|
 |
|
|
|
|
|
| | ENGLISH | Compromisos | Informe anual | Noticias | Acerca de | Contáctenos |
 | |
Malta, una democracia constitucional, republicana y parlamentaria, convoca a elecciones libres y justas cada cinco años en promedio. Seis mujeres fueron electas al parlamento más reciente (2003-2008); una de ellas fue nombrada ministra en el gabinete de 14 miembros y se designó a otra como secretaria parlamentaria (subsecretaria sin rango ministerial). La Constitución consagra la independencia del poder judicial y el Gobierno, por lo general, respeta este mandato. La Constitución garantiza asimismo el derecho a un juicio público justo; el poder judicial independiente ampara este derecho. Los demandados tienen derecho a la asistencia jurídica de su elección. Pueden confrontar testigos y presentar pruebas, y se benefician de la presunción de inocencia y del derecho a apelar. Malta abolió la pena de muerte en 1971. Las condiciones de reclusión generalmente cumplen con las normas internacionales; se permiten las visitas de observadores independientes de derechos humanos. La Constitución establece que un tribunal independiente e imparcial disponga en materia de derechos y obligaciones civiles, estipulando recursos para las violaciones de los derechos humanos. Malta asimismo ha incorporado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a su legislación interna. A inicios de 2008 el Tribunal de Justicia Europeo sostuvo que el artículo 6 del Convenio había sido violado cuando el Magistrado Supremo presidió el Tribunal de Apelaciones durante el procedimiento de una causa en la cual su sobrino y su hermano comparecían como abogados por la defensa [1] . Libertad de expresión e información La Constitución garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa está amparada por los tribunales y la Autoridad para la Radiodifusión, una entidad reguladora que supervisa las emisiones de radio y televisión. Sin embargo, durante el período 2005-2007 periodistas y activistas de los derechos humanos y antirracistas fueron sometidos a hostigamiento por fanáticos de derecha por denunciar el racismo. Como se explicará a continuación, las medidas contra la discriminación tomadas por Malta han merecido críticas. La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) estuvo bajo ataque cuando la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME) cuestionó la exactitud de sus estadísticas. Un informe preparado para la CPME demostró que la ONE había inflado el crecimiento del PBI a 4,14% cuando en realidad era de 1,94%. La CPME también criticó la designación del presidente del organismo de control, la Autoridad de Estadísticas de Malta (AEM), como director de la ONE en enero de 2007. La AEM tiene a su cargo asegurarse del correcto funcionamiento de la ONE, colocando a este funcionario en la posición comprometida de manejar la misma organización a la cual debía supervisar. Religión La Constitución garantiza la libertad de cultos. Aunque el Catolicismo Romano es la religión oficial, numerosos grupos no católicos practican su fe y el Gobierno no exige su registro. Todas las escuelas estatales proporcionan instrucción religiosa católica, pero legalmente los estudiantes pueden optar por no asistir. La comunidad musulmana mantiene su propia escuela. El divorcio y el aborto no están permitidos debido a la fuerte oposición de la Iglesia Católica Romana de Malta. No obstante, el Estado reconoce cualquier divorcio obtenido en el extranjero. Trabajo El mercado laboral continúa adaptándose a la globalización y a la continua privatización de empresas públicas. La reubicación de fábricas redujo drásticamente el empleo en la industria textil, otrora soporte principal del sector manufacturero. En los dos últimos años los despidos causaron un gran cambio en los patrones de empleo. Esta transformación incluye una expansión del empleo en los servicios, industria farmacéutica y tecnología informática, que está compensando las pérdidas de las empresas manufactureras tradicionales. La Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2002, que rige el mercado laboral, incluye disposiciones favorables a la familia. A pesar del acuerdo bastante general entre los actores sociales sobre la necesidad de medidas favorables a la familia como principio, los empleadores temen por la presión que esto podría imponer a la viabilidad económica corporativa. Desafortunadamente, las medidas tendientes a facilitar a los trabajadores un mejor equilibrio trabajo-vida actualmente atañen exclusivamente a los trabajadores de los servicios públicos. El debate sobre esta cuestión pone en evidencia la brecha existente entre retórica y realidad en las relaciones laborales. En enero de 2005 las normas que rigen la licencia por vacaciones fueron enmendadas para suprimir la concesión de un día libre en compensación por un feriado