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El Gobierno de Canadá, como firmante de varios tratados clave de la ONU, incluyendo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se ha comprometido a garantizar que el país respete sus compromisos en materia de derechos humanos con respecto a todos sus ciudadanos. Estos derechos incluyen, aunque no taxativamente, el acceso a la justicia, la vivienda asequible, el acceso a la educación y al empleo, así como las disposiciones adecuadas para asegurar la igualdad de las mujeres e implementar “medidas apropiadas” para cumplir con las obligaciones establecidas en la CEDAW [1] . El presupuesto federal ha hecho caso omiso de estas obligaciones durante la última década, empeorando así las condiciones de las mujeres y de las poblaciones vulnerables. Aunque Canadá realiza efectivamente consultas abiertas limitadas con organizaciones no gubernamentales, previas a la aprobación del presupuesto, y declara planear el presupuesto dando gran importancia al tema del género, el interés de los gobiernos federales se ha ido apartando de la inversión social y estratégica sostenida hacia un agresivo plan de rebajas impositivas. Esta agenda, en vigor por más de una década, se ha acelerado desde la elección del actual Gobierno conservador minoritario en 2006. Los ricos son los más beneficiados Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Canadá se encuentra entre un pequeño grupo de países que ha reducido los niveles tributarios de manera de beneficiar más a los más acaudalados. Entre los 30 países de la OCDE, 13 han aumentado los impuestos a la renta y 15 los han reducido durante la última década. De los que han reducido impuestos, la mayoría ha utilizado las reformas tributarias para redistribuir los ingresos hacia los más pobres. En Canadá, sin embargo, se da el caso opuesto. La carga impositiva para quienes ganan 150-200% del salario promedio cayó en 2,3%, mientras que quienes ganan entre uno y dos tercios del salario nacional sólo experimentaron una reducción tributaria de 1,1% [2] . El Presupuesto 2008 establece que para 2012-2013 el Gobierno habrá destinado CAD 200 mil millones en rebajas impositivas y al menos CAD 50 mil millones en reducción de deuda [3] . En 2004, 38% de las mujeres y 24% de los hombres que presentaron su declaración de impuestos tenían ingresos tan bajos que no les correspondía pagar. Por consiguiente, no se vieron beneficiados por el programa de reducción de impuestos. La economía se duplicó durante los últimos 25 años. A fines de los años 1970, la mitad inferior de las familias ganaba 27% del total de ingreso; estoy cayó entre 2001 y 2004 a 20,5%, a pesar de un aumento en las horas de trabajo por familia y de mayores logros educativos. El 20% más rico aumentó sus ingresos sin aumentos significativos en educación ni horarios de trabajo. El 10% superior experimentó el mayor aumento, 30% en condiciones reajustadas según la inflación durante los últimos 30 años. La brecha de ingresos tras impuestos se ha acelerado más rápidamente en la última década que en cualquier otro momento de los últimos 30 años, en condiciones económicas que deberían haber causado su disminución. La de género también está aumentando, luego de décadas de contraerse [4] . Desde 1998, los 100 presidentes de empresas más importantes de Canadá (todos ellos hombres) experimentaron un aumento de 247% en su remuneración: un promedio de CAD 8,5 millones en 2006 en comparación con los CAD 3,5 millones que ganaban en promedio en 1998. En contraste, el trabajador promedio ganaba casi CAD 39 mil en 2007, un aumento de 20% sobre el promedio de CAD 32 mil de 1998. Pero la inflación de 19,8% de dicho período acabó con cualquier posibilidad de mejora de su poder adquisitivo. Las ganancias promedio en este período de extraordinario crecimiento económico permanecieron, básicamente, inalteradas. En 1998, los altos ejecutivos canadienses percibían salarios aproximadamente 106 veces más altos que el trabajador promedio. Para 2005, ganaban 218 veces más [5] . Enorme superávit y ciudadanía a la zaga Entre los países industrializados, Canadá presenta un record fiscal y económico incomparable, registrándose 11 presupuestos superavitarios sucesivos. Cuando el actual gobierno minoritario asumió el poder en 2006, heredó un superávit de más de CAD 13 mil millones del gobierno anterior, con previsiones de más superávit para el futuro. En sólo 25 meses, sin embargo, se gastó el superávit, principalmente en rebajas impositivas y reducción de la deuda. El nuevo gasto no se destinó a programas sociales sino a defensa, seguridad e infraestructura para pasos de frontera y comercio. Las relaciones fiscales nuevamente acordadas con las provincias implicaron aumentos marginales de las transferencias a través de un nuevo sistema de financiación extrañamente complejo, pero su propósito esencial era delegar la responsabilidad por los servicios sociales fuera de la agenda del gobierno federal [6] . Si Canadá pretende cumplir plenamente con sus obligaciones de derechos humanos, debemos contar con un plan nacional coherente para satisfacer necesidades como la vivienda asequible, el cuidado infantil, la educación post-secundaria, y para paliar las terribles