Los compromisos del Gobierno con los derechos a la equidad, igualdad y libertad consagrados en la Constitución son loables pero no suficientes. Deben ser puestos en práctica. El Estado enfrenta un gran desafío en la formulación e implementación de políticas públicas que promuevan la accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de los servicios sociales básicos a decenas de millones de ciudadanos que aún viven bajo la línea de pobreza (28% del total de la población). La sociedad civil está ganando terreno con campañas para tener la certeza de que las promesas de garantizar derechos realmente se cumplan