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Nuevo escenario para procurar la equidad
Lilián Abracinskas
Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) - Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía
Grandes expectativas de cambio se generaron en Uruguay con el primer gobierno de izquierda en su historia. Las nuevas autoridades definieron un plan de emergencia contra la pobreza, que en el último quinquenio registró un importante aumento. Pero es necesario que los programas públicos integren y otorguen mayor protagonismo a las políticas para la equidad de género, con la meta de modificar los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres y asegurar la igualdad de oportunidades para ambos.
Uruguay ha
sido considerado un país excepcional en América Latina por sus indicadores de
pobreza. Sin embargo, en los últimos años acelerados procesos de exclusión y
marginación social conformaron una nueva realidad. Actualmente, alrededor de un
tercio de la población y más de la mitad de sus niños y niñas viven en la
pobreza.
En marzo de
2005 fuerzas progresistas asumieron el gobierno nacional
y en mayo obtuvieron casi la mitad de los gobiernos departamentales del país,
generando grandes expectativas de cambio en la mayoría de la población. Para sus
primeros años de gestión, las nuevas autoridades definieron como prioritario el
Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES), que busca articular
servicios y acciones estatales para atender a las personas en condiciones de
exclusión económica y social.
Por su parte,
la sociedad civil organizada procura visualizar mecanismos estatales de
participación por los que canalizar propuestas que amplían los conceptos de
inequidad y exclusión. Estas propuestas fueron débilmente representadas en la
plataforma electoral de las nuevas autoridades y podrían no ser incluidas o
debidamente priorizadas por el actual gobierno.
Pobreza en
aumento
En el Informe
sobre Desarrollo Humano en Uruguay de 1999
se destacaba que el país sobresalía entre sus pares latinoamericanos por haber
transitado un camino de desarrollo que protegió las dimensiones sociales. Pero
una crisis económica y su eclosión en 2001 y 2002 generó desempleo y
precarización del trabajo, profundizó el debilitamiento de los sistemas de
educación y salud, deterioró las finanzas públicas, aumentó el riesgo país,
produjo una fuga de capitales que alcanzó el 46% de los depósitos en dólares del
sistema bancario y triplicó la deuda bruta del sector público.
El Instituto
Nacional de Estadísticas
estima que en 2004 la pobreza - medida por el ingreso - alcanzó a 32,1% de la
población, a partir de 30,9% en 2003. La pobreza extrema aumentó más del doble
respecto de 2000 y se triplicó en Montevideo, la capital. Asimismo, se registró
un incremento del número de integrantes de los hogares indigentes, lo que
revierte la tendencia descendente de los últimos años.
El ingreso de
los hogares pobres es alrededor de un tercio menor del necesario para cubrir
todas sus necesidades. En 2004, 32% de los habitantes eran pobres. Son pobres
57% de los niños de hasta seis años, 54% de los niños entre seis y doce años,
45% de los menores entre trece y diecisiete años, 29% de los adultos y 11% de
los adultos mayores.
Gráfico 1
Fuente:
Estimaciones de pobreza realizadas de acuerdo al método del ingreso, para 2004.
Instituto Nacional de Estadística, 2005.
Las más
expuestas
La pobreza en
Uruguay tiene cara de niñas y niños. Más de 50% de la población entre 0 y 4 años
es pobre.
No se habla de feminización de la pobreza y poco se sabe del impacto
diferenciado por cuestiones de género.
Una cada dos
mujeres jefas de hogar en edad activa y con niños de 0 a 5 años es pobre.
El 55% de las mujeres de Montevideo y el área metropolitana que tiene o tuvo
algún vínculo con el mercado laboral debió interrumpirlo, al menos una vez,
durante un periodo mayor a seis meses, por razones ligadas al cuidado de los
hijos o la vida familiar. El trabajo doméstico continúa recayendo en las mujeres
adultas. Por el momento, no se registran cambios generacionales sustantivos en
materia de distribución del trabajo doméstico.
En cuanto a
las responsabilidades a partir de una ruptura conyugal, en la amplia mayoría de
los casos la convivencia con el padre se restringe a los fines de semana. Tras
la ruptura conyugal, alrededor de 25% de los niños de 0 a 12 años pierde por
completo el contacto con su padre y apenas un tercio de los niños recibe de él
dinero con regularidad.
