Hay más por recorrer que camino andado

Angélica Maytín Justiniani
Asamblea de la Sociedad Civil

El hecho de que los funcionarios del gobierno –en cuyo cargo está la definición y administración de los proyectos de desarrollo– no estén sujetos al escrutinio público hace imposible dar seguimiento y reconocer que un problema específico haya sido resuelto o desarrollado adecuadamente. De poca utilidad serán los programas de desarrollo si no van acompañados de un sistema de monitoreo que permita a la sociedad en general medir la efectividad de los mismos.

El actual sistema de gobierno se encuentra enquilosado en una partidocracia que impide a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos, pues la participación política, fuera del ámbito de los partidos, está llena de obstáculos. Se requieren programas que incentiven la autogestión y la democracia participativa, características inexistentes en la sociedad panameña.

Por otro lado, al no existir mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los Ministros de Estado y sus subordinados de alta jerarquía, no es posible pretender que se cuente con una democracia plena.

En el terreno de la libertad de expresión, ésta se encuentra restringida por las siguientes leyes: Ley 11 (del 19 de febrero de 1978), que establece parámetros para la publicación de periódicos; Ley 67 (del 19 de septiembre de 1978), por muchos denominada «Ley Mordaza», que regula el ejercicio de la profesión de periodista; y Ley 68 (del 19 de septiembre de 1978), que le otorga al gobierno la facultad de crear una junta técnica encargada de expedir la idoneidad o licencia para el ejercicio del periodismo.

En lo que respecta al control de la corrupción, la Dra. Lina Vega Abad, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional desde 1996, señaló que este organismo viene desarrollando una variedad de actividades para controlar la corrupción desde la sociedad civil. Entre ellas, mencionó el proyecto «Diálogo Nacional para la Educación Ciudadana y el Control de la Corrupción», resultado de un convenio entre la Contraloría General de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suscrito el 10 de marzo de 1997 y que concluyó el pasado 15 de mayo.

Vega Abad mencionó como un logro el hecho de que el gobierno panameño ratificara en julio pasado la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Sin embargo, añadió que tenemos la urgente necesidad de adecuar nuestra legislación en los temas como: soborno transnacional, enriquecimiento ilícito y declaración de bienes de funcionarios públicos.

Por ahora, sólo hay programas

Por parte del gobierno se ha diseñado una propuesta denominada «Nuevo Enfoque Estratégico Frente a la Pobreza», que contiene una matriz de programas, proyectos y acciones a implementarse en el período 1998–2003. El objetivo de esta estrategia es incrementar la participación de la población pobre, en especial la de los grupos más vulnerables, con el fin de lograr el crecimiento económico y el progreso social.

Según el análisis del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN) del documento oficial que lleva por título «Documentos de la política social: 1994–1997», elaborado por el gabinete social, existen acciones encaminadas a disminuir los niveles de pobreza. Estas acciones están programadas para ejecutarse a través del fomento del empleo productivo, de una mejor distribución de la riqueza y del uso y explotación de los recursos naturales. Entre las actividades propuestas, se encuentran las de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mediante programas de crédito, transferencia tecnológica y capacitación.

Este documento señala que el proceso de capacitación integral y especialización de los recursos humanos resulta indispensable para mejorar las condiciones de vida de la población.

Derechos humanos, derecho de las humanas

La Ley 7, del 5 de febrero de 1997, «Por la cual se establece la Institución en la República de Panamá de la Defensoría del Pueblo», define el espacio institucional para la protección de los derechos humanos en el país.

El 12 de febrero de 1998, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá delimitó las competencias de la Institución, al dejar fuera de su alcance las actividades del Órgano Judicial. Esto ha impedido la investigación en un área especialmente sensible para la vigencia de los derechos humanos: el de la administración de justicia.

A pesar de esto y de la eliminación de la inmunidad para el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo tiene aún un amplio e importante papel que cumplir en el país.

