Los pobres, entre la corrupción y la insurgencia

Arjun Karki; Mukunda Kattel; Rakhee Lohani
Rural Reconstruction Nepal

El obstáculo principal a la seguridad humana en Nepal es la pobreza, dado que 38% de la población (nueve millones de personas) vive por debajo de la línea de pobreza. La ausencia del imperio de la ley, la insurgencia maoísta y el consecuente patrón de graves violaciones a los derechos humanos (asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros, arrestos arbitrarios), además de la persistente discriminación en función de casta, clase, grupo étnico y género, son otros factores que amenazan la seguridad humana.

El respeto de los derechos humanos a través del imperio de la ley es central al concepto de seguridad humana que brinde a todos la libertad y la oportunidad de vivir en un medio justo y pacífico.

El principal obstáculo a la seguridad humana en Nepal es la pobreza. La ausencia del imperio de la ley, la insurgencia maoísta y el consecuente patrón de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la falta de buena gobernanza y la persistente discriminación en función de casta, clase, grupo étnico y género son otros factores que amenazan a la seguridad humana.

Pobreza

Según cálculos oficiales, 9 millones de personas (38% de la población) se encontraban por debajo de la línea de pobreza de USD 1 por día en 2001. Más inquietante es que la incidencia de la pobreza crezca a “una tasa anual de más de 3%”, mientras el “número de personas en pobreza absoluta casi se duplicó en los últimos 20 años (entre 1977 y 1996)”.[1] La pobreza es, predominantemente, un fenómeno rural. El 86% de la población vive en aldeas donde la agricultura es su principal medio de vida. Del total de habitantes en situación de pobreza, “más de 90% vive en zonas rurales”. La tasa de pobreza varía según las regiones geográficas y es “más elevada en las zonas rurales más remotas: los cerros del medio oeste y el lejano oeste”.[2]

El sistema de castas mantiene su forma jerárquica de rigidez vertical. En función de su casta, las personas de los estratos más bajos suelen ser discriminadas política, económica y socialmente, mientras un puñado de personas de casta alta históricamente ha mantenido el lugar de dominio. Este proceso excluyente tiene un gran impacto en las causas y la perpetuación de la pobreza. Ésta afecta a todas las castas - aunque la mayoría de los pobres pertenecen a los dalit, la casta más baja - y a las comunidades étnicas que son excluidas de los procesos de decisión política debido a sus orígenes.

Seguridad alimentaria

Íntimamente vinculada a la pobreza se encuentra la cuestión de la seguridad alimentaria, que surge como un fenómeno reciente en el discurso sobre la pobreza en Nepal. Hasta la década de 1970, Nepal era un país exportador de alimentos. Ya en los años 80 la situación comenzó a empeorar debido al descenso de la producción alimentaria en relación con el crecimiento demográfico y la falta de respuesta estatal ante la escasez de alimentos. El Centro de Servicios de Proyectos Agrícolas señala que la inseguridad alimentaria es “el problema más grave de los pobres” y calculó que 41 de los 75 distritos de Nepal tenían déficit alimentario en 1996, aunque otras fuentes estiman que la cifra es mayor. No obstante, todos concuerdan en que el problema es más grave en las zonas remotas de las montañas y los cerros, donde el rendimiento de las cosechas es bajo y las oportunidades laborales casi no existen fuera de la agricultura.

Las familias en estas zonas experimentan anualmente zafras magras o un déficit alimentario de su propia producción. La situación se vuelve precaria cuando se producen sequías, inundaciones y fluctuaciones extremas de los precios. La situación actual de insurgencia armada agregó otra dimensión al problema de la seguridad alimentaria.

La pobreza y la seguridad alimentaria dependen en gran medida de las decisiones políticas que rigen los métodos y el sistema de producción, almacenamiento y distribución de los alimentos en el país. La seguridad alimentaria es una responsabilidad política del Estado y el acceso a los alimentos es uno de los derechos humanos fundamentales. Al mantener un tipo de producción semifeudal y no introducir un mecanismo eficaz de almacenamiento y distribución de alimentos, está claro que el Estado ha faltado a su deber de garantizar la seguridad humana a casi la mitad de la población.

