Derechos económicos y sociales: no hay voluntad política

Claudia Hernández Armando Pérez
Social Watch El Salvador

En este país, que padece un proceso crítico de desigualdad en la distribución y concentración de la riqueza, la pobreza alcanza a más de un tercio de la población. Las remesas mantienen a flote la economía, infructuosamente concentrada en la inversión extranjera. Dada la existencia de recursos para superar la situación de pobreza y la ausencia de voluntad política, Naciones Unidas ha realizado numerosas recomendaciones al Gobierno para que ponga fin a su incumplimiento con los derechos económicos, sociales y culturales de los salvadoreños

El Salvador se encuentra actualmente en un proceso crítico de desigualdad en la distribución y concentración de la riqueza. Aunque el PBI per cápita para 2007 fue de USD 2.867, [1] la pobreza alcanza a más de un tercio de la población. Esto, no por falta de riqueza, sino por la alta concentración de la misma. Por su parte, el índice Gini coloca a El Salvador dentro del 20% de países con mayor inequidad en la distribución de la riqueza, con un 0,54. El promedio mundial es de 0,40 y el de América Latina de 0,41. Según el mapa de pobreza elaborado por el Gobierno, de los 262 municipios del país, 32 se encuentran en situación de pobreza extrema severa y están localizados en 10 de los 14 departamentos del territorio nacional [2] . En estos municipios existe una tasa de pobreza promedio que alcanza al 49,9% de hogares. Además, un total de 68 municipios han sido clasificados en situación de pobreza extrema alta [3] .

En 2004, el informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer concluía: “La consolidación de la democracia en el país se ve obstaculizada por la falta de justicia y seguridad. La resistencia de diversos interesados directos retrasa especialmente el cambio, ya que una pequeña élite sigue controlando la riqueza y los recursos e influyendo sobre las fuerzas de seguridad, los políticos y el poder judicial. Esta situación es un obstáculo para la creación de una sociedad justa y no excluyente.” [4]

Para 1995, de todo lo que se producía en las empresas del país, el 66% se quedaba en manos de los empresarios bajo forma de ganancia y el 34% representaba el salario de los trabajadores. Diez años después, la desigualdad aumentó: las ganancias eran de 75% y los salarios de 25%. Esto quiere decir que 113 mil empresarios se quedan con 75% de lo que producen 2.591.000 personas trabajadoras [5] .

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las desigualdades económicas y sociales, cuyo impacto negativo se vive con mayor fuerza por niñas y niños, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y población indígena. Esta última ni siquiera está reconocida en los censos nacionales y el Gobierno declara que la sociedad salvadoreña es étnicamente homogénea, pese a la existencia de pueblos indígenas como nahua-pipil, lencas y cacaoteras.

Un ejemplo de la desatención hacia los derechos económicos, sociales y culturales de buena parte de la población es la deficiente prestación de servicios de salud: cronicidad de enfermedades prevenibles como diarreas y dengue, que de año a año se convierten en epidemias letales y altamente vinculadas a condiciones de pobreza; escasez de medicamentos y crecimiento de casos de VIH/SIDA. A esto se suma la falta de voluntad para rehabilitar los hospitales públicos, pese a que desde 2005 se cuenta con préstamos aprobados para tal fin.

Déficit comercial y remesas

La economía se ha caracterizado en los últimos años por estar prácticamente en recesión, creciendo un promedio de 2% desde 2002 a 2006, porcentaje que fue superado en 2006 y 2007, cuando el Gobierno reportó un crecimiento promedio de 4,2% y 4,7% respectivamente, cifras que no se reflejan en la economía cotidiana de los sectores más pobres. Lejos de crecer, el poder adquisitivo ha disminuido. Un salario mínimo del sector rural (USD 85,80) no logra cubrir la canasta básica de alimentos, cuyo costo es de USD 118,80. El salario mínimo para el sector maquila (USD 162) apenas logra cubrir la canasta básica de alimentos, que para el sector urbano cuesta USD 159,90, quedando USD 2,10 para otras necesidades que incluyen servicios como electricidad, salud, transporte, agua, vivienda y educación.

La situación económica de la población afecta directamente el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales y contribuye a elevar el flujo migratorio en busca de mejores condiciones de vida. Según el PNUD, en promedio, 700 salvadoreños de ambos sexos emigran diariamente. A falta de una política social que distribuya la riqueza del país equitativamente y de un incremento sostenido y sostenible del gasto social, las remesas mantienen a flote la economía del país y garantizan a muchas familias el acceso a servicios de vivienda, educación y alimentación.

El Gobierno enfoca su estrategia económica en la atracción de inversión extranjera, pese a que, luego de dos años de entrado en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, las cifras son desalentadoras y muestran beneficios exclusivamente a sectores no productivos, como el importador, la banca y los servicios [6] .

Según un estudio del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), a dos años de implementado el TLC, el déficit comercial sigue en ascenso; durante 2007 experimentó un crecimiento de 18,5% respecto de 2006. Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) redujo su ritmo de crecimiento. De 2004 a 2005 había crecido en USD 424 millones, lo que representa una tasa de 14%, mientras que de 2005 a 2006 sólo aumentó en USD 245 millones, es decir, una tasa de 7% [7] . Los sectores más perjudicados con el TLC han sido el maquila y el agrícola. La maquila tuvo un crecimiento de 2,1% en 2006, pero en 2007 fue de 1,4%. Sin embargo, las exportaciones de maquila se redujeron en 1% respecto de 2005.

