A la economía le va bien, el país sigue mal

Corporación Región

A 60 años de la Declaración Universal, para la mayoría de los colombianos los derechos humanos son aún conquistas por alcanzar. En el período reciente se ha implementado un régimen en el cual hay crecimiento económico y garantías para la inversión, pero nula distribución de la riqueza y escasa garantía de los derechos de la población en su totalidad. En tanto el conflicto armado sigue provocando constantes violaciones a los derechos humanos, se han intensificado las movilizaciones sociales de los diversos sectores del país

Quizá la característica más clara y visible del modelo económico son las enormes desigualdades que produce, tanto entre los sectores ricos y pobres de la población, como entre los territorios. Según la Alianza por la Equidad [1] , “más de la mitad de la población de Antioquia es pobre. Alrededor de un millón de antioqueños y antioqueñas viven en situación de miseria. Y aún más preocupante, el 80% de la población por fuera del Valle de Aburra se encuentra en condiciones de pobreza o miseria.” Hay regiones y grupos con los más altos índices de calidad de vida, mientras otros presentan situaciones peores que las de los más pobres países africanos.

El 7 de agosto de 2002 asumió como presidente Álvaro Uribe Vélez, estableciendo como política gubernamental “la seguridad democrática”, con el objetivo de “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común.” [2] En 2006, y luego de una controvertida reforma constitucional [3] que permite la reelección inmediata, Uribe fue nuevamente elegido para regir los destinos del país.

La política social en los dos períodos de la administración Uribe se centra en dos estrategias: seguridad y crecimiento económico. Para el período 2002-2007, el crecimiento económico pasó de 1,9% a 7,5% y la tasa de inversión de 12% a 28,5%. Esto, sin embargo, no implica redistribución de la riqueza. Según el Balance General del Departamento Nacional de Planeación, en el cuatrienio 2002-2006 se redujo la desigualdad bajo la medición del coeficiente de Gini, pasando de 0,58 a 0,54; para otros [4] el coeficiente de Gini viene subiendo de manera permanente hasta llegar en la actualidad a 0,58. La pobreza registró el nivel más bajo de las dos últimas décadas (45,1%), al tiempo que la pobreza extrema se ubicó en 12%. El 27,6% [5] de los colombianos tiene necesidades básicas insatisfechas, 10,4% vive en viviendas inadecuadas, 11% vive en hacinamiento crítico y los servicios públicos son inadecuados para 7,4% de los hogares. Este cuadro se explica en parte porque el gasto público social, como porcentaje del PBI, aumentó de 14,27% en 2003 a 16,42% en 2007. De todos modos, en 2003 se incumplió la norma que prohíbe disminuir porcentualmente el presupuesto de inversión con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones, al reducirse en 1,6% en comparación con 2002.

Presupuesto y servicios básicos

La programación del presupuesto para 2008 destina 48% de los recursos a la política de reducción de la pobreza; 20% a la de defensa y seguridad democrática; 17% a la de sostenibilidad del crecimiento y 15% para la gestión ambiental, mejor Estado y dimensiones especiales del desarrollo. Por sectores, protección social tiene una asignación de COP 5.1 billones (USD 2.932,87 millones) (24%), de los cuales COP 682.793 millones (USD 392,65 millones) se destinaron para el régimen subsidiado en salud; para educación COP 857.849 millones (USD 493,33 millones); para acción social COP 1,6 billones (USD 920,12 millones) (7,7%), de los cuales COP 211.476 millones (USD 121,61 millones) fueron para atención a la población desplazada; para vivienda y medio ambiente COP 843.619 millones (USD 485,14 millones), de los cuales COP 407.669 millones (USD 234,44 millones) fueron para subsidios de vivienda; para cultura deporte y recreación COP 220.442 millones (USD 126,77 millones).

Mientras el presupuesto se dispone de esta manera, los números muestran que, para 2008, el valor de la canasta familiar es de COP 898.346,19 (USD 516,61). Si se toma en consideración el salario mínimo legal, se concluye que se requeriría de 1,94 salarios mínimos para tener acceso a ella: dos personas trabajando por hogar. El 35% de los asalariados del sector formal devengan un salario mínimo legal [6] .

