Retos pendientes

Ada Colau Isabel Kreisler Pablo J. Martínez Osés
Observatori DESC Barcelona Intermon Oxfam Plataforma 2015 y más

El Estado español debe, en lo interno, reorientar políticas hacia la protección de los derechos de la población inmigrante y el derecho a la vivienda. Mientras el derecho al asilo se encuentra en crisis, y los derechos económicos, culturales y sociales de los inmigrantes no se ven respetados, la política de vivienda, supeditada al crecimiento económico en vez de a satisfacer necesidades de la población, carece de los controles suficientes. En lo exterior, España debe hacerse oír con mayor fuerza en los foros internacionales

El presente informe, que recoge de forma sintetizada aportes de diferentes organizaciones sociales [1] , se divide en dos apartados relativos a la situación en España (y la imprescindible redirección de políticas para atender los derechos de la población inmigrante y la vivienda), y el papel del país en la promoción internacional de los derechos humanos.

Externalización de inmigrantes

La sistemática vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo primer artículo establece el derecho de los pueblos al desarrollo económico, social y cultural, así como a disponer libremente de sus recursos naturales, es la razón para la llegada de 600 mil inmigrantes anuales.

Sin embargo, los esfuerzos de la Unión Europea (UE), y con ella del Estado español, se han dirigido a agilizar la repatriación con métodos no siempre atentos a derecho. Si la Alta Comisionada Adjunta para los Refugiados de la ONU, Erika Feller, declaró, en visita a Canarias, que el uso de flotas nacionales y europeas para controlar la inmigración irregular debía tener como principal objetivo que las personas rescatadas fueran llevadas a “lugares seguros”, y no forzarlas a regresar a sus respectivos puntos de partida, la medida “histórica” de la UE, liderada por España, fue la construcción de centros de detención en terceros países, dando lugar al proceso de externalización de las políticas de inmigración y asilo.

Con fondos europeos, 35 ingenieros españoles habilitaron en abril de 2006 una “cárcel” para inmigrantes en Nuadibú, Mauritania, para 250 personas. El Gobierno español ha previsto la construcción o habilitación de nuevas “cárceles” en Mauritania y Senegal. Esta externalización, ocreación de centros de internamiento en el extranjero, al dar control del proceso migratorio a países con severo déficit en el cumplimiento de derechos humanos, supone numerosas violaciones de derechos humanos.

Crisis del derecho al asilo

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que dependen del Ministerio del Interior, son una de las expresiones más evidentes del carácter sancionador e intimidatorio de la legislación de extranjería. En estos centros, cuyo marco legal no les concede carácter penitenciario, son internados, a la espera de que culmine el procedimiento de expulsión que se les ha iniciado, aquellos extranjeros carentes de documentación para residir en el país e interceptados por la Policía.

Pero, contra la regulación, los Centros mantienen su carácter prácticamente penitenciario y persisten los problemas de acceso y de visita para familiares y letrados, las pésimas condiciones vitales y la falta de información a los internos (al cierre de este informe, cinco internados mantienen una huelga de hambre en reivindicación de sus derechos).

El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de 2007 recoge en detalle las dificultades para el asesoramiento y la asistencia, lo que de hecho supone impedimentos para ejercer el derecho de asilo. Esta orientación de las políticas migratorias revela una crisis del derecho de asilo, no sólo en las grandes cifras, sino también por el acceso al mismo y el respeto a las garantías que lo dotan de contenido.

CEAR y otras organizaciones sociales siguen recogiendo testimonios que denuncian una defectuosa asistencia jurídica e incluso expulsiones a países de los que no son originarios. Así, a muchos africanos francófonos se les envía a Senegal y a otros anglófonos a Nigeria (países con los que existen acuerdos de expulsión de sus ciudadanos), como ha denunciado en varias ocasiones Médicos sin Fronteras.

Discriminación contra migrantes

La población inmigrante sufre discriminaciones y vulneraciones en sus derechos también en las dificultades para encontrar un alojamiento adecuado, debido a la inseguridad jurídica de la mayoría y los elevados costes. Estas dificultades incrementan la dependencia de los recursos del sistema de acogida, cada vez más saturado, y crean las condiciones para el surgimiento de guetos en la mayoría de las ciudades.

A pesar de los avances legales de los últimos años, que han facilitado las autorizaciones de trabajo, el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad para los inmigrantes aún presenta obstáculos: determinadas ocupaciones, más duras y peor retribuidas por lo general, están siendo reservadas para los extranjeros, condenados así a formar parte de los estratos sociales más bajos.