En el caso del sector agrícola, las exportaciones han caído en 3%, mientras las importaciones se han duplicado. A inicios de 2008, estaban ingresando al país 40 mil toneladas de maíz blanco y 70 mil toneladas de arroz, llevando al país hacia la pérdida de su soberanía productiva. A esto se suma el “éxito” de la exportación del etanol, que ha contribuido al alza de precios de los granos básicos, dada la presión del cultivo de caña de azúcar en las fronteras agrícolas de maíz, arroz y frijoles. Todo esto profundiza la dependencia económica del país, principalmente de Estados Unidos, en detrimento de la capacidad productiva nacional. Hay que agregar que el TLC con Estados Unidos ha aumentado y facilitado la violación de los derechos laborales. Por ejemplo, las empresas de maquila realizan despidos injustificados y masivos, se declaran en quiebra y se van del país sin pagar indemnizaciones y prestaciones que descontaron a sus trabajadoras.

Evasión fiscal y corrupción

Al bajo crecimiento económico se suma la incapacidad gubernamental para combatir eficientemente la evasión fiscal y la corrupción pública, mecanismos a través de los cuales se roba al Estado de los recursos necesarios para la inversión social que garanticen a la población el acceso a servicios fundamentales como salud, educación, vivienda y agua potable, sin tener que recurrir a endeudamiento. De hecho, para implementar el programa gubernamental Red Solidaria, que es parte de la estrategia oficial para combatir la pobreza, se recurrió a un préstamo del Banco Mundial, por un monto de USD 21 millones en 2005.

El Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza en El Salvador (GCAP-ES) presentó en noviembre de 2007 un estudio sobre la evasión fiscal y la corrupción que plantea que el monto de la evasión fiscal de la gran empresa durante 2006 fue de USD 2.580 millones. Por su parte, el Presupuesto Nacional de 2007 fue de USD 2.944 millones [8] . Para GCAP-ES, si se toma en consideración la evasión de impuestos de los últimos 18 años (con el mismo partido político en el gobierno), el monto supera los USD 25 mil millones. Con ese dinero, el Gobierno no tendría la actual deuda, cuyo pago es equivalente al 25% de sus gastos.

La suma del monto de corrupción pública que se ha calculado para los últimos 18 años es de USD 1.206 millones. Si le sumamos la evasión de 2006 (USD 2.580 millones), tendríamos un monto de USD 3.786 millones sustraídos al erario público. Con esa cifra, el Gobierno podría eliminar sus problemas financieros y cancelar buena parte de su deuda interna y externa.

Con USD 2.580 millones se podría duplicar la inversión en salud, educación, obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano, invertir en protección del medio ambiente y reactivar el sector agropecuario. Haciendo esta inversión, el Gobierno aún contaría con USD 1.131 millones para construir 113 mil viviendas de USD 10 mil, anualmente. De esta forma, en ocho años se podría erradicar el déficit de vivienda, que ronda las 537 mil unidades. Si tomamos en cuenta que año con año aumentarían los recursos que ingresan a las arcas del Estado, en poco tiempo se podría eliminar el analfabetismo y la mortalidad infantil.

Se necesita voluntad política

En base a lo anterior, Social Watch en El Salvador hace suyas las más de 65 recomendaciones que diferentes instancias de la ONU han hecho al Estado salvadoreño, frente a su incumplimiento para con los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo por contar el país con recursos para enfrentar la situación de pobreza que se vive en el mismo; lo que hace falta es voluntad política para hacerlo. Entre estas recomendaciones destacamos:

Comité de Derechos Económicos y Sociales

• Que tome las medidas necesarias para reducir la pobreza y que mejore sus estrategias de desarrollo social, incluyendo medidas de coordinación entre las diferentes instituciones, y de evaluación que permitan conocer el impacto de los planes e identificar sus deficiencias.


• Qué evalúe el impacto del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1º de marzo de 2006, en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular de los sectores más vulnerables, y que adopte las medidas paliativas que correspondan. El Comité también recomienda que considere la posibilidad de restablecer el Foro para la Concertación Económica y Social [9] , teniendo en cuenta sus principios inspiradores.


• Que tome las medidas necesarias para alentar a la población a permanecer en el país, a través de la creación de empleos y el pago de salarios justos.


• Consolidar un sistema nacional de salud, basado en la equidad y la accesibilidad, conforme el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantizando los servicios de salud esenciales para toda la población, en particular para los grupos en situación de vulnerabilidad, a través del incremento del presupuesto asignado para tal propósito.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

• Preocupa al Comité el elevado nivel de pobreza entre las mujeres, en especial las mujeres rurales e indígenas.


• El Comité nota con especial preocupación las precarias condiciones laborales de las mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras, donde con frecuencia se violan sus derechos humanos, en especial lo relativo a las medidas de seguridad e higiene.


• El Comité observa una insuficiencia de datos desagregados por sexo en los informes presentados, así como insuficiente información acerca de las mujeres indígenas.


• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial


• El Comité observa preocupado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas respecto del disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular en cuanto a la tenencia de la tierra y el acceso al agua potable.