Entre las
mujeres jóvenes hay situaciones extremas en cuanto a las posibilidades reales de
empoderamiento. Por un lado, la matrícula de mujeres en la Universidad de la
República (estatal) aumentó, situándose en 68%. Este grupo tiene grandes
posibilidades de priorizar la capacitación por encima de los roles tradicionales
atribuidos a las mujeres, y es posible que aspire a mejores condiciones de
empleo, mayor autonomía económica y a decidir el número de hijos y el momento de
tenerlos. En el otro extremo, las mujeres jóvenes pertenecientes a los sectores
más pobres y vulnerables ejercen la maternidad a edades tempranas y tienen altas
probabilidades de ser dependientes económicamente, en forma total o parcial, por
el resto de sus vidas. Además, es muy poco probable que construyan otros
proyectos de vida y que logren algún tipo de empoderamiento.
La fecundidad
adolescente es el cambio más sobresaliente en el comportamiento reproductivo de
las mujeres uruguayas. Mientras en 1963 el aporte de las mujeres entre 10 y 19
años a la tasa global de fecundidad era 9,67%, en 1996 esa proporción había
ascendido a 14,76%.
En 1999, 82,7% de los partos de mujeres adolescentes tuvo lugar en el sector
público de salud y 17,3% en el sector privado.
Un ejercicio
limitado de la ciudadanía
La educación
se revela como la variable que más incide en la formación de opiniones sobre la
equidad de género. Se constata que las mujeres menos educadas adhieren más a un
modelo tradicional de división de roles, mientras las universitarias se
distancian claramente de este modelo.
Entre las mujeres jóvenes que han sido madres, 80% no ha logrado completar el
ciclo secundario de enseñanza y 78,98% no está integrada a la actividad
económica.
La pobreza
combinada con los modelos tradicionales de mujer-madre, los comportamientos
reproductivos característicos mencionados y la ausencia de posibilidades reales
para el desarrollo de distintos proyectos de vida fijan los límites de una
ciudadanía real o incluso simbólica para el conjunto de las mujeres pobres, en
particular las más jóvenes.
La
flexibilización laboral, la pérdida de normas claras de trabajo, el miedo a la
desocupación, la segmentación laboral entre los géneros, el salario diferenciado
por la misma tarea, la exclusión de los cargos de decisión por estereotipos de
género, el acoso sexual, así como un sistema de seguridad social que no responde
a las necesidades de una población envejecida ni a la realidad del mercado de
trabajo informal, afectan de forma particular a las mujeres.
La expectativa
de vida en el país es de 75 años y en promedio las mujeres alcanzan una
longevidad 8 años superior a la de los hombres. La mortalidad de los hombres es
más alta en todas las edades. Sin embargo, la morbilidad de las mujeres es mayor
y no está adecuadamente registrada.
Patrones
culturales discriminatorios
La violencia
de género, tanto en el ámbito público como en el privado, se apoya en patrones
culturales y en prácticas estructuralmente arraigadas de relaciones de poder
abusivas. La violencia se ejerce contra toda persona cuya expresión de género no
sea fácilmente encuadrable o que transgreda los patrones culturalmente definidos
de ser hombre o mujer. En Uruguay cada nueve días muere una mujer víctima de
violencia doméstica y el aborto inseguro es la principal causa independiente de
muerte materna.
Para las mujeres y particularmente para las mujeres pobres, transgredir los
modelos tradicionales de mujer y de mujer-madre es una práctica altamente
riesgosa.
Sumando a lo
expuesto las dimensiones de las inequidades generadas por razones de etnia,
edad, raza, orientación sexual y localización geográfica, se obtiene una gama
más amplia y compleja de las características que adopta la pobreza en el país. A
las desigualdades provocadas por la agudización de la crisis económica se
agregan las estructurales, generadas por la inequidad de género. Por lo tanto,
los cambios en los modelos de desarrollo que no incluyan y busquen superar las
inequidades de género a la vez que procuren erradicar la pobreza no estarán
generando las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres.
Dos décadas de
poca equidad
Las políticas
de género llevadas adelante por los distintos gobiernos nacionales y por el
gobierno de izquierda del departamento de Montevideo entre 1995 y 2005 apuntaron
a superar algunas de las situaciones de discriminación que afectan a las
mujeres. Sin embargo, no estuvieron específicamente dirigidas a la equidad de
género. Además, estas acciones fueron discontinuas, fragmentadas, temporales y
muy inestables ante los cambios de gobierno o la voluntad de las autoridades
responsables del momento.
Muchas no respondieron a metas claramente identificables, no fueron evaluadas en
su impacto y en su mayor parte sólo se dirigieron a los sectores más vulnerables
de la población. Tal es el caso de la incorporación de métodos anticonceptivos
en los servicios públicos de salud, del programa de generación de ingresos para
mujeres del sector rural y de las políticas de erradicación de la violencia
doméstica.