Si bien han habido mejoras en algunas áreas, éstas distan de satisfacer las necesidades de la población. Así, en los últimos años la atención del Gobierno en materia educativa se ha centrado en el aumento de cobertura y en eficiencia y calidad. En el primero de estos rubros se lograron grandes avances en el nivel de educación básica: una cobertura bruta de 90% y una tasa de deserción de 5,8% para 2006. Pero en calidad el resultado es pobre: el porcentaje de instituciones oficiales clasificadas en categoría de desempeño alto en las pruebas de Estado del ICFES [7] pasó de 7,6% en 2002 a 24,09% en 2006; por su parte las instituciones oficiales clasificadas en categoría de desempeño superior y muy superior pasaron de 1,5% a 7,59%.

También ha habido mayor cobertura en el área de la salud. Entre 2002 y 2007 la cobertura de la población del nivel 1 y 2 del SISBEN [8] se incrementó de 374.821 a 1.693.207 afiliados al régimen subsidiado, con una meta para 2010 de 8.729.965 (19,39%). En cuanto a servicios públicos y saneamiento básico, la cobertura de acueducto es de 88,32% en el cuatrienio y la de alcantarillado de 74,1%. En el diagnóstico sobre la calidad del agua presentado por la Defensoría del Pueblo en 2006, se afirma que 801 municipios no se surten de agua apta para el consumo humano; es decir, más de 13 millones de colombianos consumen agua insalubre. En este sentido, la Defensoría llama la atención sobre el “incumplimiento en las obligaciones del Estado en los tres elementos que se deben tener en cuenta para garantizar el suministro de agua, de conformidad con el derecho humano al agua que son: i) la disponibilidad; ii) la accesibilidad física y económica, la no discriminación y el acceso a la información; iii) la calidad.” [9]

Amenaza y violación a los derechos humanos

Según el informe de la Defensoría del Pueblo 2007 [10] , los derechos más afectados de acuerdo a las quejas registradas son, en su orden, el derecho a la salud (negación de la prestación del servicio de salud, deficiente e inoportuna atención médico-asistencial y no pago de los aportes al sistema de salud); derecho de petición (no resolver la petición, no responder en los términos señalados por la ley, inobservancia de procedimientos en la ley o reglamentos); el derecho a la vida (amenazas de muerte, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, homicidios múltiples); el derecho a la integridad personal (trato cruel, inhumano o degradante, torturas) y los derechos de los desplazados (negación de atención humanitaria de emergencia en alimentación, elementos de hábitat interno y salubridad pública, irregularidades en el proceso de inscripción de las personas desplazadas por la violencia, negación de la atención humanitaria de emergencia en alojamiento transitorio).

Conflicto armado y desplazamiento forzado

En la última década, con la agudización del conflicto armado, se han visto vulnerados los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los/as colombianos/as. Crímenes de lesa humanidad, masacres, torturas, retenciones, desapariciones forzadas, persecución política y desplazamiento forzado, cometidos tanto por guerrillas como por paramilitares y miembros de la fuerza pública, que han dejado un número de víctimas sin precedentes en la historia reciente del país. Sistemáticamente y en forma masiva estas prácticas afectan con mayor gravedad a mujeres, ancianos, niños, niñas, campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Según cifras del Gobierno Nacional (Acción Social) hasta el 6 de agosto de 2007 había registradas en el Sistema de Población Desplazada 2.148.008 personas, de las cuales 66% son mujeres, niños y niñas. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre 1985 y 2007 se desplazaron más de cuatro millones de personas. La Encuesta Nacional de verificación de los derechos de la población desplazada [11] establece que 3,7% de la población desplazada se auto-reconoce como indígena; 21,2% como negra o afrocolombiana. El 45,2% de hogares desplazados cuenta con jefatura femenina, 54,8% con jefatura masculina y 78,8% corresponde a una jefatura única (mujeres cabeza de familia). En general, la mayoría de las personas desplazadas son mujeres, niñas y adolescentes.

En este contexto de permanente vulneración de los derechos, gracias a la movilización de la población desplazada y la continua presión de organizaciones sociales y de la sociedad civil, se consiguió, mediante la interposición de un mecanismo de protección (acción de tutela), que la Corte Constitucional emitiera la sentencia T-025 de 2004, en la que insta al Gobierno Nacional a eliminar todo obstáculo que impida el goce y disfrute de los derechos humanos de la población en condición de desplazamiento forzado, con una temporalidad determinada. La Corte ratifica que no se han realizado los esfuerzos presupuestales necesarios, tanto nacionales como territoriales, y que hay imperiosa necesidad de reafirmar el enfoque de derechos humanos en la consolidación de las políticas públicas.

