|
Privatización: un legado perturbador
Ken Jones; Fran Bennett
UK Coalition Against Poverty
Las privatizaciones han dejado un legado perturbador. Las empresas transnacionales controlan numerosos servicios básicos, lo cual a menudo exige una compleja reglamentación para proteger la provisión de los mismos. Muchas veces la fuerza laboral se ve reducida y existen numerosos trabajadores mal remunerados en los sectores privatizados, especialmente las mujeres, que ganan menos y pierden en seguridad laboral. La venta de viviendas públicas ha aumentado el número de personas en situación de calle y las dificultades para acceder a la vivienda entre las personas de bajos ingresos y otros grupos vulnerables.
Los
gobiernos conservadores del Reino Unido fueron pioneros de una política de
privatizaciones sumamente activa entre 1979 y 1997. Esta política fue impulsada
por la creencia en la eficacia superior de la propiedad privada y de los
mecanismos del mercado frente a la provisión estatal, y en la convicción de
que el gasto público “excluye” a la empresa privada. La misma tuvo lugar
luego de un historial de inversión insuficiente en los servicios públicos en
el Reino Unido.
Muchos
de los servicios básicos fueron privatizados, entre ellos la distribución del
agua, el gas y la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte (aéreo,
ferroviario y de autobuses), así como las funciones de apoyo, entre otras, en
todo el sector público, como la salud, la educación y la administración de
los gobiernos central y locales. Asimismo, una gran parte de las viviendas de
los gobiernos locales se transfirió a propietarios particulares u otros
proveedores no gubernamentales de viviendas. La privatización también se
extendió a la capacitación laboral, los laboratorios de salud pública y hasta
la administración de las prisiones. El énfasis puesto en las pensiones y la
atención de largo plazo a niños y adultos también se desplazó hacia la
provisión privada.
Con
los gobiernos laboristas a partir de 1997, el ritmo de las privatizaciones se ha
enlentecido y el énfasis se ha puesto en cambio en la financiación y la
administración privada de proyectos estatales como la construcción de
hospitales y escuelas, en parte para limitar el endeudamiento público.
A
pesar de que la opinión pública es contraria a esta política, los gobiernos
del Reino Unido durante las dos décadas pasadas han permitido que las empresas
privadas adquieran un papel clave a la hora de brindar servicios antes
exclusivamente estatales. Los compromisos asumidos en tratados internacionales,
como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la Organización
Mundial del Comercio, limitaron la reglamentación nacional y podrían impedir
en el futuro que los gobiernos británicos pretendan ejercer un control social
sobre los servicios que son esenciales para la vida diaria de millones de
ciudadanos.
Servicios
básicos
La
mayoría de los servicios básicos – agua y saneamiento, provisión de energía
y telecomunicaciones – fueron privatizados en la década de 1980. Las empresas
estatales fueron reconstituidas como empresas privadas, y sus acciones fueron
vendidas a particulares.
A
partir de las privatizaciones, la propiedad ha sido en muchos casos transferida
y consolidada, por lo cual las empresas trasnacionales (a menudo radicadas fuera
del Reino Unido) ahora controlan gran parte de las industrias de suministro de
agua y energía. Asimismo, con la apertura de los mercados, las empresas
privadas entraron a competir con los monopolios estatales de antaño, lo cual
socava aún más la posibilidad de ejercer control social sobre los servicios.
Las
privatizaciones han tenido efectos importantes sobre el empleo en los sectores
de servicios afectados. En los años posteriores a las privatizaciones, los
niveles de empleo cayeron sustancialmente en áreas como el agua y el
saneamiento. Además, los trabajadores que permanecieron en las industrias
privatizadas sufrieron el deterioro de su situación laboral y la pérdida de
sus derechos sindicales.
Las
autoridades públicas impusieron precios máximos a las nuevas empresas
privadas, pero también debieron tomar en cuenta el interés de los accionistas
privados por maximizar las ganancias y dividendos y la necesidad de generar
nuevos capitales de inversión como, por ejemplo, en la industria del agua y el
saneamiento.
Los grupos de consumidores se han pronunciado constantemente contra los precios
cobrados por los servicios privatizados, aunque algunos precios han disminuido.
También existe inquietud por la eficacia de las normas vigentes para proteger
el suministro de servicios a grupos vulnerables como los ancianos y los
discapacitados,
y por el efecto discriminatorio que ejercen algunas prácticas de fijación de
precios y facturación en los grupos de bajos ingresos.
En el caso de la provisión del agua, la privatización produjo una reducción
de precios pero, a su vez, condujo a que existan cada vez más contadores de
agua, lo cual resulta en un encarecimiento para los grupos de bajos ingresos.
