A 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Areli Sandoval Terán
Adhiere: Espacio DESC

El país llega al sexagésimo aniversario de la DUDH con algunas luces pero con muchas sombras. El modelo económico, que el Estado se niega a revisar, no promueve el verdadero desarrollo, pero genera, sí, injusticia social, depredación ambiental y diversas violaciones a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana

México llega al 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) contando con los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ya ratificados, manteniendo abierta la invitación a las visitas de los mecanismos especiales del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos, habiendo presidido el primer año de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, [1] y contando con una Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). [2] Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece, como uno de los objetivos del Eje Estado de Derecho y seguridad, “asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.” [3]

La agenda pendiente

No obstante lo anterior, el país tiene también una vasta agenda pendiente en cuanto a su cumplimiento, caracterizada por múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que han sido documentadas y denunciadas por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y que permanecen en una grave situación de impunidad. También destacan las numerosas recomendaciones que los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos y varios Relatores Especiales de la ONU le han dirigido al Estado mexicano en los últimos años, muchas de las cuales aún no atendidas debidamente. [4]

En materia de reconocimiento constitucional de los derechos humanos, México se encuentra rezagado. Si bien la Constitución de 1917 fue pionera en el reconocimiento de algunos derechos sociales, no se ha armonizado plenamente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Aunque la Constitución “ha sufrido más de 70 reformas en el Capítulo I, del Título Primero, que lleva por nombre ‘De las Garantías Individuales’ (modificaciones mediante las cuales se han integrado nuevos derechos o se ha intentado modernizar y actualizar la formulación de algunos derechos que ya se contemplaban), lo cierto es que no se ha podido alcanzar una reforma integral en el capítulo de marras. La manera concreta en que la Constitución consagra los derechos humanos se ve afectada por ciertas deficiencias estructurales que obstaculizan la plena eficacia y práctica de los derechos: algunas refieren al concepto mismo de garantías individuales; otras a la falta de sistematización y coherencia del Capítulo I; a la carencia de una perspectiva de género; a la débil incorporación de los tratados internacionales en la materia; y a las limitaciones que actualmente afectan a las garantías y mecanismos para su protección, por sólo citar algunas deficiencias.” [5]

Violaciones a los derechos humanos e impunidad ensombrecen este año conmemorativo. Así lo expresamos diversas organizaciones civiles y redes en el documento conjunto entregado a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Sra. Louise Arbour, quien visitó México en febrero de 2008, destacando las preocupaciones por: la criminalización de la protesta social, las iniciativas anticonstitucionales en materia de justicia penal, la situación de los presos políticos, las desapariciones forzadas y la tortura, la situación de hostigamiento y agresión hacia defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos periodistas y organizaciones, la situación de migrantes y refugiados, la situación de las mujeres y de la infancia. Otras preocupaciones tienen que ver con la falta de supervisión, regulación e incluso complicidad del Estado con actores no estatales, como empresas privadas nacionales y trasnacionales cuyas actividades vulneran derechos humanos, especialmente económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Modelo económico y violaciones a los derechos humanos

A continuación se abordan algunas situaciones que expresan el impacto negativo que ha tenido el modelo económico de liberalización del comercio y de las inversiones sobre los derechos humanos y el desarrollo nacional, que evidencian el incumplimiento, por parte del Estado, de sus obligaciones, especialmente la de proteger los derechos humanos.

Por ejemplo, el Estado no protege los derechos laborales de los trabajadores frente a los grandes consorcios internacionales de servicios. Como se denuncia en el Informe 2007 del Centro de Reflexión y Acción Laboral, “este tipo de empresas ha incurrido en violaciones sumamente graves en contra de la dignidad de las y los trabajadores: les someten a regímenes de inestabilidad laboral, pagan salarios insuficientes y mantienen esquemas de prestaciones muy limitados, muchas veces ni siquiera en los estándares legales, simulan la relación laboral a través de figuras extrañas a la legislación (becarios, asociados, etc.) que confunden a las y los trabajadores en el momento en que quieren hacer valer sus Derechos Humanos Laborales, impiden la Libertad Sindical y el derecho de Contratación Colectiva y es el sector donde más pueden encontrarse las y los trabajadores con contratos de protección patronal.” [6]

El Estado tampoco vigila el cumplimiento de estándares de higiene y seguridad en centros de trabajo de empresas privadas. Resulta alarmante que la falta de inspección regular del Estado y el incumplimiento por parte de la empresa lleguen a costar la vida de los propios trabajadores, como en el caso de la explosión (prevenible) de la Mina 8 Pasta de Conchos del Grupo Industrial Minera México (IMMSA), la compañía minera más grande del país, [7] que en febrero de 2006 ocasionó la muerte de 65 mineros. A más de dos años, la complicidad de las autoridades con la empresa obstaculiza la recuperación de los cuerpos, principal demanda de los familiares de los mineros. [8]

Por otra parte, en muchos estados del país se impulsan megaproyectos de infraestructura o de construcción de grandes centros comerciales, turísticos o habitacionales, cuyo impacto social y ambiental no parece importarles ni a los inversionistas privados ni al Estado. Las comunidades que se organizan en resistencia a estos megaproyectos padecen hostigamiento, detenciones arbitrarias, represión e incluso campañas mediáticas en las que se criminaliza la protesta social. Un claro ejemplo es la lucha del Consejo de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos que, desde hace tres años, exige la cancelación del megadesarrollo habitacional “La Ciénaga”, impulsado por la empresa privada Urbasol, ya que limitará severamente la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua de decenas de comunidades en el área vecina. Al igual que en otros megaproyectos, la autorización para su construcción no consideró integralmente las consecuencias del impacto ambiental.