La representante del Foro Mujer y Desarrollo, Lic. Margarita Muñoz, señaló que luego de Beijing, las iniciativas de desarrollo social se enmarcan en estrategias que incorporan la participación de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación. El Foro Mujer y Desarrollo se creó con el fin de proveer un espacio de concertación nacional de mujeres para incidir en las políticas públicas hacia esa población; elaborar una propuesta común para negociar con el gobierno y los partidos políticos; capacitar en teoría y enfoque a una masa crítica de dirigentes políticas y sociales; e introducir los temas de las mujeres en las agendas públicas de distintos sectores.

A través de la ejecución del «Plan de Acción Mujer y Desarrollo 1994–2000», recién iniciada en 1996, se sabe que hay tareas pendientes que van más allá de esta programación. Es por ello que dos grandes espacios de concertación de organizaciones de mujeres –el Foro Mujer y Desarrollo y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer– entran en alianza para ejecutar otro proyecto con una base de capacitación. Dicho proyecto, «Formación de género» (FORGEN), culminó en el mes de octubre pasado y sus resultados servirán de insumo para el nuevo proyecto: «Fortalecimiento del movimiento de mujeres y apoyo desde la sociedad civil al cumplimiento del Plan de Acción Mujer y Desarrollo».

Es un hecho innegable que la condición jurídica de la mujer en el ámbito mundial ha logrado cambios fundamentales como resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad y, más que nada, debido a la influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas y de mujeres.

Se pueden citar varios avances en este sentido: el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social dictó el decreto ejecutivo nº 70 –«por el cual se crea el Consejo Nacional de la Mujer como un organismo consultor y de asesoría para la promoción y el desarrollo en la vida política, social y económica del país»– y por decreto presidencial se creó su Secretaría Técnica en 1995.

Por otro lado, se cuenta con mecanismos sectoriales, como las Oficinas de la Mujer en los diferentes ministerios, el Instituto de la Mujer y otros. Cada una de estas estructuras tiene funciones específicas según su área de acción.

Hay otros logros importantes, como el Programa Mujer, Salud y Desarrollo del Ministerio de Salud, que cuenta con el Plan Institucional de Atención y Prevención de la Violencia y Promoción de Formas de Convivencia Solidaria, específicamente la lucha contra la violencia intrafamiliar. El Instituto de Formación Profesional incorporó el Sistema de Formación Profesional Dual, incluyó a la mujer en oficios no tradicionales; y en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, se fundó en 1997 la Oficina de la Mujer, como instancia asesora para la promoción y el desarrollo integral de la mujer discapacitada.

Pese a los aportes de la sociedad civil y los compromisos del gobierno para lograr cambios fundamentales en beneficio de las mujeres, la Lic. Muñoz manifestó que resulta contradictorio el hecho de que, aun cuando la mujer tenga más acceso a la educación, esto no se refleje en mejores empleos ni mejores salarios. Su desarrollo en el mercado laboral se obstaculiza debido a que aún existe desigualdad dentro del núcleo familiar y a que las mujeres siguen asumiendo gran parte de las responsabilidades del cuidado y la atención de los hijos y familiares de tercera edad.

La representante del Foro Mujer y Desarrollo señaló que todavía hay temas que no se tratan abiertamente. Uno de ellos es el aborto, como un problema de salud pública. Concluyó diciendo que «existen demandas plasmadas en el Plan Nacional antes mencionado, pero las acciones de monitoreo y de cumplimiento de éstas y de las leyes y decretos en el tema de equidad entre los géneros le corresponderán al movimiento de mujeres».

La Secretaría Ejecutiva y la Asamblea de la Sociedad Civil desean agradecer por sus aportes al Foro Mujer y Desarrollo, al Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN), al Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA), al Comité Ecuménico, a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, a la Secretaría Técnica del Gabinete Social de Panamá y al Doctor Roberto Bruno.