El Estado español debe, en lo interno, reorientar políticas hacia la protección de los derechos de la población inmigrante y el derecho a la vivienda. Mientras el derecho al asilo se encuentra en crisis, y los derechos económicos, culturales y sociales de los inmigrantes no se ven respetados, la política de vivienda, supeditada al crecimiento económico en vez de a satisfacer necesidades de la población, carece de los controles suficientes. En lo exterior, España debe hacerse oír con mayor fuerza en los foros internacionales