El anhelo de paz

Nani Zulminarni
PEKKA (Empoderamiento de Hogares Encabezados por Mujeres)

El Gobierno no ha logrado garantizar un nivel satisfactorio de derechos humanos y sociales básicos. La pobreza se ha convertido en campo fértil para la violencia y el Estado no garantiza el respeto por las minorías religiosas, culturales y sexuales. Tanto los grupos extremistas oportunistas como los políticos intentan sacar provecho de la miseria generalizada provocando formas aún más extremas de intolerancia. Los grupos de la sociedad civil reaccionan dirigiéndose a las entidades gubernamentales y al público en general, abogando por un resurgimiento del pluralismo

Las manifestaciones de estudiantes y de otros muy diversos grupos activistas en contra de las políticas oficialistas se han vuelto espectáculo corriente en casi todas las ciudades principales. Las exigencias comunes son que el gobierno tome medidas para frenar la suba del costo de vida y poner fin a la corrupción generalizada. Las autoridades a menudo reaccionan con golpizas, tiroteos y arrestos. Sin embargo, encarcelar a los manifestantes no puede ocultar la realidad de que la pobreza sigue creciendo. Sólo en 2008, el total de personas que vive por debajo de la línea de pobreza (ingresos menores a USD 1 por día), aumentará a 41,7 millones; el 22% de la población, según estimaciones del Instituto Indonesio de Ciencias. Si el umbral fuera de USD 2 al día, el porcentaje sería el doble.

Petróleo, inflación y pobreza

Desde mediados de 2007 millones de personas en casi todo el archipiélago han estado haciendo cola procurando conseguir algunos de los productos más básicos que necesitan para sobrevivir, entre ellos arroz y aceite para cocinar, además de combustible. El precio del fuel oil refinado (BBM, tipo de fuel oil en Indonesia) ha trepado más del 175% desde 2005, acelerando la inflación general al 12% para mediados de 2008, según estimaciones del Banco Indonesia. Sin embargo, el poder adquisitivo no sigue el mismo ritmo.

El gobierno ha reaccionado a la suba del petróleo aumentando el precio del combustible refinado. La producción de petróleo ha venido disminuyendo desde 2000; el flujo ya ha cambiado de dirección de la exportación a la importación. Para reducir el déficit presupuestario, el gobierno redujo radicalmente los subsidios para el combustible, lanzó un programa para la conversión de fuel oil refinado en gas para cubrir las necesidades hogareñas y redujo los gastos sociales en educación y salud. Estas iniciativas constituyen un golpe bajo para los pobres y han provocado un resentimiento generalizado en contra del gobierno. Cada vez más indonesios sienten la frustración de saber que más del 30% del presupuesto se dedica a pagar la deuda estatal con instituciones financieras internacionales y otras entidades crediticias.

La solución del gobierno ha sido privatizar los servicios básicos. En consecuencia, la calidad de los servicios de educación y salud se ha deteriorado en las comunidades pobres, aumentando la brecha entre éstas y las más ricas. Para solucionar estos problemas el gobierno ha anunciado una Iniciativa Nacional para el Desarrollo de las Comunidades (INDC) con un mandato variado que incluye la ayuda directa en forma monetaria para comunidades pobres, préstamos para pequeñas y medianas empresas y un programa de desarrollo comunitario. Sin embargo, entre los críticos reina el escepticismo, ya que consideran que el sistema para el apoyo social es tan caótico y corrupto y está tan falto de fondos (además de plagado de errores en la recopilación de datos) que es imposible que la INDC sea eficaz.

Los activistas y el presupuesto

Varios grupos de ONG han efectuado enérgicos reclamos de cambios en el presupuesto. La comunidad civil reclama más fondos para los servicios sociales comunitarios; los grupos de mujeres exigen se suministre dinero para garantizar los derechos de género fundamentales en áreas como la salud, sobre todo para disminuir los atroces niveles de mortalidad maternal durante el parto (310 madres cada 100,000 nacimientos).

Las mujeres también reclaman medidas para detener la creciente violencia de género, incluyendo la doméstica; la violencia de todo tipo aumenta a medida que la pobreza destroza el tejido social. Las denuncias de actos violentos contra mujeres han aumentado entre el 9% y el 30% por año, según Komnas Perempuan (Comisión Nacional para Detener la Violencia contra la Mujer). Aunque, en parte, el aumento puede ser el reflejo de una mayor disposición a acudir a las autoridades, también puede indicar que los incidentes violentos estallan a un ritmo aterrador.

Pobreza y violencia basadas en el género

La violencia doméstica, sobre todo los ataques de esposos a esposas, o de padres a hijos, estalla a menudo en épocas de creciente tensión económica. Los adultos, sobre todo los varones, pierden las esperanzas, se sienten abrumados por la sensación de impotencia y es entonces mucho más probable que arremetan contra los miembros débiles o vulnerables de la familia. Ahora que las tasas combinadas de desempleo y subempleo han trepado a más del 39%, hay muchas más familias que viven al límite.

Los esfuerzos de las organizaciones para la mujer de convencer a las entidades del gobierno de tomar medidas han tenido algún efecto. En su informe más reciente, Komnas Perempuan hizo un recuento de la cantidad de medidas oficiales que se han tomado durante la pasada década y citó 11 a nivel nacional, 15 a nivel de distritos y tres a nivel regional. Lamentablemente, la aplicación de estas leyes sigue siendo débil. Además, el sistema descentralizado de gobierno del país ha abierto el camino a la discriminación oficial contra la mujer. Por ejemplo, 27 distritos tienen leyes que exigen que la mujer se vista “de forma adecuada”, lo que habilita al Estado a controlar el cuerpo femenino.

El fracaso en garantizar una sociedad plural

Las leyes básicas garantizan la libertad y la protección de todos los indonesios y el gobierno ha ratificado casi todos los acuerdos internacionales que comprometen a los Estados a proteger los derechos humanos. Sin embargo, la implementación es otra historia. La débil aplicación de la ley y un sistema político inmaduro han fragmentado la sociedad indonesia. Las tensiones aumentan en áreas tales como la religión. Los actos violentos de la secta Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) en los últimos tres años reflejan el fracaso del gobierno para proporcionar seguridad y protección adecuadas a los grupos minoritarios. El gobierno ha reaccionado proscribiendo a la JAI, una medida que viola el compromiso con la libertad de credos a la vez que provoca el resentimiento de grupos de simpatizantes que podrían reaccionar atacando a comunidades que se consideran diferentes.

Durante los últimos cinco años, la cantidad de grupos extremistas que intentan imponer sus creencias por medio de la fuerza ha crecido. A los activistas de derechos humanos comienza a preocuparles que el gobierno, a la larga, pueda condescender con ellos y que grupos marginales como las minorías sexuales puedan sufrir el mismo destino que la JAI.

Campo fértil para la violencia

La creciente brecha entre ricos y pobres abre un peligroso camino para grupos y políticos extremistas. Si las tendencias actuales persisten, los pobres, las comunidades minoritarias y la sociedad en general pueden llegar a pagar un alto precio. Los grupos de derechos humanos y las organizaciones comunitarias, incluyendo las ONG, están respondiendo con esfuerzos para revitalizar el apoyo indonesio al pluralismo y al respeto a los derechos humanos fundamentales. Entre sus actividades se destacan programas para la educación pública y campañas para convencer al gobierno de que debe encontrar formas de superar los múltiples desafíos a los que se enfrentan el Estado y el país.

Coordinadora nacional de PEKKA (Empoderamiento de Hogares Encabezados por Mujeres) y junta asesora de PPSW (Centro para el Desarrollo de Recursos para la Mujer)