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Nuevo gobierno con viejos problemas
Ana María Ferrera
Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)
Desde 1980, en medio de una relativa calma institucional y en una cuestionada forma de participación popular, se han implementado una serie de ajustes estructurales a la economía, entre ellos la privatización de algunos bienes y servicios básicos y la reducción de subsidios para los grupos más vulnerables. Según los distintos gobiernos, estos ajustes logran resultados macroeconómicos aceptables, mientras la calidad de vida de la mayoría de la población hondureña se ha venido deteriorando ostensiblemente.
Un acelerado proceso de empobrecimiento ha tenido lugar en el país. El Banco
Mundial afirma que “a pesar de que la economía estaba mejorando, los niveles de
pobreza continuaron siendo altos. Dependiendo de la fuente a que se hace
referencia y de las definiciones, entre el 50% y el 60% de las familias
hondureñas son pobres.”
Según datos del Informe sobre Desarrollo Humano (IDH), la pobreza en Honduras
pasó de 67,4% en 1991, a 62,1% en el año 1999. En las áreas urbanas se registra
un notorio decrecimiento de 62,5% en 1991 a 49,1% en 1999. Sin embargo, este
descenso no se manifiesta en una mayor equidad, ya que en las áreas rurales la
pobreza creció de 70,6% en 1991, a 72,6% en 1999. El porcentaje ponderado de
mujeres y hombres pobres era similar en 1991; para 1999 en los 14 departamentos
había un mayor porcentaje de mujeres que de hombres pobres.
Aunque el gobierno proyectaba un crecimiento del 5% del PBI éste no llegó al
3.5%, y en 1999 el PBI per capita se situaba en USD 62,77.
En 1999, la inflación oscilaba alrededor del 10% y el porcentaje del déficit de
cuenta corriente con relación al PBI era 5.6%.
Para 1999 un 48% de los hogares tenían sus necesidades básicas insatisfechas, es
decir, no contaban con acceso a agua potable, saneamiento, habitaban viviendas
deplorables y con más de tres personas por habitación.
Este promedio se desagrega en un 58% en el área rural y un 37% en el área
urbana.
Situación de la mujer
Entre los problemas de salud de las mujeres se registra un incremento de casos
de SIDA en la población femenina, afectando particularmente a las mujeres de 20
a 39 años. La tasa de mortalidad materna continúa siendo alta (155 por 100 mil).
Los hogares con jefatura femenina representan un tercio del total de hogares en
el país y un 50% de los hogares urbanos. La tasa de participación total femenina
es 39,1%. La PEA femenina va en aumento pero en empleos de baja calificación, lo
cual incide en una mayor feminización de la pobreza.
Las maquilas
Uno de los sectores que emplea más fuerza de trabajo femenina es la maquila.
Según datos de la Asociación Hondureña de Maquiladores, un 80% del trabajo
generado por el sector es absorbido por mujeres, en su mayorías madres solteras
y con un nivel de escolaridad de primaria y secundaria incompleta, que reciben
salarios comprendidos entre USD 62 y USD 182 mensuales. Otro sector que absorbe
mano de obra femenina es el agro-exportador. Aproximadamente el 60% de la fuerza
de trabajo es femenina y se concentra principalmente en labores de trasplante,
manejo de fertilización de viveros y recolección.
Excluidas de
los procesos de toma de decisiones
En el reciente
proceso electoral del 25 de noviembre de 2001, a pesar de existir una Ley de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer que plantea el acceso de las mujeres a
los cargos de elección popular en un 30% como mínimo, se ha experimentado una
reducción en el número de diputadas en el Congreso Nacional bajando de un 9% a
un 5%. En la Corporaciones Municipales se esperaba un incremento pero el
porcentaje se mantuvo en un 9%, y en las Alcaldías, de 30 mujeres alcaldesas
quedan solamente 27. En el Poder Ejecutivo la representación de las mujeres a
nivel ministerial se mantiene en un 20%.
Sin embargo, se
ha presentado una oportunidad para las mujeres ya que por primera vez en la
historia y con esfuerzos de la sociedad civil organizada, se instala por decreto
del Congreso Nacional la Junta Nominadora para la elección de los y las
magistradas y magistrados a la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de
democratizar el poder judicial. Los parlamentarios de los partidos tradicionales
quisieron invalidar el proceso de selección que realizó la Junta Nominadora y
como resultado, de los 45 magistrados presentados por la junta fueron electos 15
magistrados, de los cuales 9 son mujeres. La Presidenta de la Corte Suprema de
Justicia es, por primera vez en la historia, una mujer: la abogada Vilma Cecilia
Morales Montalbán.
En
este pasado proceso electoral las organizaciones de mujeres desarrollaron una
serie de esfuerzos a nivel local, realizando foros municipales con los
candidatos a alcaldes a las corporaciones municipales, para lograr que sus
demandas y propuestas formen parte de las agendas municipales, así como
institucionalizar la Oficina de la Mujer con presupuesto y poder político, para
que esta institución tenga una verdadera interlocucion y se logre la
visibilización de las redes de mujeres ante la corporación municipal.
A nivel nacional se han realizado acciones desde las mujeres para
incidir en el gobierno para que los compromisos asumidos en las Cumbres y
Conferencias Mundiales queden plasmados en leyes nacionales, como la Ley contra
la Violencia Doméstica y La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
Otro de los grandes logros del movimiento de mujeres en estos
últimos cuatro años, y con el apoyo de la cooperación internacional, han sido
varias propuestas de Políticas Públicas hacia la Equidad de Género. Estos
procesos significan un gran avance para garantizar la implementación de
políticas, programas y acciones encaminados a enfrentar las desigualdades
sociales entre los géneros, entre los que se destacan la creación de Fiscalías
de la Mujer en los 18 departamentos del país.