público que caiga en fin de semana. El Sindicato General de Trabajadores se opuso firmemente a la decisión, apelando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En junio de 2006, la OIT recomendó que la enmienda de la legislación debería respetar las cláusulas contenidas en los acuerdos colectivos y por tanto abstenerse de interferir en las negociaciones de los actores sociales. Sin embargo, hasta la fecha (febrero de 2008) el Gobierno ha mantenido su posición original. La Comisión Europea ha exigido a Malta la implementación total de las normas de la UE que prohíben cualquier discriminación en el empleo y la ocupación en razón de religión, convicciones, discapacidad u orientación sexual. La Directiva sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación (2000/78/CE) fue ratificada en 2000 disponiendo un plazo hasta diciembre de 2003 para la adopción de sus disposiciones en la legislación nacional. Las principales áreas problemáticas son las siguientes:
El influjo de un número relativamente elevado de inmigrantes indocumentados de África llena un vacío en el mercado laboral ya que éstos toman empleos no deseados por los malteses. Esta situación, a la larga, puede crear una subclase. Para evitar eso, debería regularizarse su situación mediante permisos de trabajo temporales o registrándolos como trabajadores invitados. En un esfuerzo por promover la participación femenina en el empleo, en 2007 el presupuesto nacional puso en práctica una medida ofreciendo deducciones de impuestos por gastos en los que los individuos incurrieran por servicios de guardería autorizados. Los pagos hechos por el empleador por servicios de cuidado infantil se transformaron en gastos deducibles. Aunque la integración de la perspectiva de género fue introducida oficialmente en Malta a través de la Estrategia Europea de Empleo, un estudio dirigido por el Centro de Estudios Laborales reveló que subsisten obstáculos para la igualdad de oportunidades. Aunque la igualdad de género está amparada por ley, es aún manifiesta la discriminación en varias formas. Por ejemplo, las estrategias de contratación y métodos de selección discriminan a las mujeres. A medida que el énfasis de la globalización en el crecimiento económico y la rentabilidad precipita la volatilidad del mercado y hace menos seguro el mundo laboral, es importante que los líderes malteses consideren el trabajo como un instrumento importante para ganar autoestima y dignidad humana. El trabajo productivo y digno para todos es inseparable del ejercicio de los derechos humanos fundamentales y de la libertad. Violencia doméstica Se ampliaron los derechos de las mujeres por la promulgación de la Ley sobre Violencia Doméstica que entró en vigencia en febrero de 2006, ocho años después de ser presentada por primera vez. Se estableció una Comisión sobre Violencia Doméstica en marzo para proporcionar una mejor protección a las víctimas, y se han enumerado delitos específicos en la legislación sobre violencia doméstica. Las responsabilidades de la Comisión incluyen concientización y desarrollo de estrategias para identificar problemas a fin de prestar mayor protección a las víctimas. Racismo Un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, en inglés) sobre el racismo y la xenofobia [3] ha mezclado palabras de encomio y críticas con respecto a cómo Malta enfrenta y previene la discriminación étnica. Criticó la ausencia tanto de jurisprudencia sobre discriminación étnica (refiriéndose a que los órganos jurisdiccionales no han aplicado, probado o interpretado conceptos clave de legislación antidiscriminatoria sobre discriminación étnica o racial) como de cifras de desempleo de inmigrantes de fuera de la UE. La FRA también hizo notar que no se había aplicado ni una sola sanción ni indemnización alguna había sido otorgada en casos de discriminación étnica en 2006, aunque las leyes y procedimientos estaban en vigor. Por otra parte, la FRA elogió dos programas en curso en 2006, uno que se ocupaba de la concientización cultural y capacitación antirracista de la Fuerza Policial de Malta, y otra que proporciona formación en el trabajo para docentes de ciencias sociales, con especial énfasis en los derechos humanos. En abril de 2007 el Gobierno publicó la Notificación Legal 85 – Disposición sobre la Igualdad de Trato entre las Personas, que refleja la directiva de la UE. La Notificación Legal, en virtud de la Ley de la UE, también extendió el mandato de la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad (CNPI), de asuntos limitados a la igualdad de género a incluir denuncias de discriminación racial o étnica. La notificación legal faculta a la CNPI a estudiar demandas con respecto a protección social, ventajas sociales, educación, vivienda y otros bienes y servicios disponibles al público. El racismo desembozado ha continuado