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Movilización social contra las privatizaciones
Juan Carlos Yuste; Diego Brom
Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana
Las privatizaciones de la década de los 90 fueron signadas por la descapitalización del Estado, la ausencia de beneficios para la población, altas tarifas, e insuficiencia en la cobertura. En el año 2000 se reactivó el impulso privatizador, a través de la promulgación de la Ley de Privatización de las Empresas Públicas. El intento de privatizar las telecomunicaciones, bajo este marco legal, se realizó en un contexto de estafas y corrupción. La movilización social logró la derogación de dicha ley, pero se teme que la agenda privatizadora sea retomada nuevamente.
El
fracaso de la oleada de los años 90[1]
Históricamente, el proceso
de privatización de empresas estatales no ha sido muy exitoso. Se inició en
1991, a dos años del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, con la
aprobación de varias leyes que declaraban a varias compañías nacionales como
sujetas a privatización. En este contexto, la Asamblea Nacional Constituyente
estudiaba la modificación de la Constitución Nacional, con el fin de crear un
marco jurídico y político que propiciara el fortalecimiento y modernización
de la economía paraguaya.
En 1991 fueron privatizadas
las primeras empresas estatales: la Administración Paraguaya de Alcoholes
(APAL), la Flota Mercante del Estado (Flomeres), Líneas Aéreas Paraguayas
(LAP) y Aceros del Paraguay (Acepar).
El Estado recaudó más de
USD 50 millones con la venta de estas corporaciones, pero dichos ingresos se
diluyeron en los gastos del Estado, sin efectos concretos sobre la vida
cotidiana de la población. Actualmente, todas estas empresas – con excepción
de LAP que se integró a la empresa Transporte
Aéreo del Mercosur (TAM) – están en quiebra o descapitalizadas. En
casi todas las ventas de estas empresas públicas los medios de comunicación
denunciaron hechos de corrupción.
Desde su fundación en 1909,
APAL monopolizaba el añejamiento, fraccionamiento y comercialización de
aguardiente de caña de azúcar. En 1991 se inició su proceso de privatización,
y se convirtió en Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa). Hoy está prácticamente
en quiebra. Los compradores de la empresa (accionistas, proveedores y
trabajadores de APAL), adquirieron el 70,8% de las acciones en 1996 por un total
de aproximadamente USD 2,7 millones al cambio actual. En marzo de 1998 los
integrantes de la sociedad anónima compraron el total de las acciones.
En enero de 1999, el Consejo
de Privatizaciones realizó una auditoría a Capasa. El Informe, presentado en
agosto de ese año, reveló que la sociedad había perdido un total de USD 2,5
millones al cambio actual en los ejercicios 1996, 1997 y 1998, el 47,5% del
patrimonio neto original. A fines de 1995, antes de la privatización, la única
deuda bancaria que poseía la empresa era de menos de USD 200 mil. En 1998,
luego de tres años de administración de la sociedad anónima, la deuda total
con el sistema bancario era de casi USD 1,5 millones. La auditoría destacó que
la empresa era de alta rentabilidad, y el aumento de la deuda se debió a mala
administración.
Otro ejemplo del desastroso
resultado de las privatizaciones en el país es el de la Flota Mercante del
Estado Paraguayo, creada en 1966 como línea de bandera al transporte fluvial y
marítimo de pasajeros y cargas. Permaneció así hasta 1991, cuando fue
declarada empresa sujeta a privatización y se la dividió en cinco empresas.
Una de ellas, la Flota
Mercante Paraguaya S. A., fue vendida a fines de 1996. La venta del total de
acciones alcanzó aproximadamente USD 4,8 millones. Otra de las empresas
surgidas de la privatización es la Compañía Transporte Fluvial S.A., vendida
a Medill & Associates Financial Services
a fines de 1996. La venta del total de acciones alcanzó los USD 4,8 millones.
En febrero de 1998, un agente marítimo informó al Ministerio de Hacienda y al
Consejo de Privatización que los 3 buques de ultramar pertenecientes a la
empresa estaban abandonados en Porto Alegre, Brasil, y eran objeto de rapiña.
Las autoridades no pudieron encontrar a los responsables de la empresa.
En abril de 1998, el Consejo
de Privatización rescindió el contrato con la empresa y ordenó su intervención.