Sin embargo, a pesar de haberse creado todas esas instituciones e
instancias de denuncia de violación de los derechos de las mujeres y pese a los
esfuerzos realizados por muchas mujeres independientes y organizadas, la
discriminación contra la mujer persiste. Si bien la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer establece que es obligatorio que las mujeres ocupen
como mínimo un 30% en cargos de elección popular, hubo una disminución
porcentual del 2% en alcaldías, 1% en las corporaciones municipales, y un 4% en
las diputaciones titulares, con una tendencia hacia un incremento en las
suplencias o cargos no relevantes.
Campaña gubernamental “cero tolerancia”
Recientemente, con los nombramientos realizados por el Poder
Ejecutivo, fue nombrado como Ministro de Seguridad Juan Angel Arias, quien tiene
un historial militar a pesar de que la sociedad civil ha venido realizando
diferentes esfuerzos para la desmilitarizacion de estas instancias de seguridad.
También se han irrespetado las leyes nombrando a directores de la policía sin
tomar en cuenta la terna presentada por el Comité Nacional de Seguridad (CONASIN),
instancia integrada por la sociedad civil y el gobierno para el control de los
abusos militares.
Una preocupación
de las instituciones de la sociedad civil, en especial del movimiento de
mujeres, surge con la campaña utilizada por el Presidente de la República de
"cero tolerancia" basada en una visión limitada del gobierno actual de los
problemas sociales, como el combate a delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Esta campaña está centrada principalmente en la población joven y pobre. La
población la considera como una campaña represiva. Al hablar de seguridad
ciudadana se necesita una visión más integral del problema pues no se resuelve
trasladando los militares a las calles, sin establecer las medidas para que
éstos no abusen de su poder en contra de la población civil, particularmente la
población joven. La seguridad ciudadana vista en un término más amplio tiene que
ver con la seguridad alimentaria, salud, educación y, particularmente, la
seguridad ciudadana de las mujeres en la calle y en la casa. A este respecto, el
actual gobierno no ha tomado medidas para reducir el número de mujeres
asesinadas por violencia doméstica.
La
deuda externa y la iniciativa HIPC
Para diciembre de 1998 la deuda ascendía a USD 3.823,6 millones y en diciembre
de 2000 la misma alcanzaba los USD 5.558,4 millones. En el marco de la
Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC2) se espera un alivio de unos
USD 960 millones en los próximos siete años,
cifra considerada muy inferior a las necesidades de recursos para desarrollar el
país.
En el marco del HIPC2, el gobierno está implementando una Estrategia de
Reducción de la Pobreza (ERP) y una estrategia anticorrupción. Se espera que a
fines de febrero de 2002, se llegue a un nuevo acuerdo con el FMI.
Para octubre de 2002 el gobierno llegará al punto de implementación de la HIPC2
y tendrá que presentar un informe de cumplimiento de las condicionalidades de la
misma, para de esta manera empezar a recibir los beneficios del alivio.
Las distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su
preocupación sobre la viabilidad y operatividad de la ERP, sobre la
incongruencia entre ésta y los ajustes macroeconómicos requeridos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Las dudas están relacionadas con el hecho que la
ERP supone privatizar las pocas empresas estatales (telecomunicaciones y energía
eléctrica) y algunos servicios básicos.
Los
logros de los movimientos sociales y de las mujeres
El movimiento popular puede considerarse exitoso en el logro de algunas
conquistas: la papeleta separada para elegir presidente, diputados y alcaldías;
la eliminación del servicio militar obligatorio; la separación de la policía de
los militares; la aprobación de reformas para adecentar el poder judicial; la
existencia del Comisionado de los Derechos Humanos, la Ley contra la Violencia
Doméstica, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la creación de la
Fiscalía Especial de la Mujer, del Instituto Nacional de la Mujer y de las
Consejerías de Familia, entre otras.
Durante los últimos cuatro años, el movimiento de mujeres ha venido colocando en
la agenda pública los derechos de las mujeres entre los que se destacan los
derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra la mujer como un
problema de derechos humanos. También ha potenciado la experiencia de
construcción de políticas públicas hacia la equidad de género, entre las que se
destacan la Política Nacional de la Mujer, la Política de Equidad de Género en
el Agro, la Política de Equidad de Género en Recursos Naturales y Ambiente y la
Política de Equidad de Género en el Ministerio de Finanzas.
De igual forma, se han logrado avances propositivos importantes para la igualdad
de género mediante la participación en la ERP. Otro de los desafíos ha sido la
construcción de un público alternativo y cultural para revalorizar la imagen
social de la mujer en la sociedad patriarcal y excluyente.
Algunos
desafíos para los movimientos de mujeres
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Hacer una revisión de las mujeres que quedaron en los espacios
de poder y desde ya establecer una relación de coordinación, concertación y
cabildeo con ellas para que se conviertan en aliadas que impulsen la agenda
del movimiento de mujeres en los espacios de poder y decisión.
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Crear una estrategia clara para el cumplimiento, monitoreo y
seguimiento de los pactos y compromisos adquiridos con el movimiento de
mujeres por el candidato electo.
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La conformación de una plataforma dentro de la diversidad del
movimiento, que permita priorizar las demandas para la negociación con el
gobierno electo.
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La democratización de la Ley Electoral impulsando las
candidaturas independientes.
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La reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer, para que se aplique un mecanismo más claro para la participación de las
mujeres en los cargos de elección popular, como la “trenza” (colocar en las
planillas intercalado una mujer un hombre para garantizar el acceso) así como
velar porque la cuota de participación se implemente en forma creciente.
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Es necesario seguir avanzando en la construcción de una la
cultura política y social incluyente, y avanzar en la construcción y
renovación de liderazgos propositivos.
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