incrementándose en años recientes. Una coalición no gubernamental, la Red Europea contra el Racismo hizo notar que los argumentos en los medios y en Internet eran cada vez más hostiles hacia los inmigrantes, y que los ataques racistas y el discurso discriminatorio iban en aumento. En 2005 los individuos y organizaciones que trabajaban activamente para proteger los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, o denunciaban actitudes racistas y discriminatorias en la sociedad maltesa fueron blanco de incendios premeditados. Aunque la situación actualmente parece estar en calma, un partido político nuevo con tendencias racistas – el Azzjoni Nazzjonali – está disputando las elecciones parlamentarias. Inmigrantes y solicitantes de asilo Malta mantuvo su política de detención automática de inmigrantes irregulares. Al llegar se los mantiene en centros de detención cerrados por hasta 18 meses y son luego transferidos a centros abiertos. La política viola claramente las leyes y normas internacionales sobre derechos humanos. Se detiene a los inmigrantes sin que antes reciban atención sanitaria apropiada, siendo esto un riesgo potencial para la salud de los otros detenidos y del personal del centro de detención. Las ONG y los periodistas todavía tienen denegado el acceso a los centros de detención. Cuatro centros de detención administrativa para solicitantes de asilo e inmigrantes están en condiciones deplorables y no cumplen con las normas internacionales obligatorias. Una delegación del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que visitó cuatro centros de detención en 2005, manifestó que el centro de detención Hal-Safi “era como una jaula”, sin sábanas en las camas, colchones deshechos y sucios, y sin calefacción. Las condiciones de higiene eran intolerables, con duchas rotas, sin agua caliente, excusados sin puertas y en mal estado. En el centro Hal-Far los delegados encontraron una gran cantidad de mosquitos e infestación de roedores, y los baños en condiciones desastrosas. Algunos residentes que habían huido desde la región de Darfur en Sudán dijeron que sus solicitudes de asilo habían sido denegadas debido a que “podrían haberse mudado a áreas más seguras del país”. El Comité informó que el centro Lyster Barracks tenía sólo dos baños en funcionamiento para más de 100 personas, no contaba con provisión de toallas higiénicas para las mujeres, y no había área exterior para tomar aire fresco y hacer ejercicio. Un informe preparado por la ONG francesa Médicos del Mundo [4] (MdM) criticó las condiciones de vida en los superpoblados centros de detención cerrados de Malta como “lesivas” e “incompatibles con un mínimo respeto por los derechos humanos”. Inicialmente se negó el ingreso de los doctores de MdM a los centros cerrados pero finalmente se les permitió la entrada por dos únicos días de visita. Un inmigrante eritreo, el Sr. Berhe, ha entablado una demanda constitucional contra el Administrador Principal de Inmigración y el Ministro de Justicia y Asuntos del Interior, aduciendo una violación de sus derechos humanos debido a los prolongados procedimientos de asilo y condiciones inhumanas de detención, que incluían un centro atestado y falta de servicios higiénicos y médicos y asistencia legal apropiados. Malta ha implementado varias iniciativas recomendadas por delegaciones anteriores de la UE para aliviar el tedio dentro de los centros cerrados y para facilitar condiciones de vida dignas para los detenidos que son liberados en la sociedad maltesa o posiblemente acogidos en un nuevo país. Declarando que ha extralimitado sus recursos, el Gobierno ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que proporcione a Malta la ayuda que necesita para afrontar su problema con los refugiados, que compartan la carga y se creen proyectos de acogida. La UE, que es el verdadero polo de atracción para aquellos que huyen de África, necesita desarrollar una respuesta consistente. La solicitud de asistencia de Malta no debe ser interpretada como una abdicación a sus obligaciones internacionales sino como la expresión de una genuina necesidad de ayuda en el corto plazo. Dicha asistencia no es vista como una solución permanente, que Malta reconoce sólo puede encontrarse dentro del marco de una estrategia a largo plazo que aborde el origen de la emigración desde África. Hemos tenido suficientes declaraciones sobre la migración. Es tiempo de traducirlas en acción. [1] Malta Independent, “El Tribunal Europeo dictamina que Malta ha incumplido el Convenio Europeo”, Malta, 23 de enero de 2008. [2] Maltastar.com team, <www.maltastar.com/pages/msrv/archive/msArchive.asp>. Jueves 31 de enero de 2008. [3] “Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU”, < www.enar-eu.org/en/national/malta/Malta_2006.pdf>. [4] Médecins du Monde <www.jrsmalta.org/MdM2007_Report.pdf>.
|