condiciones en las que viven los aborígenes, por nombrar sólo algunas áreas críticas de inversión. Un estudio de los presupuestos federales de 10 años, de 1995 a 2005, realizado por la economista Armine Yalnizyan concluyó que las iniciativas tributarias y el gasto público en realidad llevaron a una creciente desigualdad y a una agravada brecha de ingresos [7] . Las medidas presupuestarias se consideraban no por sus impactos sobre los derechos humanos sino por sus capacidades para disminuir el déficit. Este acento en gastar menos de lo recaudado comenzó a partir de una significativa iniciativa presupuestaria introducida en 1995 durante el gobierno liberal. La estrategia para la lucha contra el déficit no se ha revertido, aunque Canadá ha disfrutado de más de una década de presupuestos superavitarios. A mediados de los años 1990, las reducciones de miles de millones de dólares en apoyo a las provincias y territorios para servicios sociales, educativos y de salud provocaron un drástico aumento la carga financiera sobre los niveles más bajos del gobierno; la pérdida de estándares nacionales en los servicios públicos; menor acceso a los programas públicos y erosión significativa de la elegibilidad y el poder adquisitivo en cuanto a seguros de desempleo y beneficios de seguridad social. Las protecciones legislativas a los más vulnerables se perdieron cuando se puso fin al Plan de Asistencia de Canadá (el programa que, según previas declaraciones del Gobierno, materializaba su implementación de los compromisos sobre derechos establecidos por los Pactos). La mayoría de los recortes presupuestarios de mediados de los años 1990 no han sido revertidos aún (con excepción del gasto en salud). Esto ha tenido un profundo impacto sobre los canadienses de bajos ingresos, principalmente mujeres, aborígenes, inmigrantes y personas con discapacidades. Las desigualdades se han acelerado, entre los ricos y el resto de las personas, entre las regiones de Canadá, entre hombres y mujeres, y entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Rebajas impositivas vs. inversión social En 2003 el Comité CEDAW de la ONU analizó el cumplimiento de la Convención por parte de Canadá y emitió 23 recomendaciones para que el Gobierno cumpliera mejor con ellas. Estas recomendaciones alentaron al gobierno federal a cumplir, a través de la inversión en muchos de los programas sociales de los cuales dependen las mujeres, programas que fueron interrumpidos a mediados de la década de los 1990. En vista de la historia de superávits consecutivos del gobierno federal, el Comité de la ONU estaba convencido de la capacidad del Gobierno de actuar en una variedad de áreas, a saber: cuotas de asistencia social que excedan la línea de pobreza; reglas de elegibilidad que no excluyan a las mujeres pobres; creación de un programa nacional de cuidado infantil accesible y asequible; mayores inversiones en vivienda; solución a la gran brecha entre los estándares de vida de los canadienses aborígenes y no aborígenes; y mejora del acceso a la justicia mediante la inversión en servicios de asistencia jurídica. Nunca se tomaron medidas relacionadas con ninguna de estas recomendaciones. Por el contrario, el Gobierno federal ha utilizado el sistema tributario para llevar a cabo políticas sociales, principalmente mediante la reducción de impuestos. Particularmente desde 2006, las personas con poder de ahorro y las que perciben ingresos sin trabajar, tales como ingresos de inversiones y ganancias de capital. En lo que respecta al gasto, revocó un acuerdo con las provincias relativo a un plan nacional de cuidado infantil, presentado en los últimos días de mandato del gobierno anterior, en 2005, sustituyéndolo por un beneficio mensual para progenitores de CAD 100, sujeto a impuestos, que consumió la totalidad de la base de haberes para ampliar el número de espacios y servicios regulados y de calidad para cuidado infantil. También rechazó un plan largamente esperado, y finalmente acordado a fines de 2005, para atender la necesidad de inversión en las comunidades aborígenes. Presupuesto oficial vs. participativo La agenda de rebajas impositivas y reducción de la deuda del Gobierno actual ha agotado el superávit presupuestario y reducido su capacidad de honrar sus obligaciones relativas a derechos humanos. De CAD 17.800 millones en ingresos por superávit en el período 2007-2008, el Gobierno destinó CAD 4.800 millones a reducción de impuestos; CAD 10.200 millones para reducción de la deuda; y sólo CAD 2.700 millones para gasto nuevo [8] . Este plan de gastos no toma en cuenta las necesidades básicas de los canadienses. En 2005 al menos 1.5 millones de hogares (más de 4 millones de personas) se encontraban clasificados “en necesidad urgente de vivienda”. Ésta se define como la que tienen las personas cuya vivienda requiere reparaciones importantes, aquellos cuya vivienda carece de dormitorios suficientes para el tamaño y la estructura de la familia y que destinan 30% o más del ingreso familiar bruto a la vivienda. A pesar de estas cifras alarmantes, el presupuesto no ha incluido ninguna referencia al tema de la vivienda. Aunque la educación superior se identifica como una importante vía de escape de la pobreza, desde 1990 la