Derechos económicos, sociales y culturales: violaciones versus moratoria

Jason Nardi (coordinador de la Coalición Italiana SW) Tommaso Rondinella y Elisabetta Segre (Lunaria) Antonio Tricarico (Campagna Riforma Banca Mondiale) Mariarosa Cutillo (Mani Tese) Elisa Bacciotti (Ucodep) Carmine Annichiarico (Wwf)


Coalición Italiana de Social Watch

No todos los grupos sociales en Italia gozan por igual de los derechos humanos. Los inmigrantes padecen violaciones constantes de sus derechos básicos y la tortura no es penada por la ley en forma explícita. El país carece de marco normativo para combatir la violencia contra la mujer y para prevenir el trabajo y la explotación infantil. Los derechos sociales y comunitarios también preocupan, sobre todo por la xenofobia creciente que se refleja en el reciente cambio de gobierno. A nivel global, si bien se compromete a apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad, Italia no ha fijado una estrategia para promover los derechos humanos

Suministro de servicios sociales

La promoción de los derechos humanos y civiles está ligada, en gran medida, al gasto público para los servicios básicos. En Italia, en comparación con los estándares europeos, hay mucho por mejorar.

En 2004 Italia dedicó 26,1% del PBI a la protección social y beneficios para los ciudadanos. El Cuadro 1 muestra que el gasto en protección social se dedica principalmente a las pensiones a la vejez y viudez (61,3%), así como a los servicios de salud pública (25,9%). Si bien este último gasto es menor que el promedio europeo, el primero es mucho mayor. El elevado gasto en pensiones puede explicarse por el gasto más reducido en beneficios de desempleo (2%), comparado con el promedio de la Unión Europea (6,5%), ya que la compensación por desempleo se basa en políticas de retiro anticipado más que en beneficios de desempleo. La proporción de lo que se gasta en familias, vivienda y exclusión social es de 4,7%, también mucho menor que el promedio europeo. En comparación con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para otros países, la proporción del PBI que se gasta en vivienda es mínima.

CUADRO 1. Gasto público social en Italia

Fuente: Eurostat

La pobreza y el derecho a no ser pobre

La definición de pobreza por lo general se limita a los niveles de ingreso. Aunque se necesita con urgencia una definición más amplia, incluso dentro de la medida estrecha del nivel de ingreso, el derecho a no ser pobre parece estar lejos de cumplirse. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad hay 2,6 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza, lo que representa 13,1% de la población. La situación es especialmente dramática en el sur, en donde el índice de pobreza se eleva a 22,6% y los ingresos promedios de las familias pobres son 20,8% por debajo de la línea de pobreza. Además, un 8,1% adicional de hogares y personas pobres que trabajan están en “riesgo de pobreza”, ya que son vulnerables ante acontecimientos inesperados tales como enfermedades, dependencia de familiares, inestabilidad de empleo o cargas financieras en aumento (como por ejemplo, hipotecas con tasas de interés flexibles).

El riesgo de pobreza para los hogares está ligado a la cantidad de niños. Tener tres hijos aumenta el riesgo de ser pobre a 27,8% (y hasta 42,7% en el sur del país). Formar parte de un hogar con cinco o más miembros aumenta el riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza en 135%. Si bien el Gobierno, en la actualidad, proporciona incentivos a los hogares para que no produzcan hijos, carece de un plan nacional para luchar contra la pobreza, una estrategia que determine los fines y objetivos, así como metas mensurables, prioridades para la acción y estructuras necesarias. Para implementar un plan de tal naturaleza, sería necesario armonizar los diferentes niveles institucionales y las acciones de los diferentes actores sociales, tales como las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, las ONG y los sindicatos.

Los inmigrantes y los derechos humanos

Italia es el único país europeo que carece de una ley coherente con respecto al derecho de asilo. La última reforma legislativa en materia de inmigración, la Ley Bossi-Fini, adoptada por el gobierno de centro derecha, está diseñada para desalentar el acceso migratorio al país. Esta ley prevé la limitación de las libertades personales de los solicitantes de asilo, lo que contraviene totalmente la Constitución italiana y viola el derecho a la defensa legal cuando se niega la condición de refugiado. Son frecuentes las violaciones a los derechos humanos dentro de los Centros de Permanencia Temporaria (CPT), instaurados en 1998 por el Gobierno de centro izquierda del momento. Los CPT son estructuras de detención, en los cuales los extranjeros carentes de permiso legal son detenidos sin acceso a asistencia jurídica, privados de libertad personal y a menudo de asistencia médica. Los procedimientos de deportación sin derecho a defensa legal son frecuentes y han sido censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fallo del Tribunal Europeo en la causa Saadi contra Italia, de febrero de 2008, reafirmó que la prohibición de deportar personas a países en los que corren el riesgo de ser torturadas o maltratadas es absoluta e incondicional.

Han aumentado los ataques a inmigrantes y, en los últimos dos años, han sido especialmente violentos, sea cual fuere el sesgo político del gobierno de turno. Varios actos de “seguridad pública” llevados a cabo por autoridades locales y enfocados sobre todo a inmigrantes y personas pobres han favorecido la violencia. El alcalde de Milán decidió – contraviniendo la Constitución italiana – que no debía otorgarse acceso a las escuelas públicas a los hijos de inmigrantes “ilegales”. El alcalde de Florencia dispuso que se arrestara y se tratara como a criminales a todos los mendigos de los cruces callejeros. En otras ciudades, como Cittadella, cerca de Padua, se exigen pruebas de recepción de un salario mínimo como condición para otorgar la residencia a inmigrantes.