En
el transporte, la privatización de los trenes resultó desastrosa. Se impuso
una estructura de propiedad privada fragmentada, lo cual desalentó la inversión
necesaria para compensar décadas de descuido. Las empresas ferroviarias pequeñas
carecían del mismo acceso al capital de inversión que las mayores, y todos los
operadores padecieron del plazo relativamente breve de las concesiones
iniciales. Dos grandes accidentes ferroviarios pusieron sobre el tapete la
preocupación por la seguridad. La principal compañía de infraestructura
(responsable de las estaciones, las vías y las señales) padeció reiteradas
crisis financieras antes de colapsar finalmente en 2001. La privatización de
los servicios de autobuses, de los cuales dependen mucho los grupos de bajos
ingresos, llevó a la inquietud por los precios, el daño al medio ambiente y la
pérdida de servicios de transporte en las áreas rurales.
Funciones
administrativas y de respaldo en los servicios públicos
Algunos
de los efectos más dañinos del proceso de privatizaciones para los
trabajadores fueron causados por la tercerización a empresas privadas de las
funciones administrativas y de respaldo de los servicios públicos. Muchos de
los trabajadores desplazados eran mujeres y pertenecían a minorías étnicas.
En
1980, entre el funcionariado (que brinda funciones al estado central) había una
fuerza laboral de 50 mil empleados en diversos servicios de respaldo de oficina
como limpieza, abastecimiento de alimentos y seguridad. En la década siguiente,
estos empleos fueron casi totalmente tercerizados a empresas privadas. El
gobierno central luego impuso una política similar de tercerización a los
gobiernos locales y al servicio de salud pública.
Los
trabajadores transferidos a los contratistas privados frecuentemente sufrieron
despidos, recortes salariales, peores condiciones de trabajo y la pérdida de
representación sindical. Las trabajadoras sufrieron más que sus compañeros.
Investigaciones realizadas sobre la privatización en ámbitos como los
servicios del gobierno local han demostrado que los intentos de maximizar las
ganancias también pueden presentar riesgos importantes para los usuarios de los
servicios.
La decadencia de los estándares de limpieza en los hospitales, por ejemplo,
alcanzó tal grado para 2001 que fue necesaria una iniciativa especial del
gobierno para mejorarlos. Los contratistas privados tuvieron una serie de fallas
en la administración de la información electrónica, en áreas como el pago de
manutención infantil, registros de inmigración, la emisión de pasaportes y, más
recientemente, verificación de antecedentes penales, lo cual en algunos casos
perjudicó la calidad del servicio para aquellos con bajos ingresos.
Vivienda
En
los años 80, los gobiernos conservadores emprendieron la ‘privatización’
de viviendas pertenecientes a autoridades estatales locales que las alquilaban a
quienes no podían comprar o alquilar viviendas por cuenta propia. Se ofrecieron
a la venta bienes inmuebles a sus inquilinos a precios inferiores a los del
mercado. En conjunto, 2,4 millones de unidades de vivienda fueron vendidas entre
1979 y 2001, ya fuera a sus inquilinos u otros proveedores, como asociaciones de
vivienda, dejando 2,75 millones de unidades bajo propiedad estatal.
Esta
‘privatización’ – combinada con una inversión insuficiente en la
construcción de viviendas públicas y con el cambio del subsidio a la vivienda
por una ayuda de ingresos sujeta a comprobación de recursos sólo para los
pobres – ha creado una fuerte escasez de viviendas accesibles para las
personas de bajos ingresos u otros grupos vulnerables, como los desempleados,
los ancianos y los padres solteros.
La transferencia de viviendas municipales (propiedad de gobiernos locales) a
asociaciones de viviendas (organizaciones sin fines de lucro fuera del sector
estatal) tuvo el propósito de permitir el crédito en el mercado abierto, pero
enfrentó la resistencia de muchos inquilinos, especialmente en Escocia. También
existen dificultades crónicas para reclutar personal de servicios públicos
esenciales en zonas donde estos trabajadores de bajos ingresos no pueden acceder
a viviendas económicas.
Todavía
existen viviendas estatales, pero sus inquilinos, que pertenecen principalmente
al extremo inferior de la escala de ingresos, no pueden comprar una vivienda
propia ni siquiera a un valor subsidiado, o viven en viviendas tan pobres o en
zonas tan marginadas, que la compra no resulta interesante.
Jubilaciones
y pensiones
Los
gobiernos conservadores redujeron el valor de las jubilaciones y pensiones básicas
del Estado, comparadas con los niveles de ingreso, y redujeron a la mitad los
derechos futuros por el plan estatal de jubilaciones de acuerdo a los ingresos,
fomentando en su lugar planes de jubilación privada, por los cuales las
personas realizan aportaciones a compañías privadas de seguros. La
desconfianza resultante de la provisión de jubilaciones estatales ha
dificultado revertir la tendencia hacia una mayor privatización.