Si bien con el fallo se han dado avances en los compromisos financieros e institucionales por parte del Estado y se han abierto espacios para la participación de la población en la formulación de las políticas, el seguimiento que ha hecho la Corte Constitucional y las instituciones sociales revela una gran distancia entre los mandatos judiciales y las acciones gubernamentales.

El informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (enero de 2008) establece que, de la población incluida en el Registro Único de Población Desplazada, sólo 19,3% ha recibido la ayuda inmediata, y se aclara que se dio un retroceso en la prestación de la ayuda humanitaria de emergencia en comparación con años anteriores.

La política agraria [12] (Estatuto Rural – Ley de agro ingreso seguro) del actual gobierno no protege las formas tradicionales de producción en el campo (indígenas, campesinos, afrodescendientes) y no promueve la desconcentración de la tierra ni la protección de los bienes de la población desarraigada. Del mismo modo puede asegurarse que con la implementación de la ley de Justicia y Paz 975 de 2005 no se ha garantizado la reparación integral a las víctimas del conflicto armado [13] .

Las políticas hasta ahora implementadas han carecido de un enfoque diferencial como lo señala el octavo informe de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Según el informe, “la formulación de la política de atención al desplazamiento forzado contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo implica una visión regresiva respecto de la protección y reparación de los derechos de las mujeres víctimas. El Plan Nacional de Desarrollo establece un enfoque “familiarista” como guía de la atención, desconociendo la obligación de brindar protección especial y diferenciada de acuerdo a las características particulares de las víctimas del desplazamiento forzado y, más grave aún, ignorando las ordenes de la Corte Constitucional relativas a ‘que la política pública de atención al desplazamiento se formule con observancia del criterio de especificidad que se deriva del mandato de garantizar los derechos de los sujetos especialmente vulnerables’.” [14]

En general, la situación de la población femenina sigue siendo altamente vulnerable. Sus condiciones socioeconómicas no permiten el desarrollo de sus capacidades y la brecha con respecto a las oportunidades laborales y políticas de género sigue siendo significativa. El 14,2% de las mujeres está desempleado, frente a 10,8% de los hombres; de cada 100 mujeres que trabajan, sólo 39 cotizan al sistema pensional; la brecha salarial es de 14,28% [15] .

Del mismo modo, la población infantil se ha visto gravemente afectada por el conflicto interno. Según UNICEF, el conflicto político, social y armado colombiano ha desplazado cerca de un millón de niños y niñas. Entre esta población, la desnutrición crónica de menores de cinco años es de 22,6%, es decir 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional; 18% de los niños y niñas desplazados reciben lactancia exclusiva con una duración promedio de 1,5 meses, siendo que las recomendaciones de la OMS estipulan seis meses como mínimo, lo que representa una vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y mental de los niños y las niñas.

Movilizaciones sociales: 2002-2008

En los últimos siete años se han intensificado las movilizaciones sociales de los diversos sectores del país. Con gran frecuencia la población campesina, los desplazados, los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos se han pronunciado respecto de la constante violación de los derechos, la necesidad de una salida negociada al conflicto político, social y armado y a la grave crisis humanitaria.

Los actores que más participaron en las movilizaciones en el período 2002-2006, son pobladores urbanos 49%; asalariados 20,9%; mujeres y LGBT 12,6%; estudiantes 11,7%; grupos étnicos 3,7%; campesinos 3,0% y desplazados 2,5%.

El año 2008 se inició con dos grandes movilizaciones: la marcha del 4 de febrero en la que la sociedad civil exigió la entrega inmediata de todos los secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la salida política al conflicto armado. La otra gran marcha tuvo lugar el 6 de marzo, convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y organizaciones sociales, en la que se condenó los crímenes cometidos por los paramilitares y agentes del Estado.

Participaron en la elaboración de este informe: Natalia Muños, Martín Ossa, Astrid Torres, Antonio Javier Jaramillo y Rubén Fernández