El ejemplo más contundente de que la apertura indiscriminada al mercado externo no ha sido social ni ambientalmente responsable [9] es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde hace 14 años, que ha ameritado recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al Estado. [10] Los impactos negativos son muchos, y la inevitabilidad del Tratado una excusa. El Estado parece olvidar la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos de cualquier otra índole, inclusive financiera o comercial. [11]

Entre todos los impactos del TLCAN, queremos subrayar los del capítulo agropecuario, ya que a partir del 1 de enero de 2008 se desgravaron completamente los productos sensibles como el maíz, el frijol, la caña de azúcar y la leche. Tan sólo en enero de este año, “las compras de maíz blanco provenientes de Estados Unidos se dispararon en 384% con relación al mismo mes del año pasado, mientras que las de maíz amarillo para uso forrajero, almidones, fructuosa y botanas, crecieron 1.000% en el mismo período”. [12] Esto empeora el déficit de nuestra balanza comercial agroalimentaria durante los años del TLCAN: “de 1980 a 1994 las exportaciones de productos agrícolas crecieron más de 200%, mientras que las importaciones apenas aumentaron 28%; 14 años después, ese comportamiento se invirtió, ya que las exportaciones sólo crecieron 50% y las importaciones avanzaron a un ritmo extraordinario, llegando a un incremento de 176% en el mismo periodo”. [13] La crisis del campo se ha agudizado, la pobreza rural y urbana se ha profundizado, ha aumentado la migración hacia el Norte y se ha perdido soberanía alimentaria. De acuerdo con la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano “Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco”, al déficit comercial se le suma la falta de control sobre los monopolios agroindustriales, la pretensión de sembrar maíz transgénico en México, la demanda de maíz en Estados Unidos para fabricar etanol; “todo lo cual amenaza la calidad, la cantidad y el precio del maíz…y de todos los alimentos que dependen del maíz.” [14]

Por si fuera poco, el Estado impulsa políticas y legislación que contravienen tanto la legislación internacional de derechos humanos como el derecho ambiental, y favorecen los intereses de la industria agroalimentaria, biotecnológica y energética trasnacional. Por ejemplo: la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en vigor desde el 2 de mayo de 2005, conocida también como Ley Monsanto, “no crea un marco de seguridad para la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen o diversidad, base del sustento y las culturas de campesinos e indígenas que los crearon; pero le ofrece seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90%.” [15] El Reglamento de esta Ley, que entró en vigor en marzo de 2008, facilita los trámites para que las trasnacionales nos vendan semillas transgénicas y deja en manos de las propias empresas “presentar, documentar y analizar los riesgos, impactos ambientales, a la salud, a la diversidad biológica, e incluso la evaluación, monitoreo y control de los riesgos que conllevarán sus cultivos transgénicos.” [16]

Por su parte, la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en vigor desde agosto de 2007, “es un complemento ideal de la ley de bioseguridad (ley Monsanto) porque otorga certidumbre a las trasnacionales semilleras de que podrán perseguir legalmente a cualquier agricultor que éstas consideren que esté usando sus invenciones sin pagarles.” [17]

Finalmente, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, que entró en vigor en febrero de este año, abre un campo de inversión largamente esperado por las trasnacionales de la energía y otras industrias, considerando que “las grandes empresas agroindustriales, petroleras, automotrices y biotecnológicas están en alianzas y encadenamientos para su participación en esta actividad.” [18] Las consecuencias de este marco legal sobre transgénicos y agrocumbustibles sobre los derechos humanos son muchas, especialmente sobre el derecho a la salud, a la alimentación y al agua, [19] por lo que su revisión es urgente y necesaria, en correspondencia con las prioridades que supuestamente tiene el Gobierno en materia de derechos humanos y armonización legislativa. [20]

La lista de situaciones violatorias a los derechos consagrados en la DUDH y otros instrumentos ratificados por México es muy larga. En este informe hemos expuesto sólo algunas, relacionadas principalmente con el modelo económico. Es así que el país llega al 60 aniversario de la Declaración con algunas luces pero con muchas sombras, y con un Estado que no demuestra verdadera voluntad de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Declaración y los tratados de derechos humanos que ha firmado y ratificado. Para los mexicanos, el ideal de vida libre de temor y de miseria de la Declaración Universal está muy distante de la realidad.

Espacio DESC: Grupo de referencia en México para Social Watch y otras redes internacionales, constituido en 1998 y conformado actualmente por: DECA Equipo Pueblo, Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Defensoría del Derecho a la Salud, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-colectivo de estudios alternativos en derecho.

Coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C., punto focal de Social Watch en México y miembro del Espacio DESC. Contacto: arelisandoval@equipopueblo.org.mx