ODM, tales como el derecho al alimento. La política de ayuda de Países Bajos para el área de la educación se basa en el derecho a la educación y hace hincapié en el objetivo de Educación para Todos, educación básica para todos para el 2015.

La coherencia avanza

En sus políticas de ayuda económica, el Gobierno critica las antiguas condiciones aplicadas de modo igualitario y ha declarado que debería haber condiciones de política económica limitadas por el Banco Mundial. El Gobierno presiona para que se realicen Análisis de Reducción de Pobreza e Impacto Social más frecuentemente, de forma de poder evaluar el impacto de recomendaciones específicas de políticas económicas para el alivio de la pobreza y los derechos sociales y económicos. A pesar de esto, se muestra renuente a oponerse a todas las condiciones de política económica en general.

Países Bajos, como nación comerciante, se beneficia del libre comercio. Pero, al mismo tiempo, brinda protección a sus propias industrias (por ej. la agricultura) principalmente a través de la Unión Europea. La Política Agrícola Común de la Unión Europea (UE) es un clásico ejemplo de políticas incoherentes. Poderes económicos, tales como la UE y los Estados Unidos, tradicionalmente protegen a sus propios agricultores contra la competencia extranjera y al mismo tiempo los subsidian, lo que les permite producir a un costo mas bajo que los países competidores. Esto tiene como consecuencia el dumping, o venta de excedentes de la producción agrícola en el mercado mundial por debajo del precio de costo, práctica común que conduce a una reducción en los precios del mercado y hace imposible la competencia a otros productores.

La UE está negociando actualmente nuevos acuerdos de comercio con los países de ACP (Países de África, el Caribe y el Pacífico que firmaron la Convención de Lomé) como continuación del Acuerdo de Cotonou de 2000. Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) tienen la función de liberalizar el comercio entre la UE y los países de la región de ACP (África, Pacífico y el Caribe) y de asegurar que los acuerdos no violen las normas de la OMC. Los AAE tienen como objetivo la integración de los países de ACP a la economía mundial y asegurar el desarrollo sostenible. Se esperaba que las negociaciones concluyeran en 2007 y los AAE se implementasen entre 2008 y 2020. En marzo de 2007, el Ministro de Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos declaró que, según su país, los AAE deberían ser asimétricos en lo relativo al nivel de apertura de sus economías. Debería permitírsele a los países del ACP eximir determinados productos del régimen de libre comercio si estos productos son esenciales para la seguridad alimentaria local, el desarrollo rural y la subsistencia de gran parte de la sociedad. Lo que es más, Países Bajos considera que las regiones de ACP deberían estar autorizadas a protegerse contra el dumping y las exportaciones subsidiadas [4] .

Otro ejemplo es la tala ilegal, una de las principales causas de la pérdida de bosques tropicales. Países Bajos es un importante donante para la protección de los bosques tropicales, pero no posee ninguna política contra la importación de madera ilegal. La tala ilegal está relacionada con la degradación de bosques, pérdida de biodiversidad, violación de los derechos humanos y crimen organizado. La Posición de 1991 del Gobierno sobre los Bosques Tropicales establece claramente que el Gobierno de Países Bajos se opondrá a la tala ilegal y al comercio de madera obtenida en forma ilegal y sin embargo, al mismo tiempo más de la mitad de la madera que importa proviene de países de alto riesgo.

El comercio de armas sigue siendo un área de incoherencia en las políticas. Países Bajos es uno de los mayores exportadores de armas del mundo. Lo que más llama la atención es el tránsito de armas provenientes de la OTAN y la UE hacia a otros países a través de Países Bajos. A pesar de que el Gobierno no ha otorgado una permiso para la exportación de armas a Israel desde 2002, cuando se trata de tránsito, toneladas de municiones, partes de armas y otros artículos militares logran pasar, especialmente a través del aeropuerto Schiphol de Amsterdam, a pesar del alto riesgo de violación de derechos humanos.

Además, casi un tercio del peso de la deuda global proviene de créditos de exportación. En Países Bajos alrededor de 23% de estos créditos de se destinaron a garantizar exportaciones de armas [5] . A pesar de la decisión del Gobierno en 2007 de no seguir ampliando los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Comité de Asistencia al Desarrollo (OECD-CAD) en lo referente al gasto en seguridad, el nivel de ayuda sigue aumentando por la cantidad desembolsada para la cancelación de la deuda de créditos de exportación.