Violaciones a los derechos humanos

La Constitución de 1990 del Reino de Nepal garantiza los derechos humanos y libertades fundamentales de sus ciudadanos (ver cuadro). Nepal ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que rigen contra la discriminación y a favor de la libertad de asociación, la igualdad de remuneración y los criterios de ingreso al empleo. Sin embargo, varias leyes siguen estando en conflicto con los principios de derechos humanos y las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, a pesar de que Nepal ratificó la Convención contra la Tortura en 1991, la tortura aún no es un crimen.[3]

Box: Derechos humanos en Nepal

Como si la situación de los derechos humanos en el país no fuera ya mala, el gobierno adoptó en 2002 la Ley de Actividades Terroristas y Perjudiciales, que otorga a las fuerzas de seguridad la facultad de arrestar sin garantía y detener a los sospechosos bajo custodia policial hasta 90 días. A pesar de la firme oposición de organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, esta ley se ha convertido hoy en una importante fuente de violación de los derechos humanos.

Históricamente, la oposición al Estado se ha respondido con violencia, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. En años recientes, especialmente tras el inicio de la Guerra Popular en 1996, las muertes violentas se convirtieron en un fenómeno cotidiano. Hoy el país experimenta la pérdida de tres vidas por día (ver La Insurgencia maoísta). La tortura es un fenómeno de larga data. Algunos métodos de tortura empleados son la violación, falanga (golpes en la planta del pie), el uso de picana eléctrica, belana (pasar un palo con pesas a lo largo del muslo de la víctima causándole daño muscular), golpizas con varillas de hierro recubiertas con plástico y simulacros de ejecuciones.[4]

Los casos de desapariciones y secuestros se agregan a la atroz situación en materia de violaciones de derechos humanos. El Estado fue responsable por 250 casos de desapariciones entre el inicio de la Guerra Popular en 1996 y octubre de 2003. Asimismo, “cientos de supuestas ejecuciones sumarias, miles de arrestos arbitrarios y numerosas instancias de torturas se sucedieron en el contexto de la Guerra Popular”.[5] Los maoístas han sido responsables de más de 250 secuestros de miembros de partidos políticos, civiles vistos como críticos a su causa, periodistas y otros percibidos como contrarios.

Violencia de género

La intensidad de la violencia de género es igualmente vergonzosa. Las mujeres, que llevan la mayor parte de la labor agrícola y del hogar, tienen muy poco acceso a la propiedad de bienes inmuebles, el ahorro y el crédito. Su participación en las decisiones políticas y en la administración política es ínfima. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sólo ocuparon 6,4% de las bancas del Parlamento en 2000, y su participación en la administración del gobierno apenas equivale a 10% de la de los hombres.

El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es común. Cada año hasta 7.000 jóvenes y niñas son traficadas desde Nepal y obligadas a prostituirse en distintas partes del mundo. Sólo en India existen al menos 200.000 mujeres nepalíes que trabajan como prostitutas.

Creencias y actitudes supersticiosas de fuerte arraigo también afligen a muchas mujeres. Las mujeres acusadas de practicar brujería son víctimas de tortura física y mental, y son obligadas a vivir una vida de humillación y abandono. En uno de los crímenes más crueles registrado en la historia de Nepal, dos ancianas acusadas de brujería fueron golpeadas hasta morir en 2003. Más de una docena de crímenes relacionados con la brujería se registran anualmente. La insurgencia maoísta añade otra dimensión a la violencia contra las mujeres, que son víctimas directas e indirectas de la guerra. Muchas son desalojadas de sus hogares y comunidades, y la muerte de los hombres de la familia aumenta su carga de responsabilidades familiares.

La insurgencia maoísta

En 1996, sólo seis años después de la restauración de la democracia por el Movimiento Popular, una facción del Partido Comunista (Maoísta) de Nepal declaró una insurgencia armada (Guerra Popular) contra la presente estructura socioeconómica y el gobierno, con el propósito de instaurar un nuevo Estado al estilo del implantado por Mao Zedong en China en 1945. La insurgencia y las medidas de contrainsurgencia adoptadas por el Estado para combatir a los maoístas resultaron en una amenaza prolongada a la seguridad humana.

Entre febrero de 1996 y noviembre de 2003 murieron en el conflicto 8.295 personas a un ritmo de tres por día, 5.597 de ellas víctimas del Estado. Miles de personas resultaron heridas (sólo en 2002 fueron 1.019) y se ha destruido mucha infraestructura (177 viviendas particulares, 33 centros sanitarios, 12 torres de telecomunicaciones, 31 edificios escolares, 54 puestos policiales, 18 oficinas de correos, 93 oficinas gubernamentales, 29 oficinas particulares y 31 centros vinculados a la energía eléctrica).[6]

El temor a quedar atrapados en el fuego cruzado entre la guerrilla maoísta y las fuerzas de seguridad estatales llevó a muchos pobladores rurales a abandonar sus aldeas y pertenencias. Sólo en 2002 fueron desplazadas 17.564 personas en todo el país. Esta tendencia de desplazamiento va en aumento. La organización Global IDP Project (Proyecto Mundial sobre Desplazados Internos), con sede en Ginebra,  calcula que existen entre 100.000 y 200.000 desplazados.