matrícula universitaria se ha triplicado en la mayoría de las provincias, aumentando siete veces más rápido que la tasa de inflación [9] . La carga de la deuda de un estudiante promedio al graduarse es actualmente de CAD 25 mil. Hay asesorías para el hervido de agua en cientos de comunidades aborígenes, imponderables en un país tan bendecido con agua. Mientras tanto, el Gobierno federal destina CAD 200 mil millones a rebajas impositivas. Un mundo mejor es posible Cada año el Centro Canadiense para Políticas Públicas Alternativas produce un Presupuesto Federal Alternativo (PFA) con el aporte de docenas de organizaciones de la sociedad civil. El proceso toma la situación económica actual tal cual la describe el Gobierno en su proyecto de presupuesto, pero asigna los recursos disponibles a iniciativas de gasto para fortalecer la seguridad social más que a rebajas impositivas. El PFA para 2008 estableció objetivos para avanzar en materia de igualdad para las mujeres y mejoras en la calidad de vida de todos los canadienses, estimando el costo de plataformas como las acciones para la adaptación al cambio climático, reconstrucción de la infraestructura comunitaria, servicios farmacéuticos, paliación de las necesidades de nuestras comunidades nativas, el abordaje de una estrategia integral de reducción de la pobreza y el desempeño de un papel progresivo en el escenario mundial. La cuenta ascendía a un total de CAD 17 mil millones en nuevo gasto para el presente año fiscal. La asequibilidad de este plan es notable. El propio Presupuesto 2008 del Gobierno federal asignaba CAD 43 mil millones a nuevos gastos, rebajas impositivas y reducción de la deuda proyectados a tres años – más de CAD 17 mil millones por año [10] . El plan PFA costaría CAD 76 mil millones para el total del trienio, pero ese monto también habría sido asequible dentro de los recursos disponibles, ya que el Gobierno federal había asignado casi CAD 200 mil millones sólo a rebajas impositivas durante los últimos tres presupuestos, y acaba de prometer la sorprendente cifra de CAD 480 mil millones (USD 471.480 millones) en recursos a las fuerzas armadas para los próximos 20 años. No estamos de acuerdo con que esta escala de rebajas impositivas y direccionamiento de la inversión en gasto representen la mejor forma de canalizar la hazaña económica de la nación en este punto de nuestra historia. Todos los presupuestos son políticos porque todos representan opciones. La elaboración participativa del presupuesto es una herramienta crítica para la movilización de la sociedad civil porque promueve un debate sobre lo que es importante y lo que es posible. Sin este debate, estaríamos esperando eternamente a que los gobiernos honren su retórica sobre crear un mundo mejor. Con él, podemos ver que un mundo mejor es una posibilidad real. RECUADRO: Una cuestionable conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos El conocido compromiso de Canadá en materia de derechos humanos a nivel internacional ha tomado un curso cuestionable en el año que marca el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 2008 el Gobierno votó contra la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e intentó organizar a otros en contra de la misma. Un papel similar se está jugando en los debates interamericanos sobre el mismo tema. El compromiso del Gobierno con la Convención contra la Tortura también fue cuestionado cuando se retractó de mencionar a Estados Unidos e Israel como países que la practican. Su oposición a la pena capital ha sido cuestionada debido a su negativa a negociar la repatriación de los canadienses que enfrentan esa pena en otros países. Deja al único ciudadano occidental, un canadiense, en Guantánamo. La implementación nacional de medidas de protección se redujo cuando el Gobierno actual cortó el financiamiento para el programa Charter Challenge, que para los grupos marginados había sido un recurso en el esclarecimiento de las garantías sobre derechos humanos en los tribunales. Muchos extranjeros se estarán preguntando, “¿Qué le pasó a Canadá?” * Uno de los componentes del ICB fue imputado en base a información de países de nivel similar. [1] Elson, D., “Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets to Compliance with CEDAW”, UNIFEM, mayo de 2006. [2] Beauchesne, E., “Canada’s wealthy benefit most from tax cuts, OECD finds”, Financial Post, Servicio de Noticias Canwest, 24 de marzo de 2008. [3] Yalnizyan, A., “Budget 2008: What’s in it for Women?”, Canadian Centre for Policy Alternatives, marzo de 2008. [4] Statistics Canada, “2006 Census, Earnings, Incomes and Shelter Costs”, The Daily, 1 de mayo de 2008. [5] Mackenzie, H., “The Great CEO Pay Race”, Canadian Centre for Policy Alternatives, diciembre de 2007. [6] Yalnizyan, A., op. cit. [7] Yalnizyan, A., “Canada’s Commitment to Equality: A Gender Analysis of the last ten Federal Budgets (1995-2005)”, Canadian Feminist Alliance for International Action, 2005. [8] Yalnizyan, A., “Submission to the Standing Committee on the Status of Women”, Canadian Centre for Policy Alternatives, 13 de marzo de 2008. [9] Canadian Centre for Policy Alternatives, “Alternative Federal Budget 2008”. [10] Ibid.
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