Los derechos de los niños

Italia presentó su último informe acerca de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos en 2006. A continuación, el Comité de la ONU emitió una serie de recomendaciones con relación a los problemas de explotación, violencia contra niños y reforma de la justicia infantil. El artículo 4 de la Convención exige que los firmantes adopten medidas legislativas y administrativas, además de otros tipos de medidas para mejorar la situación de los niños.

Las peores formas de trabajo y explotación infantil en Italia se generan en torno al tráfico, la prostitución y la explotación de niños por parte del crimen organizado. En 2007 el Ministerio de Bienestar lanzó una iniciativa sobre el trabajo infantil con múltiples grupos de interés que seguramente resulte en un marco integral de medidas y políticas, así como en estatutos que todos los grupos de interés involucrados puedan adoptar e implementar. Se ha marcado un compás de espera con relación a este proceso desde el cambio de gobierno a mediados de 2008. La sociedad civil le está solicitando al nuevo gobierno que lo reanude, a fin de no desaprovechar los progresos alcanzados en 2007.

Cooperación internacional para el desarrollo

Aunque Italia se ha comprometido a dar prioridad a la reducción de la pobreza, la igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo del Milenio dentro de sus políticas de asistencia para el desarrollo, la calidad y cantidad de los fondos para el apoyo del acceso universal a la salud, el agua y la educación siguen estando por debajo de los estándares europeos e internacionales. Italia no cumple con la Iniciativa 20/20 – 20% de ayuda bilateral para mejorar el acceso mundial a los servicios básicos para 2020 – ya que entre 2000 y 2006 ha destinado sólo 8,2% a estas metas. En 2007 el país canceló su deuda con el Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria mediante el pago por adelantado de su compromiso para 2008; también forma parte de la Asociación Internacional de Salud (IHP, en inglés) para fortalecer los sistemas nacionales de salud en los países beneficiarios.  Sin embargo, su compromiso hacia iniciativas similares, como la Iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos, sigue siendo débil.

Italia y los derechos humanos internacionales

Al ser uno de los países más avanzados económicamente de la UE, Italia brinda contribuciones significativas a instituciones multilaterales, entre ellas distintas agencias de la ONU e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Al contar con su propio representante en las juntas directivas de estas instituciones, comparte con ellas la responsabilidad de no haber conseguido promocionar una agenda para el desarrollo concreta, basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Aunque los derechos humanos han constituido un tema central en la cultura e historia política del país, la falta de una estrategia única para la acción dentro del sistema multilateral y la fragmentación de iniciativas (a menudo conflictivas) entre los ministerios, conducen a una falta de coherencia entre los objetivos operativos y los compromisos internacionales. Por ejemplo, jamás se menciona el respeto y la promoción de los derechos humanos como elemento central de los objetivos para el desarrollo internacional y entre las prioridades estratégicas de la participación italiana en bancos y fondos multilaterales. Con respecto al apoyo bilateral y de la ONU, la promoción de los derechos humanos y el bien común ha comenzado a emerger, en Italia, en los últimos dos años, pero aún no existe un marco estratégico que pueda dar coherencia a la postura del país en todas estas diversas instituciones.

Moratoria a la pena de muerte

Sin embargo, con respecto a los derechos humanos internacionales, la diplomacia italiana ha logrado una victoria importante en la ONU. El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General votó por inmensa mayoría (104 a 54, con 29 abstenciones) a favor de la resolución presentada por el Gobierno italiano proclamando una moratoria mundial a la pena de muerte. La resolución reclama la suspensión general (no la abolición) de la pena de muerte en todo el mundo. No obstante, por ser una resolución de la Asamblea General, no tendrá efecto vinculante en los Estados Miembros de la ONU. Por lo tanto, los Estados que en la actualidad conservan la pena no serán obligados por la ley internacional a detener su ejecución; de ahora en más sólo estarán bajo fuerte persuasión moral.

Emergencias ambientales

Italia tiene malos antecedentes en la gestión de residuos, en infracción con las directivas de la UE. Algunos casos recientes en la ciudad y provincia de Nápoles han resultado desastrosos en cuanto a la protección del medio ambiente como también de la salud pública. En abril de 2008 el Tribunal Europeo de Justicia censuró a Italia por la tardía e incorrecta aplicación de las directivas de la UE acerca de la prevención de impactos ambientales negativos por causa de vertederos de residuos, entre ellos los predios para residuos peligrosos; uno de los que tiene peor fama es el de Enichem Manfredonia, cerca de Foggia.

La velocidad de consumo de tierras y energía del país ha aumentado en forma constante en los últimos años. Los problemas relacionados con el consumo excesivo y los residuos, así como la mala gestión de residuos, estallaron en 2007, revelando un sistema corrupto que implica al crimen organizado en comunión con políticos regionales y nacionales. En algunas de las zonas más densamente pobladas del país, hace años que los ciudadanos se han visto expuestos a residuos tóxicos, lo que viola el derecho fundamental al goce de un ambiente saludable. Se ha establecido fuera de duda la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional en Europa, ya que el ambiente es esencial para el goce de los derechos humanos fundamentales, según se estipula en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ambos niveles, el derecho al medio ambiente sano se relacionó luego con el derecho a la calidad ambiental y como condición previa para lograr las “condiciones adecuadas de vida” [1] .