El impacto de la insurgencia en la educación es igualmente perjudicial. Alrededor de 3.000 maestros abandonaron la enseñanza en distritos alejados, afectando a unos 100.000 alumnos. Aproximadamente 700 escuelas fueron clausuradas en todo el país. Los maoístas, mediante la Unión Nacional Libre e Independiente de Estudiantes, interrumpieron la educación en todo el país mediante una serie de bandhs (clausuras) y protestas. El temor a la insurgencia también llevó a que funcionarios de la salud desistieran de trabajar fuera de los centros urbanos, los que hasta ahora son relativamente seguros.

Atrapados en el fuego cruzado de la guerrilla maoísta y las fuerzas de seguridad del Estado, el pueblo nepalí vive una vida de temor e inseguridad.

Falta de buena gobernanza

La corrupción y las irregularidades son generalizadas en todos los niveles del gobierno y suceden con el auspicio de altos líderes políticos y ministros. La anarquía y las órdenes arbitrarias de los gobernantes a menudo anularon la esencia del imperio de la ley e institucionalizaron irregularidades en todas las dependencias administrativas del Estado.

Hoy en día, la corrupción tiene gran protagonismo, la anarquía es la norma del gobierno y el dinero público termina en manos de los gobernantes y sus allegados. Esto sucede desde hace muchos años, incluso durante la llamada era democrática de los años 90. Como señala el PNUD, “las políticas y programas de reducción de la pobreza no cumplieron con sus metas y los servicios sociales básicos son inaccesibles para grandes segmentos de la población pobre”. Las inversiones públicas no logran “resolver las necesidades de la población”. En cambio, las instituciones de gobierno con frecuencia optaron por “excluir” a los pobres o “silenciar sus voces”. Como argumenta Thapa, si la corrupción no fuera tan común, “nuestro país sería capaz de brindar buena educación, atención médica y agua potable de su propia riqueza de recursos.”[7] Lamentablemente, la corrupción desenfrenada está enquistada desde hace tiempo en el sistema de gobierno, paralizando la ya de por sí mediocre prestación de servicios que, de otra manera, ofrecería cierto alivio a los necesitados.

El Nepal de hoy enfrenta el reto mayor de superar las amenazas a la seguridad humana. La reinstauración de la democracia trajo la esperanza de que se realizarían cambios en el sistema de gobierno que respondieran a los problemas de pobreza, discriminación y mala gobernanza. De haber sido así, el problema de la seguridad humana habría sido resuelto, en cierta medida. Pero el régimen de los años 90 no fue sustancialmente distinto al anterior. La palabra democracia fue un simple eslogan, en lugar de una norma para la toma de decisiones políticas y su implementación. El resultado es que la pobreza siguió agudizándose, las violaciones a los derechos humanos se agravaron, la corrupción y las irregularidades desdibujaron el concepto de buena gobernanza y, en consecuencia, surgió un problema nuevo: la insurgencia maoísta.

El país se encuentra en un estado calamitoso, como también lo está la seguridad humana. Para garantizarla, Nepal debe adoptar una gobernanza inclusiva y democrática que actúe en función del imperio de la ley, con el respeto total e incondicional de los derechos humanos.

Notas:

[1] Nepal South Asia Centre (NESAC). Nepal Human Development Report 1998, Katmandú, 1998, p. 12.
[2] National Planning Commission (NPC). The Tenth Plan. Poverty Reduction Strategy Paper, NPC/HMGN, Katmandú, 2003, p. 25.
[3] La Ley de Compensación por Tortura, aprobada en 1996, habilita a las víctimas de tortura o a los familiares de detenidos muertos debido a la tortura a solicitar compensación a las cortes de distrito. Sin embargo, ni la policía ni los jueces cumplen cabalmente con los requisitos de la ley. A menudo los funcionarios obstaculizan los reclamos de las víctimas al presentar sus casos o al requerir exámenes médicos que les permitan obtener la compensación estipulada por la ley.
[4] Amnistía Internacional. Nepal: A Deepening Human Rights Crisis. http://web.amnesty.org/library/eng-npl/reports, 25 de noviembre de 2003.
[5] Amnistía Internacional. Nepal: Widespread "Disappearances" in the Context of Armed Conflict. http://web.amnesty.org/library/eng-npl/reports, 25 November 2003.
[6] Informal Sector Service Centre (INSEC). Nepal Human Rights Yearbook 2003. Katmandú, 2003, p. 499.
[7] Thapa, H.B. Anatomy of Corruption. Katmandú, 2002.