La actual crisis alimentaria pone de relieve el conflicto fundamental entre la necesidad de promover los derechos humanos básicos y las políticas económicas basadas en el libre comercio y la inversión. Cada mujer, niño y hombre, individualmente y en comunidad con otros, tiene derecho a una alimentación apropiada. Se necesita con urgencia la intervención del Estado en el mercado para facilitar la producción y distribución local de alimentos, así como para asegurar derechos básicos a todos los ciudadanos