Además, el Estado Paraguayo inició un juicio contra los responsables de Medill
& Associates Financial Services por daños y perjuicios, exhortando a que se
entregaran los bienes que habían sido vendidos. El principal argumento del
gobierno fue que la empresa había abandonado los buques que le había vendido.
Este escándalo causó gran revuelo en los medios de comunicación, que
destacaron durante varias semanas el pésimo negocio realizado por el Estado.
En julio de 1999, el juzgado
que tomó el caso autorizó al Estado Paraguayo para que el Consejo de
Privatización reasumiera la dirección y administración de la compañía.
Actualmente, los buques que eran propiedad de la empresa se encuentran varados,
prácticamente inservibles, y la compañía dejó de funcionar.
Líneas Aéreas Paraguayas
(LAP), creada en 1963 como empresa de transporte aéreo de pasajeros y cargas,
también fue privatizada en 1995. El 80% de las acciones se vendió al Consorcio
Cielos de América, de Ecuador por USD 22.125.000. La transferencia se realizó
en octubre de 1994. El Consorcio Cielos de América transfirió luego los
derechos de esta empresa a TAM y Trans América Línea Aérea S.A. En 1999, TAM
compró el resto de las acciones (20%) por aproximadamente unos USD 5 millones.
Hasta el momento, la empresa no pagó el total de las indemnizaciones a los
trabajadores estatales que fueron parte de LAP.
Por último, en 1997 el
Estado Paraguayo vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar),
integrado por la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Acepar, y la empresa
Lorito S.A. La venta alcanzó los USD 35 millones. Sin embargo, los compradores
no pudieron seguir pagando sus cuotas y se inició un largo conflicto entre éstos
y el Estado.
Insuficiente cobertura y
tarifas excesivas
En los sectores donde las
empresas privadas pueden ofrecer servicios en el mercado (vivienda, educación,
agua y desagües cloacales, salud, telefonía celular), naturalmente sólo
invierten donde puedan obtener un retorno rápido del capital. Dadas las
condiciones de pobreza de la mayoría de la población los resultados son una
escasa cobertura y un alto costo de los servicios.
Así, en el sector salud, el
81% de la población no tiene seguro médico alguno. Este índice se eleva a 95%
aproximadamente entre los grupos más pobres de la población. El 10,9% de la
población cuenta con el seguro médico del Instituto de Previsión Social
(IPS-estatal), en el cual constantemente se registran denuncias de corrupción,
malversación, desabastecimiento de medicamentos y mal servicio. Un pequeño
porcentaje de la población cuenta con seguro médico privado, ya que la mayoría
de estos servicios tienen costos elevados.
Respecto a las empresas de
transporte público urbano, el Estado otorga licencias a compañías privadas
para operar en determinada área. Esta medida tampoco ha tenido un impacto
positivo, y existen constantes quejas de la población sobre el mal servicio que
prestan ya que los ómnibus se encuentran en pésimo estado, el servicio se
interrumpe durante la noche, y el costo del pasaje aumenta varias veces al año.
Actualmente la tarifa por un viaje interurbano es de aproximadamente USD 0.20, y
el sueldo mínimo apenas alcanza USD 180.
Sin embargo, muchas empresas
siguen funcionando dadas las relaciones privilegiadas con sectores políticos
que las amparan, porque los principales partidos políticos utilizan los ómnibus
de las empresas de transporte durante los días de votación para trasladar a
los electores a los centros comiciales. En contrapartida, el gobierno de turno
permite que los ómnibus que se encuentran en mal estado sigan funcionando, les
concede privilegios tributarios, aún poniendo en riesgo la vida de los
usuarios. Los principales transportistas adeudan millones de dólares al Banco
Nacional de Fomento (estatal) por préstamos que obtuvieron hace casi 10 años.
Actualmente, existen dos
organismos estatales encargados de regular el sistema de transporte público, la
Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) y la Secretaría del Transporte
del Área Metropolitana (Setama), que están integrados por funcionarios del
Poder Ejecutivo, las gobernaciones y las municipalidades.
Estos organismos obtuvieron
algunas victorias para la ciudadanía, impidiendo en varias ocasiones el aumento
del precio del pasaje.
En cuanto a las empresas de
telefonía celular, el 28,5% de la población cuenta con este servicio[3]
que solamente es brindado por empresas privadas. La cantidad de usuarios va
creciendo, a pesar del alto costo de las llamadas. Se estima que hoy en día
existen más de 1.150.000 abonados a las empresas de telefonía celular
existentes el país. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), cada mes hay 50 mil nuevos usuarios. Sin embargo, los usuarios
denuncian continuamente sobrefacturaciones, cortes del sistema de transmisión y
excesivos costos.