Por su parte, las mujeres inmigrantes tienen aún mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo o mantener su ocupación laboral, lo que llega a constituir una triple discriminación (por su condición de mujeres, inmigrantes y trabajadoras) y se ven relegadas, en especial, al servicio doméstico. La discriminación en el empleo ha demostrado ser muy difícil de erradicar. En numerosas ocasiones, trabajadores extranjeros denuncian haber sido objeto de discriminación, aunque las dificultades probatorias, la indiferencia de las autoridades o la ausencia de mecanismos efectivos facilitan que estos abusos queden impunes.

Derecho a la vivienda: un reto pendiente

En marzo de 2008, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, presentó el informe de su misión oficial ante la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertando sobre la grave crisis que sufre España e instando al Gobierno a intervenir de forma más rigurosa para regular el mercado del suelo y la vivienda.

Los Tratados internacionales suelen vincular el carácter “adecuado” de la vivienda a su carácter “asequible”. Instituciones como la ONU han recordado que nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Sin embargo, en España se sobrepasa en gran medida ese porcentaje, especialmente en colectivos más vulnerables: personas mayores, jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En términos generales, puede decirse que las políticas habitacionales españolas de las últimas décadas se han caracterizado básicamente por:

• El impulso de la propiedad privada como régimen mayoritario de tenencia, a través de políticas de desgravación fiscal por la compra. En Europa, la forma más asequible ha sido la vivienda social en alquiler. En España este tipo de vivienda no llega al 2% del total.


• El fomento continuo e indiscriminado de la construcción privada de viviendas, con independencia de su uso, localización o capacidad para satisfacer necesidades residenciales básicas. España ha producido en los últimos años el 40% de todas las viviendas levantadas en la UE, mientras que a finales de 2007 el Ministerio de Vivienda calculaba que más del 30% no cumple la función de primera vivienda (pisos vacíos o segunda vivienda). Además, se ha generado un modelo urbanístico ecológicamente insostenible, que implica la destrucción de espacios verdes, incrementa las necesidades de desplazamientos – desde las nuevas zonas residenciales hasta los centros de empleo – y por tanto aumenta la necesidad de infraestructuras – como carreteras – y servicios como agua y electricidad.

Este escenario ha introducido factores más o menos permanentes de vulneración del derecho a una vivienda adecuada, de los que destacan la falta de vivienda social y la ausencia de controles suficientes sobre el mercado y el derecho de propiedad privada:

• Escasa vivienda social asequible. El tipo de vivienda públicamente intervenida más frecuente es la llamada vivienda de protección oficial (VPO). Sin embargo este régimen no sólo es insuficiente – supone un 8% del total de la construcción de vivienda – sino que ha sido usado más para dinamizar el sector de la construcción que para garantizar el derecho a la vivienda. Prueba de ello es que se basa en la oferta de obra nueva en lugar de la rehabilitación, que prioriza la vivienda en propiedad (las viviendas protegidas de alquiler no llegan al 2%) y que el régimen de protección es reversible, durando sólo 30 años en la mayoría de los casos. Además, los precios, a pesar de ser inferiores a los de mercado, son excesivos para los colectivos más vulnerables.


• Ausencia de controles adecuados sobre el mercado y el derecho de propiedad. La ausencia de una intervención pública que tutelara los derechos habitacionales de la población se ha traducido en diferentes fenómenos:
  
  
  1. Aumento del precio de compra. Entre 1995 y 2007, el precio de las viviendas se incrementó 202% y los salarios 30%. Conjuntamente aumentaron los créditos hipotecarios y sus intereses. La hipoteca media pasó de EUR 98.700 en 2003 a EUR 147.268 en marzo de 2007. En este contexto, el nivel de endeudamiento de los hogares, según datos del Banco de España, alcanzó EUR 796.420 millones, el 84,5% del PBI.
  
  
  2. Aumento del precio de alquiler. Los alquileres experimentaron también una importante subida de precios, muy por encima de la evolución del índice de precios al consumo. La actual Ley de Arrendamientos Urbanos establece un período de duración de los contratos de cinco años. Cumplido el lustro, el propietario puede no renovar el contrato o aumentar de forma indiscriminada el precio. Estas condiciones, sumadas a la ausencia de vivienda genuinamente social, exponen a muchos inquilinos al desalojo o directamente a la falta de hogar.
  
  

El hecho de que la vivienda haya dejado de ser un bien de uso para consolidarse como bien de inversión para el capital nacional e internacional, ha generado altos índices de especulación, corrupción y acoso inmobiliario.

Cambio de ciclo: crisis económica y nuevas actuaciones

A mediados de 2007 la demanda de vivienda libre empezó a dar síntomas de desaceleración. En 2008, a la saturación del mercado inmobiliario se ha sumado la crisis financiera internacional. En este contexto, el Gobierno ha anunciado una serie de actuaciones en materia de vivienda.

