Zambia se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo los derechos humanos incluidos en la Declaración Universal pueden seguir resultando sueños imposibles para la mayoría. Los “beneficios” de la apertura de sus mercados han ido a parar, exclusivamente, a los países de Occidente. Tanto el Estado como la comunidad internacional son culpables de “crímenes contra la humanidad”, entre ellos la menor esperanza de vida para las personas menores de 40 años, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materna, analfabetismo en aumento, violencia de género y niveles extremos de pobreza