El
enfoque laborista
Desde
1997, los gobiernos laboristas (centroizquierda) limitaron el proceso de
privatizaciones, flexibilizaron las políticas de tercerización obligatoria en
los servicios centrales y locales del Estado, y ampliaron la legislación de
protección al empleo.
En
cambio, se produjo una importante expansión de los planes de ‘financiación
privada’ o de ‘sociedades público-privadas’, bajos los cuales los
proyectos de capital se financian por empresas privadas que administran con
frecuencia las instalaciones, al igual que otros planes elaborados para permitir
que el sector privado asuma la operación de instalaciones públicas existentes,
como las escuelas ‘que fracasan’.
El
hincapié que se hace en los planes de financiación privada representa un
peligro para el futuro a largo plazo de los proyectos públicos. Los
investigadores que analizan los hospitales, por ejemplo, han sugerido que los
proyectos de capital del sector público se financian con más eficacia mediante
préstamos emitidos por el Estado. Por lo tanto, los costos adicionales de los
planes privados (que siempre son más elevados debido al elemento de riesgo)
tendrán que ser pagados por la próxima generación a través de impuestos y
aportes más elevados.
A menudo no existe una auténtica ‘transferencia del riesgo’ al sector
privado, ya que el Estado sigue siendo el banquero de último recurso.
Con
respecto a la vivienda, el laborismo redujo los descuentos en las ventas de
viviendas públicas locales y permitió que parte de los ingresos obtenidos se
invirtieran en viviendas nuevas, pero siguió alentando la transferencia de
acciones a asociaciones privadas de vivienda. En cuanto a las jubilaciones, el
laborismo tiene el objetivo específico de inclinar aun más la balanza de las
provisiones hacia el sector privado. La redistribución entre los grupos con
diferencia de ingresos o niveles de riesgo probablemente se limite. La provisión
pública se concentra cada vez más en aquellos con ingresos bajos.
A
pesar de la continua oposición de sindicatos y otros grupos, el gobierno
laborista sigue firmemente comprometido con los planes de financiación
privados, los cuales considera esenciales para revertir la subinversión pasada
en los servicios públicos.
El
futuro
El
Reino Unido está comprometido por las obligaciones asumidas en los tratados de
la Unión Europea (principalmente el de Maastricht, de 1992), que dan forma
legal a un ‘único mercado europeo’ de bienes y servicios. Estos tratados
están diseñados, en parte, para impedir que los estados miembros intervengan
individualmente en las industrias o servicios nacionales de manera que vulnere
la competencia libre entre los miembros.
Asimismo,
el gobierno laborista considera en la actualidad solicitar la incorporación del
Reino Unido (sujeto a referéndum) al ámbito de la moneda única europea, lo
cual implicaría la obligación de someterse a los límites impuestos al
endeudamiento público, según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo.
Existe gran inquietud, incluso entre partidarios de dicha incorporación, de que
la medida limite la posibilidad de inversión de los gobiernos individuales en
la infraestructura necesaria para los servicios públicos.
Las
negociaciones actuales para ampliar el GATS y para liberalizar la provisión de
servicios en el ámbito internacional también amenazan con impedir que los
gobiernos británicos, actuales o futuros, tomen medidas para remediar los
efectos de décadas de omisión y subinversión en los servicios básicos que
afectan la vida de todos sus ciudadanos. La modificación del GATS amenaza con
limitar la legislación nacional y la capacidad del gobierno para canalizar los
fondos públicos con el propósito de satisfacer las necesidades sociales.
Sistemáticamente,
la opinión popular en el Reino Unido ha sido contraria a la privatización de
los servicios públicos.
Muchos grupos, entre ellos los sindicatos, las asociaciones profesionales y las
organizaciones de consumidores, siguen movilizándose contra la privatización.
No obstante, las medidas para recuperar el control social y la responsabilidad pública
con respecto a los servicios públicos dependerán cada vez más en el futuro de
los esfuerzos coordinados en los ámbitos europeo e internacional.
Anne Power y Katharine Mumford, The Slow Death of Great Cities? Urban
Abandonment or Urban Renaissance, York Publishing Services para la
Fundación Joseph Rowntree, 1999;
http://www.jrf.org.uk/knowledge/findings/housing/519.asp.
Dexter Whitfield, Public Services or Corporate Welfare: Rethinking the Nation State in the Global Economy,
Pluto Press, 2001.
|