En primer lugar, medidas para impulsar el alquiler. Por un lado, ayudas monetarias a jóvenes de hasta 30 años, que son insuficientes y dejan fuera a otros grupos vulnerables, como la gente mayor o la población inmigrada, además de establecer requisitos de difícil cumplimiento.

Por otro lado, el Gobierno ha asumido que los propietarios de los más de 3 millones de viviendas vacías no las alquilan por miedo a la morosidad, a pesar de que los datos oficiales señalan que la misma no llega al 2%. Así se modificó el Plan Estatal de Vivienda para permitir la obtención de hasta EUR 6.000 por vivienda vacía con el único requisito de que se alquile. Esta prestación, no sujeta al cumplimiento de deberes como la rehabilitación, constituye una forma de subvencionar a sectores no prioritarios, y “premia” el abandono de bienes inmuebles.

Finalmente, las ayudas programadas relativas al alquiler se han acompañado de la agilización del proceso de desahucio. La introducción del “desalojo express” significa la creación de juzgados específicos y, en general, una reducción de las garantías procesales del inquilino.

Además, la construcción de 1,5 millones de nuevas VPO mayoritariamente en régimen de propiedad y en nuevos desarrollos urbanos. La existencia de vivienda social debe orientarse a la movilización de la vivienda vacía, la rehabilitación y la búsqueda de nuevas formas de tenencia que garanticen seguridad y gastos soportables, el alquiler social, la cesión de uso o el usufructo. De otra forma, la política de vivienda seguirá supeditada al crecimiento económico, antes que a la satisfacción de las necesidades de vivienda de la población.

La reforma de la ley hipotecaria, aprobada en diciembre de 2007, establece medidas para hacer frente a posibles turbulencias financieras. Sin embargo, el grueso está dirigido a facilitar instrumentos a los bancos y cajas ante posibles crisis financieras, y no a solventar el endeudamiento de las familias.

En conclusión, el núcleo duro de las respuestas estatales a la crisis habitacional se caracteriza por las ayudas a promotores, propietarios y entidades de crédito. La política de vivienda sigue sin establecer controles suficientes sobre el mercado inmobiliario y financiero, ni sobre los usos antisociales del derecho de propiedad como el abandono de inmuebles, el incumplimiento del deber de rehabilitación, y el acoso inmobiliario. De esta forma, sin perjuicio de algunas reformas garantistas, las medidas adoptadas no responden a la situación de crisis habitacional generada por la ausencia de vivienda asequible.

La promoción de los derechos humanos en el ámbito multilateral

Un “multilateralismo activo, selectivo y estratégico” ha sido, desde 2004, objetivo prioritario de la cooperación española. En 2006 la ayuda multilateral española creció 47%: a efectos financieros es innegable que el país ha hecho efectiva la apuesta por el sistema multilateral, especialmente por el sistema de la ONU. El Fondo para el impulso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que España estableció junto al PNUD y al que destinó cerca de USD 700 millones es prueba de ello, aunque queda aún pendiente asegurar su sostenibilidad financiera. También ha sido significativo el incremento de las aportaciones españolas al Fondo de Emergencias de la ONU que pretende asegurar la capacidad de respuesta de la comunidad internacional ante situaciones de crisis humanitarias. España ha comprometido para 2008 una contribución de EUR 20 millones, lo que significa un aumento del 30% respecto al año anterior y le convierte en el sexto contribuyente más importante al fondo.

Sin embargo, la presencia en la esfera internacional debe hacerse notar más allá de los términos financieros. España tiene un papel que jugar en la promoción de derechos y desarrollo humano en el ámbito multilateral. De hecho, aunque aún queda un largo camino por recorrer, es justo reconocer que en 2007 la voz del Gobierno español se hizo notar en uno de los aspectos relevantes a la promoción de los derechos humanos: la negociación, en el seno de la ONU, del Tratado Internacional para el Control del Comercio de Armas.

En 2006, la Asamblea de la ONU votó a favor de la elaboración de un Tratado Internacional para el Control del Comercio de Armas. Durante 2007 el Parlamento español aprobó una Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, referida al control del comercio de armas, que incluye una disposición instando al Gobierno a mantener una posición activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas “eficaz y jurídicamente vinculante” en su calidad de miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU. Con este proceso, el Gobierno está demostrando que el país puede estar a la altura de los retos de la promoción del desarrollo y los derechos humanos a nivel internacional, aunque será preciso esperar a la aplicación de la Ley para valorarla ajustadamente.

Es imprescindible que España se haga oír con mayor intensidad en los foros internacionales donde, durante los próximos años, se van a dirimir cuestiones tan relevantes para el desarrollo social y los derechos humanos como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o la puesta en práctica del principio de la Responsabilidad de Proteger. Quien tiene el poder de priorizar estos objetivos en la agenda internacional, también tiene el deber de hacerlo.