La movilización social
contra las privatizaciones
En 2000, el Presidente González
Macchi reactivó la Secretaría de la Reforma y promulgó la Ley 1615 de las
Privatizaciones de Empresas Públicas, que se constituyó en el marco legal para
realizar las privatizaciones. La primera empresa pública en la agenda
privatizadora pasó a ser la telefonía básica (Administración Nacional de
Telecomunicaciones, ANTELCO) que se convirtió en empresa privada con 100% del
capital estatal y pasó a llamarse Corporación Paraguaya de Comunicaciones S.A.
(COPACO). La Secretaría de la Reforma empezó a ser asesorada por empresas
internacionales y nacionales, que se encargaron de acompañar el proceso y
elaborar los marcos técnicos. Se realizó una convocatoria internacional para
la compra de ANTELCO donde se presentaron las grandes multinacionales de la
telefonía internacional (Telefónica Española, France Telecom, Deustch
Telecom, entre otras).
En paralelo comenzaron las
negociaciones entre el Gobierno y trabajadores de la ex ANTELCO que a finales
del 2001 llegaron a un acuerdo sobre la venta de COPACO. El gobierno ofreció
dos opciones: pagar dos salarios devengados cada año de antigüedad (a los que
se acogieron 3.425 empleados) o pagar un salario y medio por año en efectivo y
el restante 0,5% en acciones de la nueva empresa (al que se acogieron 962
empleados). En total la indemnización pactada a los 4.287 empleados alcanzó
unos USD 79 millones.
El proceso de privatización
estuvo marcado por varios hechos de corrupción como faltantes de dinero (USD
192.174) a cargo del anterior ministro y del coordinador de la Secretaría[4];
contratación de un escribano, amigo del Presidente de la República, por USD
536 mil para una protocolización que podía hacerse gratuitamente en la
Escribanía Mayor de la República; o contrataciones directas (sin concurso público)
por parte de la Secretaría de la Reforma a empresas privadas.[5]
Este intento de privatización
de la telefonía básica costó al Estado USD 6,4 millones, repartidos en pago a
consultores extranjeros y nacionales, funcionarios asignados a la Secretaría,
viajes y pagos innecesarios a amigos, más el robo explícito de USD 383 mil por
parte de personal de la Secretaría de la Reforma. Estos gastos se financiaron
con un préstamo del Banco Mundial de USD 12,6 millones para la reforma de los
sectores agua y telecomunicaciones.
En medio de estas denuncias,
sectores campesinos, sindicales y de izquierda conformaron el Congreso Democrático
Popular que tomó la derogación de la Ley 1615 como una de sus principales
reivindicaciones.[6]
Durante mayo y junio de 2002 se desarrollaron numerosas movilizaciones (cortes
de ruta, manifestaciones, etc.), que paralizaron el país. Finalmente el
Parlamento, tras una represión a los manifestantes donde murió un joven
campesino, derogó la citada ley. El gobierno subió los precios
(“tarifazos”) en sectores como agua, electricidad, transporte público y
telefonía básica culpando de ello a la suspensión de las privatizaciones.
Asimismo anunció el despido de 550 empleados de COPACO para final de año.
De esta manera, actualmente
no existe marco legal para realizar privatizaciones en el país. Aunque el
candidato oficialista de la asociación Nacional Republicana (partido en el
gobierno, conocido como Partido Colorado) ha expresado que estas se retomarán
con el próximo gobierno.
La
descentralización estatal como experiencia exitosa
A través de la
descentralización estatal, la ciudadanía logró concretar algunos proyectos
exitosos, que lentamente se reproducen en el país. Así, por ejemplo, en el
sector del agua potable, varias comunidades, sobre todo de municipios cercanos a
Asunción y capitales departamentales, lograron organizarse y crear Juntas de
Saneamiento. Estas se organizan en los lugares donde el servicio estatal de agua
potable no llega y a través de un sistema participativo la vecindad establece
todo el sistema de cañerías, distribución y saneamiento del agua, para su
propio beneficio. Cada miembro de la comunidad o familia paga por este servicio
un precio asequible, y puede controlar el servicio ya que son los propios
vecinos, con el reconocimiento de sus municipalidades, quienes administran los
fondos y velan por la calidad del sistema.
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