Estos
programas estatales no incluyeron a la población masculina, no siempre tuvieron
como meta la modificación de las relaciones inequitativas de poder ni el
empoderamiento de las mujeres. En ocasiones, las intervenciones tendieron a
cristalizar a las personas en los roles de género tradicionalmente asignados.
Desde el
comienzo de la reconstrucción democrática en 1985
no se ha logrado consolidar un sistema con capacidad, fuerza y recursos
adecuados para avanzar en el diseño de políticas públicas que promuevan la
equidad de género en todo el país. Hasta el presente, el Instituto Nacional de
la Mujer y la Familia fue un mecanismo estatal débil, dependiente del Ministerio
de Educación y Cultura, con una jerarquía institucional limitada, sin los fondos
y recursos necesarios para convertirse en un organismo rector de las políticas
para la mujer y la equidad de género.
La elaboración
del Plan Nacional de Igualdad en el Empleo (2004) y la aprobación del Plan
Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica (2003), así como el Plan de
Igualdad de Oportunidades y Derechos (2002) elaborado por la Intendencia
Municipal de Montevideo, son medidas alentadoras adoptadas por gobiernos pasados
que deberían fortalecerse en la nueva administración.
Nuevas
políticas, ¿nuevos roles?
En los
primeros meses de gestión del nuevo gobierno nacional las señales dadas por las
autoridades no necesariamente auspician cambios positivos en las problemáticas
que afectan la calidad de vida de las mujeres. El nuevo Ministerio de Desarrollo
Social implementará el PANES, identificado como “buque insignia” de las
políticas sociales. El Instituto Nacional de la Mujer y la Familia fue
convertido en Dirección Nacional y pasó a la órbita de este Ministerio, con el
cometido de incorporar la equidad de género al conjunto de las políticas
públicas. Esto podría tener repercusiones en el PANES si este incorporara las
medidas de un anunciado Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para
garantizar a las mujeres su condición de sujetos de derecho.
No obstante,
es altamente probable que las políticas de inclusión social se construyan sobre
los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Para superar las
discriminaciones de género, será necesaria una fuerte intervención de la
Dirección de la Mujer que garantice el cambio cultural.
En otro orden,
el presidente Tabaré Vázquez anunció que vetará el proyecto de Ley de Defensa de
la Salud Reproductiva si éste fuera aprobado por el Poder Legislativo.
Este proyecto habilita y regula la práctica del aborto voluntario hasta las doce
semanas de gestación, entre otras medidas para garantizar el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos. La decisión del presidente podría
obstaculizar el tratamiento legislativo del tema y la búsqueda de soluciones
ante la práctica clandestina e insegura del aborto, principal causa de muerte
materna, fundamentalmente entre las mujeres más pobres.
La serie de
conferencias internacionales llevadas adelante por el sistema de Naciones Unidas
en la década de los noventa generó como hecho social novedoso la participación
de la sociedad civil organizada. Dicha intervención permitió influir en las
plataformas de acción y en las recomendaciones emanadas de convenciones y
conferencias internacionales. Asimismo, promovió la participación activa de las
organizaciones sociales en el monitoreo y el control de los compromisos asumidos
por los gobiernos nacionales. Erradicar la pobreza, evitar la destrucción
ambiental, generar modelos de desarrollo sustentables, promover la equidad de
género, la justicia social y la paz mundial, son cometidos que convocan a
múltiples actores sociales y políticos, trascendiendo la intervención exclusiva
de los gobiernos. Las recomendaciones emanadas, los consensos y las metas
asumidas en la Cumbre del Milenio para erradicar la pobreza en 2015 podrán ser
alcanzados en la medida que exista sinergia entre las acciones desarrolladas por
los decisores políticos, la sociedad civil organizada y la ciudadanía. El marco
ético ineludible de dichas intervenciones deberá ser el de respeto incondicional
de los derechos humanos sin discriminaciones de ningún tipo. Bajo esta premisa
valdrá la pena aunar esfuerzos para fortalecer las democracias, trascendiendo y
superando toda intervención que pretenda imponerse de manera hegemónica.
Referencias
CLADEM-Uruguay
y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Derechos sexuales y derechos
reproductivos: diagnóstico nacional y balance regional. CLADEM. Montevideo
s/f.
CNS Mujeres.
Cambia, ¿todo cambia? Las elecciones uruguayas, las mujeres y la equidad de
género. Otra mirada sobre las elecciones en Uruguay (2004-2005). Montevideo,
2005.
Notas:
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